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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización

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Fecha
2026-06-01
Radicado
25000233600020190038102
Número interno
69292
Ponente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, MINISTERIO DE TRANSPORTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización

Lo que dijo la Sala

Por regla general, las grabaciones obtenidas o realizadas sin autorización resultan inadmisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial, habida consideración de que comportan una violación del derecho fundamental a la intimidad que ostenta toda persona a la luz de lo prescrito en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991… . Este tipo de elementos probatorios deben ser excluidos del debate probatorio a partir de la regla de exclusión prevista en el último inciso del artículo 29 de la Constitución Política, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso… . Para la Sala no resulta de recibo lo señalado por el Tribunal en el sentido de considerar válida esta prueba documental por el solo hecho de haber sido recaudada en el marco de un procedimiento administrativo de naturaleza pública… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede presentar como medio probatorio grabaciones de voz obtenidas sin autorización de los funcionarios públicos, incluso cuando estas fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada, ya que tales grabaciones violan el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución y son nulas de pleno derecho según el artículo 29, lo que implica su exclusión del debate probatorio. Esta regla reitera la protección del derecho a la intimidad y establece que la grabación no autorizada no puede ser admitida en el proceso judicial, independientemente del contexto en que se realice, lo que garantiza la confidencialidad de las conversaciones privadas entre funcionarios públicos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización de los funcionarios públicos que intervinieron en ellas, cuando fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Tiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, ante el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal, una naturaleza sancionatoria e indemnizatoria?
  • ¿La efectividad de la garantía de seriedad de la oferta exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo y resulta aplicable para ello el procedimiento previsto en el artículo 86 de la…
  • ¿Vulneró la entidad demandada el derecho al debido proceso del demandante al adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio sin su comparecencia, sin designarle defensor de oficio…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

DERECHO A LA INTIMIDAD PRUEBA DOCUMENTAL MEDIOS DE PRUEBA INADMISIÓN DE LA PRUEBA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA PRUEBA ILÍCITA DEBIDO PROCESO DEBATE PROBATORIO AUDIENCIA PÚBLICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VALOR PROBATORIO DE LA GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA GRABACIÓN INVÍAS GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONTRATO ESTATAL OFERENTE MEJOR OFERENTE CONTRATANTE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUCIÓN FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE CONFIANZA ORDENAMIENTO JURÍDICO ACTO ADMINISTRATIVO PROCESO ADMINISTRATIVO DERECHO DE DEFENSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDAD ESTATAL FIRMA DEL CONTRATO FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MULTA AL CONTRATISTA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL CONTRATO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DEFENSOR DE OFICIO CITACIÓN A AUDIENCIA ACLARACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACLARACIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULARIDAD PROCESAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALLO EXTRA PETITA FACULTAD ULTRA PETITA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD INAPLICACIÓN DE LA NORMA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMPETENCIA ADMINISTRATIVA MEDIO DE CONTROL EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDANTE LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO SALARIO MÍNIMO LEGAL

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 28.451 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

DERECHO A LA INTIMIDAD / PRUEBA DOCUMENTAL / MEDIOS DE PRUEBA / INADMISIÓN DE LA PRUEBA / EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA ILÍCITA / DEBIDO PROCESO / DEBATE PROBATORIO / AUDIENCIA PÚBLICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / VALOR PROBATORIO DE LA GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA / GRABACIÓN / INVÍAS Problema jurídico: ¿Son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización de los funcionarios públicos que intervinieron en ellas, cuando fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada? Respuesta al problema jurídico: No [P]or regla general, las grabaciones obtenidas o realizadas sin autorización resultan inadmisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial, habida consideración de que comportan una violación del derecho fundamental a la intimidad que ostenta toda persona a la luz de lo prescrito en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (...). [E]ste tipo de elementos probatorios deben ser excluidos del debate probatorio a partir de la regla de exclusión prevista en el último inciso del artículo 29 de la Constitución Política, según el cual "[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso" (...). [P]ara la Sala no resulta de recibo lo señalado por el Tribunal en el sentido de considerar válida esta prueba documental por el solo hecho de haber sido recaudada en el marco de un procedimiento administrativo de naturaleza pública (...). [L]a grabación fue realizada con posterioridad a la finalización de la audiencia pública convocada para el 28 de marzo de 2018, esto es, cuando ya se había agotado el objeto de la diligencia (...). [L]o grabado correspondió a una conversación que ocurrió por fuera de una audiencia pública y en un espacio semi-privado en el que cobraban plenos efectos las garantías que derivan del derecho a la intimidad que tenían los funcionarios del INVÍAS (...). [A]l apoderado [del demandante] le estaba prohibido grabar una conversación ocurrida por fuera de audiencia pública, pues al no contar con autorización para el efecto tal circunstancia resultaba lesiva de la expectativa legítima que tenían los funcionarios del INVÍAS de que lo comentado en ese contexto se mantuviera bajo el conocimiento de quienes participaron en la conversación (...). [L]a prueba documental presentada por la parte accionante debe ser excluida del debate probatorio, al constituir una prueba inconstitucional por haber sido obtenida en contravención del derecho a la intimidad de los funcionarios del INVÍAS. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la regla de exclusión probatoria cuando la víctima de un delito o falta disciplinaria recurre a la grabación no autorizada para preservar su derecho a la verdad, justicia y reparación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 2264-2021. Respecto de la protección del derecho a la identidad y los estándares sobre espacios privados, públicos y semi-privados, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-881 del 19 de noviembre de 2014, exp. D-10273; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-276 del 12 de mayo de 2015, exp. T-4287770; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-003 del 21 de enero de 1997, exp. T-106489; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 13, auto del 3 de noviembre de 2023, radicado No. 8577. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 15, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATO ESTATAL / OFERENTE / MEJOR OFERENTE / CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CAUCIÓN / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE CONFIANZA / ORDENAMIENTO JURÍDICO Problema jurídico: ¿Tiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, ante el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal, una naturaleza sancionatoria e indemnizatoria? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [L]a Sala considera que la garantía de seriedad de la oferta constituye un mecanismo de caución exigido dentro del procedimiento de selección, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los oferentes durante la etapa de formación del negocio jurídico estatal (...). [E] l incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal comporta una contingencia que tiene la virtualidad de justificar la activación de la garantía de seriedad de la oferta con un doble propósito: (i) de un lado, sancionar al oferente adjudicatario por haber incurrido en una conducta prohibida como lo es la no suscripción del contrato estatal pese haberle sido adjudicado, lo que le otorga un matiz punitivo a la activación de esta garantía; y (ii) de otro lado, obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por la entidad contratante como consecuencia del incumplimiento del oferente adjudicatario, lo que al mismo tiempo le imprime un matiz indemnizatorio a la efectividad de la garantía (...). [L]a efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento comporta al mismo tiempo una naturaleza indemnizatoria, en tanto allí se identifica el valor afianzado con el de los perjuicios que sufre la entidad contratante con ocasión del incumplimiento del oferente adjudicatario (...). Es claro entonces que la efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento ha sido concebida en el ordenamiento jurídico colombiano de manera polifuncional, porque junto con su carácter sancionatorio converge al mismo tiempo una finalidad indemnizatoria (...). [R]educir la efectividad de la garantía de seriedad a una concepción exclusivamente sancionatoria o estrictamente indemnizatoria implicaría desconocer el diseño integral previsto por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, su entendimiento debe partir de reconocer que constituye un mecanismo destinado a proteger la regularidad y credibilidad del procedimiento de selección, asegurando que la contratación estatal se desarrolle bajo parámetros de confianza, transparencia y estabilidad, en armonía con los principios que orientan la función administrativa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza dual (sancionatoria e indemnizatoria) de la garantía de seriedad de la oferta en la contratación estatal ver: Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-452 de 10 de junio de 1999, exp. D-2276, M.P. [dato no disponible en el texto]; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de marzo de 1999, exp. 1172; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 30 de marzo de 2006, exp. 1723; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de marzo de 2015, exp. 31618; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 18 de diciembre de 2009, exp. 68001 3103 001 2001 00389 01.Estas providencias sustentan, dentro del mismo acápite, la doble dimensión sancionatoria-indemnizatoria de la garantía. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 12 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA / ACTO ADMINISTRATIVO / PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OFERENTE / ENTIDAD ESTATAL / FIRMA DEL CONTRATO / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MULTA AL CONTRATISTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La efectividad de la garantía de seriedad de la oferta exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo y resulta aplicable para ello el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o los procedimientos de la primera parte del CPACA? Respuesta al problema jurídico: No (…) [P]ara la Sala no ofrece duda el hecho de que la garantía de seriedad de la oferta debe hacerse efectiva mediante la expedición de un acto administrativo que califique como injustificado el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal, sin que el ordenamiento jurídico exija para ello el agotamiento de un procedimiento administrativo específico (...). [A]un cuando la Ley no establezca un procedimiento administrativo que deba ser surtido para efectos de activar la garantía de seriedad del ofrecimiento ante el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal, ello no significa que la sanción que tal decisión comporta pueda ser impuesta de plano o, lo que es lo mismo, sin que previamente se adelante un procedimiento administrativo en el que se respeten las garantías del debido proceso (...). [E]l procedimiento administrativo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no resulta aplicable para efectos de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, aun cuando dicha actuación comporte una finalidad sancionatoria derivada del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal (...). [D]icho trámite fue concebido exclusivamente para la imposición de multas contractuales, así como para la declaratoria de incumplimiento contractual con miras a hacer efectiva la cláusula penal y la declaratoria de caducidad del contrato estatal (...). [E]xtender la aplicación del citado procedimiento a escenarios propios de la etapa precontractual implicaría desnaturalizar el ámbito material de aplicación de la disposición (...). Tampoco resulta procedente acudir al procedimiento administrativo general ni al procedimiento administrativo sancionatorio que están regulados en la primera parte del CPACA, en tanto las normas que reglamentan la efectividad de las garantías contractuales no contemplan la necesidad de agotar un procedimiento administrativo previo (...). Vistas así las cosas, la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, en cuanto reviste naturaleza sancionatoria, exige que la entidad estatal adelante un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, dicho trámite no necesariamente debe corresponder a los procedimientos previstos en la primera parte del CPACA ni al regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El procedimiento administrativo sumario que debe ser adelantado debe respetar las garantías que se predican del derecho al debido proceso del oferente adjudicatario, entre ellas, aquellas que se concretan en los derechos a ser escuchado dentro del procedimiento administrativo y a obtener decisiones debidamente motivadas por parte del funcionario competente, (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la vigencia del derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria contractual, dada la connotación sancionatoria que reviste la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta frente al oferente adjudicatario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. 53479, C. P. [dato no disponible en el texto]. Sobre el alcance del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 como principio rector del debido proceso en materia sancionatoria contractual, el cual no se circunscribe a la imposición de multas y a la efectividad de la cláusula penal sino que se extiende a otras decisiones de similar naturaleza sancionadora, como la declaración de caducidad y la declaración de que un oferente se niega a suscribir el contrato estatal adjudicado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 16367. Sobre las garantías mínimas que integran el derecho al debido proceso del oferente adjudicatario dentro del procedimiento administrativo previo a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de marzo de 2015, exp. 31618. Sobre la operancia de pleno derecho de la inhabilidad derivada de la no suscripción injustificada del contrato estatal, sin que se requiera su declaración expresa por parte de la entidad contratante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2015, exp. 28752. Sobre la necesidad de matizar las garantías del debido proceso en materia contractual de cara a la finalidad específica de la actuación administrativa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de marzo de 2010, exp. 18394. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 DEBIDO PROCESO / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DERECHO DE DEFENSA / DEFENSOR DE OFICIO / OFERENTE / CITACIÓN A AUDIENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACLARACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACLARACIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / GRABACIÓN Problema jurídico: ¿Vulneró la entidad demandada el derecho al debido proceso del demandante al adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio sin su comparecencia, sin designarle defensor de oficio, y al no permitir que su apoderado presentara una solicitud de aclaración respecto del acto que resolvió el recurso de reposición? Respuesta al problema jurídico: No Si bien es cierto el [demandante] ni su apoderado comparecieron a las sesiones en las que se agotó el objeto de la audiencia citada por la entidad, no por ello podría predicarse el desconocimiento de su derecho al debido proceso (...). [L]as pruebas que obran en el expediente demuestran que al oferente [el demandante] le fueron remitidas varias citaciones, sin que en ningún momento manifestara que no las recibió ni mucho menos que le permitieran asistir de manera virtual. De allí que no sea de recibo sostener que su inasistencia a la diligencia en mención fuera imputable a la entidad demandada (...). Tampoco podría considerarse que se desconoció su derecho al debido proceso por el hecho de que al [demandante] no se le hubiere nombrado defensor de oficio en el curso del procedimiento administrativo (...). [E]l debido proceso en materia sancionatoria contractual no contempla, como una de sus garantías, la designación de un defensor de oficio, en atención a la agilidad y eficiencia con que deben desarrollarse las actuaciones propias de la actividad contractual del Estado (...). [A]l haber conocido de la convocatoria a la diligencia en la que sería estudiado su incumplimiento, no sea de recibo tenerlo como una persona ausente respecto de la cual habría de designarse un abogado de oficio (...). [A]un en el hipotético escenario en que se hubieren admitido como válidas las grabaciones de voz allegadas al proceso por la parte accionante, tampoco habría lugar a concluir la existencia de una vulneración del derecho al debido proceso del [demandante] (...). [D]icha remisión debe entenderse circunscrita a los vacíos normativos de la segunda parte dicha codificación, esto es, aquella que regula el proceso contencioso administrativo (...). [A]un cuando en el proceso se hubiera acreditado que el INVÍAS rechazó de plano la solicitud de aclaración presentada por el apoderado del [demandante], ello no comportaría, por sí solo, la configuración de una vulneración del derecho al debido proceso (...). [L]a figura de la aclaración de providencias judiciales no resulta aplicable a los actos administrativos expedidos en el marco de las actuaciones administrativas regidas por la primera parte del CPACA. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los supuestos taxativos de designación de abogado de oficio en materia disciplinaria, aplicados analógicamente, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2020, exp. 2425-16 (. Respecto del alcance del concepto de "persona ausente", ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2020, exp. 2008-18. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306 IRREGULARIDAD PROCESAL / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Comporta toda irregularidad ocurrida al interior de una actuación administrativa, por sí sola, la ilegalidad del acto administrativo que le pone fin a la misma? Respuesta al problema jurídico: No (…) [L]a jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que no toda irregularidad en el trámite de una actuación administrativa comporta por sí sola la ilegalidad del acto administrativo que le pone fin al mismo. En tal entendido, esta Sección ha indicado que "[…] [l]as irregularidades que generan la nulidad son aquellas que inciden en la decisión porque tienen la potencialidad de cambiarla o aquellas que disminuyen, cercenan o coartan el ejercicio de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con la decisión. De esta manera, en virtud del carácter instrumental de las formas o de los procedimientos -principio constitucional de instrumentalidad de las formas, que da prevalencia a lo sustancial (art. 228 CP)- las irregularidades formales deben examinarse no por un valor intrínseco, como si se tratara de ritos, sino por el efecto concreto que acarrea dicha irregularidad" (...). [S]i lo pretendido era para probar la ilegalidad de los actos administrativos impugnados a partir del hecho de haberse adelantado un procedimiento administrativo errado, la parte accionante no solo tenía la carga de demostrar la irregularidad aludida, sino también debía acreditar que el procedimiento administrativo adelantado coartó o cercenó las garantías que se predican de su derecho al debido proceso, o si se quiere, las consecuencias adversas que el adelantamiento de un trámite errado tuvo de cara a sus garantías. De ahí que en el caso particular no haya lugar a predicar la vulneración del derecho al debido proceso aun en el escenario de que se hubiera demostrado la utilización de un procedimiento administrativo equivocado, en tanto la parte accionante ni siquiera precisó cuáles habrían sido las consecuencias concretas que tal irregularidad pudo generar en relación con sus garantías. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la regla conforme a la cual no toda irregularidad en el trámite de una actuación administrativa comporta por sí sola la ilegalidad del acto administrativo que le pone fin al mismo, siendo nulidad únicamente la irregularidad que incide en la decisión por tener la potencialidad de cambiarla o que disminuye, cercena o coarta el ejercicio de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado con la decisión, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 48377; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de abril de 2022, exp. 49561; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 71268. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALLO EXTRA PETITA / FACULTAD ULTRA PETITA / EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD / CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Puede el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho declarar la falta de competencia del funcionario que expidió los actos demandados, a partir de cuestionar la legalidad de un acto administrativo de delegación de funciones que no fue objeto de la pretensión de nulidad, invocando para ello el principio iura novit curia o la excepción de inconstitucionalidad? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]s evidente que la parte accionante pretende obtener un pronunciamiento favorable a partir del cuestionamiento de un acto administrativo cuya anulación no fue solicitada en el proceso de la referencia, lo que resulta manifiestamente improcedente desde el punto de vista procesal (...). [e]n el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el juez debe circunscribir su pronunciamiento al análisis de la validez de los actos administrativos expresamente demandados, sin que en ningún caso le esté permitido reconocer lo que no se le ha pedido —fallo extra petita— ni más de lo pedido —fallo ultra petita— (...). [e]l estudio de la validez del acto administrativo de delegación de funciones no puede ser abordado bajo la aplicación al caso concreto de los postulados del principio iura novit curia (...). [e]n aplicación de este principio el juez está en la obligación de definir el régimen jurídico aplicable al caso concreto a partir de los hechos debidamente acreditados en el proceso, sin que le esté permitido modificar la causa petendi y el petitum aducidos en el libelo genitor (...) [S]u aplicación no autoriza al juez agregar pretensiones no formuladas por la parte demandante, pues ello supondría desplazar a la parte en el cumplimiento de sus cargas procesales (...). [L]a Sala estima que en el caso concreto tampoco resulta procedente acudir al control concreto de constitucionalidad por vía de excepción (...). [L]a excepción de inconstitucionalidad es un mecanismo que otorga al operador judicial la facultad de inaplicar una norma válida en defensa de la supremacía de la Constitución Política, cuando aparezca de bulto que su aplicación en un caso concreto comporta la lesión de garantías y derechos fundamentales (...). [E]l control por vía de excepción "[…] no suplanta o desplaza los demás medios de control previstos para el juzgamiento de los actos administrativos, pues no tiene por objeto un análisis de constitucionalidad o legalidad en abstracto de la norma para que desaparezca del ordenamiento jurídico, sino que su efecto se refiere, exclusivamente, a su inaplicación al caso concreto, sin cuestionar su validez" (...). [M]al podría considerarse que la parte accionante persiga la inaplicación al caso concreto de dicho acto administrativo por resultar lesivo de sus garantías constitucionales, pues lo que ha promovido desde el inicio es un juicio de validez encaminado a exponer su ilegalidad (...). [D]e acuerdo con lo reglado en el artículo 88 del CPACA, los actos administrativos se presumen legales mientras que no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (...). [C]omo quiera que la legalidad del acto administrativo de delegación de funciones no ha sido desvirtuada en sede judicial, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca al concluir que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica sí contaba con competencia para expedir los actos administrativos demandados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación del principio iura novit curia, conforme al cual el juez debe definir el régimen jurídico aplicable al caso concreto a partir de los hechos debidamente acreditados en el proceso, sin que le esté permitido modificar la causa petendi y el petitum aducidos en la demanda ni agregar pretensiones no formuladas por la parte demandante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de julio de 2022, exp. 52856; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2025, exp. 65349. Sobre la excepción de inconstitucionalidad como mecanismo que otorga al operador judicial la facultad de inaplicar una norma válida en defensa de la supremacía de la Constitución Política, sin que dicho control por vía de excepción desplace los demás medios de control previstos para el juzgamiento de los actos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de marzo de 2022, exp. 65035; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 CARGA DE LA PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / PROCESO ADMINISTRATIVO / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / FIRMA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / IRREGULARIDAD PROCESAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INVÍAS Problema jurídico: ¿Puede considerarse justificado el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal cuando el oferente alega persecución e irregularidades en el procedimiento administrativo sin acreditarlas probatoriamente? Respuesta al problema jurídico: No (…) [A]l proceso no fueron allegadas pruebas que demuestren que [la coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y Fluvial del INVÍAS], (...) hubiese afirmado al interior del procedimiento administrativo, o por fuera de las diligencias que se surtieron en él, que revisaría "[…] al detalle la propuesta presentada por el ingeniero [el demandante] para evitar que se celebrara contrato [sic] con la Entidad" (...). [L]as pruebas documentales que fueron allegadas al proceso ni si quiera dan cuenta de que [la coordinadora] hubiere integrado el comité evaluador designado para el análisis de las propuestas que se presentaran en el marco del procedimiento de selección, ni mucho menos que tuviera influencia en la escogencia del contratista (...) no está demostrado lo afirmado por el recurrente en el sentido de que [la persona ajena al proceso de selección] hubiere manifestado total desconocimiento sobre lo consignado en el oficio al que se ha hecho referencia y sobre lo ocurrido al interior del procedimiento de selección (...). [L]a anterior circunstancia desmiente en igual medida lo alegado en punto a que el señor [el tercero] hubiese sido suplantado o utilizado por funcionarios del INVÍAS con el objeto preciso de perseguir al demandante. De hecho, al proceso no fueron allegados elementos probatorios que den cuenta del interés de algún funcionario del INVÍAS en el proceso abreviad[o] (…), ni mucho menos de la existencia de una organización criminal al interior de la entidad que desplegara actos de persecución en contra [del demandante]. De ahí que en el caso concreto la Sala no cuente con elementos para concluir que el incumplimiento en que incurrió el demandante al sustraerse de su obligación de suscribir el contrato estatal estuvo justificado en la falta de garantías para ejecutar el contrato estatal, pues nada de lo sostenido en estos términos en el libelo genitor está demostrado. (...) [E]sa sola circunstancia no resulta suficiente, por sí misma, para concluir que al interior del procedimiento administrativo funcionarios de la entidad hubieren desplegado conductas indebidas e indecorosas para "sacarlo" del procedimiento de selección. Es así que no podría predicarse del procedimiento administrativo desplegado por la entidad irregularidad alguna que justificara la conducta omisiva del [demandante]. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / PARTE DEMANDANTE / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / SALARIO MÍNIMO LEGAL Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas de segunda instancia cuando el recurso de alzada es resuelto desfavorablemente para la parte recurrente y se encuentra demostrada su causación en el expediente? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [S]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; (...) la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que, en esta instancia y con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura108, se fijan agencias en derecho en un (1) SMMLV. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900381021100103