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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable

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Fecha
2025-05-05
Radicado
25000233600020170239802
Número interno
71742
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Demandado
JOSE LUIS RODRIGUEZ VASQUEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable

Regla de decisión

La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La pérdida de oportunidad es un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, pues consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo. Esta figura combina un componente de certeza, que es la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar el resultado favorable, con un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si la expectativa se habría concretado sin la conducta atribuible a un tercero. Que incorpore incertidumbre no la convierte en un daño eventual o hipotético, porque lo jurídicamente relevante es que desaparece de manera definitiva la posibilidad de obtener el provecho o de evitar el detrimento, situación que merece tutela jurídica. Su explicación puede darse como mecanismo probatorio del nexo causal, como daño autónomo con perjuicio particular o como daño reparable mediante las categorías tradicionales de perjuicios, y algunos instrumentos de armonización del derecho contractual la reconocen en proporción a la probabilidad de que la expectativa se hubiera materializado. Como consecuencia práctica, la reclamación por pérdida de oportunidad debe acreditar la posibilidad real y seria que se perdió, y no solo el resultado final que no se obtuvo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

La pérdida de la oportunidad consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o evitar un menoscabo. Esta figura comprende, de un lado, un componente de certeza, consistente en la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar ese resultado favorable; y, de otro, un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si, en el curso ordinario de los acontecimientos, dicha expectativa se habría concretado de no haber mediado la conducta atribuible a un tercero. Esta figura puede entenderse como un mecanismo de flexibilización probatoria del nexo causal, como un daño autónomo que genera un perjuicio particular, o como un daño autónomo que debe ser resarcido mediante las categorías tradicionales de perjuicios.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA DAÑO AUTÓNOMO PERJUICIO AUTÓNOMO NEXO DE CAUSALIDAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD FINALIDAD DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DAÑO CIERTO DAÑO INDEMNIZABLE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRESCRIPCIÓN DAÑO CONTRACTUAL ACCIÓN DE REPETICIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO DOLO CULPA GRAVE AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA CONDENA JUDICIAL ACUERDO DE CONCILIACIÓN APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO PAGO EFECTIVO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA SENTENCIA CONDENATORIA GESTIÓN PÚBLICA RESARCIMIENTO DEL DAÑO INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD SENTENCIA JUDICIAL CONCILIACIÓN INTERÉS JURÍDICO DIRECTO IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PROCESAL TÉRMINO PROCESAL PRETENSIÓN PRINCIPAL OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA PATRIMONIO PÚBLICO AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO SUJETO PASIVO EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CULPA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA PRECLUSIÓN DEBIDO PROCESO ETAPAS DEL PROCESO PRUEBA ELEMENTOS DE PRUEBA ACTO PROCESAL PRINCIPIO DISPOSITIVO NORMA PROCEDIMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL RECURSO DE APELACIÓN INADMISIÓN DE LA PRUEBA ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA PRUEBA EXTEMPORÁNEA ENTIDAD ESTATAL DEMANDANTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE SEGURO OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO CONDICIÓN SUSPENSIVA SINIESTRO ASEGURADOR ENTIDAD ASEGURADORA PERJUICIO MATERIAL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGURO DE DAÑOS OBLIGACIÓN CONDICIONAL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRATO ESTATAL SALDOS A FAVOR EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DE MORALIDAD PRINCIPIO DE EFICACIA PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD NEGOCIO JURÍDICO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN INTERVENCIÓN DEL JUEZ ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL NORMA IMPERATIVA ORDEN PÚBLICO AUTOTUTELA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTO JURÍDICO UNILATERAL BALANCE CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO INACTIVIDAD PROCESAL

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Garantía única y efectividad de la póliza Prestación de servicios y contrato realidad Prestaciones ejecutadas sin contrato Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 36.271 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / DAÑO AUTÓNOMO / PERJUICIO AUTÓNOMO / NEXO DE CAUSALIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si La pérdida de la oportunidad consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o evitar un menoscabo. Esta figura comprende, de un lado, un componente de certeza, consistente en la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar ese resultado favorable; y, de otro, un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si, en el curso ordinario de los acontecimientos, dicha expectativa se habría concretado de no haber mediado la conducta atribuible a un tercero. [E]sta figura puede entenderse como un mecanismo de flexibilización probatoria del nexo causal, como un daño autónomo que genera un perjuicio particular, o como un daño autónomo que debe ser resarcido mediante las categorías tradicionales de perjuicios. Por su parte, algunos instrumentos de armonización del derecho contractual —como los Principios UNIDROIT— reconocen que se trata de un daño indemnizable, al contemplar que la reparación derivada del incumplimiento contractual puede comprender la pérdida de una expectativa, en proporción a la probabilidad de que esta se hubiera materializado. [Principios UNIDRIOT, 2016, art. 7.4.3(2)] NOTA DE RELATORÍA: Sobre la definición y elementos constitutivos de la pérdida de oportunidad como figura autónoma de responsabilidad patrimonial., ver, C.E., Secc. Tercera, Sub. A., exp. 63.179, feb. 19/2024, C.P. José R. Sáchica [párrafo 25]. Sobre las aproximaciones jurisprudenciales a la pérdida de oportunidad: mecanismo probatorio, daño autónomo y reparación vía perjuicios tradicionales, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A., exp. 51.321, ago. 13/2024, C.P. José R. Sáchica [párrafos 32 a 51]. Sobre las diferentes aproximaciones a la pérdida de la oportunidad en la jurisdicción contencioso-administrativa, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. B, exp. 53.435, nov. 30/2023, aclaración de voto del consejero Fredy Ibarra Martínez. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / FINALIDAD DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO CIERTO / DAÑO INDEMNIZABLE / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO Problema jurídico: ¿La pérdida de oportunidad constituye un daño cierto y resarcible, pese a incorporar un componente de incertidumbre? Respuesta al problema jurídico: Si Aunque la pérdida de oportunidad incorpora un elemento de incertidumbre, esto no significa que corresponda a un daño eventual o hipotético, pues lo jurídicamente relevante es que desaparece de forma definitiva para un sujeto la posibilidad de obtener un provecho o evitar un detrimento, situación que merece tutela jurídica. Sin embargo, esta protección no se extiende hasta amparar la frustración de cualquier expectativa abstracta. Quien alega la pérdida de la oportunidad debe acreditar que se encontraba en una situación potencialmente apta para obtener el beneficio patrimonial. La jurisprudencia ha señalado que la pérdida de la oportunidad se configura cuando concurren tres elementos: (i) la certeza sobre la existencia de una oportunidad real que se pierde; (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, es decir, que la probabilidad de obtener la ventaja se haya extinguido por completo, de modo que ya no sea posible su consolidación; y, (iii) que la víctima se encontrara en NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la pérdida de oportunidad como daño definitivo y no eventual, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A., exp. 61.064, jun. 20/2023, C.P. José R. Sáchica [párrafo 16]. sobre la carga de acreditar la aptitud objetiva para obtener el beneficio patrimonial cuya expectativa se reclama, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 67.858, ago. 30/2024 C.P. José R. Sáchica [párrafo 33]. Sobre los elementos de la pérdida de oportunidad: certeza, imposibilidad definitiva y aptitud, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A., exp. 51.321, ago. 13/2024, C.P. José R. Sáchica [párrafo 56]. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / NEXO DE CAUSALIDAD / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRESCRIPCIÓN / DAÑO CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Constituye un daño contractual indemnizable la pérdida de oportunidad procesal derivada del incumplimiento del deber profesional del abogado frente a su cliente? Respuesta al problema jurídico: Si En el ámbito de la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de las obligaciones que asume un abogado frente a su cliente, este daño puede traducirse en la pérdida definitiva de la posibilidad de que una pretensión sea estimada por las autoridades jurisdiccionales, fenómeno que ha sido denominado como la pérdida de la oportunidad procesal. En estos casos, el nexo de causalidad debe establecerse entre el hecho u omisión del abogado y la pérdida de dicha oportunidad, no entre ese comportamiento y la no obtención del resultado pretendido. Así, el curso causal no debe construirse sobre un resultado judicial incierto —que no se sabe si se habría alcanzado de haber actuado con diligencia el abogado—, sino sobre el hecho cierto de haber perdido la posibilidad de alcanzarlo. En estos casos, los requisitos que deben concurrir para que se configure un daño indemnizable son básicamente tres. En primer lugar, debe existir certeza sobre la titularidad de un interés jurídico que sirve de fundamento a la formulación de una pretensión procesal que permita eventualmente obtener un provecho, aunque su resultado en sede judicial implique un componente aleatorio. En segundo lugar, la imposibilidad de obtener ese provecho debe ser definitiva; si el cliente aún dispone de mecanismos procesales para perseguir el beneficio, no puede imputarse responsabilidad al abogado por la pérdida de la oportunidad de que la pretensión sea estimada. En tercer lugar, se requiere que, incluso sin la defectuosa actuación u omisión del abogado, existiera alguna probabilidad de que la pretensión fuera acogida, lo cual no se configura cuando la acción o derecho ya ha prescrito o caducado antes de la contratación de sus servicios, ni cuando se trate de pretensiones manifiestamente infundadas o carentes de sustento jurídico. NOTA DE RELATORÍA: “El daño por pérdida de una oportunidad acaece sólo en frente de aquellas opciones revestidas de entidad suficiente que, consideradas en sí mismas, permitan colegir, por una parte, que son reales, verídicas, serias y actuales, (…) y, por otra, idóneas para conseguir en verdad la utilidad esperada o para impedir la configuración de un detrimento para su titular, esto es, lo suficientemente fundadas como para que de su supresión pueda avizorarse la lesión que indefectiblemente ha de sufrir el afectado. Es decir, en compendio, debe tratarse de oportunidades razonables”. Ver: C.S.J., Cas. Civil, rad. 08001-3103-008-1994-26630-01, nov. 1/2013, M.P. Arturo Solarte [fundamento jurídico 3.6]. ACCIÓN DE REPETICIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / DOLO / CULPA GRAVE / AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / CONDENA JUDICIAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO / PAGO EFECTIVO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Requiere la procedencia de la acción de repetición que se demuestre la existencia de una condena, el pago efectivo, la calidad del agente y la calificación dolosa o gravemente culposa de su conducta? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política señala que si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico cuya causa sea la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, deberá repetir contra dicho agente. La regulación legal de esta figura se encuentra en la Ley 678 de 2001 [artículo 2] [artículo 11 de la Ley 678 de 2001 (en la versión anterior a la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022]. En consecuencia, para que prosperaran las acciones de repetición, el Departamento debía acreditar —en cada caso— al menos los siguientes presupuestos: (i) la existencia de una condena judicial, de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos que impusiera a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; (ii) que dicho pago se hubiera efectuado; (iii) que la persona demandada tuviera la calidad de agente o exagente del Estado, o de particular que ejerciera funciones públicas; y (iv) que su conducta se calificara como dolosa o gravemente culposa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO EFECTIVO / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / GESTIÓN PÚBLICA / RESARCIMIENTO DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Es procedente una acción de repetición si no se acredita la existencia de una condena, el pago correspondiente, la legitimación de la entidad y la relación funcional con el demandado? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el expediente no obra la sentencia que habría impuesto la condena contra la entidad territorial, ni existe constancia de que se haya realizado el pago en favor del señor (…). Tampoco se aportaron elementos de juicio que permitan establecer por qué la entidad estaba legitimada para formular una acción de repetición, no contra uno de sus funcionarios, sino contra el exgerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cundinamarca. Por tanto, no se acreditó la existencia de una oportunidad real de recuperar, mediante acción de repetición, las sumas que presuntamente se habrían pagado, ni que esa oportunidad se hubiera frustrado a causa del incumplimiento atribuido al señor (…). En consecuencia, respecto de esta gestión, no se acreditaron los elementos que estructuran la pérdida de la oportunidad. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACCIÓN DE REPETICIÓN / SENTENCIA JUDICIAL / CONCILIACIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / PAGO EFECTIVO / IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PROCESAL / TÉRMINO PROCESAL / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / PRETENSIÓN PRINCIPAL Problema jurídico: ¿Puede configurarse una pérdida de oportunidad procesal indemnizable cuando no se acredita la existencia de un título jurídico, el pago efectivo ni la expiración definitiva del término para accionar? Respuesta al problema jurídico: No [El] material probatorio no acredita la existencia del título jurídico que dio lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte de la entidad territorial, proveniente de una sentencia judicial, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. Tampoco prueban que dicha indemnización se hubiera pagado efectivamente. En consecuencia, no existe certeza sobre la titularidad del interés jurídico que podía servir de fundamento para la formulación de una pretensión procesal tendiente a recuperar las sumas pagadas por el Departamento, aunque su resultado en sede judicial implicara un componente aleatorio. Además, estos documentos no permiten establecer que la oportunidad procesal se hubiera perdido de forma definitiva, pues no es posible determinar, a partir de ellos, si la entidad aún se encontraba en tiempo para acudir a la jurisdicción, (…). ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / PATRIMONIO PÚBLICO / AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / SUJETO PASIVO EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DOLO / CULPA / SENTENCIA CONDENATORIA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO Problema jurídico: ¿Puede configurarse una pérdida de oportunidad indemnizable cuando no se acredita la existencia de una obligación indemnizatoria, la aptitud de la entidad para accionar, ni los sujetos responsables? Respuesta al problema jurídico: No [D]ado que en el expediente no obra el documento que contenga la fuente de la obligación indemnizatoria, no es posible establecer que, incluso sin la defectuosa actuación u omisión del abogado, existiera alguna probabilidad de que la pretensión de repetición fuera estimada. Ello se debe a que, como ha señalado esta Subsección, no toda condena contra una entidad pública genera una afectación patrimonial en los términos del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y de la Ley 678 de 2001, pues en algunos eventos la condena solo implica una restitución o devolución de sumas pagadas indebidamente por los particulares, lo que no constituye un daño al patrimonio público, en la medida en que ese dinero nunca debió ingresar a él. Adicionalmente, no hay información en el expediente sobre quiénes habrían sido los sujetos pasivos de la acción de repetición, ni elementos que permitan apreciar el desvalor de su conducta o su carácter determinante en el reconocimiento indemnizatorio. En otras palabras, no está probado que el Departamento se encontrara en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado en el juicio de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de demostrar la aptitud para la acción de repetición ante ausencia de prueba sobre la obligación indemnizatoria, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 56.622, jul. 30/2021. C.P. José Roberto Sáchica Méndez [párrafo 48]. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRECLUSIÓN / DEBIDO PROCESO / ETAPAS DEL PROCESO / PRUEBA / ELEMENTOS DE PRUEBA / IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PROCESAL / ACTO PROCESAL / PRINCIPIO DISPOSITIVO / NORMA PROCEDIMENTAL Problema jurídico: ¿Constituye una carga procesal ineludible para las partes la presentación oportuna y formal de los elementos probatorios dentro de las etapas previstas legalmente? Respuesta al problema jurídico: Si La carga de los sujetos procesales de probar los hechos que soportan sus pretensiones o excepciones debe cumplirse en las oportunidades y conforme a los requisitos propios de cada juicio. La ley impone a cada extremo del litigio “la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron”. Lo anterior, en línea con el principio de preclusión, componente del debido proceso conforme al cual el legislador ha previsto etapas procesales con oportunidades específicas para la realización de actos por parte de los sujetos procesales. Una vez agotada una etapa, salvo disposición legal en contrario, dichos actos no pueden ser válidamente ejecutados con posterioridad. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la carga procesal de presentar en juicio, conforme a las formalidades y plazos, los elementos probatorios que fundamentan las pretensiones., ver: C.S.J. Cas. Civil, rad. 23001-31-10-002-1998-00467-01, may. 25/2010, M.P. Edgardo Villamil [fundamento jurídico 1]. Sobre la preclusión como componente del debido proceso, ver: Corte Constitucional, Auto 232 de 2001, jun. 14/2001, M.P. Jaime Araujo. VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PROCESAL / RECURSO DE APELACIÓN / INADMISIÓN DE LA PRUEBA / DEBIDO PROCESO / ETAPAS DEL PROCESO Problema jurídico: ¿Pueden ser valorados documentos que no fueron incorporados en el proceso dentro de los términos y oportunidades previstos en el artículo 212 del CPACA? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 173 del CGP establece que para que las pruebas sean valoradas por el juez “deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados (…)”. De conformidad con lo anterior, el artículo 212 del CPACA estableció de forma diáfana la oportunidad probatoria en la que deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas para que puedan ser apreciadas: (…). [L]os documentos contentivos de algunos de los expedientes de los procesos judiciales en los que presuntamente se profirieron condenas contra la entidad territorial no fueron incorporados al proceso dentro de los términos y oportunidades establecidos en el CPACA. Por consiguiente, conforme al artículo 212 de dicho código, estos documentos no podían ser valorados por el Tribunal en la motivación fáctica de su decisión. En consecuencia, el reparo formulado en la apelación no es atendible. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 173 CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PROCESAL / PRUEBA EXTEMPORÁNEA / PRECLUSIÓN / ENTIDAD ESTATAL / DEMANDANTE / EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Debe una entidad estatal, aun cuando actúe como demandante, cumplir con la carga de aportar pruebas dentro de las oportunidades procesales previstas en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 175 del CPACA, invocado en la apelación, regula la oportunidad en que la entidad pública demandada debe aportar los expedientes administrativos en su poder, en el marco de la contestación de la demanda. Sin embargo, ello no significa que, cuando la entidad actúe como demandante, esté exenta de cumplir con la carga de aportar las pruebas dentro de las oportunidades previstas en la ley. En el presente caso, el Departamento pretendió aportar documentos y solicitar su decreto cuando ya habían precluido las oportunidades probatorias de las partes. En consecuencia, el hecho de que el Tribunal no hubiera valorado dichos documentos en la motivación de la decisión no constituye una omisión jurídicamente reprochable, pues, al no haber sido incorporados oportunamente, no podían ser apreciados. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175 CONTRATO DE SEGURO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO / EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO / CONDICIÓN SUSPENSIVA / SINIESTRO / ASEGURADOR / ENTIDAD ASEGURADORA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PERJUICIO MATERIAL / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / SEGURO DE DAÑOS / OBLIGACIÓN CONDICIONAL Problema jurídico: ¿Puede una aseguradora ser condenada si no se acredita la ocurrencia del siniestro ni un perjuicio material derivado de la pérdida de oportunidad? Respuesta al problema jurídico: No Un elemento esencial del contrato de seguro es la obligación condicional del asegurador [Artículo 1045 del Código de Comercio]. El hecho futuro e incierto que determina el nacimiento de la obligación del asegurador es la ocurrencia del siniestro, es decir, la materialización del riesgo amparado o asegurado [Artículo 1072 del Código de Comercio]. En este sentido, únicamente cuando se verifica el siniestro la aseguradora está llamada responder; a falta de materialización del siniestro, no surgirá la obligación resarcitoria a cargo de la aseguradora (…) En el caso concreto, el fallo de primera instancia declaró dicho incumplimiento, decisión que no fue impugnada. Sin embargo, no quedó acreditada la configuración de ningún perjuicio material directo derivado de la pérdida de oportunidad. En consecuencia, dado que los seguros de daños son contratos de mera indemnización y no pueden constituir para el asegurado una fuente de enriquecimiento (Código de Comercio, art. 1088), no hay lugar a reconocer en este juicio ninguna obligación a cargo de la aseguradora y, por tanto, no procede una condena en su contra. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condición suspensiva del contrato de seguro, entendida como la obligación del asegurador sujeta a la ocurrencia del siniestro, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 53.318, feb 18/2022, C.P. José R. Sáchica [párrafo 68]. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1045, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1072, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse de oficio sobre aspectos que no fueron objeto de la apelación cuando ello es necesario para dictar sentencia de mérito? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l contratista expresó su inconformidad con el valor del saldo a favor del Departamento que determinó el Tribunal en la liquidación judicial del contrato, alegando una indebida valoración de las pruebas del expediente. En principio, correspondería pronunciarse únicamente sobre este argumento, por ser esta la competencia del juez de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como lo dispone esa misma norma y lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, dicha limitación no obsta para que se adopten decisiones de oficio ni para que se verifiquen los presupuestos necesarios para dictar sentencia de mérito. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del principio de congruencia en el recurso de apelación y la facultad del juez para pronunciarse de oficio sobre cuestiones necesarias para la sentencia de mérito., ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, Sent. 46.005, abr. 6/2018. C.P. Danilo Rojas Betancourth [párrafo 19]. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / SALDOS A FAVOR / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE MORALIDAD / PRINCIPIO DE EFICACIA / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD / NEGOCIO JURÍDICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿La liquidación de los contratos estatales tiene carácter obligatorio y vinculante según su naturaleza, y puede efectuarse unilateralmente por la entidad estatal en caso de no lograrse un acuerdo con el contratista? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con su disciplina legal (Ley 80 de 1993, art. 60), la liquidación es una actuación dirigida a lograr un ajuste o rendición final de cuentas, con el objeto de que las partes contratantes establezcan, con fundamento en el desarrollo del contrato, las acreencias pendientes o los saldos a favor o en contra de cada una, o se declaren a paz y salvo, según el caso, para extinguir el negocio jurídico celebrado. Este procedimiento tiene por finalidad definir cómo quedó la realización de las prestaciones mutuas asumidas por las partes y efectuar un balance de cuentas y pagos, para establecer quién le debe a quién y cuánto. En este sentido, la liquidación debe reflejar el estado económico del contrato y dejar constancia de los derechos y obligaciones derivados de su ejecución. Ahora bien, bajo el estatuto general de contratación de la Administración Pública (“EGCAP”), el contenido del acto liquidatorio se concibe como algo más que el finiquito de una relación entre partes. Esta etapa también está orientada a la realización de los principios que rigen la función administrativa, como la moralidad, la eficacia y la economía. En particular, tiene por objeto evitar escenarios de latencia e indefinición sobre cómo se ejecutaron las prestaciones. De ahí que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establezca que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y que en el acta de liquidación deben constar “los acuerdos, conciliaciones y transacciones (…) para poner fin a las divergencias presentadas”. [L]a mencionada norma estableció que la liquidación será obligatoria en los contratos “de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran”. En cambio, indicó que no será obligatoria “en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. Para concretar la finalidad perseguida con esta etapa, el legislador previó un procedimiento liquidatorio especial para los contratos sometidos al EGCAP en el que la intervención judicial es, por definición, excepcional. En los casos en que la liquidación del contrato sea obligatoria o haya sido pactada por las partes, el legislador señaló que debe procurarse liquidación mediante acuerdo entre los contratantes, que —al emanar de la concurrencia de voluntades— constituye un negocio jurídico con fuerza vinculante, conforme a lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil. Asimismo, indicó que en aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, se impone a la Administración el deber de efectuar la liquidación de forma unilateral, mediante un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Ley 1150 de 2007, art. 11). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza y finalidad de la liquidación contractual como balance final de cuentas, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 68.539, nov. 28/2024, C.P. José R. Sáchica [párrafo 32]. Sobre el acto liquidatorio bajo EGCAP, el procedimiento especial y la presunción de legalidad, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 53.962, may. 9/2024, C.P. José R. Sáchica [párrafo 83]. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INTERVENCIÓN DEL JUEZ / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONTRATACIÓN ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL / NORMA IMPERATIVA / ORDEN PÚBLICO Problema jurídico: ¿Puede intervenir el juez para liquidar un contrato estatal solo cuando no haya habido liquidación bilateral ni ejercicio oportuno de la potestad unilateral por parte de la entidad? Respuesta al problema jurídico: Si La intervención del juez para la liquidación del contrato está reservada para el evento en que esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no haya ejercido su potestad de liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para ello o, en su defecto, del término legal previsto (CPACA, art. 141). En ese marco, el procedimiento de liquidación contempla, en primer lugar, la posibilidad de un acuerdo entre las partes; en segundo lugar, la facultad unilateral de la entidad para liquidar el contrato; y, como mecanismo excepcional, la intervención judicial, ya sea para controvertir la presunción de legalidad de la liquidación realizada por la Administración o ante el incumplimiento de la obligación de liquidar el contrato. Este procedimiento no es aplicable a los contratos sometidos al derecho privado, pues además de que no comparten el mismo origen, atributos, objeto ni finalidades, no existe previsión normativa que lo autorice. En conclusión, si no es obligatoria la liquidación de un contrato estatal sometido al EGCAP o las partes no han estipulado su realización, el juez no está habilitado legalmente para efectuarla. Esta conclusión se refuerza al considerar (i) la primacía del principio de autonomía de la voluntad, (ii) la facultad de autotutela declarativa de las entidades contratantes y (iii) los términos específicos a los cuales quedó sujeta la liquidación judicial bajo el CPACA. La autonomía de la voluntad constituye un principio rector de la contratación, cuya primacía debe respetarse siempre que no contraríe normas imperativas del ordenamiento jurídico (Ley 80 de 1993, arts. 32 y 40). Por tanto, la intervención judicial en el contrato debe ser mínima, excepcional y limitada a los aspectos en que resulte estrictamente indispensable [“Como la regla general es la autonomía de la voluntad, la renuncia de derechos concierne a los sujetos de una relación jurídica contractual particular, que -en tanto sujetos de derecho- están en capacidad para disciplinar el contenido del contrato. Por ello, las restricciones a ese poder de disposición son «excepcionales» pues: (i) requieren de norma legal que así lo prescriba; (ii) se pretenda la protección de determinados sujetos o intereses vitales; y (iii) se pongan en peligro el orden público, social o económico” C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 39.121, jul. 27/2023, C.P. Guillermo Sánchez [párrafo 21]. Al respecto, ha indicado también la Corte Suprema de Justicia: “las restricciones a la libertad contractual o autonomía privada dispositiva son excepcionales, requieren texto legal, de cuya finalidad, al menos, en protección de determinados sujetos o intereses vitales, pueda inequívocamente desprenderse” C.S.J., Cas. Civil, rad. 11001-3103-032-2001-00847-01, oct. 19/2011, M.P. William Namén [fundamento jurídico 3].] NOTA DE RELATORÍA: Sobre la intervención judicial excepcional en la liquidación de contratos estatales tras el fallo de mutuo acuerdo y la liquidación unilateral dentro de los plazos legales, ver: C.E., Secc. Tercera, Sala Plena, exp. 53.962, may. 9/2024, C.P. José R. Sáchica. [párrafos 81 y 82]. En este sentido, la Corporación ha señalado lo siguiente: “En el supuesto caso en el cual las partes no hayan liquidado el contrato bilateralmente o por mutuo acuerdo ni la entidad estatal lo haya hecho de forma unilateral o respecto de puntos no liquidados, el juez del contrato está investido con la competencia para liquidarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011”. Ver; C.E., SCSC, Concepto 11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253), jun. 28/2016. C.P. Álvaro Namén Vargas [fundamento jurídico 3, acápite c]. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUTOTUTELA / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INTERVENCIÓN DEL JUEZ / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / BALANCE Problema jurídico: ¿Puede el juez liquidar un contrato estatal no sujeto a liquidación obligatoria cuando las partes no pactaron su realización y la entidad no estaba habilitada legalmente para ejercer la liquidación unilateral? Respuesta al problema jurídico: No [E]l inciso segundo del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 otorgó a las entidades estatales la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, mediante acto administrativo, cuando el contratista no comparezca a la liquidación pese a haber sido notificado o convocado para ello, o cuando las partes no logren un acuerdo sobre su contenido. Así, si se admitiera la posibilidad de que el juez liquide un contrato respecto del cual las partes no han pactado dicha actuación —y que, por tanto, no habilita a la Administración para hacerlo unilateralmente en caso de desacuerdo—, se desconocería la intención del legislador de dotar previamente a la entidad estatal del privilegio de autotutela declarativa antes de que intervenga, de manera excepcional, la autoridad judicial para definir el balance jurídico, técnico y económico del contrato. Finalmente, desde el punto de vista de las atribuciones del juez del contrato, debe tenerse en cuenta que el artículo 141 del CPACA conjuga los elementos previamente analizados y establece que la habilitación judicial para liquidar el negocio jurídico depende de que “esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley”. Si las partes no estipularon que el contrato debía liquidarse — y la obligación tampoco emana de ley—, sino que manifestaron que no se requería esta actuación y, por tanto, no hay lugar a que “se haya logrado de mutuo acuerdo” ni a que la entidad lo haya hecho unilateralmente por “vencimiento del plazo convenido para liquidar”, tampoco cabe entonces que el juez lo liquide judicialmente. En el caso bajo examen, las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales respecto del cual no es obligatoria la liquidación por disposición legal. (…) Dado que las partes no estaban obligadas a alcanzar un acuerdo sobre la liquidación —por haberse pactado que no estaría sujeto a ese procedimiento— y la Administración tampoco podía realizarla unilateralmente, no se cumplían los presupuestos legales que habilitaban al juez para liquidar el contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el carácter irrenunciable de la potestad pública para la liquidación del contrato, ver: Cfr. C.E., Secc. Tercera, Sub A, exp. 55.868, may. 20/2022, C.P. José R. Sáchica. [párrafos 32 a 40]. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Debe imponerse condena en costas a la parte cuya apelación se resuelve desfavorablemente conforme al artículo 365 del CGP? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. En este caso, el recurso de apelación se resolvió desfavorablemente a la parte demandante, porque no se accedió a la solicitud de revocar la decisión que negó la indemnización de perjuicios. En contraste, el recurso de apelación del demandado se resolvió de manera favorable, en el sentido de que, a raíz de la alzada, se modificará parcialmente la sentencia apelada en el sentido de negar la liquidación judicial del contrato, que inicialmente condujo a determinar un saldo a su cargo. En consecuencia, procede la condena en costas a cargo del departamento de Cundinamarca. AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / INACTIVIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Procede fijar el monto mínimo de agencias en derecho en segunda instancia cuando las partes no realizaron ninguna actuación posterior a la presentación del recurso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 estableció que en los procesos declarativos las tarifas de agencias en derecho para la segunda instancia serán entre 1 y 6 SMMLV. Para su fijación, se deben tener en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, así como la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad; además, las tarifas por porcentaje se deben aplicar inversamente al valor de las pretensiones. El contratista, que actuó en su propio nombre, no realizó ninguna gestión con posterioridad a la presentación del recurso. Seguros del Estado S.A. tampoco realizó ninguna actuación en sede de apelación. Por tanto, respecto de las agencias en derecho para la segunda instancia, se reconocerá el monto mínimo por las cargas de vigilancia del proceso a cada uno de esos sujetos: 1 SMMLV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201702398021100103