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FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía

Sentencia — Sentencia 2024-07-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 73001233100020100022301 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la… ¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista… ¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060140601 ACCION DE REPETICION
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve: ¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional? ¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las… ¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020170046801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial… ¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación? ¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2026-04-27 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 50001233100020051033401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida? ¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación… ¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre intervención de terceros 2025-08-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020170042101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición? Sí
El contratista no puede presentar solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes bajo el amparo del derecho de petición, ya que estas deben regirse por las normas procesales correspondientes. El derecho de petición ante autoridades judiciales es procedente solo respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen, no en casos que requieren una actuación judicial. Además, la intervención en un proceso contencioso administrativo debe efectuarse a través de un apoderado judicial, por lo que la participación directa de personas naturales no representadas por un profesional en derecho es improcedente. Asimismo, la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud se realizó fuera del término legal, no es admisible, ya que las normas procesales establecen plazos específicos para la intervención de terceros. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de sujetos que no cumplen con los requisitos legales, lo que implica una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los trámites procesales.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden intervenir directamente en un proceso contencioso administrativo personas naturales que no estén representadas por apoderado judicial? ¿Es procedente la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud de intervención de terceros se realizó por fuera del término legal?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 54001233100020100010601 ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias contractuales estatales cuya cuantía excede quinientos salarios mínimos legales.

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 52001233300020170026501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente… ¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley? ¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Juez se encuentra facultado para decidir sobre las excepciones previas y mixtas

Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas 2024-07-15 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020160000800 LEY 1437 REPETICION
¿De acuerdo con la norma aplicable, el Juez se encuentra facultado para decidir sobre las excepciones previas y mixtas, antes de la audiencia inicial? Sí
Las excepciones previas y mixtas deben decidirse de fondo por el juez o magistrado sustanciador antes de la audiencia inicial, cuando esta aún no se ha iniciado. Esta regla se apoya en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, que hace aplicables sus modificaciones a los trámites no iniciados, y en la finalidad de esa reforma de dotar a la jurisdicción de mayor agilidad para evitar un desgaste innecesario. Por ello el pronunciamiento sobre estas excepciones no se aplaza hasta la audiencia inicial. Esta regla evita que el proceso se prolongue con cuestiones que pueden resolverse de manera anticipada. En el caso concreto las excepciones previas fueron propuestas antes de la audiencia inicial y el despacho las resolvió de fondo, declarándolas no prósperas. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la resolución anticipada de excepciones previas y mixtas es obligatoria antes de la audiencia inicial.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del medio de control de repetición en única instancia, cuando se ejerza contra representantes legales de los órganos y entidades del orden… ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado? ¿Procede la desvinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, a su vez, reconocer al Patrimonio Autónomo "PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento…
NO PROSPERA
Consejo de Estado Providencia

En la solicitud del contrato se pretendía la estabilización de normas relativas al impuesto al patrimonio para el año gravable 2011

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130150201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La motivación de la decisión tomada por el Comité se fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un 73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma, sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector.… La Sala observa que la única pretensión económica de la parte demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio.
También resuelve: ¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y… ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato? ¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150260101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que versa sobre el incumplimiento del contrato interadministrativo suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-? Sí
El contratista está legitimado para interponer un medio de control de controversias contractuales contra la entidad estatal en casos de incumplimiento de contratos interadministrativos, siempre y cuando la controversia supere los 500 SMLMV, lo que permite la intervención del Consejo de Estado en segunda instancia. La Sala determina que la caducidad del medio de control no opera cuando el contrato no ha sido objeto de liquidación bilateral ni unilateral dentro del plazo legal, permitiendo así que la controversia sea debidamente ventilada en sede judicial. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del medio de control de controversias contractuales y la legitimación de las partes para ejercerlo, garantizando así el acceso a la justicia en casos de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013… ¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)… ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo celebrado por las partes…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares.

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 44001234000020140012001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares? Sí
Un contrato estatal no adolece de nulidad por delegación de funciones tributarias cuando sus obligaciones se limitan a elaborar insumos y no implican gestionar ni cobrar tributos a los contribuyentes, pues esa función permanece en la Administración. La regla se apoya en que el objeto del contrato no prevé que el contratista liquide o cobre tributos, y en que la elaboración de la liquidación sirve de base a la gestión que realiza la entidad, sin trasladarle la gestión frente a los contribuyentes. Por ello, la nulidad no se configura por la sola naturaleza tributaria del objeto. En el asunto, la Sala revocó la sentencia de primera instancia que había declarado de oficio la nulidad del contrato, y liquidó el contrato sin reconocimiento a favor del contratista por no demostrar el cumplimiento de los requisitos para su pago. En la práctica, la liquidación de un contrato sin reconocimiento de pagos depende de que el contratista acredite el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la liquidación del contrato sin reconocimiento a favor del contratista porque no demostró que hubiera cumplido con los requisitos contractuales para el reconocimiento y pago por parte… ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato no contiene una estipulación que fije el plazo para liquidación? ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160077002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria… ¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
REVOCA
Colombia Compra Eficiente Concepto

En contraste se ha considerado que los entes universitarios no son entidades que hagan parte de la rama ejecutiva, ni pueden considerarse entidades descentralizadas, sino que gozan de un régimen especial.

C-1456 de 2025 2025-10-27
¿El artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1600 de 2024, aplica a los entes universitarios autónomos?
Los entes universitarios autónomos no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional ni territorial, no son entidades descentralizadas y gozan de un régimen especial, en los términos del artículo 69 de la Constitución y de la Ley 30 de 1992. Por esa razón no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.4.3.1.2 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1600 de 2024, y en consecuencia la obligación del artículo 2.1.4.3.2.1 de esa misma norma no les resulta aplicable. El marco de fondo es la estrategia nacional de lucha contra la corrupción del artículo 200 de la Ley 2294 de 2023, que busca fortalecer la transparencia en la contratación y la gestión pública. Para la práctica contractual, las universidades autónomas no deben aplicar esa obligación por la sola condición de entidad estatal, sin perjuicio de sus deberes generales de transparencia y moralidad.síntesis automática
También resuelve: Función administrativa: principio de moralidad, principio de transparencia Estrategia nacional de lucha contra la corrupción: Ley 2294 de 2023 Decreto 1600 de 2024: estrategia de lucha contra la corrupción
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233300020150000301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones… ¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio… ¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente Concepto

El hecho de que algunas entidades estatales se rijan por el derecho privado en materia contractual no puede entenderse como una negación de lo que establece el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

C-798 de 2026 2026-06-23
¿Cómo debe interpretarse y aplicarse el régimen excepcional de contratación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a partir de criterios de conexidad, límites, prohibiciones y régimen de responsabilidad y en qué se diferencia de la urgencia manifiesta?
Declarada la situación de calamidad pública o de desastre por la autoridad competente, las demás entidades estatales pueden declarar la urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 mediante un acto propio, fundado en esa declaración. Según el concepto, como regla general, para contratar directamente por urgencia manifiesta se requieren dos actos administrativos concurrentes: primero, la declaración de calamidad pública o de desastre conforme a la Ley 1523 de 2012, y después la declaración de urgencia manifiesta. El artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 introduce un matiz: en la hipótesis que regula basta declarar la situación de desastre o de calamidad pública para contratar con el derecho privado, sin perjuicio de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Esa norma debe interpretarse considerando el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, un patrimonio autónomo cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. En consecuencia, la diferencia con la urgencia manifiesta radica en que el artículo 66 permite contratar con la sola declaración de desastre o calamidad, mientras que la urgencia manifiesta exige el acto adicional.síntesis automática
También resuelve: Urgencia manifiesta: situación de calamidad o desastre Calamidad y desastre: fondo nacional de gestión de riesgo Entidades exceptuadas: aplicación de normas de derecho público
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Funcion administrativa: no se restituye el valor de cualquier obligación o prestación

73001233100020100022301 de 2024 2024-09-13 Rad. 73001233100020100022301
Añade la norma que esos contratos “sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados” siendo de advertir que esta última previsión no contradice sino que reafirma y complementa la anterior, esto es, que el contrato de prestación de servicios procede únicamente para labores relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad contratante, lo que implica que no puede emplearse para cumplir sus funciones misionales, que la ley le asigna con exclusividad De conformidad con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta del contrato estatal se configura por las causales específicas allí señaladas, y además, “en los casos previstos en el derecho común”. Respecto del objeto ilícito, el artículo 1519 del mismo Código Civil recalca que ese vicio se configura en todo lo que contraviene al derecho público de la nación…
También resuelve: Funcion administrativa: noción, naturaleza Contrato de prestación de servicios: generalidades, Articulo 32 Numeral 3 ley 80 de 1993:
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato: se cuenta con una posición unificada sobre la naturaleza jurídica privada de los actos precontractuales

25000233600020200029801 de 2026 2026-06-13 Rad. 25000233600020200029801
Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “ l os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 142 de 1994 artículo 31 y 32, derecho privado Actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios: son de naturaleza privada, no son actos administrativos, análisis del incumplimiento de obligaciones Aplicación de los principios de función administrativa: Constitución política artículo 209 y 267, entidades con régimen exceptuado, Ley 1150 de 2007 artículo 13
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Funcion administrativa: no se restituye el valor de cualquier obligación o prestación

73001233100020100022301 de 2024 2024-08-23 Rad. 73001233100020100022301
Añade la norma que esos contratos “sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados” siendo de advertir que esta última previsión no contradice sino que reafirma y complementa la anterior, esto es, que el contrato de prestación de servicios procede únicamente para labores relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad contratante, lo que implica que no puede emplearse para cumplir sus funciones misionales, que la ley le asigna con exclusividad De conformidad con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta del contrato estatal se configura por las causales específicas allí señaladas, y además, “en los casos previstos en el derecho común”. Respecto del objeto ilícito, el artículo 1519 del mismo Código Civil recalca que ese vicio se configura en todo lo que contraviene al derecho público de la nación…
También resuelve: Funcion administrativa: noción, naturaleza Contrato de prestación de servicios: generalidades, Articulo 32 Numeral 3 ley 80 de 1993:
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020250000300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. En este caso, la entidad convocante es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que confirma la competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación interpuesto. Además, la admisión del recurso se encuentra enmarcada en la Ley 1563 de 2012, que regula los requisitos de oportunidad y forma para la presentación del recurso de anulación, y en este caso, la parte convocante cumplió con los plazos y requisitos establecidos, sustentando su recurso dentro del término legal. Esto implica que cualquier entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas puede recurrir al Consejo de Estado para anular un laudo arbitral, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se cumplen con los requisitos para la admisión delo recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?
ADMITE