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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo

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Fecha
2025-11-07
Radicado
25000233600020190053901
Número interno
70890
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO GISC -FUNDASOL, FUNDACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA – FUNDASOL, GRUPO IS COLOMBIA SAS
Demandado
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, C&M CONSULTORES

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo

Regla de decisión

La entidad incurre en indebida evaluación de la oferta al omitir puntos de apoyo a la industria nacional a pesar de los documentos aportados.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez determina que la entidad estatal incurre en indebida evaluación de propuestas cuando omite otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional a pesar de existir documentos que acreditan el origen de los servicios ofertados. En el presente proceso, al verificarse la falta de correcta valoración del Anexo 15 y de los elementos probatorios presentados por el actor, la Sala revoca la decisión absolutoria de primera instancia y ampara los derechos del proponente afectado bajo la prevalencia del derecho sustancial.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.3.1
  • Ley 1437 de 2011, art. 175

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

El problema jurídico que concentra la atención de la Sala se contrae a determinar si en el proceso de selección sub-lite hubo una indebida calificación de la propuesta del actor respecto del factor de apoyo a la industria nacional, y sus efectos frente a la escogencia realizada como fundamento del daño aducido.… Conforme al Anexo 15 –APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL–, los oferentes debían señalar el origen del personal ofrecido. En la nota 1 de la cláusula 5.2.4 se hizo énfasis en que el ofrecimiento de incorporación de recurso humano nacional en el citado formato, no asignaría puntaje al oferente en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional, pues un mismo servicio no podía aplicar a ambos puntajes.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

PROPUESTA DEL PROPONENTE CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EVALUACIÓN DE PROPUESTAS FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE REDUCCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE REDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS OFERTA EVALUACIÓN DE LA OFERTA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA REQUISITOS DE LA OFERTA PUNTAJE ASIGNADO CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE EMPATE ENTRE OFERENTES PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL BIEN DE ORIGEN NACIONAL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA INDUSTRIA NACIONAL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CARGA DE LA PRUEBA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL SORTEO MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA DAÑO PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ETAPA PRECONTRACTUAL SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA PROPONENTE DAÑO INDEMNIZABLE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL ERROR DAÑO ANTIJURÍDICO INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD PRIVACIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Acción de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 55.169 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / REDUCCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / REDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REQUISITOS DE LA OFERTA / PUNTAJE ASIGNADO / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / EMPATE ENTRE OFERENTES / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / BIEN DE ORIGEN NACIONAL / SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / INDUSTRIA NACIONAL / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / CARGA DE LA PRUEBA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES Problema jurídico: ¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados? Respuesta al problema jurídico: Si El problema jurídico que concentra la atención de la Sala se contrae a determinar si en el proceso de selección sub-lite hubo una indebida calificación de la propuesta del actor respecto del factor de apoyo a la industria nacional, y sus efectos frente a la escogencia realizada como fundamento del daño aducido. (...) Conforme al Anexo 15 –APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL–, los oferentes debían señalar el origen del personal ofrecido. En la nota 1 de la cláusula 5.2.4 se hizo énfasis en que el ofrecimiento de incorporación de recurso humano nacional en el citado formato, no asignaría puntaje al oferente en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional, pues un mismo servicio no podía aplicar a ambos puntajes. En cualquier caso, era deber de todos los participantes diligenciar el citado anexo. (...) Respecto al pliego de condiciones no se presentaron observaciones referentes al anexo 15 y a las reglas de puntaje por apoyo a la industria nacional (...) La Sala precisa que si bien no reposan en el expediente las observaciones al pliego de condiciones y al anexo 15, ni las respuestas de la entidad contratante, al consultar esos documentos en el SECOP II se verificó que no hubo observaciones sobre la cláusula de apoyo a la industria nacional ni al contenido del anexo (...) El examen de dicha plataforma virtual es procedente, porque es el mecanismo de publicidad de la contratación estatal en Colombia, entre otras características, y de acuerdo con su reglamentación la demandada debía publicar allí los documentos y actos administrativos de la etapa precontractual, así como los relativos al desarrollo y finalización del negocio jurídico, como en efecto aparece registrado. (...) Esta Subsección, en recientes oportunidades, ha señalado que en casos como el sub examine la carga de la prueba se matiza en virtud del deber de las entidades demandadas de “allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder” establecido en el parágrafo primero del art. 175 del CPACA; además, como en el presente asunto el a quo ofició en curso de la audiencia inicial a la SED, para que allegara los antecedentes administrativos y los documentos contentivos del proceso de selección SED-CM-A-DBE-001-2019, sin que la entidad atendiera el mandato de remitir la información relativa al concurso de méritos, la Sala está habilitada para acudir a los medios electrónicos de divulgación de la información de los procesos contractuales de las entidades públicas, particularmente al SECOP que posee las piezas del expediente administrativo necesarias para fallar. (...) En el informe de evaluación preliminar publicado el 14 de febrero de 2019, se determinó que la propuesta del actor no estaba habilitada por omitir requisitos jurídicos de su integrante Fundasol (certificaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social integral e inscripción y antecedentes disciplinarios legibles del revisor fiscal que suscribió tal certificación) (...) El 26 de febrero siguiente se publicó el informe final de evaluación que señaló que el demandante subsanó la oferta, y ocupó el segundo orden de elegibilidad, pues en el primer lugar se ubicó C&M Consultores. (...) Como documento anexo a tal evaluación, la SED adjuntó el oficio de respuesta a las observaciones, del que se destaca la formulada por C&M frente al Consorcio Gisc – Fundasol, relativo al diligenciamiento del Anexo 15 (...) En el anexo 15 presentado por el actor –a diferencia del diligenciado por C&M como adjudicatario– se seleccionó la casilla que indicaba que la oferta era de origen nacional, e igualmente se marcó la opción de incorporación de personal nacional en un 100% –espacio dispuesto sólo para oferentes de origen extranjero–. (...) La normatividad aplicable al sub-lite, respecto al componente de apoyo a la industria nacional, corresponde al artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 antes de la reforma que introdujo el Decreto 680 de 2021, en la medida que el proceso de selección objeto de análisis se desarrolló de enero a marzo de 2019; de manera que es aplicable la definición de servicios nacionales allí contenida. Ésta, a su vez, quedó incorporada en el capítulo V del pliego de condiciones que consagró que los servicios de origen nacional correspondían a aquellos prestados, entre otros, por personas jurídicas constituidas bajo la legislación colombiana, situación que sería acreditada con el certificado de existencia y representación legal respectivo, sin agregar datos adicionales –más allá del anexo 15 que debía registrar la información correspondiente–. (...) Al revisar los términos del citado anexo, no se encuentra que exista una redacción confusa que indujera en error a los proponentes (...) el actor cometió un error al diligenciar el anexo 15, puesto que en el primer segmento indicó que la oferta era de origen nacional; y luego, como si se tratara de un proponente extranjero, marcó la casilla que debían completar únicamente los oferentes sin trato nacional o netamente foráneos. De modo que no asiste razón al apelante al señalar que los términos del citado formato se prestaban a confusiones, pues de una lectura integral de los pliegos, que abarca las reglas de participación y sus anexos, se llega a esta comprensión sin ambigüedades; evidencia que descarta el argumento asociado a una vaguedad o ambivalencia proveniente del pliego y del anexo referido, y por lo mismo no tiene cabida la crítica del censor relacionada con la aplicación de los criterios legales de interpretación a su favor. (...) Con todo, este examen no puede pasar por alto que las personas jurídicas que conformaban el Consorcio Gisc – Fundasol eran de origen nacional, calidad que sin mayor esfuerzo es apreciable en los certificados de existencia y representación aportados con la propuesta. Así que en los términos del art. 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los servicios que ofertó debían catalogarse como nacionales. (...) La Sala no desconoce la importancia de esa clase de documentos de cara al proceso de evaluación y, por ello, no desdice de la obligatoriedad de que los anexos sean debidamente diligenciados. Lo que resalta es que esta exigencia no puede llevarse al extremo de sobreponer un yerro meramente formal por encima de la realidad sustancial, sobre todo si, como en este caso, la incorrección en el diligenciamiento del formulario era francamente apreciable –pues una casilla demarcaba el origen nacional de los servicios versus la que registraba la “incorporación de nacionales en la prestación del servicio extranjero”, lo que las hacía excluyentes–; y era fácilmente superable, comoquiera que bastaba constatar tal información en los certificados de existencia y representación de los integrantes del Consorcio, documento indicado en el pliego y establecido en la ley para su acreditación (...) La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal ha sido un tema ampliamente tratado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisando que es deber de la administración interpretar las reglas de los procesos de selección, justificar debidamente el análisis de dichas cláusulas, siempre teniendo en consideración que dicha prerrogativa no es discrecional y sin que se pueda atentar o contravenir los actos propios. (...) El yerro de GF no tenía la trascendencia asignada en la evaluación, ni impedía conocer si tales personas jurídicas estaban constituidas bajo las leyes colombianas. (...) La función de dicho formato era consolidar y organizar la información de los participantes para facilitar la evaluación y, puntualmente, fijar el compromiso de los oferentes extranjeros respecto a la utilización de personal nacional; pero en ningún caso podía sustituir preceptos legales ni reglas del pliego relacionadas con la acreditación del origen nacional de los servicios. (...). No podrá decirse que por ser un factor de evaluación, tal incorrección no era susceptible de constatación por la entidad, ya que en este caso el factor de apoyo a la industria nacional estaba libre de interpretaciones o incertidumbres conforme al Decreto 1082 de 2015, pues dicha normativa estableció que se debía demostrar si la persona era (i) nacional o no, (ii) residente o no, y (iii) para las personas jurídicas, si estaban constituidas o no bajo las leyes colombianas; de modo que se conferían los puntos según esta calidad, sin atravesar por un dilema subjetivo. (...) Al quedar demostrado que el demandante ofreció servicios nacionales conforme a la normatividad que le era aplicable, se concluye que la SED evaluó indebidamente la oferta del actor al no asignarle los 10 puntos por el factor de apoyo a la industria nacional, a los que tenía derecho. (...) En consecuencia, como el demandante debió obtener 100 puntos al igual que quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad, las dos propuestas deben ser evaluadas aplicando los criterios de desempate previstos en el pliego de condiciones, para determinar si Gisc – Fundasol debía avanzar hasta el sorteo por balota en punto a la adjudicación, como alega en su demanda NOTA DE RELATORÍA: Sobre el SECOP y la publicidad de la contratación estatal en Colombia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2024, exp. 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.1.3.1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175 EMPATE ENTRE OFERENTES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / SORTEO / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Problema jurídico: ¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, lo que impidió el sorteo como último mecanismo de adjudicación, ya que los demás criterios mantenían el empate, en cuyo caso resulta incierto a cuál de los dos oferentes debía adjudicarse el concurso de méritos? Respuesta al problema jurídico: Si Aplicación de los criterios de desempate (...) La cláusula 5.3. del pliego de condiciones consagró las reglas de desempate para el proceso de selección objeto de estudio. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, la SED escogería el oferente que tuviera el mayor puntaje en los siguientes factores sucesivos y excluyentes: (i) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE”; (ii) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO”; (iii) “EXPERIENCIA ADICIONAL DE LOS SUBDIRECTORES”; (iv) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL ASESOR DE DIRECCIÓN”, o (v) tener en cuenta el puntaje por personal en discapacidad. Se aclaró que al momento de evaluar posibles empates únicamente serían tenidos en cuenta los formatos y certificaciones presentados hasta la fecha de cierre. (...) Al permanecer el empate, el pliego estableció la aplicación de los criterios previstos en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, vigente para la época. De ahí que, bajo el primer criterio legal se prefiere la oferta de bienes y servicios nacionales frente a la oferta extranjera. Como se explicó líneas atrás, el actor probó que sus dos miembros eran de origen colombiano; y C&M acreditó haber sido constituida bajo las leyes colombianas mediante escritura pública 7990 del 27 de diciembre de 2004 bajo el nombre de C&M Consultores Ltda., acorde al certificado de existencia y representación legal aportado. Así que el empate persiste. (...) El último criterio determinó que la mejor oferta sería seleccionada mediante sorteo a través de balotera neumática, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, núm. 5. Es evidente que la Sala no puede dar aplicación al citado criterio, en tanto corresponde a un mecanismo que debía realizarse de manera presencial con la participación de los oferentes empatados en el primer orden de elegibilidad y que estaba librada enteramente al azar. (...) En términos concretos, hay que indicar que a esta fase última llegan aquellos proponentes que se encuentran en condiciones de igualdad respecto de la aplicación sucesiva y excluyente de tales criterios, y por tanto cualquiera de ellos podría ser adjudicatario, entendiendo que tal escogencia sería adecuada a los fines que persigue la etapa precontractual. Basado en lo anterior, la suerte se constituyó en el instrumento definitorio. (...) A esta etapa debió haber llegado GF bajo el proceso de selección sub-lite, sin embargo, ello no ocurrió. Lo anterior significa que tanto C&M como el actor, al alcanzar los 100 puntos en la evaluación y mantenerse igualados en la aplicación de los criterios de desempate, tenían las mismas posibilidades de que la fortuna los acompañara. De ello da cuenta el procedimiento establecido en los pliegos, que es expresión de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, norma que disponía como último recurso la utilización de un método aleatorio para la selección, el cual debía estar definido previamente en las bases de la contratación (...) Lo anterior, evidentemente, impide establecer a cuál de los proponentes favorecería el azar. En este caso, ambos introducirían sus balotas y al activar la balotera neumática ésta permitiría la salida de la primera con la que habría de definirse el adjudicatario; por manera que no existe un criterio o tesis que al aplicarlo lleve a inclinar las posibilidades de elección respecto de alguno de ellos, pues bajo un cálculo de orden estadístico, al igual que ocurriría con una moneda que se lanza al aire, cada proponente tendría un medio (½) de probabilidad de que saliera su balota primero, que es la misma de que aconteciera en segundo lugar. (...) Las particularidades del caso concreto revelan que bajo el escenario cierto de llegar a las balotas, lo incierto resultaba ser a cuál de los dos oferentes debía adjudicarse el concurso de méritos. De esta manera y dado que el demandante situó el daño en la frustración de su derecho a participar del sorteo final que determinaba la selección, la Sala debe analizar tal reclamo bajo el instituto de la pérdida de oportunidad, en consonancia con la causa petendi que informa el proceso. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.9 NUMERAL 5 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Puede el juez examinar la responsabilidad por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual cuando las pretensiones se presentan mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Estos planteamientos [las pretensiones de la demanda] imponen a la Sala subrayar que aun cuando el demandante formuló sus reclamos por la vía de pedir la nulidad y restablecimiento, y de forma consecuencial la nulidad del contrato celebrado, lo cierto es que el propio enunciado de las pretensiones hace evidencia de que el interés del actor anida en la responsabilidad por pérdida de oportunidad en el ámbito precontractual. Como se pasa a explicar, habrá casos en que las irregularidades presentadas en el proceso de selección no desemboquen en la nulidad del acto de adjudicación como ocurre en el sub- lite, lo que hace errado el cauce procesal promovido por el actor, siendo procedente el de reparación directa, dispositivo diseñado para examinar la responsabilidad de la administración con fuente en hechos, omisiones, operaciones administrativas, y “cualquier otra causa” generadora de un daño antijurídico, según se desprende del art. 140 del CPACA. (...) La Subsección precisa que el estatus jurídico que aduce el demandante es diferente del que formula quien reclama el derecho cierto de haber sido adjudicatario del proceso de selección, y de haber podido suscribir el negocio jurídico respectivo –eventos en los cuales el dispositivo de nulidad y restablecimiento es idóneo, incluso como base para pretender la nulidad del negocio jurídico–. Esta última hipótesis es la que da lugar al reconocimiento de la utilidad dejada de percibir, según jurisprudencia pacifica en la materia, criterio que no se corresponde con eventos como el que atañe a esta litis; por lo que la formulación del factor resarcitorio planteada por GF, resulta incompatible con la esfera de responsabilidad aducida en la causa petendi. (...) La incorrección de la ruta procesal y de la petición de perjuicios no hace nugatorio que la Sala constate si efectivamente se infringió un daño; (...) FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140 PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ETAPA PRECONTRACTUAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / PROPONENTE / DAÑO INDEMNIZABLE / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL Problema jurídico: ¿Puede la pérdida de oportunidad en la etapa precontractual configurarse como un daño indemnizable cuando la Administración, mediante actos u omisiones en el proceso de selección, frustra de manera definitiva una expectativa legítima del proponente de obtener la adjudicación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Es de señalar que la etapa que antecede al contrato está conformada por una faceta interna o de planeación a cargo de la entidad pública, en la que se despliegan todas las actividades exigidas para la adecuada identificación de las necesidades que se pretende satisfacer con el futuro contrato, los recursos públicos disponibles, y los demás análisis que lo respaldan. Todos ellos quedan registrados en los estudios y documentos previos que son “el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato”, de modo que se constituyen de la base que autoriza la puesta en marcha de este procedimiento. (...) Una vez la Administración exterioriza su voluntad mediante el acto de apertura, se marca el nacimiento de la etapa precontractual respecto de los negocios jurídicos sometidos al EGCAP. Ello en el entendido que corresponde al escenario en el que se desenvuelven las tratativas para la celebración del contrato a través de los mecanismos de selección fijados por la ley; y es definitivo que ello acontece en ese momento pues, en adelante, la intervención de los proponentes hace clara expresión de tal relacionamiento bajo este régimen. (...) Ratifica lo anterior, que la estructura normativa que disciplina la actividad precontractual prevé una dinámica colaborativa en la construcción de las reglas de escogencia, así como las del negocio jurídico que se aspira celebrar. Más allá de que la entidad pública formule dichas pautas, lo cierto es que la ley dispone múltiples oportunidades para que el experto interesado manifieste yerros, imprecisiones, aclaraciones, o en general, insuficiencias en las bases del mecanismo, por lo que en aplicación del principio de la buena fe se le impone el deber de informarlas a la administración para ser resueltas. En caso de hallarlas justificadas y razonables, la entidad modificará la regla pertinente en orden a atender de mejor manera el interés general, lo que incluye tal variación. A través de esta regulación y la dinámica del procedimiento, el EGCAP concibe los tratos previos. (...) De esta manera, siempre que el avance de tales tratativas revista la seriedad necesaria para que su ruptura genere un daño, podrá tener lugar un evento desencadenante de responsabilidad precontractual, panorama en el que los principios de legalidad y buena fe constituyen su fundamento. Lo anterior se explica en consideración a la existencia de una actividad reglada que, de forma concreta e imperativa, estableció los mecanismos de selección a los cuales debe acudir el Estado para celebrar un contrato –según el art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias–, y al que se someten los particulares que decidan participar en ellos. Premisa que se respalda, entre otras disposiciones, en el núm. 8 del art. 24 de la Ley 80 de 1993, que establece que a las autoridades públicas “les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto”. De otra parte, en observancia del principio de buena fe, se impone a los sujetos negociales atender los deberes de información, claridad, de actuar con lealtad y sin dobleces, manifestando todo aquello necesario para el mutuo provecho del futuro acuerdo. (...) Si bien el objetivo de estos mecanismos es llegar a la adjudicación y a la celebración del contrato, en este itinerario se pueden presentar circunstancias que no permitan arribar a ese estadio, v. gr. porque la interacción con los proponentes expertos dé lugar a reconsiderar aspectos relevantes en función de la selección, o que la entidad los advierta, o porque no hay oferentes elegibles, de modo que tales situaciones pueden llevar a declinar el procedimiento, o a declararlo desierto, ante la prevalencia del interés público que vincula a todos los intervinientes, cualquiera sea la posición que asuman en la actuación. (...) También puede ocurrir que la administración adopte determinaciones en curso de la escogencia que generen un daño antijurídico, según el estado de avance en que se encuentre el trámite, asunto que la jurisprudencia de esta corporación ha abordado desde diversos vértices identificando, principalmente, dos tipos de escenarios: el de la ilegalidad del acto de adjudicación, y el que estudia el daño generado por irregularidades en el proceso de selección. A su turno, este examen se ha abordado bajo la óptica de la “pérdida de oportunidad” que en algunas épocas sólo se concibió frente al último de tales eventos, y que, en posiciones más recientes, ha servido para concretar el factor de resarcimiento en la responsabilidad precontractual, en cualquiera de estos escenarios. (...) Con esta perspectiva, el instituto de la pérdida de oportunidad en el ámbito de la responsabilidad precontractual de la Administración, emerge como parámetro indemnizatorio por los daños causados, ya sea por una ilegal adjudicación o por una irregularidad con relevancia jurídica en el trámite de escogencia, pues se constituye en la medida que lleva a cuantificar el valor del perjuicio a reparar en ambos eventos, según el caso. Lo anterior, impone precisar que el alcance y aplicación de la pérdida de oportunidad dependerá del estado de avance del proceso de selección y, por ende, del grado de consolidación del estatus jurídico subjetivo de quien aduce las consecuencias del daño. (...) En estos términos, y sin pretender abarcar la universalidad de este concepto, es dable indicar que la pérdida de oportunidad se ha entendido como el menoscabo que se produce en los casos en que, por acción u omisión, se trunca la expectativa cierta y actual del afectado respecto de un beneficio que podría alcanzar, o la posibilidad real de conjurar una desventaja, que se origina en el hecho dañoso, sin que esta lesión se pueda asimilar al perjuicio que deriva del daño final padecido. (...) A pesar de la uniformidad estricta respecto de su noción, las diferencias en el tratamiento de la pérdida de oportunidad en el campo extracontractual frente al de la etapa que precede al contrato subsisten. (...) En la jurisdicción de lo contencioso administrativo se le ha considerado, en veces, como: i) un fundamento del daño, ii) como un título de imputación, y iii) como un elemento a analizar dentro de la causalidad, o sistema de aligeramiento del nexo causal. (...) A pesar de los variados criterios, esta Corporación al analizar la responsabilidad extracontractual se decantó por explicar esta institución a través de dos corrientes centrales. Una, con fundamento en la causalidad probabilística, conforme a la cual la responsabilidad es proporcional a la probabilidad de la causa entre el hecho dañoso y el daño final, lo que implica imputar una fracción o porcentaje del perjuicio final en virtud de la posibilidad de que el actuar dañoso haya incidido en el resultado negativo (teoría relacionada con la imputación). La otra posición, considera que la pérdida de oportunidad representa un daño independiente cuya reparación tiene fundamento en el quiebre de una expectativa legítima, y por ello difiere de otros daños –v. gr. la muerte o afectación a la integridad física (...) La Sección Tercera se ha inclinado por la segunda postura y, a su vez, ha descartado que la pérdida de oportunidad pueda ser considerada como un criterio auxiliar de imputación de responsabilidad, lo que significa que dicho instituto no aplica en casos de incertidumbre causal entre la intervención del sujeto y el beneficio perdido, o el detrimento no evitado. En suma, esta figura puede definirse en este contexto como un daño indemnizable en aquellos eventos en que un sujeto está en una posición apta para obtener un provecho o impedir una pérdida, pero con ocasión de un acto u omisión de un sujeto, ve frustrada la consolidación de dicha posibilidad de manera definitiva. (...) Respecto de la etapa precontractual regida por el EGCAP, el marco de referencia no se contrae a una imputación cimentada en la culpa, esto es, aquella basada en una falta de diligencia in contrahendo, sino que está atada al componente de orden público que impone la sujeción al principio de legalidad en materia de procedimientos de selección, como ha sido reconocido por esta judicatura, acompañado por el principio de la buena fe, de raigambre constitucional y legal, conforme al cual las partes han de exhibir un comportamiento coherente en una relación negocial que suscita en el otro sujeto la confianza de no ser defraudada. (...) Por ende, a diferencia de lo que sucede en el escenario estrictamente extracontractual, en que la pérdida de oportunidad tiene que ver en sí mismo con la categoría del daño –al punto de catalogarse como un daño autónomo– en el plano prenegocial el quiebre de las normas que regulan los procesos de selección en la anotada esfera es la que configura el daño, de modo que la pérdida de oportunidad en este ámbito despunta como criterio de indemnización (...) En la evolución que la jurisprudencia de esta Corporación ha experimentado, ya sea que el daño surja de la ilegal adjudicación o de irregularidades del proceso de selección, el análisis no pasa por la naturaleza del daño propiamente dicho. En el primer contexto, la Sección Tercera señaló que el perjuicio a indemnizar por la omisión del deber de adjudicar el contrato a quien hizo el mejor ofrecimiento, si bien estaba basada en la utilidad, no debía corresponder al 100% de ella como parámetro cuantificatorio, sino que debía tenerse en cuenta las circunstancias que rodeaban el perjuicio del reclamante, especialmente porque no podía ignorarse que el actor no tuvo que realizar ningún esfuerzo como aquel que había ejecutado el contrato (...) Luego, el parámetro indemnizatorio relativo a la utilidad por haber perdido la oportunidad de celebrar el contrato, ejecutarlo, y hacerse a la experiencia y beneficios económicos de aquel, se consolidó en la jurisprudencia como factor de resarcimiento, y así se mantiene en la actualidad. No obstante, cuando ésta no ha sido determinada en la propuesta, ni probada en juicio, subsisten posturas disímiles sobre la manera de determinar el monto de la utilidad esperada. La Sala no ahondará en estos criterios, en tanto el sub-lite no se inscribe en dicho evento. (...) El segundo escenario, de irregularidades en el proceso de selección, tiene lugar en eventos en que, p. ej., se reclama y demuestra que el proponente fue inhabilitado o su oferta rechazada sin justificación, sin que la irregularidad alcance a viciar el acto de adjudicación. O como en el caso que se analiza, cuando no se asignó el puntaje correcto en la evaluación y esta circunstancia le impidió al actor participar del sorteo de desempate perdiendo la posibilidad de ser adjudicatario del contrato. En estos casos a través de la teoría de la pérdida de oportunidad se debe analizar el daño cierto, personal, directo y antijurídico producto de la frustración de una expectativa legítima, construida en el marco de desarrollo de la fase precontractual de la Administración. (...) De ahí que su análisis imponga constatar los dos elementos centrales de este instituto: i) la existencia cierta y seria de una posibilidad real de obtener una ganancia o de impedir una pérdida y ii) la incertidumbre causal derivada del desconocimiento sobre lo que hubiera ocurrido con esa posibilidad en caso de que no se hubiera malogrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos. (...) Con mayor detalle, esta Corporación ha señalado que para el reconocimiento de los perjuicios que genera el daño por pérdida de oportunidad, es necesario que se compruebe, con grado de certeza, la existencia de una real oportunidad frustrada por un acto imputable a la Administración, (...) De esta forma, se requiere que quien reclame la pérdida de oportunidad establezca que antes de la ocurrencia del hecho generador del daño, estaba en una posición potencialmente apta para producir un resultado beneficioso a su favor. Las posibilidades vagas o la mera eventualidad de un provecho no resultan jurídicamente relevantes como asunto indemnizable, al tratarse de daños hipotéticos o eventuales. (...) En este punto cobra especial relevancia el concepto de expectativas legítimas, en tanto corresponde al fundamento de la indemnización por pérdida de oportunidad en este tipo de casos, dado el grado de formación que alcanza la situación jurídica del individuo dentro del proceso de selección. Se trata de aspiraciones sentadas en bases objetivas y razonables sobre la determinación futura de un derecho, De ahí que el postulado de la confianza legítima, expresión del principio de buena fe, es la plataforma en que se edifica el concepto de las expectativas legítimas, y como tal, tiene especial relevancia en la teoría de la “chance” o pérdida de la oportunidad toda vez que reconoce la concreción de un daño, cuando “se detiene el proceso evolutivo de una situación jurídica, ahogando la posibilidad de que se consolide un derecho o se conserve un beneficio”. (...) Por lo anterior, se subraya que el concepto central de este instituto alude expresamente a la “oportunidad” perdida, y ello es así para distinguirlo de la noción de los “derechos adquiridos”, (...) Entonces, de la misma manera en que la chance no corresponde a una llana intención o a una mera expectativa, pues sólo se ubica en los contornos de las expectativas legítimas, la oportunidad perdida no se confunde o integra con el estatus que asigna un derecho adquirido (...) en cualquiera de sus manifestaciones, (...) la noción de la pérdida de oportunidad se caracteriza por su impronta de naturaleza aleatoria (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa in contrahendo, ver: Corte Suprema de Justicia, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, Exp. 4810; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 1989, G.J. t. CXCVI, 2° semestre, pág. 123, reiterada en sentencia del 5 de julio de 2011. exp. 19001-3103-003-2000-00183-01, C.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Sobre la cláusula general de responsabilidad del Estado, ver: Corte Constitucional, en sentencia C-333 de 1996. Sobre las tesis que definen el momento hasta el cual es posible revocar un procedimiento de selección unilateralmente por la Administración, y cuándo se requiere la autorización del particular en el trámite de revocatoria directa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 05001-23-31-000-1998-01503-01 (25750), C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, exp. 76001-23-31-000-1998-01093-01 (31297), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 25002-32-60-002-2007-00664-01 (46818), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 68001-23-33-000-2014-00656-01 (58372), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 1988, exp. 3528, 3529 y 3544 (acumulados), C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Sobre la pérdida de la oportunidad, ver:Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 1988, exp. 3528, 3529 y 3544 (acumulados), C.P. Carlos Betancur Jaramillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1998, exp. 10539, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de abril de 1999, exp. 11344, C.P. Daniel Suárez Hernández; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2001, exp. 13405, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 20525, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18593, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 76001-23-31-000-1994-00776-01 (18714), C.P. Gladys Agudelo Ordóñez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2016, exp. 250002326000201000692-02 (49025), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 25706, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2018, exp. 38339, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 05001-23-31-000-2007-03274-01 (44713), C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de noviembre de 2022, exp. 68902, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de noviembre de 2022, exp. 68902, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2023, exp. 63001-23-33-000-2013-00701-01 (55194), C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2023, exp. 76001-23-31-000-2006-00041-01, C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, aclaración de voto del Magistrado Fredy Ibarra Martínez a la sentencia del 30 de noviembre de 2023, exp. 76001-23-31-000-2006-00041-01 (53435); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 5 de junio de 2025, exp. 25000-23-36-000-2020-00399-01 (71754), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de agosto de 2014, SC10261-2014; Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, sentencia C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8 ERROR / PUNTAJE ASIGNADO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / EMPATE ENTRE OFERENTES / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / DAÑO INDEMNIZABLE / DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO / LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PROPONENTE / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / SORTEO / PRIVACIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El error en la asignación del puntaje por parte de la Administración, que impidió al oferente participar en el sorteo de desempate y frustró una expectativa legítima de adjudicación, configura un daño indemnizable bajo la teoría de la pérdida de oportunidad en el ámbito precontractual? Respuesta al problema jurídico: Si Aplicando la teoría descrita al caso concreto, es evidente que el yerro de la SED ocasionó que la parte demandante perdiera la oportunidad de obtener el puntaje que la ubicaba en el primer orden de elegibilidad junto con el proponente que resultó adjudicatario. De allí que, con razón, el demandante reclame una posición jurídica relevante que lo sitúa en el escenario del desempate por balota, y le confería la expectativa legítima de que, sorteado el mecanismo, iguales posibilidades de resultar adjudicatario habría tenido el consorcio demandante, como C&M que resultó seleccionado. (...) Respalda lo anterior el test que constata los elementos de la pérdida de chance, pues: (i) hay certeza de que el actor tenía derecho a participar en el desempate por balota; (ii) a la fecha, hay una imposibilidad definitiva de sortear el contrato, el que, además, ya fue liquidado como consta en el SECOP; y (iii) el Consorcio Gisc – Fundasol vio frustrada injustamente la expectativa legítima de ser adjudicatario, pues sólo habría bastado activar el mecanismo final de desempate, ubicándolo en una situación potencialmente apta para ser seleccionado y suscribir el pacto contractual. (...) Para la Sala, bajo el escenario cierto de llegar a las balotas, el alea resultaba ser a cuál de los dos oferentes acompañaría la suerte para la adjudicación del contrato. Sin posibilidad de arribar a una respuesta certera en el mundo físico, pues tal desenlace fiaba a la suerte la realización del desempate, entonces, la pregunta que corresponde desatar es, si ¿la constatación del defecto analizado es suficiente para invalidar la resolución de adjudicación? interrogante que la Sala resuelve de forma negativa, como se pasa a explicar. (...) Las particularidades del caso concreto revelan que en la actualidad no hay forma de descartar que C&M hubiese podido resultar seleccionado, o que Gisc – Fundasol lo hubiera conseguido. Ante esta realidad la decisión de adjudicar a C&M Consultores no se reputa ilegal en sí misma, como sí lo es la incorrecta evaluación efectuada a GF. Puestas así las cosas, dado que los dos sujetos eran igualmente elegibles, ello impide a la Sala declarar la nulidad del acto de adjudicación por cuenta de la referida irregularidad, y confirma que el análisis del sub lite se ubica un paso antes del acto de adjudicación que, en este caso, no alcanza a configurar su invalidez. Lo anterior, se itera, pues no hay manera de negar que C&M también hubiera podido resultar beneficiado con la balota. (...) esta comprensión se llega al considerar el efecto que tendría una declaratoria de nulidad del acto de adjudicación de forma integral. Así, a diferencia de lo que ocurre cuando un demandante demuestra en juicio que era la mejor propuesta y debió ser el adjudicatario –hipótesis bajo la cual se anula la decisión en tanto el derecho fue otorgado a quien no correspondía–, el sub-lite gravita en un escenario diverso y particular que impone considerar las leyes del azar, según la normatividad aplicable, en armonía con los mecanismos procesales de control de la actuación de la Administración. (...) Anular la adjudicación, y con ella el respectivo contrato, implicaría que C&M no debió haber sido seleccionado, cuando sí podía serlo de acuerdo con la evaluación y los criterios de desempate; y conduciría a que este último también reclamara la posición jurídica de ser elegido, pues ambos podían serlo. Dado que la nulidad conduce a retrotraer las cosas a su estado anterior, como si el acto o contrato nunca hubieran existido, su declaratoria eliminaría de plano la probabilidad que a su vez asistía a C&M de acceder al contrato, por lo que esta sanción no se ajusta a los acontecimientos que se examinan. Este escenario pone de relieve que el juez al administrar justicia debe acometer el examen con tal detalle que responda a las reales circunstancias puestas en su conocimiento, ya que solo su comprensión permite adoptar la decisión que en derecho corresponde. (...) Por manera que en el sub-examine la sanción por el yerro de la entidad no puede afectar (además del actor) a un sujeto que igualmente ocupaba el primer orden de elegibilidad y cuyo estatus jurídico también es digno de protección, e impone precisar que el reproche, que por cierto reclamó el actor, se sitúa en el segundo panorama de la responsabilidad por irregularidades del proceso de escogencia. (...) Estando acreditado que en el presente caso se concretó la pérdida de oportunidad incoada por el actor, es importante pasar a decantar algunos criterios para determinar el monto por concepto de indemnización de este daño. Al respecto, la Sala indica que, dado que no existe una disposición que regule la forma en la que se debe indemnizar la pérdida de oportunidad, se aplicarán los criterios auxiliares de la equidad, así como la jurisprudencia que versa sobre este instituto para su determinación (art. 230 de la C.P). A partir de estas disposiciones, para definir la forma en que se debe valorar la cuantía del resarcimiento, habrá de acudirse al art. 16 de la Ley 446 de 1998, (...) Lo anterior, surge ante la dificultad de indemnizar con base en datos estadísticos o exactos el perjuicio sufrido y, a la par, se enfila en evitar el proferimiento de condenas en abstracto, en cuanto ello sea posible. Así lo ha dispuesto esta Subsección en casos en que se condena al Estado por la configuración de una pérdida de oportunidad (...) Para orientar este análisis, la Sala estima conveniente acudir al tratamiento que en sede extracontractual se ha asignado a este instituto para, seguidamente, hacer algunas reflexiones en torno a los criterios que este parámetro indemnizatorio autoriza razonar en torno a las instancias previas al contrato. Seis pautas han sido trazadas por esta Corporación para definir la condena por pérdida de oportunidad (...) En criterio de la Sala, el estándar que dimana del instituto de las expectativas legítimas, que es fundamento de la pérdida de oportunidad en el escenario precontractual, afirma un grado mayor de certidumbre en relación con la chance que se aduce perdida, hipótesis que dista de la posición que se analiza en los eventos de responsabilidad extracontractual en los que no es posible establecer con alto grado de probabilidad la incidencia causal que la acción u omisión, generadora de la pérdida de la oportunidad, tuvo en el desenlace fatal (...) En cambio, los criterios de conmutatividad y onerosidad imperantes en la contratación del Estado y los particulares, y el grado de avance del proceso de escogencia, ciertamente ofrecen un escenario diverso para la definición de un criterio indemnizatorio, pues desde sus bases, la selección tiene anclado el referente presupuestal junto a las condiciones económicas ofrecidas, que sí vislumbran un destino cercano en punto de la adjudicación. Esta situación, como queda visto, no se corresponde con el escenario de la responsabilidad extracontractual, en la que por la naturaleza de los eventos que recoge, la probabilidad de detonar en el daño final por la intervención del tercero, retrocede dos pasos atrás respecto aquella. (...) Con estas reflexiones y tomando como punto de análisis los lineamientos reseñados en el marco de la pérdida de oportunidad, esta Subsección acoge aquellos que considera adecuados a la fase precontractual y abona su precisión en este ámbito, los cuales pueden ser útiles a modo de guía, sin dejar de lado los avances que la jurisprudencia ha hecho en esta materia: (i) El primer criterio establece que la cuantía de la indemnización en ningún caso podrá ser igual o mayor al valor del daño final, es decir, no puede corresponder al valor de la utilidad esperada de haberse adjudicado y ejecutado el contrato. Lo anterior impone diferenciarlo del perjuicio que en esos términos puede reclamar quien sí fue privado del derecho a ser adjudicatario. (ii) Se utilizará el valor de la utilidad esperada con la adjudicación y ejecución contractual únicamente como referente económico. A este valor se aplicará el umbral que será igual o superior al 1% y menos al 20%, con base en el criterio auxiliar de la equidad con el que se pretende indemnizar más que el interés negativo, pero, en cualquier caso, menos que el positivo o de cumplimiento. Para determinar este porcentaje se hará una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo de tal concepto así, a mayor valor menor porcentaje, y a menor valor mayor porcentaje; sin superar el 20% de la utilidad esperada. (iii) De existir pretensiones por otros daños, se analizarán según su comprobación y petitorio respectivo. (iv) Es improcedente una indemnización por el porcentaje probabilístico que resulte de la acreditación del vínculo causal frente a la configuración del daño final. (v) El porcentaje de la pérdida deberá establecerse a partir de la perspectiva cuantitativa indicada, sin exceder en ningún caso los anteriores límites pecuniarios. (...) Aplicando estos criterios al caso concreto, se considera que el Consorcio Gisc – Fundasol debe ser indemnizado conforme a la siguiente valoración: a) la utilidad indicada en su propuesta ascendió a la suma de Mil Quinientos Treinta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintitrés Pesos M/Cte ($1.534´195.623); b) a este valor se aplica el 3%, que se sitúa en el primer cuarto de los extremos del umbral indicado, aplicando la ponderación inversa; y c) como resultado de esta operación los perjuicios por pérdida de oportunidad ascienden a la suma de cuarenta y seis millones veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho Pesos M/Cte ($46´025.868), los cuales serán indexados a la fecha de esta providencia. (...) Con lo hasta aquí indicado, la Sala procede a revocar el fallo de primera instancia, y declarará la responsabilidad precontractual de la SED en los términos expuestos en esta providencia. (...) Para indemnizar la pérdida de oportunidad a la que esta Sala accede, se dictará condena contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá en cuantía cuarenta y seis millones veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho Pesos M/Cte ($46´025.868), que será indexada, a favor del Consorcio Gisc – Fundascol, de conformidad con los porcentajes de participación de sus integrantes en la referida estructura plural. (...) El valor de $46´025.868 se actualizará de conformidad con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, tomando como índice inicial el correspondiente a la fecha en que se suscribió el contrato por ser la utilidad esperada con su adjudicación y suscripción el referente económico principal para tasar la indemnización -29 de marzo de 2019- y el índice final el de la fecha de esta providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial) (...) Por consiguiente, la indemnización por pérdida de oportunidad que se reconoce al Consorcio Gisc – Fundasol debidamente indexada, asciende a la suma de setenta y un millones quinientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve Pesos M/Cte ($71´589.829) que, como se dijo previamente, se deberá reconocer en proporción a la participación de cada integrante en la figura consorcial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condena al Estado por la configuración de una pérdida de oportunidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo de 2013, exp. 50001-23-31-000-1996-05793-01 (25.569), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2012, exp. 54001-23-31-000-1997-2919-01 (22.017), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las pautas trazadas por el Consejo de Estado para definir la condena por pérdida de oportunidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de diciembre de 2023, exp. 54001-23-31-000-2007-00026-01 (60.000), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la configuración de la pérdida de oportunidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 20139, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18593, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede imponer condena en costas a la parte vencida en ambas instancias cuando la sentencia de segunda instancia revoca totalmente la decisión del inferior y se acredita su causación conforme a las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. El artículo 354 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura. (...) El numeral 4 del artículo 365 de la norma referida dispone que, cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida, en este caso la SED, será condenada a pagar las costas de ambas instancias; asimismo, el núm. 8 del citado artículo prevé que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, para lo cual se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere (art. 365.4 ib.). (...) En ese sentido, la Sala fijará las agencias en derecho, para la primera instancia, en la suma equivalente al 3% de las pretensiones a las que se accede, esto es, dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos M/Cte ($2´761.552) y, en la segunda instancia, por el valor equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Esta determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, norma vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda. (...) Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 ib. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 354, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900539011100103