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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño

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Fecha
2022-08-22
Radicado
25000232600020090015501
Número interno
46364
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
SARA INES CALDERON ALVAREZ
Demandado
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño

Lo que dijo la Sala

La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, y al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda… dentro de los dos (2) años posteriores al día siguiente en que ocurrió el hecho causante del daño. En este caso, las demandantes, quienes habían adquirido el bien en diligencia de remate, por medio de Otrosí suscrito a la promesa de compraventa del inmueble… , declararon el incumplimiento definitivo del contrato futuro, razón por la cual devolvieron las arras y reconocieron el monto de la cláusula penal allí pactado, lo que permite establecer que fue a partir de esa fecha que tuvieron conocimiento que las actuaciones que habían dado origen a sus derechos sobre el inmueble habían quedado sin valor ni efecto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 270 de 1996, art. 73

También resuelve

  • ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?
  • ¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?
  • ¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA HECHO DAÑOSO CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO REMATE DE BIEN ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA ARRAS COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO DERECHO A LA PROPIEDAD LÍMITES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PROCESO EJECUTIVO NULIDAD PROCESAL FALTA DE NOTIFICACIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA INTERÉS JURÍDICO DIRECTO DILIGENCIA DEL REMATE DE BIEN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NACIÓN RAMA JUDICIAL IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PRUEBA DOCUMENTAL EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DECRETO DE PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO REQUISITOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ERROR JURISDICCIONAL REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL NORMATIVIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DAÑO PATRIMONIAL DAÑO EXTRAPATRIMONIAL ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE REGISTRO DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN TRADICIÓN DEL BIEN INMUEBLE REQUISITOS PARA LA TRADICIÓN DEL BIEN INMUEBLE FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA JUZGADO CIVIL MUNICIPAL AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS AUTO QUE DEJA SIN EFECTOS LA PROVIDENCIA NULIDAD DEL REMATE DE BIEN CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL SENTENCIA EN FIRME EFECTOS DE LA SENTENCIA EN FIRME INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL TERCERO DAMNIFICADO TERCERO NO VINCULADO NULIDAD DE LA PROVIDENCIA MUERTE DE LA PARTE DEL PROCESO INTERRUPCIÓN DEL PROCESO POR MUERTE DE UNA DE LAS PARTES EJECUTADO FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA APODERADO JUDICIAL FACULTADES DEL APODERADO JUDICIAL REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO SUCESIÓN PROCESAL ALCANCE DE LA SUCESIÓN PROCESAL REQUISITOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL INTERRUPCIÓN DEL PROCESO CAUSALES DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO HEREDERO ACCIÓN DEL HEREDERO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL AUTO QUE APRUEBA EL REMATE DE BIEN PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE SERVICIO NOTARIAL GASTOS NOTARIALES PAGO DEL IMPUESTO PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA CLASE DE ARRAS IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE RELIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA DOMINIO DE BIEN INMUEBLE PÉRDIDA DEL DOMINIO DE BIEN INMUEBLE PERJUICIO MORAL DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL CONCEPTO DE PERJUICIO MORAL CLASES DE PERJUICIO MORAL PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE BIEN MATERIAL ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PRUEBA DEL PERJUICIO MORAL CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INTENSIDAD DEL DAÑO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL IMPROCEDENCIA DEL PERJUICIO FISIOLÓGICO FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Prestaciones ejecutadas sin contrato Condena en costas y agencias en derecho

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En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia
Titulación de la relatoría 29.562 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / HECHO DAÑOSO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / REMATE DE BIEN / ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / ARRAS / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DERECHO A LA PROPIEDAD / LÍMITES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD / PROCESO EJECUTIVO / NULIDAD PROCESAL / FALTA DE NOTIFICACIÓN Problema jurídico: ¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, y al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda […] dentro de los dos (2) años posteriores al día siguiente en que ocurrió el hecho causante del daño. En este caso, las demandantes, quienes habían adquirido el bien en diligencia de remate, por medio de Otrosí suscrito a la promesa de compraventa del inmueble […], declararon el incumplimiento definitivo del contrato futuro, razón por la cual devolvieron las arras y reconocieron el monto de la cláusula penal allí pactado, lo que permite establecer que fue a partir de esa fecha que tuvieron conocimiento que las actuaciones que habían dado origen a sus derechos sobre el inmueble habían quedado sin valor ni efecto. Ellas, comoquiera que no fungían como parte en el proceso ejecutivo, conllevó que no fueron notificadas de la providencia que declaró la nulidad del proceso, por tanto, no hay razón para asumir que dicho acto de notificación puso en conocimiento de estas el daño, dado que la ley no prevé que tal decisión se notifique a las postoras, aunado a que en el plenario brilla por su ausencia probanza que demuestra que se haya notificado a estas en forma alguna. FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / DILIGENCIA DEL REMATE DE BIEN / PROCESO EJECUTIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / NACIÓN / RAMA JUDICIAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala considera que las demandantes están legitimadas por activa, en razón a que les asiste interés jurídico en este proceso porque fueron las directas afectadas con la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo […]. Por su parte, la Nación está legitimada por pasiva y debidamente representada por la Rama Judicial, órgano al que se le atribuye la causa del daño en este caso. PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / DECRETO DE PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PROCESO EJECUTIVO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente asunto, las pruebas documentales que dan cuenta de lo actuado en el proceso ejecutivo fueron solicitados con la demanda, decretadas en el auto de pruebas de primera instancia y allegadas al proceso dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica. Por otra parte, se trajeron al proceso documentos en copia simple que el juez de primera instancia no valoró por considerar que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 253 a 257 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época; sin embargo, la Sala los apreciará con fundamento en lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2014), por cuanto estuvieron a disposición de la parte contra la cual se aducen, sin que fueran tachados de falsos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la copia simple, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 30 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2007-01081-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 253, 254, 255, 256, 257 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REQUISITOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política, dispone: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, por su parte, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68). En lo que atañe al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional, que es el que reclama la atención de esta Sala, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de demostrar además del error jurisdiccional, el daño y la imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada para eximir su responsabilidad, podrá demostrar que no se configuró tal error jurisdiccional, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67, 68, 69 DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO PATRIMONIAL / DAÑO EXTRAPATRIMONIAL / ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / REMATE DE BIEN / PROCESO EJECUTIVO / ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE / REGISTRO DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLE / CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN / TRADICIÓN DEL BIEN INMUEBLE / REQUISITOS PARA LA TRADICIÓN DEL BIEN INMUEBLE / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA / JUZGADO CIVIL MUNICIPAL / AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO / CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / AUTO QUE DEJA SIN EFECTOS LA PROVIDENCIA / DILIGENCIA DEL REMATE DE BIEN / NULIDAD DEL REMATE DE BIEN Problema jurídico: ¿Se acreditó el daño antijurídico alegado por los demandantes, consistente en el menoscabo patrimonial por el egreso del inmueble que habían adquirido a través de venta forzada como consecuencia de la decisión judicial que dejó sin valor ni efecto la diligencia de remate? Respuesta al problema jurídico: Si El daño, entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés objeto de tutela jurídica, en razón del cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio, lo hace consistir la parte demandante en el menoscabo patrimonial y extrapatrimonial padecido a causa de la frustración de la adquisición en remate judicial de un bien inmueble, por la invalidación de lo actuado en ese proceso ejecutivo. […] [Los demandantes] probaron haber padecido menoscabo patrimonial por el egreso del inmueble que habían adquirido a través de venta forzada, como consecuencia de la decisión judicial que dejó sin valor ni efecto la diligencia de remate y su respectiva aprobación, y que, condujo al desvanecimiento del derecho de dominio ya adquirido. Ahora, como tal menoscabo se produjo sin que exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional que lo justifique o legitime, la Sala tiene por demostrado el padecimiento del daño antijurídico objeto de su pretensión de reparación. CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / SENTENCIA EN FIRME / EFECTOS DE LA SENTENCIA EN FIRME / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL Problema jurídico: ¿Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el error jurisdiccional puede ser de carácter fáctico o sustantivo? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 prescribe que el error jurisdiccional es aquel grave desacierto cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en el curso de un proceso, a través de una providencia contraria a la ley. […] El Consejo de Estado, por su lado, ha dicho que, este error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la aplicación distorsionada del derecho […]. Conforme al artículo 67 ibidem, para que sea procedente la reclamación de perjuicios por un error judicial, la parte afectada deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá encontrarse en firme. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el error jurisdiccional y sus modalidades ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, rad. 14837, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 23 de abril de 2008, rad. 16271, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 21 de noviembre de 2017, rad. 39515, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66, 67 PROCESO EJECUTIVO / DILIGENCIA DEL REMATE DE BIEN / ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE / ERROR JURISDICCIONAL / TERCERO DAMNIFICADO / TERCERO NO VINCULADO / NULIDAD DE LA PROVIDENCIA / AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / MUERTE DE LA PARTE DEL PROCESO / INTERRUPCIÓN DEL PROCESO POR MUERTE DE UNA DE LAS PARTES / EJECUTADO / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO Problema jurídico: ¿Los demandantes en el presente proceso, al no tener la calidad de partes dentro del proceso ejecutivo dentro del cual se profirió la providencia contentiva del error jurisdiccional, tenían la carga procesal de interponer los recursos judiciales procedentes? Respuesta al problema jurídico: No En este caso, la decisión a la que se endilga el error jurisdiccional es la atinente a la diligencia de remate y adjudicación del bien inmueble rematado, actuación respecto de la que el requisito de procedencia, en este preciso asunto, no es exigible, por las siguientes razones: i) para el momento en que se remató y adjudicó el bien inmueble, las ahora demandantes no eran parte en el proceso; ii) estaban conformes con esa decisión y no conocían las circunstancias en las que se había llegado a esa etapa del proceso; y, iii) podría pensarse que, una vez tuvieron conocimiento de que se declaró la nulidad de tales decisiones, lo cual afectaba sus intereses, podían […], en calidad de terceros afectados, interponer los recursos procedentes: empero, no es esa la decisión en la que reside el error jurisdiccional que ellas protestan. Tal error reside en el auto […], mediante el cual el Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá desestimó la causal de interrupción del proceso por muerte de la ejecutada […], providencia que no les concernía recurrir a quienes fungirían más adelante como terceras personas interesadas en la adquisición del inmueble llevado a remate en el proceso […]. En efecto, el código de procedimiento civil, normativa vigente para la época de los hechos, preveía diferentes consecuencias para la muerte del demandado, según esta acaeciera antes de presentarse la demanda, luego de presentada, pero antes de ser notificada, o habiendo sido notificada la admisión, según el demandado estuviere o no asistido por mandatario judicial. CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INTERRUPCIÓN DEL PROCESO POR MUERTE DE UNA DE LAS PARTES / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / MUERTE DE LA PARTE DEL PROCESO / NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA / APODERADO JUDICIAL / FACULTADES DEL APODERADO JUDICIAL / REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / SUCESIÓN PROCESAL / ALCANCE DE LA SUCESIÓN PROCESAL / REQUISITOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL / INTERRUPCIÓN DEL PROCESO / CAUSALES DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO / PROCESO EJECUTIVO / NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / HEREDERO / ACCIÓN DEL HEREDERO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / AUTO QUE APRUEBA EL REMATE DE BIEN / REMATE DE BIEN / DILIGENCIA DEL REMATE DE BIEN / PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE / EJECUTADO / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA / AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO Problema jurídico: ¿Incurrió en un error jurisdiccional el Juez de la ejecución, al tramitar el proceso y llevarlo hasta la etapa de remate del bien sobre el que pesaba la cautela, pese al fallecimiento del ejecutado? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l tenor de lo que prescribía el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, si el demandado fallecía habiendo sido ya notificado del auto admisorio de la demanda, estando ya representado por apoderado, no había lugar a la interrupción del proceso, y los sucesores procesales podían continuar con la misma representación, si a bien lo encontraban. Pero, si, a pesar de estar notificado, el demandado no estaba representado por apoderado, representante o curador para el litigio, el proceso se interrumpía a partir de la muerte de la parte (hecho que originaba la interrupción), y durante la interrupción no corrían los términos y no podía ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento; consecuencia jurídica idéntica que procedía en tratándose de procesos ejecutivos, en donde se le imponía a los acreedores la carga de notificar judicialmente los títulos a los herederos del difunto, cuando la obligación demandada se predicara a cargo de este último. En ese orden, la pretermisión de esta norma por el juzgado 32 Civil Municipal permitió, en el caso que ocupa la atención de la Sala, que continuara adelante el proceso ejecutivo sin consideración alguna por la muerte […], hasta el proferimiento de la providencia aprobatoria del remate del bien embargado, que era de propiedad de la ejecutada, fallecida durante el trámite del proceso ejecutivo, sin antes verificar que la acreedora hubiera acreditado la carga que le asistía, tendiente a vincular y notificar a los herederos de esta. De esta manera, se configuró error judicial por falta de aplicación del artículo 1434 del C.C. Inferencia esta, a la que también arribó el juez constitucional cuando resolvió, en sede de impugnación, la tutela impetrada por los herederos de la ejecutada […]. Así las cosas, la irregularidad en que incurrió el juez de la ejecución al tramitar el proceso y llevarlo hasta la etapa de remate del bien sobre el que pesaba la cautela, pese a que […] falleció la demandada […], conduce a que le sea imputable a la demandada el daño antijurídico padecido por […] quienes sin tener cómo saber que el proceso venía incurso en causal interrupción y por defecto de nulidad, adquirieron el inmueble […] y posteriormente vieron cómo se frustraban sus derechos reales al soportar la invalidación y anulación de lo actuado por el referido error en el que incurrió la Célula Judicial que tramitó el sumario. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 168, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1434 IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / AUTO QUE APRUEBA EL REMATE DE BIEN / INTERRUPCIÓN DEL PROCESO POR MUERTE DE UNA DE LAS PARTES / AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO Problema jurídico: ¿La responsabilidad por error jurisdiccional es imputable a la Rama Judicial, al haber sido el Juez Civil Municipal quien continuó con el trámite y profirió la providencia que aprobó el remate del bien, sin dar cumplimiento a lo establecido en la ley en eventos en que fallece una de las partes procesales, específicamente el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si A la Nación - Rama Judicial, le es atribuible el daño antijurídico ocasionado a las demandantes, a causa del error jurisdiccional cometido por el Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá, pues dentro del proceso ejecutivo […], celebró diligencia de subasta pública y remate del inmueble […], a pesar de que la actuación previamente debió haber sido interrumpida para garantizar el cumplimiento de la carga prevista en el artículo 1434 del C.C., actuación obligatoria por el fallecimiento de una codemandada, no obstante lo anterior -obviando tal medida- continuó con el trámite y lo concluyó con la adjudicación del citado bien […], venta forzosa que quedó sin valor ni efecto al declararse la nulidad de lo actuado por la razón ya expuesta, viéndose obligadas estas últimas a devolverlo a pesar de haber asumido los gastos inherentes al procedimiento de adquisición. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1434 INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / SERVICIO NOTARIAL / GASTOS NOTARIALES / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / PAGO DEL IMPUESTO / PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ARRAS / CLASE DE ARRAS / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento del perjuicio material por daño emergente en virtud de los gastos en los que incurrieron los demandantes al adquirir el inmueble en diligencia de remate? Respuesta al problema jurídico: No La Sala tiene por demostrado que las rematantes -ahora demandantes-, además de pagar el valor de la postulación […], asumieron gastos concernientes al pago de impuestos y expensas de notariado y registro […]. También se acreditó que, producto del decaimiento de la venta forzosa, a título de devolución, les realizaron tres (03) pagos de depósitos judiciales […]. Se constata además que […] suscribieron […] promesa de compraventa sobre el multicitado inmueble […]. [R]esta por resolver la pretensión relativa a la devolución de los impuestos y gastos registrales [...] relacionados con erogaciones inherentes a la formalización de la venta forzosa, por lo que constituyen un costo fijo que asume quien interviene en una adquisición a través de dicha vía. Sobre el particular se considera que, en el evento de reconocerlos, se estaría enriqueciendo injustamente a las demandantes, quienes pretenden simultáneamente, que les sea reconocida la ganancia frustrada, que habrían derivado, de su condición de propietarios y enajenantes del bien. En ese orden, el valor total de estas erogaciones […] pagado por concepto de impuestos y expensas en la venta forzada, será restado a la ganancia esperada del segundo negocio jurídico de promesa de compraventa, al tratarse de un costo fijo que asume cualquier propietario de un bien inmueble adquirido por venta forzosa […]. La parte demandante, a título de indemnización del daño emergente, solicitó el pago del valor de las arras que debió devolver por el incumplimiento de la promesa de compraventa al promitente comprador del inmueble rematado, sin embargo, la Sala no encuentra prueba que acredite la afectación al patrimonio alegada, dado que las arras no se pactaron como de retracto para ambas partes, motivo por el cual su reintegro no representó lesión para las aquí demandantes, más allá de la ganancia dejada de percibir por el valor del adelanto que, finalmente, fue devuelto. Por lo expuesto, se negará el reconocimiento de tal concepto. LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE / RELIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / DOMINIO DE BIEN INMUEBLE / PÉRDIDA DEL DOMINIO DE BIEN INMUEBLE Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de los perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro cesante, por la utilidad dejada de percibir ante la inejecución del contrato de compraventa del bien inmueble rematado? Respuesta al problema jurídico: Si La demandante solicitó el reconocimiento de la ganancia dejada de percibir en la negociación de la venta del inmueble. Sobre el particular […], se encuentra demostrado [...] [que] suscribieron […] promesa de compraventa sobre el inmueble […], que en razón a la declaración de nulidad de lo actuado fue imposible celebrar y hacer efectivo el contrato futuro. [...] [E]n el sub lite, efectivamente se acreditó el acaecimiento del daño alegado […], esto porque, como colofón del decaimiento de la adjudicación forzosa del inmueble […], se les frustró la posibilidad de obtener los réditos que generaría la venta, ya que esta efectivamente era una expectativa legítima que se le lesionó a las accionantes, dado que ellas, para el momento en que suscribieron la promesa de compraventa eran las legítimas propietarias del bien y, con fundamento en el derecho de disposición atribuido por la ley, suscribieron el mencionado contrato del cual devino el derecho cierto de celebrar el futuro contrato de compraventa del que se derivaba una utilidad que no es otra que la diferencia entre el precio inicial de la subasta y el precio pactado en la promesa de venta. Esto es así, habida cuenta que para cuando las demandantes suscribieron la promesa de compraventa, el dominio del bien ya estaba en cabeza de ellas, dominio que se caracteriza por tener como atributos los de uso, goce y disposición -art. 669 C.C.-; por tanto, el ejercicio de este último les permitió celebrar un negocio jurídico válido que les daba la posibilidad cierta de suscribir un contrato que les generaría una ganancia y, la frustración de ese derecho, les ocasionó un daño. [...] De acuerdo con lo considerado en precedencia, el perjuicio material a reconocer por lucro cesante asciende en su valor histórico a [...], suma que debe ser actualizada, de acuerdo con la variación de índices de precios al consumidor certificado por el DANE [...]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento del perjuicio material por lucro cesante ver: Corte Constitucional, sentencia C 133 de 2009. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 669 PERJUICIO MORAL / DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / CONCEPTO DE PERJUICIO MORAL / CLASES DE PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE BIEN MATERIAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRUEBA DEL PERJUICIO MORAL / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INTENSIDAD DEL DAÑO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / IMPROCEDENCIA DEL PERJUICIO FISIOLÓGICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN Problema jurídico: ¿Los demandantes cumplieron con la carga de acreditar que la pérdida del bien inmueble les causó un perjuicio moral? Respuesta al problema jurídico: No Los perjuicios inmateriales, en este caso, atañen a los morales y los fisiológicos o de vida de relación que reclaman las demandantes, para que les sean reconocidos por un valor representado en pesos de [...], salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una y por cada uno de estos conceptos. Al respecto, se tiene que el perjuicio moral “se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico”, sentimientos que deben ser graves, de entidad y trascendencia, pues no se puede indemnizar una simple molestia, disgusto o perturbación. En relación con la procedencia del perjuicio moral en los eventos de pérdida de bienes inmuebles, de antaño la jurisprudencia ha aceptado su resarcimiento, en atención a que es viable que exista cierto grado de aflicción, desconsuelo o congoja por la destrucción, pérdida, detrimento o deterioro de cosas materiales. […] Sin embargo, esta Corporación ha admitido la posibilidad de conceder indemnización por este concepto, pero limitada a la existencia de plena prueba frente a su configuración y magnitud. En efecto, se ha dicho que no puede presumirse su existencia y que el perjuicio debe tener una trascendencia suficiente que justifique su reparación. […] Entonces, la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de que la pérdida de los bienes materiales cause un perjuicio moral pero exige que la afectación moral sea intensa y altamente apreciable, pues no cualquier pérdida de un bien puede ser moralmente compensado. […] Efectuada la anterior precisión, la Sala aprecia que la parte demandante no aportó prueba alguna que dé cuenta cierta de los padecimientos sobre los cuales pretendía la indemnización respectiva. Esta naturaleza de perjuicios no se acredita con presunciones; corresponde a la parte traer las pruebas que los acrediten de manera incontrovertible, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del CPC, sin más consideraciones, procederá a negar el perjuicio moral tanto, como el fisiológico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indemnización del perjuicio moral en eventos de pérdida de bienes inmuebles, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, rad. 5320, C. P. Gustavo de Greiff Restrepo; sentencia de 5 de junio de 2008, rad. 14526, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 13 de abril de 2000, rad. 11892, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 11 de noviembre de 2009, rad. 17119, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿De conformidad con la Ley 446 de 1998, procede la condena en costas en eventos en los que no se vislumbra actuación temeraria de ninguna de las partes? Respuesta al problema jurídico: No No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se observa actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200900155011100103