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Consejo de Estado Providencia

Salvamento parcial de voto: Salvamento voto

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Fecha
2026-10-09
Radicado
25000232600020100014401
Número interno
63086
Ponente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, ORLANDO FAJARDO CASTILLO, INARE LTDA, SOCIEDAD SUSERTE S.A
Demandado
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE MANIZALES, EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO

Síntesis de la providencia

Salvamento parcial de voto: Salvamento voto

Regla de decisión

El juez puede acudir a reglas de la experiencia para fijar la utilidad esperada cuando existe insuficiencia probatoria sobre la cuantificación de los perjuicios reclamados.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Todo demandante que reclama indemnización por perjuicios derivados de la nulidad de adjudicación y del contrato debe acreditar su cuantía, sin que la insuficiencia probatoria del dictamen pericial desplace la carga probatoria ni impida acudir a reglas de la experiencia para fijar la utilidad en equidad. En este salvamento parcial de voto, el consejero cuestiona la decisión de la Subsección que fijó la utilidad esperada en un 5% del valor de la propuesta ante la falta de soportes contables del peritaje, argumentando que el fracaso probatorio en la cuantificación del perjuicio no autoriza al juzgador a presumir la utilidad ni a trasladar cargas procesales en desmedro del derecho de defensa y contradicción de la parte convocada.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La aplicación de reglas de la experiencia para fijar la utilidad esperada, ante la insuficiencia probatoria sobre la cuantificación de los perjuicios, desconoce la carga de la prueba y las garantías de defensa y contradicción de la parte convocada?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

La Subsección asumió como punto de partida que, en los eventos en que se reclama la indemnización de los perjuicios ocasionados por la nulidad del acto de adjudicación y del contrato celebrado, respecto del oferente que debió ser seleccionado como adjudicatario, la falta de acreditación del monto de la utilidad frustrada conduce a que esta se determine en equidad, calculándola en un 5 % del valor total de la propuesta por él presentada, en comparación con el presupuesto oficial… Esta conclusión fue construida -en el caso concreto- sobre estas premisas: (i) el dictamen pericial aportado no está fundado en soportes contables, financieros o empresariales; (ii) la fijación de la utilidad -realizada por el perito- no es un elemento objetivo que emane de la propuesta presentada en el marco de la licitación…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 7.639 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CARGA DE LA PRUEBA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La aplicación de reglas de la experiencia para fijar la utilidad esperada, ante la insuficiencia probatoria sobre la cuantificación de los perjuicios, desconoce la carga de la prueba y las garantías de defensa y contradicción de la parte convocada? Respuesta al problema jurídico: No La Subsección asumió como punto de partida que, en los eventos en que se reclama la indemnización de los perjuicios ocasionados por la nulidad del acto de adjudicación y del contrato celebrado, respecto del oferente que debió ser seleccionado como adjudicatario, la falta de acreditación del monto de la utilidad frustrada conduce a que esta se determine en equidad, calculándola en un 5 % del valor total de la propuesta por él presentada, en comparación con el presupuesto oficial (...) Esta conclusión fue construida -en el caso concreto- sobre estas premisas: (i) el dictamen pericial aportado no está fundado en soportes contables, financieros o empresariales; (ii) la fijación de la utilidad -realizada por el perito- no es un elemento objetivo que emane de la propuesta presentada en el marco de la licitación; y (iii) cuando no existe demostración suficiente de la utilidad esperada se puede acudir a las reglas de la experiencia para determinar su monto razonable. Me aparto de la anterior argumentación pues descansa sobre un razonamiento implícito que no comparto de cara a importantes principios del derecho procesal. Esta inferencia consiste en que, cuando la parte promotora fracasa en la demostración de los supuestos fácticos de su reclamación, particularmente, en la cuantificación de los perjuicios pretendida, corresponde al juez suplir esa deficiencia mediante el sentido común. Considero que esa postura, además de implicar eventualmente el relevar a la demandante del cumplimiento de su carga de la prueba, también podría comprometer las garantías de defensa y contradicción del convocado al litigio, al imponer una cuantificación que no fue objeto de debate suasorio en las oportunidades dispuestas para esto. SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONDENA EN ABSTRACTO / DEBIDO PROCESO / CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / QUANTUM INDEMNIZATORIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / LUCRO CESANTE / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRUEBA EN JUICIO ORAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA / DAÑO / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL Problema jurídico: ¿Procede la condena en abstracto, con fijación posterior del monto indemnizatorio mediante incidente, cuando la parte demandante acredita los fundamentos de la responsabilidad, pero omite demostrar la cuantía de los perjuicios reclamados? Respuesta al problema jurídico: Si Recuérdese que, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -norma en vigor para el momento en que se promovió la demanda-, corresponde a las partes demostrar los supuestos fácticos de los preceptos normativos que consagran el efecto que persiguen. (...) En desarrollo de este mandato corresponde a quien reclama de una indemnización comprobar, tanto los elementos de la responsabilidad atribuida, como la cuantía de su reparación. (...), si a pesar de demostrar los supuestos del débito indemnizatorio no logró probarse el quantum de la reparación, el legislador estableció como remedio proferir una condena en abstracto, con el fin de que, en trámite incidental, se establezca su monto preciso, siguiendo las bases señaladas en la sentencia de condena. (...) En aplicación de esta directriz en el presente caso, y ante el fracaso de la actividad probatoria destinada a demostrar la utilidad cuyo resarcimiento fue reclamado, hecho expresamente reconocido en la providencia aprobada, la solución adecuada consistía en condenar de forma genérica y definir su concreción para el trámite ulterior. (...) Ello habría permitido mantener en cabeza de la demandante la carga de acreditar la cuantía de su menoscabo, a la vez que se habría asegurado que todas las partes intervinieran en el debate probatorio con pleno respeto de sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre que la condena en abstracto tiene por finalidad permitir que, cuando esté acreditado el daño y su imputación, pero no existan elementos suficientes para determinar su cuantía, esta se establezca posteriormente mediante trámite incidental, de conformidad con el artículo 193 del CPACA, siguiendo las bases fijadas en la sentencia de condena, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia dentro del medio de control de reparación directa, exp. 25000-23-36-000-2020-00335-01(71541), C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CARGA DE LA PRUEBA / DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / LUCRO CESANTE / REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / MEDIOS DE PRUEBA / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / DEFICIENCIA PROBATORIA Problema jurídico: ¿La insuficiencia probatoria derivada de la ausencia de soportes financieros idóneos y de las deficiencias técnicas del dictamen pericial justifica acudir a criterios de equidad o reglas de experiencia para determinar la utilidad esperada reclamada por la demandante? Respuesta al problema jurídico: No En lugar de lo anterior, la sentencia de la Subsección acudió a una regla de experiencia, a pesar de que, en mi criterio, la demandante contaba con los medios probatorios idóneos para demostrar el aspecto cuya acreditación se echó de menos. Así se desprende del hecho de que hubiera aportado un dictamen pericial al proceso, lo que revela la disponibilidad de la información necesaria para reconstruir su modelo financiero y establecer, entre otros componentes, la utilidad proyectada de acuerdo con su propuesta económica. (...) Luego, la demandante no cumplió, en mi sentir, con su carga probatoria, al no allegar los soportes financieros que permitieran identificar y discriminar, dentro del rubro de “Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)”, el último de los componentes; y por anexar un estudio técnico que carecía de la solidez técnica necesaria, pues fue elaborado por un experto sin formación contable o financiera, circunstancia que impedía conferir certeza y fuerza demostrativa a sus conclusiones. Tal situación, en mi criterio, no se presenta en este caso, por las razones ya expuestas, que conviene sintetizar para mayor claridad: (i) la demandante aportó con la demanda un dictamen pericial, circunstancia que permite inferir que contaba con la información necesaria para realizar un estudio sobre las utilidades esperadas; (ii) en su condición de autora de la propuesta, era razonable esperar que conservara bajo su custodia los documentos que contenían las proyecciones financieras correspondientes; y (iii) las deficiencias probatorias del dictamen pericial le son plenamente atribuibles. NOTA DE RELATORÍA: Sobre que la condena en abstracto procede en aquellos eventos en los que la parte, pese a haber desplegado todas las gestiones razonablemente exigibles, se enfrenta a una imposibilidad objetiva e insuperable para acreditar el perjuicio o cuantificarlo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto dentro de la acción contractual, exp. 73001-23-31-000-2001-02525-02(72386), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
Texto extraído del PDF oficial 10.564 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Radicación: 25000-23-26-000-2010-00144-01 (63086) Demandantes: Sociedad Inare Ltda. y otros Demandado: Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. Referencia: Controversias contractuales SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones que me conducen a salvar de forma parcial el voto frente a la sentencia adoptada en el asunto de la referencia. La Subsección asumió como punto de partida que, en los eventos en que se reclama la indemnización de los perjuicios ocasionados por la nulidad del acto de adjudicación y del contrato celebrado, respecto del oferente que debió ser seleccionado como adjudicatario, la falta de acreditación del monto de la utilidad frustrada conduce a que esta se determine en equidad, calculándola en un 5 % del valor total de la propuesta p or él presentada , en comparación con el presupuesto oficial1. Esta conclusión fue construida -en el caso concreto - sobre estas premisas: (i) el dictamen pericial aportado no está fundado en soportes contables, financieros o empresariales; (ii) la fijación de la utilidad -realizada por el perito- no es un elemento objetivo que emane de la propuesta presentada en el marco de la licitación; y ( iii) cuando no existe demostración suficiente de la utilidad esperada se puede acudir a las reglas de la experiencia para determinar su monto razonable. Me aparto de la anterior argumentación pues descansa sobre un razonamiento implícito que no comparto de cara a importantes principios del derecho proce sal. Esta inferencia consiste en que, cuando la parte promotora fracasa en la demostración de los supuestos fácticos de su reclamación, particularmente , en la cuantificación de los perjuicios pretendida, corresponde al juez suplir esa deficiencia mediante el sentido común. Considero que esa postura, además de implicar eventualmente el relevar a la demandante del cumplimiento de su carga de la prueba, también podría comprometer las garantías de defensa y contradicción del convocado al litigio , al imponer una cuantificación que no fue objeto de debate suasorio en las oportunidades dispuestas para esto. 1 “El valor de la propuesta fue $19.648’762.996, mientras que el presupuesto oficial se fijó en $26.680’000.000. Es decir, el primero monto era menor y, por consiguiente, la actora asumió una utilidad en igual proporción, tal como lo ha definido la Sala a tra vés de una regla de tres. Por consiguiente, el 3.7% de la propuesta ($19.648’762.996) equivale a $727’004.231. Esta cifra se actualizará…”. Radicación: 25000-23-26-000-2010-00144-01 (63086) Demandante: Sociedad Inare Ltda. y otros Demandado: Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. Referencia: Controversias contractuales 2 Recuérdese que, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 2 -norma en vigor para el momento en que se promovió la demanda-, corresponde a las partes demostrar los supuestos fácticos de los preceptos normativos que consagran el efecto que persiguen3. En desarrollo de este mandato corresponde a quien reclama de una indemnización comprobar, tanto los elementos de la responsabilidad atribuida, como la cuantía de su reparación. Ahora bien, si a pesar de demostrar los supuestos del débito indemnizatorio no logró probarse el quantum de la reparación, el legislador estableció como remedio proferir una condena en abstracto 4, con el fin de que , en trámite incidental, se establezca su monto preciso, siguiendo las bases señaladas en la sentencia de condena5. En aplicación de esta directriz en el presente caso, y ante el fracaso de la actividad probatoria destinada a demostrar la utilidad cuyo resarcimiento fue reclamado, hecho expresamente reconocido en la providencia aprobada, la solución adecuada consistía en condenar de forma ge nérica y definir su concreción para el trámite ulterior. Ello habría permitido mantener en cabeza de la demandante la carga de acreditar la cuantía de su menoscabo, a la vez que se habría asegurado que todas las partes intervinieran en el debate probatorio con pleno respeto de sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso. En lugar de lo anterior, la sentencia de la Subsección acudió a una regla de experiencia, a pesar de que, en mi criterio, la demandante contaba con los medios probatorios idóneos para demostrar el aspecto cuya acreditación se echó de menos. Así se desprende del hecho de que hubiera aportado un dictamen pericial al proceso, lo que revela la disponibilidad de la información necesaria para reconstrui r su modelo financiero y establecer, entre otros componentes, la utilidad proyectada de acuerdo con su propuesta económica. Luego, la demandante no cumplió, en mi sentir, con su carga probatoria , al no allegar los soportes financieros que permitieran iden tificar y discriminar, dentro del rubro de “ Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)”, el último de los componentes; y por anexar un estudio técnico que carecía de la solidez técnica 2 Aplicable a los asuntos contenciosos administrativos por el canon 168 del Código Contencioso Administrativo: “En l os procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración” (énfasis no original). 3 Refiriéndose a la carga de la prueba, la doctrina explica que “ es una regla para el juzgador o regla de juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de prueba, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de la Prueba Judicial, Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, p. 196 y 197). 4 Artículo 193 del CCA: “ Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil…”. 5 La Subsección tiene dicho que, cuando “se encuentra demostrado el daño material y la imputación a la entidad demandada”, pero “no existen elementos técnicos suficientes que permitan fijar el monto del perjuicio” y “con el fin de evitar una reparación desproporcionada ”, procede emitir “una condena en abstracto respecto del daño emergente, la cual deberá ser liquidada en incidente posterior de conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, rad. 71541). Radicación: 25000-23-26-000-2010-00144-01 (63086) Demandante: Sociedad Inare Ltda. y otros Demandado: Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. Referencia: Controversias contractuales 3 necesaria, pues fue elaborado por un experto sin formación contable o financiera, circunstancia que impedía conferir certeza y fuerza demostrativa a sus conclusiones. Es cierto que la equidad constituye un criterio al que puede acudirse para garantizar la reparación integral6. Sin embargo, su aplicación se vincula a aquellos eventos en los que la parte, pese a haber desplegado todas las gestiones razonablemente exigibles, se enfrenta a una imposibilidad objetiva e insuperable para acreditar el perjuicio o cuantificarlo7. Tal situación, en mi criterio, no se presenta en este caso, por las razones ya expuestas, que conviene sintetizar para mayor claridad: (i) la demandante aportó con la demanda un dictamen pericial, circunstancia que permite inferir que contaba con la información necesaria para realizar un estudio sobre las utilidades esperadas; (ii) en su condición de autora de la propuesta, era razonable esperar que conservara bajo su custodia los documentos que contenían las proyecciones financieras correspondientes; y (iii) las deficiencias probatorias del dictamen pericial le son plenamente atribuibles. Fecha ut supra, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Nota: este salvamento parcial fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. 6 Artículo 16 de la ley 446 de 1998: “ Valoración de daños . Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. 7 “El art. 16 de la Ley 446 de 1998 establece que ‘[d]entro de cualquier pro ceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. En ese mismo sentido, el inciso final del art. 283 del CGP señala que “[e]n todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’. Estas normas no r

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000144011100103