Titulación de la relatoría 24.960 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REEMBOLSO DEL GASTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSEJO DE ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / ACTA DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONCILIACIÓN EJECUTORIADA / PAGO DE CONCILIACIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 24 de septiembre de 1999, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, aprobó la conciliación judicial suscrita (…), quedó ejecutoriado el 4 de octubre de 1999; ii) que el 11 de agosto de 2000 la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional realizó el último pago de la conciliación (…), según da cuenta la certificación del 15 de enero de 2001 expedida por el tesorero principal del Ministerio de Defensa; iii) que el vencimiento de los 18 meses para pagar la condena se cumplió el 5 de abril del 2001; v) que lo primero que ocurrió fue el pago del acuerdo de conciliación; y vi) que la demanda se presentó el 20 de junio de 2002, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD PÚBLICA / EJÉRCITO NACIONAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / SOLDADO VOLUNTARIO / RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO VOLUNTARIO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente que dio lugar al daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se encuentra legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad que suscribió el acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 24 de septiembre de 1999. (…) [El señor] (…) está legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente, en su calidad de soldado voluntario para la época de los hechos, con su conducta dolosa motivó a que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional suscribiera un acuerdo de conciliación judicial en un proceso de reparación directa, el cual debió pagar (…). Su calidad de funcionario está acreditada con la certificación expedida por la coordinadora del Grupo de Archivo General del Ministerio de Defensa, en la que consta el cargo y tiempo que desempeñó en esa institución.
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMA VIGENTE / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Ley 678 de 2001, (…) definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine el hecho que produjo el acuerdo de conciliación pagado por la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ocurrió el 28 de febrero de 1993, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del tránsito legislativo en la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / OBLIGACIÓN DINERARIA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL / APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / SOLDADO REGULAR / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / SOLDADO VOLUNTARIO
Problema jurídico:
¿Se cumplen los presupuestos legales de procedencia de la acción de repetición cuando existe una conciliación judicial por daño antijurídico y el demandado ostentaba la calidad de servidor público al momento de los hechos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que la Nación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se comprometió a pagar una indemnización de perjuicios (…), en virtud del acuerdo de conciliación judicial aprobado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 24 de septiembre de 1999. El acuerdo mencionado versó sobre los hechos objeto de la demanda de reparación directa por la causación de un daño antijurídico ocasionado con ocasión de la comisión de un delito por parte de quien es llamado en repetición en este proceso y que dio pie al pago de la suma objeto del acuerdo conciliatorio. (…) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (…) [P]ara probar esta calidad la parte demandante aportó los siguientes medios probatorios: Certificación (…) en la que consta que (…) se desempeñó como soldado regular del Ejército Nacional desde el 19 de septiembre de 1989 hasta el 1° de abril de 1993, cuando se retiró en el grado de soldado voluntario. (…) Según lo expuesto, está demostrado que (…) tenía la calidad de servidor público para el 28 de febrero de 1993, fecha en que ocurrieron los hechos por los cuales la entidad demandante posteriormente suscribió un acuerdo de conciliación judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONCILIACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / EXPEDICIÓN DE COPIA DE DOCUMENTO PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Puede tenerse por acreditado el pago efectivo de una condena o conciliación para efectos de la acción de repetición cuando se aporta documento público no controvertido que así lo certifica?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (…) Sobre el particular, como lo señaló la Sala recientemente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 252, 262 y 264 del C.P.C., los documentos y certificaciones expedidas por los jueces, los notarios, los registradores o los directores de las oficinas públicas y los funcionarios de estas últimas que por ley o reglamento tuvieran asignados como función la expedición de dichos documentos, ostentan la naturaleza de públicos y se presumen auténticos, sin perjuicio de la tacha de falsedad o prueba que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen. Cabe destacar que lo anterior no implica que los documentos expedidos por el servidor público a cargo sean una prueba fehaciente desde la presentación de la demanda, pues aquellos adquieren esa condición cuando su contenido acredite con suficiencia el hecho que se certifica y en la medida que, estando a la disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos. De conformidad con los anteriores medios de prueba y en tanto la parte demandada no los controvirtió, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago del acuerdo de conciliación judicial aprobado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante auto del 24 de septiembre de 1999, por un valor de $61’855.105,12.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los documentos públicos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2023, rad. 67203, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 262, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD / PRESUNCIÓN DE NEXO DE CAUSALIDAD
Problema jurídico:
¿Debe la entidad pública acreditar que la conducta del agente estatal fue dolosa o gravemente culposa y que existió una relación de causalidad con el daño, para que prospere la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / NEGACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / SUJETOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Pueden valorarse en el proceso de repetición las pruebas documentales trasladadas desde otro proceso si fueron solicitadas, decretadas y se garantizó su contradicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]egún el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el presente asunto, la parte demandante solicitó que se allegara la copia auténtica del proceso de reparación directa promovido (…) contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. La prueba fue decretada de esta manera y allegada al proceso. Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales trasladadas de la actuación atrás referida, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el plenario y de ellas se corrió traslado, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de estas. No obstante, las pruebas testimoniales insertas en el proceso de reparación directa no serán valoradas, pues el aquí accionado no fue parte en dicho trámite y esas declaraciones no fueron ratificadas en este proceso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185
VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / FALTA DE CUIDADO / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / GRAVE NEGLIGENCIA QUE PONE EN PELIGRO LAS PERSONAS O COSAS / NEGLIGENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONCEPTO DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESTITUCIÓN DE DINERO
Problema jurídico:
¿Es requisito para la procedencia de la acción de repetición que se demuestre que el agente estatal actuó con dolo o culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a normatividad aplicable al asunto son los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena o conciliación en contra del Estado. El Consejo de Estado, a partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio. Lo anterior, debido a que dichas nociones, si bien son propias del derecho común, deben ser analizadas y armonizadas con la órbita del servidor público (…). De modo que, como la responsabilidad de los agentes estatales tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, para imponerles la obligación de restituir lo pagado por el Estado no es suficiente acreditar que obraron con culpa, sino que es necesario demostrar que obraron con dolo o culpa grave.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2019, Rad. 55645, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DE CULPABILIDAD / AUSENCIA DEL DOLO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / SOLDADO REGULAR / ACCESO CARNAL VIOLENTO / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / FALTA DE PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Puede prosperar una acción de repetición si la entidad demandante no acredita la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal mediante los medios probatorios exigidos?
Respuesta al problema jurídico: No
Examinadas las pruebas allegadas a este proceso, advierte la Sala, que la demandante no probó la conducta dolosa del entonces soldado del Ejército Nacional (…), por la cual suscribió un acuerdo de conciliación judicial con Marco Aurelio Estupiñán y otros, dentro de un proceso de reparación directa. Ello teniendo en cuenta que la sentencia penal aludida, que habría condenado a 24 meses de prisión al hoy demandado, no obra en este proceso, así como tampoco informe alguno sobre los hechos (…). Se observa que, pese a que se decretó y allegó al plenario copia del proceso de reparación directa promovido por Marco Aurelio Estupiñán y otros contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en el cual, según se indica en el auto del 24 de septiembre de 1999 obraría la sentencia del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta que condenó (…) a pena de prisión por el delito de acceso carnal violento (…), dicha providencia no consta en la prueba trasladada que se allegó a esta actuación. (…) Si bien el juez de la reparación directa tuvo dicha prueba a su alcance, aunque no se allegó a este proceso, la demandante, principal interesada en dicha evidencia no la echó de menos (…). No obstante, (…) esta Sala decretó como prueba de oficio el expediente contentivo del proceso penal (…). Sin embargo, aunque dicha prueba fue requerida (…) no se encontró el expediente en el archivo central de administración judicial de esa ciudad que, según respuestas anteriores, era la dependencia que podía tener en su custodia el proceso penal requerido. Siendo así, por parte de la Sala se intentó el recaudo de la prueba por un período más que razonable, a lo que se suma la actitud pasiva de la demandante, desconociendo la carga de la prueba que le correspondía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC, a fin de allegar las pruebas de sus alegaciones, pues, a más de no verificar el recaudo probatorio, tampoco allegó las que estuvieran en su poder, de las que hubiera podido obtenerse ilustración sobre los graves hechos atribuidos al hoy demandado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
ACCIÓN DE REPETICIÓN / DECISIÓN DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de la acción de repetición fundar su decisión únicamente en las pruebas valoradas en el proceso de reparación directa sin realizar un análisis autónomo de la conducta del agente estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien en el proceso de reparación directa el juez contó con las pruebas que consideró idóneas para arribar a las conclusiones sobre la responsabilidad estatal, estas no pueden simplemente extrapolarse a este proceso, pues lo que corresponde al juez de la repetición es hacer un análisis integral de todas las pruebas recopiladas en esta actuación para determinar si en efecto el demandado actuó con culpa grave o dolo, pues estos son presupuestos de carácter personal que deben establecerse de forma particular sobre los agentes, sin que sea el fallo de reparación directa un elemento de juicio suficiente para valorar la conducta del demandado.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / COSTAS PROCESALES / BUENA FE
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en el proceso contencioso administrativo cuando no se configura actuación temeraria de las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55