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¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000232600020080015802ACCION CONTRACTUAL
¿Debe confirmarse la denegación del reconocimiento de intereses moratorios cuando dicho asunto no fue objeto del debate procesal ni fue planteado en las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de intereses moratorios cuando este asunto no fue debatido ni planteado en las pretensiones iniciales de la demanda, ya que tal proceder sería contraproducente para los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción, lo que implica la confirmación de la denegación de dichos intereses. En otro caso, la entidad estatal no debe reconocer la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación, dado que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar la debida ejecución del contrato ni los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos, lo que lleva a confirmar la decisión del tribunal. Finalmente, la entidad debe reconocer a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir, ya que la primera instancia determinó la cantidad de dichas utilidades y su actualización, lo que implica una indemnización por concepto de lucro cesante.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación?¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir?
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
¿La sentencia de segunda instancia debe ser aclarada y corregida por cuanto el a quo denegó la solicitud de corrección y aclaración sobre su decisión? No
El juez de segunda instancia no está obligado a aclarar o corregir una sentencia cuando el tribunal de primera instancia ya ha denegado una solicitud similar, limitándose a resolver los reparos específicos contra la decisión apelada. Sin embargo, si la sentencia de segunda instancia contiene referencias a supuestas aclaraciones denegadas por el tribunal de primera instancia, es procedente corregir dicha sentencia para precisar que tales aclaraciones fueron rechazadas. Asimismo, no es viable adicionar la sentencia de segunda instancia para revocar una condena en abstracto basada en pruebas existentes que no permiten determinar una suma líquida de dinero, mientras que sí es procedente adicionar la sentencia para referirse a los criterios de cálculo del lucro cesante futuro, dado que la sentencia original omitió establecer parámetros claros para tal cálculo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente corregir la sentencia de segunda instancia en lo relativo a las referencias que se hicieron por la supuesta aclaración a la condena en abstracto…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la condena en abstracto, por existir pruebas en el expediente para determinar una condena a pagar en una…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de referirse a los criterios para el cálculo del lucro cesante futuro?
Auto interlocutorio con estado — AUTOS INTERLOCUTORIOS DE SALA2024-02-07SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)JOSE ELVER MUÑOZ BARRERARad. 25000232600020080015801ACCION CONTRACTUAL
¿Procede analizar el reconocimiento de perjuicios que no fueron pedidos en la demanda y que no fueron contemplados en la condena en abstracto? No
En la liquidación de una condena en abstracto, el juez solo puede pronunciarse sobre los perjuicios que fueron debatidos y reconocidos en el proceso, de modo que las pretensiones no formuladas en la demanda exceden el marco de la litis y no pueden incorporarse en esa etapa. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el principio de congruencia limita la competencia del juez a las pretensiones planteadas desde la demanda, lo que impide decidir sobre saldos pendientes que no fueron propuestos. Segunda, las utilidades derivadas de la ejecución del contrato anulado fueron reconocidas por las instancias anteriores y son el fundamento de la condena, por lo que su liquidación es procedente. Tercera, las prestaciones ya pagadas no fueron objeto de restitución, de modo que existe certeza de la ganancia dejada de percibir por la inhabilidad sobreviniente. En la liquidación solo se reconocen las utilidades acreditadas en el período demostrado, y se liquida el porcentaje correspondiente a la suma que habría ingresado al patrimonio. La consecuencia práctica es que, al liquidar la condena en abstracto, el juez no puede ampliar el objeto del proceso a perjuicios no pedidos en la demanda.síntesis automática
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve:¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la…¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270…¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito…¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco…¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve:¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
Sentencia — Sentencia2022-09-12Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020220013900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales que resolvieron conflictos originados en contratos estatales? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, los recursos de anulación contra laudos arbitrales que resolvieron conflictos originados en contratos estatales, conforme a la Ley 1563 de 2012. El laudo debe proferirse en derecho si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales. El recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, y la causal de anulación de laudo arbitral consistente en fallo extra petita no se configuró en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo deberá proferirse en derecho si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación…¿El recurso extraordinario de anulación puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia?¿Se configuró la causal de anulación de laudo arbitral consistente en fallo extra petita?
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple?¿La liquidación de los contratos estatales es un acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones…¿La Administración cuenta con competencia temporal para liquidar el contrato, hasta dos años después al incumplimiento de la obligación de liquidar?
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática