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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos

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Fecha
2025-11-07
Radicado
25000232600020040078002
Número interno
71644
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSORCIO CASTRO TCHERASSI Y CIA, COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, EQUIPO DE DESARROLLO UNIVERSAL Y CIA LTDA
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos

Regla de decisión

No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 137 núm. 4
  • Decreto 1400 de 1970, arts. 305 y 357

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

Según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la Sala debe pronunciarse sobre los problemas jurídicos que derivan de los motivos de inconformidad formulados por el Consorcio Constructor y por Confianza. Estos serán enunciados al inicio de los apartados en que se desarrolle su análisis individual. La Sala advierte que uno de los reparos planteados en el recurso de apelación del contratista no será objeto de examen en esta sede, por cuanto implica una variación de la causa petendi. El artículo 357 del CPC, que regula la competencia del juez de segunda instancia, dispone que el superior no puede modificar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, salvo cuando resulte indispensable hacer modificaciones sobre aspectos estrechamente vinculados con aquella.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSO DE APELACIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO VIOLACIÓN DE LA NORMA CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA SENTENCIA PROVIDENCIA JUDICIAL CARGO DE NULIDAD ALEGADO JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEMANDA DERECHOS FUNDAMENTALES PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA SENTENCIA COMPLEMENTARIA CARGO DE NULIDAD REFORMA DE LA DEMANDA CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE SEGURO EXCEPCIÓN DE FONDO COSA JUZGADA MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL ACTO ADMINISTRATIVO FALTA DE COMPETENCIA FALSA MOTIVACIÓN AMIGABLE COMPOSICIÓN DECISIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONDICIONES DEL CONTRATO LEY APLICABLE AL CONTRATO MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CLÁUSULA COMPROMISORIA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA ARBITRAJE INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE BENEFICIOS PODER PÚBLICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA PACTO ARBITRAL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SINIESTRO COMPETENCIA ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LAUDO ARBITRAL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONCILIADOR CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE SEGURO NEGOCIO JURÍDICO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONCILIACIÓN TRANSACCIÓN FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO EJERCICIO DEL MANDATO ERROR EN LA CALIFICACIÓN JURÍDICA CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATO DE OBRA CONTRATANTE DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES CAUSAS DEL DAÑO EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA RIESGO ASEGURABLE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO VÍA GUBERNATIVA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDO PROCESO DERECHO DE DEFENSA DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD DEL ESTADO OPORTUNIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO DE SUELOS ENTIDAD ASEGURADORA CONTRATISTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL PRÁCTICA DE PRUEBA ACTA DE SUBROGACIÓN DEL CONTRATO INTERÉS DIRECTO ACTIVIDAD CONTRACTUAL SUMA ASEGURADA CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR SEDE JUDICIAL ACTA DE NOTIFICACIÓN ACTIVIDAD ASEGURADORA CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL HECHO PROBADO INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRUEBA DEL SINIESTRO DICTAMEN PERICIAL ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA CONSORCIO TESTIMONIO HECHO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR DEUDOR ACREEDOR HECHO DAÑOSO NEXO DE CAUSALIDAD VALORACIÓN DE LA PRUEBA INFERENCIA INTERVENTORÍA CONSTRUCTOR PRUEBA TÉCNICA PRUEBA CIENTÍFICA DECLARACIÓN DE TERCERO PROCESAL ERROR GRAVE OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL PERITO CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL PRINCIPIO DE SUBSUNCIÓN DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD CONCURRENCIA DE CAUSAS MEDIOS DE PRUEBA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA IMPUTACIÓN JURÍDICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DUEÑO DE LA OBRA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE RESULTADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PÓLIZA DE SEGURO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO CAUSA EXTRAÑA FUERZA MAYOR CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL CONTRATO DE TRANSPORTE CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE PAGO DEL CHEQUE FALSO RESPONSABILIDAD POR PAGO DEL CHEQUE FALSO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR CONSTRUCCIÓN SUELO DISEÑO DE VÍA PÚBLICA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA OBLIGACIÓN LEGAL SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PLIEGO DE CONDICIONES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN OBLIGACIÓN DE HACER CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRUEBA DOCUMENTAL RIESGO CONTRACTUAL DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS LUCRO CESANTE DAÑO EMERGENTE SEGURO DE DAÑOS CARGA DE LA PRUEBA VALORACIÓN DEL DAÑO VALOR ASEGURADO PATRIMONIO PÚBLICO AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DE LA NORMA / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SENTENCIA / PROVIDENCIA JUDICIAL / CARGO DE NULIDAD ALEGADO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEMANDA / DERECHOS FUNDAMENTALES / PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA Problema jurídico: ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda Respuesta al problema jurídico: No Según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la Sala debe pronunciarse sobre los problemas jurídicos que derivan de los motivos de inconformidad formulados por el Consorcio Constructor y por Confianza. Estos serán enunciados al inicio de los apartados en que se desarrolle su análisis individual. La Sala advierte que uno de los reparos planteados en el recurso de apelación del contratista no será objeto de examen en esta sede, por cuanto implica una variación de la causa petendi. El artículo 357 del CPC, que regula la competencia del juez de segunda instancia, dispone que el superior no puede modificar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, salvo cuando resulte indispensable hacer modificaciones sobre aspectos estrechamente vinculados con aquella. Esta disposición se complementa con el artículo 305 del mismo código, que ordena que la sentencia guarde consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda. En este precepto se establece, además, que no es posible condenar al demandado por cantidad mayor, por objeto distinto al pretendido o por causa diferente a la invocada en la demanda. El principio de congruencia debe aplicarse en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, considerando las materias específicamente reguladas en el Código Contencioso Administrativo (CCA). De acuerdo con el artículo 137.4 de este código, cuando se demanda la nulidad de actos administrativos, el demandante tiene la carga de señalar las normas presuntamente violadas y el concepto de su violación. Como lo ha precisado la Subsección, la formulación de los cargos de nulidad —estructurados a partir del señalamiento de las normas infringidas y de su concepto de violación— determina los problemas jurídicos que se deben resolver en la sentencia y, con ello, la congruencia entre esta y la causa petendi de la demanda. La oportunidad para la presentación de dichos cargos precluye una vez vencido el término para su reforma. En conclusión, la decisión judicial está limitada por los cargos de nulidad oportunamente formulados por el demandante contra los actos administrativos impugnados. El juez no puede declarar su nulidad con fundamento en la infracción de normas no señaladas en la demanda junto con su concepto de violación. Sin embargo, según la sentencia que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 137.4 del CCA, si se advierte la vulneración de un derecho fundamental de aplicación inmediata, procede su protección aun cuando el actor no hubiere cumplido con dicha carga procesal. Conforme a esta providencia, lo previsto en dicha disposición tampoco constituye impedimento para que, en caso de incompatibilidad entre la Constitución Política y una norma jurídica de inferior jerarquía, se aplique la disposición constitucional correspondiente. NOTA DE RELATORÍA: [Respecto de la congruencia entre la formulación de los cargos de nulidad y la causa petendi de la demanda, ver: 3 C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 48.720, mar.4/2022 (párrs. 13 a 17). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la oportunidad para la presentación de los cargos de nulidad, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 44.707 (apdo. 3.2.1), sep.24/2020. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la protección de oficio de derechos fundamentales así no hayan sido invocados en los cargos de nulidad, ver: Const., Sent. C-197, abr.7/1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.] FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA COMPLEMENTARIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD / DEMANDA / REFORMA DE LA DEMANDA / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE SEGURO Problema jurídico: ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma? Respuesta al problema jurídico: No El Consorcio Constructor pidió revocar la sentencia complementaria del 7 de febrero de 2024 y acceder a sus pretensiones con base en un planteamiento que no fue expuesto en la demanda inicial ni en su reforma. Según lo indicado en el recurso de apelación, si la causa de los deterioros de la obra no es un evento ocurrido con posterioridad a su recibo, sino un incumplimiento presentado durante la ejecución del contrato y conocido por la entidad estatal, no procede afectar el amparo de estabilidad, pues ese riesgo está cubierto por un amparo distinto: el de cumplimiento. (…) El anterior argumento no fue formulado como parte de los cargos de nulidad planteados en la demanda del Consorcio Constructor ni en su reforma. (…) En el acápite de fundamentos de derecho de la demanda y de su reforma no se incluyó una sola mención al amparo de cumplimiento ni a su delimitación frente al amparo de estabilidad de la obra ni a la pertinencia de haber afectado aquel en lugar de este. (…) En conclusión, en virtud del principio de congruencia de la sentencia, la Sala no estudiará este cargo de nulidad contra las resoluciones demandadas. EXCEPCIÓN DE FONDO / COSA JUZGADA / MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / FALSA MOTIVACIÓN / SENTENCIA / AMIGABLE COMPOSICIÓN / DECISIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR / RECURSO DE APELACIÓN / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: No Según el artículo 164 del CCA, “en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”. Esta disposición precisa que “son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión”. La excepción de fondo constituye, pues, un medio de defensa del demandado que “va más allá de la simple negación de la relación fáctica realizada por el demandante, ya que consisten en hechos nuevos, tendientes a enervar las pretensiones”. En este caso, resulta improcedente declarar probada la excepción de cosa juzgada, por cuanto se trata de un medio de defensa propio del demandado, posición procesal que no ocupan el Consorcio Constructor ni Confianza, quienes integran la parte demandante. Este argumento debía presentarse como un cargo de nulidad contra las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004. Lo anterior no obsta para que la Sala examine los efectos jurídicos del pacto de amigable composición frente a la validez de los actos administrativos impugnados. No obstante, dicho análisis procede únicamente dentro del marco de los cargos de incompetencia y falsa motivación, por dos razones. Por una parte, porque en la fundamentación del cargo de incompetencia —que fue reiterado en el recurso de apelación— el Consorcio Constructor hizo referencia expresa al pacto de amigable composición. Por otra parte, porque la adopción de la decisión del amigable componedor, como se explicará más adelante, constituye un hecho que, aunque ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda, fue acreditado con las pruebas solicitadas oportunamente por las partes, invocado por ellas en sus alegaciones y respecto del cual el IDU tuvo oportunidad de pronunciarse. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la definición de la excepción de fondo, ver: 8 C.E., Sec. Tercera, Subsecc. B, Sent. 27.507, feb.20/2014 (párr. 9). M.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164 CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONDICIONES DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [L]a Sala precisa que el contrato estatal (Ley 80 de 1993, arts. 2 y 32) celebrado entre el IDU ―establecimiento público del nivel distrital― y el Consorcio Constructor estaba sometido a un régimen mixto. Por una parte, a las disposiciones comerciales y civiles colombianas, salvo en las materias reguladas de manera específica por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, art. 13); y, por otra, a las normas del Banco Mundial. (…) En cuanto a su ejecución, la cláusula 51.1 de las Condiciones Generales del Contrato (en adelante, CGC) estableció que “en ausencia de una disposición especial de las CEC que establezca otra cosa, la ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato será la ley del país contratante”. Por su parte, la cláusula 51 de las Condiciones Especiales del Contrato (en adelante, CEC) no estableció una regla distinta sobre la ley aplicable, sino que precisó que el contrato también se “rige por las normas del Banco Mundial”. (…) En consecuencia, además de integrarse por las estipulaciones adoptadas por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad —las cuales recogen el contenido del formulario estándar del contrato del Banco Mundial—, el contrato se sujetaba a la ley colombiana. Esto comprende las reglas relacionadas con los mecanismos de solución de conflictos, las potestades públicas de la entidad contratante para hacer efectivas las garantías constituidas por el contratista y las condiciones de validez de los actos administrativos expedidos con ocasión del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 CLÁUSULA COMPROMISORIA / ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / ARBITRAJE / INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE BENEFICIOS / PODER PÚBLICO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Implica la inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato estatal la renuncia de la entidad pública a sus potestades legales para expedir actos administrativos en el marco del contrato? Respuesta al problema jurídico: No (…) La inclusión de una cláusula compromisoria en el contrato de obra garantizado no implicaba que el IDU perdiera la potestad de declarar la ocurrencia del riesgo cubierto por el amparo de estabilidad la obra mediante la expedición de un acto administrativo. La entidad estatal tampoco renunció a dicha potestad. El artículo 70 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento en que se perfeccionó el contrato y se expidieron los actos administrativos demandados, autorizaba a las entidades para pactar la resolución de sus controversias mediante arbitraje: (…). La inclusión de la cláusula compromisoria no implicaba que las entidades contratantes perdieran las potestades atribuidas legalmente, por ejemplo, la de expedir actos administrativos para interpretar, modificar o terminar unilateralmente el contrato, con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y de garantizar su prestación inmediata, continua y adecuada (Ley 80 de 1993, art. 14). Esta consecuencia jurídica no se previó en la Ley 80 de 1993 (arts. 70 y ss.) ni en el Decreto 1818 de 1998 (arts. 115 y ss.), que compiló las disposiciones vigentes a la sazón sobre conciliación, arbitraje, amigable composición y conciliación en equidad. Adicionalmente, en virtud del acuerdo para someter a arbitraje las controversias que surgieran con ocasión del contrato, las entidades públicas no pueden desprenderse voluntariamente de las potestades que la Ley les atribuye en el marco de su actividad contractual, pues estas son irrenunciables. (…) Adicionalmente, en virtud del acuerdo para someter a arbitraje las controversias que surgieran con ocasión del contrato, las entidades públicas no pueden desprenderse voluntariamente de las potestades que la Ley les atribuye en el marco de su actividad contractual, pues estas son irrenunciables. En un Estado de Derecho, tales potestades tienen su origen en la Constitución o en la Ley (C.P., art. 121). En consecuencia, la Administración Pública no puede abdicar de ellas mediante acuerdos o contratos con particulares. Además, estas potestades se confieren para la satisfacción de fines públicos, lo cual implica un deber jurídico de ejercicio. NOTA DE RELATORÍA: [La inclusión de la cláusula compromisoria no implica la renuncia de la entidad contratante a ejercer las atribuciones y potestades que le han sido asignadas legalmente. Ver: C.E., Sec. Tercera, Sent. 10875, abr.21/2004. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.] [Sobre la imposibilidad de las partes de disponer del ejercicio de las facultades unilaterales de la entidad, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. B, Sent. ago.2/2024 (párr. 46.1). M.P. Martín Bermúdez Muñoz.] FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 115, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 70 ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / SINIESTRO / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LAUDO ARBITRAL / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONCILIADOR / CLÁUSULAS DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Puede una entidad estatal declarar, mediante acto administrativo, la ocurrencia del siniestro amparado por un seguro de cumplimiento, a pesar de la existencia de una cláusula compromisoria vigente al momento de la expedición del acto? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con la jurisprudencia vigente al momento de la expedición de las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004, los numerales 4º y 5º del artículo 64 del CCA constituían una norma atributiva de competencia para que la entidad estatal asegurada declarara, mediante acto administrativo, la ocurrencia de los riesgos amparados en los seguros de cumplimiento constituidos a su favor —como el de estabilidad de la obra— y, en consecuencia, hiciera efectiva dicha garantía para cubrir los perjuicios causados por el siniestro. (…) En la cláusula 50ª de las CGC, las partes efectivamente pactaron someter a la decisión de árbitros las controversias surgidas de la ejecución del contrato cuando el “Conciliador” (…) no adoptara una decisión dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la disputa o, habiéndola adoptado, las partes no aceptaran su contenido47. Por su parte, la cláusula 50.3 de las CEC dispuso que, si el contratista fuese colombiano, el arbitraje sería institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el tribunal estaría integrado por tres árbitros que dictarían el laudo en derecho. El reconocimiento de la existencia de este pacto arbitral y de su vigencia al momento de la expedición de las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004 —antes de que se extinguiera y dejara de producir efectos por la renuncia tácita analizada en el auto del 29 de agosto de 2022— no implicaba que el IDU quedara despojado de la potestad de declarar, mediante acto administrativo, la ocurrencia del siniestro. Como se indicó, esa consecuencia jurídica no se previó en la Ley ni podía entenderse que la potestad se hubiera renunciado por la sola inclusión de la cláusula compromisoria, (…). NOTA DE RELATORÍA: [Sobre la prerrogativa de las entidades estatales de declarar el siniestro y hacer exigible las pólizas de cumplimiento, ver: C.E., Sec. Tercera, Sent. 13.599, abr.14/2005 (apdo. 2). M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Reiterada. Entre otras, en: C.E., Sec. Tercera, Sent. 16.494, jun.23/2010 (apdo. 3). M.P. Enrique Gil Botero.] [Sobre la prevalencia de las competencias legalmente otorgadas a la administración frente al pacto arbitral contenido en la cláusula compromisoria, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. B, Sent. 20.070, oct.12/2011. M.P. Danilo Rojas Betancourth.] FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64 ACTO ADMINISTRATIVO / DECISIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE SEGURO Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad de un acto administrativo por incompetencia cuando las partes han pactado un mecanismo de amigable composición para determinar las causas de un daño, pero dicho pacto no abarca la totalidad de los hechos que dieron lugar a la expedición del acto? Respuesta al problema jurídico: No Frente a uno de los reparos formulados por el Consorcio Constructor, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal debió declarar la nulidad de las resoluciones demandadas por incompetencia porque, aunque las condiciones generales del seguro contemplaban la expedición de un acto administrativo como condición para hacer efectiva la garantía, las partes pactaron someter a un amigable componedor la definición de las causas que originaron los deterioros en las losas de pavimento. La Sala desestimará este motivo de inconformidad. Las partes solo delegaron al amigable componedor la facultad de determinar las causas de los daños en las losas ubicadas en las zonas de paraderos de TransMilenio. En cambio, el IDU, sin haber renunciado a la potestad de declarar la ocurrencia del siniestro, hizo efectiva la garantía por deterioros ocurridos en los carriles sin presencia de paraderos de la Avenida Caracas, incluso antes de que se iniciara el trámite de amigable composición. Esta distinción, además de conducir a desestim AMIGABLE COMPOSICIÓN / NEGOCIO JURÍDICO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CONCILIACIÓN / TRANSACCIÓN / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / EJERCICIO DEL MANDATO Problema jurídico: ¿Confiere el artículo 223 del Decreto 1818 de 1998 fuerza vinculante a la decisión del amigable componedor en controversias derivadas de contratos estatales? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al artículo 223 del Decreto 1818 de 1998, vigente al momento de la suscripción del acta 43 de liquidación parcial del contrato de obra, la amigable composición se definía como un mecanismo de solución de conflictos mediante el cual dos o más partes delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el estado y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico. En tal condición, el amigable componedor resuelve la controversia como delegado o mandatario de las partes, y sus determinaciones tienen fuerza obligatoria, pues su función no se limita a proponer fórmulas de arreglo. (…) De la definición legal del concepto se desprende que la decisión del amigable componedor puede versar sobre controversias técnicas —como la causa del deterioro de la superficie de rodadura de una estructura de pavimento—, pero su función no se limita a resolver un aspecto técnico. También comprende la deducción de las consecuencias que deriven de este aspecto, a diferencia de una mera pericia técnica (Ley 80 de 1993, art. 74), porque entre sus facultades está la de precisar el estado y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico. (…) Como lo ha sostenido la Corporación, bajo la vigencia del artículo 223 del Decreto 1818 de 1998 —que compiló el artículo 130 de la Ley 446 de 1998—, las entidades estatales podían pactar válidamente con sus contratistas el sometimiento de controversias transigibles a la decisión de un amigable componedor. Por una parte, porque el artículo 130 de la Ley 446 de 1998 no derogó tácitamente el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, cuyo inciso segundo autorizaba acudir a “la conciliación, amigable composición y transacción”. Por otra parte, porque esta figura no requería autorización especial en la Ley 446 de 1998, dado que, conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el régimen del contrato estatal se integra también por las disposiciones civiles y comerciales, dentro de las cuales se encontraban los términos y condiciones de la amigable composición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la integración del régimen del contrato estatal a las disposiciones civiles yu comerciales, entre ellas, los términos y condiciones de la amigable composición, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. C, Sent. 42.442, may.22/2024. M.P. William Barrera Muñoz; Sec. Tercera, Subsecc. C, Sent. 64.331, mar.13/2024. M.P. Nicolás Yepes Corrales; Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 56.940, sep.23/2022. M.P. José Roberto Sáchica Méndez; y Sec. Tercera, Subsecc. B, Sent. 55.104, oct.11/2021. M.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 223, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 130, LEY 8 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 68, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 74 AMIGABLE COMPOSICIÓN / ERROR EN LA CALIFICACIÓN JURÍDICA / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONCILIACIÓN / CONTRATO DE OBRA / CONTRATANTE / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES Problema jurídico: ¿Puede calificarse jurídicamente como pacto de amigable composición un acuerdo contractual que, aunque no se denomine expresamente como tal, delega en un tercero la solución vinculante de una controversia contractual de libre disposición? Respuesta al problema jurídico: Si El IDU y el Consorcio Constructor celebraron un acuerdo de amigable composición, consignado en el acta 43 de liquidación del contrato, suscrita el 19 de diciembre de 2002 por la directora general de la entidad estatal y el representante del Consorcio Constructor. (…) La calificación jurídica de este acuerdo —entendida como la determinación de su naturaleza y tipo contractual a partir de su contenido obligacional— no depende de las denominaciones empleadas por las partes. Como lo ha señalado la jurisprudencia, la naturaleza de un acto no se define por el nombre que le asignen los contratantes, sino por el que le corresponda legalmente según sus elementos, las obligaciones que de él derivan, sus características intrínsecas y las finalidades perseguidas con su celebración. En este contexto, atendido el objeto del acuerdo, las obligaciones asumidas y las finalidades prácticas perseguidas, la Sala concluye que se trata de un pacto de amigable composición. En primer lugar, el IDU y el Consorcio Constructor delegaron en un tercero, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la solución de una controversia contractual transigible y de libre disposición, claramente delimitada: la determinación de “las causas que generaron los daños en la zona de paraderos” y la definición de “la participación y responsabilidad de las partes contratantes en dicho daño”. En segundo lugar, esta delegación no se limitó a establecer un aspecto puramente técnico —la causa de los deterioros en las losas de pavimento de las calzadas de uso exclusivo de TransMilenio—, sino que también comprendió la facultad de deducir sus consecuencias, esto es, la “participación y responsabilidad” en su ocurrencia. En tercer lugar, las partes atribuyeron fuerza vinculante a la decisión del tercero, de modo que su función no se reducía a proponer fórmulas de arreglo, sino que consistía en adoptar un pronunciamiento definitivo y obligatorio. En definitiva, aunque las partes emplearon el vocablo “Conciliador” para designar al tercero encargado de resolver la controversia, el mecanismo pactado no correspondía a una conciliación, pues no convinieron “gestionar por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador” (Ley 446 de 1998, art. 64). Por el contrario, delegaron en un tercero —que no ejercía funciones jurisdiccionales como sí lo hace un árbitro nacional— la facultad de decidir, con fuerza vinculante para ellas, una controversia contractual de libre disposición, precisando el estado, las partes y la forma de cumplimiento del contrato de obra. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos, obligaciones, características intrínsecas y finalidades perseguidas con el pacto de amigable composición, ver: 4 C.S.J., Sala de Cas. Civil, Sent. SC-117-2008, Rad. 76001-3103-001-2003-00505-01, dic.16/2008. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 64 ACTO ADMINISTRATIVO / AMIGABLE COMPOSICIÓN / CAUSAS DEL DAÑO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / RIESGO ASEGURABLE / COSA JUZGADA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VÍA GUBERNATIVA Problema jurídico: ¿Pierde una entidad pública su competencia para declarar la ocurrencia del siniestro en sectores no cubiertos por un acuerdo de amigable composición, cuando ha reservado expresamente tal facultad? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]l amigable componedor se pronunció sobre la causa y la responsabilidad de los daños que presentaron las losas ubicadas en las zonas de paraderos de TransMilenio. En cambio, el IDU, mediante la Resolución 14321 de 2003, declaró la ocurrencia del riesgo cubierto por el amparo de estabilidad de la obra e hizo efectiva la garantía respecto de los deterioros de las losas de pavimento construidas en las calzadas centrales de la Avenida Caracas, pero en sectores distintos a los paraderos. Más aún, la entidad estatal dejó constancia expresa de que su decisión no afectaba la resolución de la controversia técnica que se sometió al conocimiento al amigable componedor. Este elemento fáctico de la motivación del acto administrativo —que goza de presunción de legalidad y no fue controvertido ni en los recursos interpuestos en la vía gubernativa ni en las demandas promovidas por la aseguradora y el Consorcio Constructor. (…) En consecuencia, no es cierto que la entidad hubiera ejercido una potestad legal para definir un asunto que se confió al amigable componedor. Asimismo, tampoco lo es que hubiese perdido la competencia para hacer efectiva la garantía en los sectores diferentes a los paraderos, máxime cuando en el acta 43 “se reserv[ó] el derecho de hacer efectiva la póliza de estabilidad de obra”. Lo anterior también lleva a la Sala a afirmar que la decisión del amigable componedor no produjo efectos de cosa juzgada frente a la controversia que es materia de este proceso. NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FINALIDAD DEL ESTADO / OPORTUNIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ESTUDIO DE SUELOS / ENTIDAD ASEGURADORA Problema jurídico: ¿Se garantiza el derecho de defensa en una actuación administrativa cuando la aseguradora, aunque no fue notificada formalmente del acto definitivo, tuvo la oportunidad de intervenir y pronunciarse durante el trámite? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien la notificación del acto definitivo no garantizaba por sí sola el derecho de audiencia y defensa de Confianza en la actuación administrativa, la aseguradora contó con la oportunidad de intervenir en ella y de pronunciarse sobre el estudio elaborado por la Universidad Nacional, con base en el cual el IDU declaró ocurrido el siniestro. El debido proceso es un principio y derecho fundamental (C.P., art. 29) aplicable en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Con todo, en las actuaciones administrativas, su protección debe armonizarse con los principios que rigen esta función (C.P., art. 209), pues ambos están al servicio del mismo fin: la realización de los fines del Estado (C.P., art. 2). La Ley 80 de 1993 estableció que las actuaciones en materia contractual debían desarrollarse conforme a los postulados que orientan la función administrativa (art. 23) y que, en cuanto resultaran compatibles con su finalidad y principios, se aplicarían las normas que rigen los procedimientos y actuaciones administrativas (art. 77). Por lo tanto, en las actuaciones administrativas adelantadas con ocasión del contrato, el destinatario de la decisión tenía derecho a pedir y aportar pruebas, allegar informaciones y disponer de la oportunidad para expresar sus opiniones antes de la adopción del acto definitivo (CCA, arts. 34 y 35). NOTA DE RELATORÍA: [Respecto de la protección al debido proceso y su armonización con los principios que rigen la función administrativa, ver: C. Const., Sent. C-034 (consideración 7ª), ene.29/2014. M.P. María Victoria Calle Correa.] [Sobre la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas adelantadas con ocasión del contrato, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 53.318 (párrs. 50-51), feb.18/2022. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 34, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 35, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 DEBIDO PROCESO / CONTRATISTA / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRÁCTICA DE PRUEBA / SINIESTRO / ACTA DE SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / INTERÉS DIRECTO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / SUMA ASEGURADA Problema jurídico: ¿Debe garantizarse el derecho al debido proceso en una actuación administrativa contractual que declara la ocurrencia del siniestro y cuantifica el perjuicio para hacer efectiva una póliza, aun cuando dicha actuación no tenga carácter sancionatorio? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales no implicaba que los procedimientos debieran ser idénticos a los judiciales ni a otros procedimientos administrativos reglados, pues este debía ajustarse a la agilidad y eficiencia propias de la actividad contractual, orientada a asegurar la continua prestación de bienes y servicios en interés público. Por ello, en el contexto en que se expidieron las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004, la jurisprudencia precisó que el debido proceso se garantizaba siempre que se adelantara un procedimiento que, como mínimo, incluyera un requerimiento previo para que el contratista y los demás interesados conocieran los fundamentos de la determinación administrativa proyectada y pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción. Para tal efecto, debían contar con la posibilidad de solicitar pruebas y controvertir las que se adujeran en su contra. Este derecho no solo se predica del contratista, sino también de todos los interesados con legitimación para intervenir en la actuación administrativa contractual, incluyendo a la aseguradora que expide la póliza destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de aquel. En consecuencia, aun cuando la actuación administrativa no tenga carácter sancionatorio, sino que se dirija únicamente a declarar la ocurrencia del siniestro y a cuantificar el perjuicio para hacer efectiva la póliza, deben respetarse las garantías del debido proceso tanto del contratista como de la aseguradora. Esto se debe a que la aseguradora es la llamada a responder si se verifica la realización del riesgo amparado; el contratista, por su parte, tiene interés directo porque la configuración del siniestro implica necesariamente examinar el cumplimiento de sus obligaciones y porque, por mandato legal (C. Co, art. 1096), una vez pagada la indemnización, la aseguradora puede subrogarse en los derechos de la entidad pública asegurada contra el causante del siniestro. NOTA DE RELATORÍA: [Sobre los procedimientos que garantizan el debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales, ver: C.E., Sec. Tercera, Sent. 18.394, mar.17/2010. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 53.479, oct.11/2021. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre el respeto de las garantías del debido proceso al contratista y a la aseguradora en la actuación administrativa por la cual se declara la ocurrencia del siniestro y se cuantifica el perjuicio para hacer efectiva la póliza, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 53.318 (párrs. 57-58), feb.18/2022. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1096 PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / SEDE JUDICIAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / DEMANDA / ACTA DE NOTIFICACIÓN / DERECHO DE DEFENSA / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SENTENCIA Problema jurídico: ¿Debe desvirtuarse en sede judicial la presunción de veracidad de los hechos que fundamentan un acto administrativo para que este pueda ser anulado por el juez contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, lo que explica que, una vez en firme, sean suficientes por sí mismos para que la Administración ejecute de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento (CCA, art. 64). La operatividad de esta presunción presupone —o lleva implícita— la de veracidad de las proposiciones fácticas en que se funda la decisión administrativa. En consecuencia, si alguno de los hechos invocados por la Administración para adoptar la decisión no es desvirtuado en sede judicial, el acto acusado permanece incólume. Por ello, cuando los motivos de hecho resultan determinantes en la expedición del acto y este es objeto de control jurisdiccional, es indispensable enervar la presunción de veracidad. La proposición según la cual Confianza recibió el requerimiento el 18 de septiembre de 2003 en sus oficinas constituye una afirmación definida, por tratarse de un hecho concreto, delimitado en tiempo y lugar. Al presumirse su veracidad, correspondía a la compañía de seguros desvirtuarla en sede judicial. Sin embargo, en la demanda no se mencionó este aspecto de la motivación de la Resolución 4038 de 2004 ni en el recurso de apelación se refutó este fundamento de la sentencia impugnada. (…) En conclusión, la Sala no encuentra atendible el reparo de Confianza. Si bien la notificación de la Resolución 14321 de 2003 no garantizaba por sí sola el derecho de audiencia y defensa, la aseguradora tuvo oportunidad de intervenir en la actuación previa a su expedición. NOTA DE RELATORÍA: [Respecto de la presunción de legalidad de los actos administrativos, que lleva implícita la presunción de autenticidad y veracidad mientras no hayan sido declarados nulos, ver: C.E., Sec. Tercera, Sent. 13.053, mayo.3/2001. M.P. María Elena Giraldo Gómez.; C.C., Sent. T-481 (párr. 38), dic.12/2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.] [Sobre la afirmación indefinida, y las negaciones definidas e indefinidas, ver: C.S.J., Sala de Cas. Civil, Sent. SC172-2020, Rad. 50001-31-03-001-2010-00060-01, feb.4/2020. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.] FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64 MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / HECHO PROBADO / INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRUEBA DEL SINIESTRO / DICTAMEN PERICIAL / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBRA PÚBLICA / CONSORCIO Problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado en el proceso que los daños en las losas de pavimento instaladas en zonas sin presencia de paraderos se conocieron antes del recibo definitivo de la obra? Respuesta al problema jurídico: No La motivación del acto administrativo (CCA, art. 35) consiste en la exteriorización de las razones que justifican su expedición, tanto fácticas como jurídicas. Su expedición mediante falsa motivación constituye una causal de nulidad (CCA, art. 84). Este vicio puede configurarse cuando (i) los motivos determinantes del acto se apoyan en hechos que no están demostrados; (ii) aun probados ciertos hechos, éstos no son considerados pese a que podían conducir a una decisión sustancialmente distinta; o (iii) se incurre en una apreciación errónea de los hechos, de manera que, a pesar de estar acreditados, no tienen el alcance o los efectos que les atribuye el acto administrativo. En este caso, el deterioro de las losas de pavimento hidráulico en las calzadas del sistema TransMilenio —en sectores distintos a los paraderos— constituyó el principal hecho que motivó la expedición de la Resolución 14321 de 2003, mediante la cual se hizo efectiva la garantía. (…) En el expediente no está probado que los daños en las losas de pavimento rígido instaladas en zonas sin presencia de paraderos —en virtud de los cuales se hizo efectiva la garantía— se hubieran presentado antes de la suscripción del acta de recibo definitivo del 18 de julio de 2002. Los dictámenes periciales practicados en el proceso no abordaron la fecha de ocurrencia de dichos daños. Tampoco los documentos aportados al expediente acreditan que los deterioros que motivaron la decisión de declarar la ocurrencia del siniestro hubieran sido detectados o pudieran ser conocidos antes del recibo definitivo de la obra. Por el contrario, según lo señalado por el Consorcio Constructor en el acta de liquidación, las obras de reparación ejecutadas durante el período de garantía en las calzadas de uso exclusivo de TransMilenio, antes de la suscripción del acta de recibo definitivo, se concentraron en las zonas de paraderos. (…) FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 35, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84 TESTIMONIO / HECHO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / DEUDOR / ACREEDOR / HECHO DAÑOSO / NEXO DE CAUSALIDAD / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INFERENCIA / INTERVENTORÍA / CONSTRUCTOR / CONSORCIO / PRUEBA TÉCNICA / PRUEBA CIENTÍFICA / DECLARACIÓN DE TERCERO PROCESAL Problema jurídico: ¿Tiene valor probatorio limitado el testimonio para acreditar el nexo causal entre el incumplimiento del deudor y el daño sufrido por el acreedor en materia de responsabilidad contractual? Respuesta al problema jurídico: Si El testimonio tiene por objeto un enunciado en el que se afirma o se niega la ocurrencia de un hecho determinado. El conocimiento del hecho se funda en lo que el declarante pudo percibir a través de sus sentidos. En consecuencia, debe precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió y la forma como llegó a su conocimiento (CPC, art. 228). En materia de responsabilidad contractual, los enunciados objeto de prueba comprenden (i) la ocurrencia de un evento en la esfera del deudor, (ii) la ocurrencia de un hecho dañoso para el acreedor y (iii) la existencia del nexo causal entre ambos. La acreditación de los dos primeros elementos —como serían el uso de relleno fluido en la estructura del pavimento y la aparición de deterioros en las losas por donde circulan los vehículos— puede apoyarse en testimonios, por tratarse de realidades perceptibles por los sentidos. En cambio, respecto del nexo causal, la declaración de terceros ofrece un escaso valor probatorio por una razón: ese vínculo no es directamente observable. Si bien la existencia del nexo causal entre dos eventos no puede probarse de manera directa, sí puede establecerse mediante inferencias. En consecuencia, el objeto de la prueba se centra en la generalización empírica que vincula las evidencias de un hecho determinado —como el uso de relleno fluido— con la ocurrencia de otro evento —como la aparición de baches o fisuras—. Aunque el Tribunal no explicó por qué omitió valorar los testimonios en la motivación de su decisión, la Sala estima que tal omisión carece de trascendencia, dado el escaso valor de las declaraciones para acreditar el nexo causal. Por ello, no se tendrán en cuenta como elementos determinantes de la decisión los testimonios que atribuyeron las fallas de las losas al uso de relleno fluido y a defectos en el sellado de las juntas —rendidos por funcionarios del IDU y por integrantes del equipo designado por la Universidad Nacional— ni aquellos que las vincularon con el espesor de las losas, la infiltración de agua proveniente de los paraderos y el exceso de presión hidráulica —rendidos por funcionarios de la interventoría y por miembros del Consorcio Constructor—. La Sala conferirá valor preponderante a las pruebas fundadas en datos, experimentos e información técnica y científica para inferir la relación causal. DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / PERITO / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Constituye un error grave, y por tanto objetable, la insuficiencia en la justificación de las premisas o el silencio del perito en relación con solicitudes de aclaración, cuando no se altera el objeto examinado ni sus cualidades? Respuesta al problema jurídico: No Durante el traslado de la aclaración o complementación, las partes pueden objetar el dictamen por error grave cuando este haya sido determinante de las conclusiones a las que hubieren llegado los peritos o cuando se haya originado en ellas. La objeción debe ser decidida en la sentencia (CPC, art. 238). Como lo ha precisado la Subsección, no se trata de cualquier error, sino de uno grave: equivocaciones protuberantes que inciden en el sentido de las conclusiones del dictamen. Esta clase de error se presenta cuando se alteran las cualidades propias del objeto examinado o se toma como objeto de observación una cosa distinta de aquella que constituye materia del dictamen; en tales casos, al apreciarse equivocadamente el objeto, las conclusiones resultan necesariamente erróneas. Respecto de la insuficiencia de las premisas en que se apoyaron las conclusiones sobre la incidencia causal del espesor de las losas y del sellado de las juntas en la aparición de los deterioros, así como sobre el carácter multicausal de las patologías del pavimento, la Sala considera que no se configuró un error grave. La insuficiencia en la justificación externa del razonamiento del perito —esto es, en las razones ofrecidas para sustentar la corrección de las premisas— no constituye error grave, porque no supone la alteración de las cualidades propias del objeto examinado ni la observación de un objeto distinto al que fue materia del dictamen. Una cuestión distinta es que esta circunstancia incida negativamente en el valor probatorio al dictamen, en cuanto repercute en la “firmeza y calidad de sus fundamentos” (CPC, art. 241). Tampoco se configuró un error grave por el hecho de que el perito no hubiera respondido de manera completa las solicitudes de complementación sobre la incidencia causal de la presión hidrodinámica generada por el agua infiltrada y los volúmenes de tránsito vehicular. En estos supuestos no se presenta un error de esa naturaleza, pues no se modifica el objeto examinado ni se tergiversan sus cualidades. Ante el silencio del perito no existe una opinión que pueda ser evaluada para establecer la presencia de falencias sustanciales. NOTA DE RELATORÍA: [Respecto de la objeción por error grave del dictamen pericial, ver: C.S.J., Sala de Cas. Civil, Auto Exp. 3446, sep. 8/1993, G.J., t. LXXXV; y, C.E., Sec. Tercera, Sala Plena, Sent. 39.121 (párr. 8), jul.27/2023. M.P. Guillermo Sánchez Luque.] [Sobre el impacto de la justificación externa del razonamiento del perito en el valor probatorio del dictamen, ver:C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 44.977 (aptdo. Objeción por error grave), sep.10/2021. M.P. María Adriana Marín.] FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241 INFERENCIA / NEXO DE CAUSALIDAD / PRINCIPIO DE SUBSUNCIÓN / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD / CONCURRENCIA DE CAUSAS / MEDIOS DE PRUEBA / FALSA MOTIVACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR Problema jurídico: ¿La inferencia probatoria en la que se fundamentó la sentencia de primera instancia permite concluir, con base en el acervo probatorio, que la causa del deterioro en las losas fue el uso del relleno fluido y los defectos en el sellado de las juntas, sin que existan causas alternativas o concurrentes acreditadas? Respuesta al problema jurídico: Si En este punto, para establecer la corrección de la inferencia probatoria en que se sustentó la sentencia de primera instancia, corresponde a la Sala determinar el grado de corroboración que, a partir del acervo probatorio analizado, recibió cada hipótesis sobre la causa de los deterioros. El nexo causal, conforme se indicó antes, no es directamente observable, de modo que su establecimiento exige demostrar una ley general de causalidad y, posteriormente, subsumir en ella la causalidad individual identificada en el caso (…). En síntesis, las pruebas demuestran que el uso del relleno fluido en la conformación de la estructura del pavimento rígido fue la causa determinante de los daños observados en las losas. En contraste, no existe evidencia que acredite que un mayor espesor de las losas habría evitado los deterioros manteniéndose iguales las demás condiciones del contexto causal. Tampoco se demostró que, aun utilizando relleno fluido como material de nivelación de la base del pavimento, el incremento del espesor de la losa en 5 cm hubiera impedido el daño. Por lo tanto, en este caso, no puede afirmarse la existencia de causas concurrentes o alternativas (cada una de ellas ha sido suficiente por sí sola para causar el daño, pero es dudoso cuál de ellas efectivamente lo ha causado). La hipótesis según la cual el uso del relleno fluido y los defectos en el sellado de las juntas de las losas constituyeron la causa de los deterioros presenta, además, un mayor nivel de coherencia con otros hechos probados en este proceso. (…) La explicación ofrecida por el Consorcio Constructor no resulta coherente con la decisión del amigable componedor. Si fuera cierto que el diseño y la construcción de los paraderos, junto con el espesor de las losas, fueron causa de los deterioros ocurridos en las zonas sin presencia de tales estructuras, en la decisión en la que el amigable componedor analizó específicamente las patologías de las losas adyacentes a esas estructuras se habría reconocido su contribución causal. Sin embargo, no fue así. Aun en las zonas con presencia de paraderos, el amigable componedor concluyó que las causas correspondían a las mismas identificadas por la Universidad Nacional para los sectores que no estaban en su zona de influencia: el uso del relleno fluido en la conformación de la base y los defectos del sellado de juntas. (…) Por las razones expuestas, la Sala no encuentra fundado el motivo de inconformidad. Los medios de prueba respaldan la inferencia en que se sustentó la sentencia impugnada: las resoluciones demandadas no fueron falsamente motivadas en lo relacionado con la causa del siniestro. LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN / IMPUTACIÓN JURÍDICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DUEÑO DE LA OBRA Problema jurídico: ¿Constituyó un cambio de diseño, no aprobado conforme al contrato, la utilización del relleno fluido para nivelar la base de las losas en los carriles exclusivos de TransMilenio? Respuesta al problema jurídico: Si Es cierto que los diseños suministrados por el IDU contemplaban la utilización del relleno fluido, pero su empleo estaba limitado exclusivamente a ciertas actividades constructivas y no comprendía la nivelación de la base de las losas de pavimento en los carriles de uso exclusivo de TransMilenio. Darle ese uso constituyó un “cambio de diseño”, como lo denominaron el Tribunal y el IDU (rectius: la ejecución de intervenciones constructivas sin ceñirse a los diseños y parámetros técnicos definidos por el dueño de la obra). Esa modificación no fue aprobada conforme a las estipulaciones del contrato. Por estas razones, la Sala no considera atendible el reparo relativo a la supuesta falsa motivación de las resoluciones demandadas. La inconformidad de los apelantes no se refiere ya a una cuestión de causalidad material, sino a la imputabilidad jurídica de la causa —el uso del relleno fluido— del resultado dañoso —los deterioros de las losas—. LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PÓLIZA DE SEGURO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RIESGO ASEGURABLE / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Problema jurídico: ¿El contrato de seguro de cumplimiento suscrito a favor del IDU cubre la obligación del contratista de garantizar la estabilidad de la obra como una obligación de resultado derivada del contrato de obra pública? Respuesta al problema jurídico: Si Los seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales, como el contratado con Confianza, tienen por finalidad respaldar “el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales, por razón de la celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales. Por tanto, con sujeción a los términos del respectivo contrato deberá cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en los términos de la respectiva garantía” (Decreto 679 de 1994, art. 16). La causa del contrato de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales consiste, entonces, en trasladar a la aseguradora el riesgo de incumplimiento de obligaciones que tienen su fuente en el contrato, para que, en caso de que ocurra el riesgo amparado, sea esta quien asuma la responsabilidad de indemnizar los perjuicios derivados de dicha circunstancia. Tratándose de un contrato de obra pública, el artífice asume, en términos generales, dos clases de obligaciones. Por una parte, construir la obra en la forma y plazo convenidos, la cual constituye una obligación de resultado. Por otra parte, debe garantizar que la obra sea estable, es decir, que con posterioridad a su entrega no se presenten defectos que la deterioren. De allí que, en los seguros de cumplimiento para garantizar un contrato de obra pública, se establezcan distintos amparos, como el de cumplimiento, en sentido estricto, y el de estabilidad. La Subsección ha señalado que la obligación de garantizar la estabilidad de la obra se fundamenta en el artículo 2060, numerales 3 y 4 del Código Civil, en el artículo 5.4 de la Ley 80 de 1993, así como en la naturaleza misma del contrato, que entraña una obligación de resultado consistente en entregar una obra estable y capaz de brindar el servicio para el cual fue concebida. En el contrato suscrito entre el IDU y el Consorcio Constructor se pactó expresamente esta obligación. NOTA DE RELATORÍA: [Sobre la finalidad del contrato de seguir de cumplimiento a favor de entidades estatales, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 44.707 (aptado. 3.4.3), sept. 24/2020. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la obligación de garantizar la estabilidad de la obra, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 71.453 (párr. 62), feb. 7/2025. M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 59.310 (párr. 12), feb. 17/2023. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] FUENTE FORMAL: DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO Problema jurídico: ¿Resulta jurídicamente procedente la afectación del amparo de estabilidad de la obra por parte del IDU, cuando los daños en las losas se manifestaron con posterioridad a la recepción definitiva y afectaron la funcionalidad del proyecto? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a obligación del Consorcio Constructor de garantizar la estabilidad de la obra, una vez recibida de forma definitiva, presentaba las notas típicas de su clase: era exigible con independencia de cualquier consideración sobre la culpa del contratista y constituía una obligación de naturaleza post-contractual, distinta de las obligaciones principales de confección de la obra. Estas características de la obligación demarcaban el ámbito de aplicación de los amparos de cumplimiento y de estabilidad de la obra. (…) [E]l amparo de estabilidad de la obra, a diferencia del de cumplimiento, resultaba aplicable cuando concurrían dos condiciones. La primera, que se tratara de un daño en las obras que solo pudiera ser conocido por el comitente con posterioridad a su recepción, por haberse manifestado después de ella, aun cuando su causa proviniera de un incumplimiento contractual anterior a la entrega. La segunda, que el daño impidiera el cumplimiento del propósito para el cual se acometió la obra o, según los términos empleados en las condiciones generales del seguro, “que impidieran el servicio para el cual se ejecutó”. Por consiguiente, aun cuando la causa de los deterioros de las losas de pavimento fuera el uso de relleno fluido durante el proceso constructivo, la decisión del IDU de afectar el amparo de estabilidad no resultó ilegal, ya que no se probó que los daños por los cuales se hizo efectiva la garantía se hubieran producido antes del recibo definitivo de las obras. NOTA DE RELATORÍA: [Respecto de la exigibilidad de la garantía de la estabilidad de la obra, con independencia de la culpabilidad del constructor frente a la estabilidad de la obra, C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 35.763, jul. 14/2016. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.] [Respecto de los requerimientos para la efectividad del amparo de estabilidad de la obra, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 59.310, feb. 17/2023. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la garantía de la estabilidad de la obra como obligación de naturaleza post- contractual, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 37.317, ago. 2/2018. M.P. María Adriana Marín.] RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / ACREEDOR / CAUSA EXTRAÑA / FUERZA MAYOR / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / CONTRATO DE TRANSPORTE / CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE / PAGO DEL CHEQUE FALSO / RESPONSABILIDAD POR PAGO DEL CHEQUE FALSO Problema jurídico: ¿Puede la culpa del acreedor constituir una causa exonerativa o atenuante de responsabilidad para el deudor en el marco de una relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, la responsabilidad del Consorcio Constructor por los deterioros de la obra podía excluirse o atenuarse si se acreditaba una causa extraña en la producción del resultado dañoso, como un evento de fuerza mayor (C.C., art. 64). Asimismo, la Sala considera que este efecto podía derivarse de la culpa del acreedor. Si bien en materia contractual no existe una regla general —como sí la hay en la responsabilidad extracontractual— que disponga que “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente” (C.C., art. 2357), algunas disposiciones legales, aun tratándose de obligaciones de resultado, reconocen la culpa del acreedor contractual como causal de exoneración de responsabilidad del deudor. Así ocurre, por ejemplo, con la hipótesis del pago de un cheque falso en el marco del contrato de cuenta corriente (C. Co., art. 1391). El principio que inspira esta regla se refleja en disposiciones aplicables a otros negocios jurídicos, como ocurre con el contrato de transporte (C. Co, art. 1003.3). Cuando el daño o el incumplimiento de la obligación se explica por hechos propios del acreedor, este no resulta imputable al sujeto pasivo de la relación jurídica. En tales casos, la causa del daño se sitúa por fuera del ámbito de control del deudor y, por lo mismo, constituye para él un hecho extraño que puede excluir o atenuar su responsabilidad. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la culpa del acreedor contractual como causal de exoneración de responsabilidad del deudor, aun en las obligaciones de resultado, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 57.457 (párr. 46), jun. 16/2025. M.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1003 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2357, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 64 CONTRATO DE OBRA / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / CONSTRUCCIÓN / SUELO / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / CONTRATANTE / OBLIGACIÓN LEGAL / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES Problema jurídico: ¿Puede exonerarse de responsabilidad el constructor cuando el deterioro de la obra obedece a un vicio del diseño suministrado por el dueño de la obra? Respuesta al problema jurídico: Si Las reglas que integran la disciplina legal del contrato de confección de obra material no son ajenas a esta consideración. El artículo 2060.3 del Código Civil establece que el empresario es responsable si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o en parte, dentro de los diez años siguientes a su entrega, por vicio de la construcción, por vicio del suelo que haya debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales. Con todo, también precisa que, en este último evento, debe distinguirse si los materiales fueron suministrados por el dueño de la obra. (…) El Código Civil no regula el supuesto en que el deterioro de la obra se produce por la existencia de un “vicio del diseño” suministrado por su dueño, acreedor de la garantía de estabilidad. En otras palabras, no prevé una disposición aplicable al caso en que el constructor ejecuta la obra conforme a un parámetro técnico definido en el diseño —como el tipo de materiales que deben emplearse en una determinada intervención constructiva— y ese mismo parámetro resulta ser la causa del deterioro. La Ley 80 de 1993 impone a las entidades la obligación de que, con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o a la firma del contrato — según el caso—, elaboren los estudios, diseños y proyectos requeridos (art. 25.12, versión original). Asimismo, establece que responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios (art. 26.3). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN / OBLIGACIÓN DE HACER Problema jurídico: ¿Es imputable al contratista el deterioro de la obra si se aparta de los parámetros de diseño sin aprobación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [A] diferencia de otros ordenamientos jurídicos, el EGCAP no establece reglas expresas sobre la exclusión o atenuación de la responsabilidad del contratista por los daños producidos durante la ejecución de obras públicas originados en defectos del diseño suministrado por la entidad estatal y que, en su condición de profesional y colaborador de la Administración (Ley 80 de 1993, art. 3), el ejecutor no hubiera debido conocer ni advertir. Al margen de lo anterior, en este caso resulta claro que la responsabilidad del Consorcio Constructor podía excluirse o atenuarse si los deterioros de la obra tenían su causa en un error del diseño suministrado por el IDU que el contratista no estuviera obligado a detectar ni advertir. (…) La Sala también considera que si el Consorcio Constructor se apartaba de los parámetros de diseño y esa desviación era la causa de los deterioros que presentó la obra una vez concluida, el daño le era imputable. Por tanto, si tales deterioros impedían el uso para el cual fue ejecutada, se materializaba el riesgo cubierto por el amparo de estabilidad. Aunque las partes no lo pactaron expresamente, esta es una derivación de las reglas sobre el cumplimiento de las obligaciones: el acreedor tiene derecho a que el pago se haga “bajo todo respecto en conformidad al tenor de la obligación” y no puede ser “obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida” (C.C., art. 1627). En consecuencia, los daños causados porque el constructor se apartara de los parámetros de diseño le son atribuibles desde el punto de vista jurídico, al no cumplir su obligación de hacer —la confección de la obra— en la forma debida. En este caso, como señalaron los apelantes, el Tribunal no valoró de manera integral todos los medios de prueba. No obstante, la Sala advierte que el Consorcio Constructor, al emplear relleno fluido para la nivelación de la base de las losas de pavimento rígido en los tramos del corredor vial sin presencia de paraderos, se apartó de los parámetros de diseño. Además, esta “modificación del diseño” no fue aprobada conforme a las estipulaciones del contrato. Por lo tanto, el deterioro de las obras le resulta imputable bajo las condiciones del seguro de cumplimiento. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627 LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSORCIO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRUEBA DOCUMENTAL Problema jurídico: ¿Es jurídicamente imputable al contratista el uso del relleno fluido como material de nivelación en zonas no autorizadas por el diseño y las especificaciones de construcción? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [L]os diseños suministrados por el IDU y las especificaciones de construcción contemplaban la utilización del relleno fluido. No obstante, su empleo se encontraba expresamente limitado a actividades constructivas específicas: (i) conformar, junto con material granular, la base de las losas de pavimento rígido en las zonas de ampliación destinadas, entre otras, a la construcción de los paraderos de los buses articulados; y (ii) reparar los baches del pavimento existente y reconstruir su base en los sectores con deformaciones importantes, dado que esa estructura de pavimento —que existía entonces en la Troncal Caracas— se emplearía como base de las losas de concreto hidráulico. En el expediente está probado —y este hecho no fue controvertido por los demandantes— que el Consorcio Constructor se apartó de estos parámetros. Concretamente, a lo largo de los carriles de uso exclusivo de TransMilenio, sin presencia de paraderos, utilizó en la capa inmediatamente inferior a la losa de pavimento hidráulico relleno fluido, y no base asfáltica reciclada. (…) Si bien el Tribunal no sustentó su conclusión en un análisis integral de las pruebas, acertó al determinar que el IDU no motivó falsamente los actos demandados al señalar que el uso del relleno fluido como material de nivelación en la base de los carriles de uso exclusivo de TransMilenio implicó apartarse de los parámetros de diseño y de las especificaciones de construcción. LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATISTA / DEUDOR / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / INTERVENTORÍA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿Puede el contratista exonerarse de responsabilidad si el diseño modificado por él resulta ser defectuoso? Respuesta al problema jurídico: Si Aun si se admitiera —en gracia de discusión— que la inclusión de estas cantidades de obra en las actas firmadas por el Interventor, junto con el pago efectuado por la entidad estatal comitente de la obra, constituye una “modificación al diseño tácitamente aprobada”, la Sala estima que (i) los deterioros de la obra seguirían siendo imputables al contratista y (ii) no se excluiría su responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de garantizar su estabilidad. (…) En primer lugar, cuando el contratista introduce una modificación al diseño suministrado de la obra, es él quien define, bajo su criterio técnico, la solución de ingeniería que constituye el medio para alcanzar un fin: ejecutar una obra que cumpla las condiciones de durabilidad —por ejemplo, el período de diseño del pavimento— y de funcionalidad establecidas por el dueño. Se trata de una situación análoga a la del contratista que asume obligaciones de diseño y construcción, aunque limitada al aspecto modificado. La definición de una solución de ingeniería por parte del contratista implica que este asuma los riesgos inherentes a su adopción. Al incorporarla a su propia esfera de control, el contratista adquiere la capacidad para administrar los efectos derivados de la ocurrencia de los riesgos asociados con la alternativa técnica que decidió implementar. Ello comprende tanto los gastos en que deba incurrir durante la ejecución para resolver las diferencias entre el diseño modificado y las condiciones reales del terreno, como la obligación de responder por la integridad de la obra. En segundo lugar, un razonamiento a fortiori conduce a concluir que no es posible excluir la responsabilidad del Consorcio Constructor. Según la cláusula 29.15 de las CGC, (…) si el diseño suministrado por el dueño de la obra presentaba errores, omisiones o contradicciones que podían ser detectados en condiciones normales por un especialista, el contratista no se exoneraba de responsabilidad. Con mayor razón, debe concluirse que esta no se excluye cuando es el propio contratista quien define un parámetro del diseño —como la utilización del relleno fluido como material de nivelación de la base del pavimento— y esa decisión resulta ser, como quedó probado en el proceso, la causa determinante de las patologías que presentaron las losas. En tercer lugar, tratándose de un deudor profesional y experto en la actividad constructiva, si el contratista introduce por su cuenta y riesgo una modificación al diseño, no puede escudarse en una supuesta aprobación tácita para excluir su responsabilidad. Como ha señalado la Subsección, su calidad de experto en el desarrollo de la tarea que se le encomienda lo convierte en un verdadero colaborador de la Administración en el cumplimiento de sus fines estatales. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la actitud proactiva, diligente y eficiente que contribuya al logro del cometido estatal, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 64.033, may. 7/2021. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / LUCRO CESANTE / DAÑO EMERGENTE / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / SINIESTRO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / SEGURO DE DAÑOS / ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Vulnera el marco legal aplicable la inclusión del porcentaje de AIU en la cuantificación del perjuicio, cuando se hace efectiva la garantía por incumplimiento de la obligación de estabilidad de la obra? Respuesta al problema jurídico: No (…) [L]a Sala no considera que la cuantificación realizada por el IDU haya vulnerado las normas superiores señaladas en la demanda de Confianza. La inclusión del porcentaje de AIU en el presupuesto utilizado para determinar el valor de las obras de reparación de las losas —base para cuantificar el perjuicio— no implicó indemnizar un lucro cesante. Además, el IDU no hizo efectiva la garantía para obtener el pago del valor de reposición o reemplazo de un bien asegurado, sino para resarcir el perjuicio derivado del incumplimiento de la obligación de garantizar la estabilidad de la obra. (…) [L]a potestad de hacer efectiva esta clase de garantías mediante acto administrativo no excluye el deber de observar lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, que establece: “corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida”. De acuerdo con el artículo 1056 del mismo estatuto, ello implica atender las circunstancias de modo, tiempo y lugar que delimitan el riesgo asegurado y las exclusiones derivadas de esas condiciones. Además, debe respetarse lo previsto en el artículo 1088, conforme al cual los seguros de daños son contratos de mera indemnización y esta “podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”. El lucro cesante es un concepto definido legalmente (C.C., art. 28): denota la ganancia o provecho que deja de obtener el acreedor como consecuencia del incumplimiento, cumplimiento imperfecto o retardo en el cumplimiento de la obligación del deudor (C.C., art. 1614). En las condiciones del seguro de cumplimiento que dio origen a la póliza n.º 1094027 no se pactó expresamente que Confianza indemnizaría al IDU el lucro cesante derivado de los deterioros de la obra imputables al contratista. Sin embargo, el hecho de que en la determinación del perjuicio se incluyera el componente de utilidad —como parte del AIU— no implicó que el IDU incluyera la indemnización de una ganancia dejada de percibir por las fallas en las losas de pavimento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acreditación de las circunstancias del siniestro y las exclusiones derivadas de estas, ver: C.S.J., Sala de Cas. Civil, Sent. SC-2840, sep. 1/2022, Rad. 11001-31-03-001-2015-01057-01. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1056, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088 CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / SEGURO DE DAÑOS / VALOR ASEGURADO / PATRIMONIO PÚBLICO / AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / SUMA ASEGURADA / OBLIGACIÓN CONDICIONAL Problema jurídico: ¿Debe el asegurador, en el marco de un seguro de cumplimiento con amparo de estabilidad, indemnizar por el valor de reposición o reemplazo a nuevo del bien asegurado? Respuesta al problema jurídico: No , la Sala precisa que el artículo 1090 del Código de Comercio —norma presuntamente violada— dispone que el principio indemnizatorio de los seguros de daños (art. 1089) “no obsta para que las partes, al contratar el seguro, acuerden el pago de la indemnización por el valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado, pero sujeto, si a ello hubiere lugar, al límite de la suma asegurada”. Esta disposición legal reconoció en el derecho positivo la figura del seguro por valor de reposición o de reemplazo, también denominado seguro por valor a nuevo. Bajo esta modalidad, la prestación a cargo del asegurador, en caso de configurarse el siniestro, se determina en función del valor asegurado a nuevo y no del valor real del bien al cual se vincula el interés asegurable. De este modo, el asegurador asume la diferencia entre el valor nuevo y el valor real de los bienes asegurados —afectado por el demérito o la depreciación por uso—, es decir, como si aquellos fueran nuevos en el momento de la ocurrencia del riesgo trasladado. (…) El seguro de cumplimiento contratado con Confianza también participa de la naturaleza del seguro de daños. Sin embargo, no es de carácter real, sino patrimonial. Su finalidad es cubrir riesgos que no recaen sobre cosas determinadas, sino sobre el patrimonio —concebido como una universalidad jurídica— de la entidad pública asegurada, el cual puede verse menoscabado por el incumplimiento de las obligaciones de su contratista. Ahora bien, en el marco de un seguro de cumplimiento que incluye el amparo de estabilidad de la obra, el asegurador no asume la obligación condicional de pagar el valor de reposición o reemplazo a nuevo de un bien asegurado. Su débito es diferente: consiste en indemnizar los perjuicios derivados del eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista, entre ellas la garantía de estabilidad de la obra. En consecuencia, si se configura el siniestro, esto es, si el contratista incumple la obligación de garantizar la estabilidad, el asegurador debe indemnizar, sin perjuicio del límite de la suma asegurada (C. Co., art. 1079), la pérdida causada por dicho incumplimiento. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1079, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1089, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1090 GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PERJUICIO PATRIMONIAL / DAÑO FUTURO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO FUTURO / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Problema jurídico: ¿Vulnera el artículo 1090 del Código de Comercio la actuación del IDU al cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista sin aplicar un valor de reposición a nuevo? Respuesta al problema jurídico: No En este caso, el IDU no hizo efectiva la garantía como si cubriera el valor a nuevo de un bien asegurado. No, para hacer efectivo el amparo de estabilidad del seguro de cumplimiento constituido a su favor, la entidad estatal cuantificó los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del Consorcio Constructor de garantizar la estabilidad de la obra. En otras palabras, determinó el demérito patrimonial —de carácter futuro— causado por los deterioros que presentaron las losas de pavimento rígido, que impidieron el uso de la obra para el fin previsto y afectaron negativamente la prestación del servicio público de transporte de pasajeros. Por lo tanto, no se desconoció el art. 1090 del Código de Comercio. (…) Confianza no controvirtió que el costo en que debía incurrir la entidad para efectuar las reparaciones de las losas que presentaron fallos constituyera el perjuicio cierto, personal y directo vinculado al incumplimiento del contratista. Al margen de la inclusión del AIU en el cálculo, ya analizada, tampoco presentó argumentos contra la cuantificación realizada por la entidad. Por las razones expuestas, la Sala no considera atendible el cargo de nulidad formulado por Confianza por violación de los arts. 1077, 1088 y 1090 del Código de Comercio. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1090 COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / CONDENA POR TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / ACTUACIÓN PROCESAL / DISCRECIONALIDAD JUDICIAL Problema jurídico: ¿Debe la Sala imponer condena en costas cuando no se evidencia temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes? Respuesta al problema jurídico: No En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200400780021100103