Titulación de la relatoría 43.408 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / CALIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / DESIGNACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / IDENTIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO / REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / INTERÉS EN EL PROCESO / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS LEGÍTIMO / REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA DEMANDA / VINCULACIÓN AL PROCESO / DEMANDADO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto y, por tanto, a la posición que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo, de manera que estará legitimado en la causa, quien tenga la posibilidad de intervenir en el proceso para formular pretensiones o controvertirlas. En este sentido, esta Corporación ha dicho que quien formula las peticiones en el proceso y quien debe rebatirlas deben tener un interés legítimo en la declaración que se pretende, por lo que solo corresponderá hacer solicitudes contra ciertas personas, en la medida que cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido en la controversia. En ese orden, la legitimación en la causa está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, siendo un presupuesto fundamental a definir para la emisión de la respectiva sentencia. La legitimación que ostentan las partes para formular (activa) o contradecir (pasiva) las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación (por acción u omisión) en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria. En ese orden, por cuanto la exigencia de legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir la persona contra quien se dirige la demanda, esta Subsección ha indicado que la entidad contra la cual se dirigen las pretensiones debe estar vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual debe examinarse desde la óptica de las responsabilidades que le corresponden y el objeto del medio de control que se ejerce.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación en la causa ver sentencia de 29 de julio de 2022, Exp. 68115, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y auto del 27 de agosto de 2021, Exp. 67194, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PARTES DEL CONTRATO / EFECTOS DEL CONTRATO / RELACIÓN CONTRACTUAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEPARTAMENTO / ENTIDAD TERRITORIAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN JURÍDICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / HOSPITAL / ENTIDAD PÚBLICA / PERSONERÍA JURÍDICA / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia, por ser la entidad pública a quien se le imputa fáctica y jurídicamente el incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que refiere al caso concreto, atendiendo al principio de relatividad de los contratos, se deduce que la legitimación en la causa le asiste a los sujetos sobre los cuales recayeron los derechos y obligaciones pactados en el contrato que suscitó la controversia, pues como explica este principio, los contratos solo producen efectos entre las partes que lo celebraron, y, por ende, únicamente a ellas perjudican y aprovechan sus efectos. En el mismo sentido, esto significa que el contrato no daña ni beneficia a los que no han figurado en él como parte, proposición que los romanos denominaron como “res inter alios acta tertiis nec nocent nec prosunt”. Como ha sido explicado por esta Corporación, la legitimación en la causa en las controversias contractuales, la tienen, en principio, las partes que integran la relación jurídico contractual partes del negocio jurídico. Atendiendo a las pretensiones de la demanda y los hechos que las sustentan, no resulta jurídicamente procedente predicar una relación entre la responsabilidad contractual vinculada a los hechos que fundan el presente proceso con el Departamento del Valle del Cauca, toda vez que éste no fue parte en los negocios jurídicos que dieron origen a la controversia, ni adquirió obligación alguna frente al contratista en relación con su celebración o ejecución; además, a esa entidad no se le imputan bajo la demanda los hechos que determinaron el incumplimiento del contrato y los perjuicios alegados por la parte actora. En este sentido, la demandante funda la acción en que la contratante bajo los negocios jurídicos que motivan la acción, esto es, el Hospital Isaías Duarte Cancino, Empresa Social del Estado, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera , incumplió con sus obligaciones contractuales pues se negó a pagar los servicios efectivamente prestados y terminó anticipadamente el contrato, de donde derivan los perjuicios reclamados, lo que permite establecer la inexistencia de relación alguna entre el Departamento y el vínculo jurídico contractual a partir del cual, exclusivamente, la parte actora funda sus pretensiones. En consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Valle del Cauca (…). Por el contrario, bajo el mismo análisis efectuado, no hay duda de que el Hospital Isaías Duarte Cancino está legitimado en la causa por pasiva en el presente asunto.
PARTES DEL PROCESO / PARTES DEL CONTRATO / CAPACIDAD / CAPACIDAD PARA SER PARTE / DERECHO DE POSTULACIÓN / ALCANCE DEL DERECHO DE POSTULACIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE POSTULACIÓN / ACREDITACIÓN DEL DERECHO DE POSTULACIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / ATRIBUTOS DE LA PERSONA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA / ATRIBUTOS DE LA PERSONERÍA JURÍDICA / PERSONA NATURAL / REPRESENTACIÓN DE PERSONA NATURAL / CONCEPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL / ELEMENTOS DE LA PERSONA NATURAL / PERSONA JURÍDICA / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / REPRESENTACIÓN DE PERSONA JURÍDICA / RECONOCIMIENTO DE LA PERSONA JURÍDICA / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / NATURALEZA DE LA PERSONA JURÍDICA / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO / REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO
Problema jurídico:
¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre el particular y con el fin de precisar para todos los efectos el reconocimiento del demandante y contratista en el presente asunto en garantía de los derechos que le asisten tanto a éste como a la entidad contratante, la Sala considera necesario precisar, que: La capacidad jurídica consiste en la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, mientras que la capacidad procesal refiere a la facultad para comparecer ante las autoridades judiciales y ejecutar, por sí o mediante apoderado, los actos propios del derecho de postulación. Conforme a lo establecido por el artículo 1503 del Código Civil, la capacidad es predicable de las personas y dicho atributo se presume, y de acuerdo con sus artículos 73, 74 y 633, las personas son naturales o jurídicas; las primeras corresponden a cualquier individuo de la especie humana, mientras que las segundas son entes ficticios capaces, por definición, de ejercer derechos y contraer obligaciones, así como de ser representadas judicial y extrajudicialmente. De esta forma, la capacidad está asignada en principio a las personas, lo que no obsta para que la ley, misma de la que deriva dicho atributo, pueda dotar de capacidad a otros entes para determinados efectos, como sucede por ejemplo con los consorcios y uniones temporales, figuras que, si bien carecen de personalidad jurídica, están facultadas para contratar por expreso mandato legal.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 73, 74, 633, 1503
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / ELEMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / EMPRESA / CAPACIDAD PARA SER PARTE / FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE / CONTRATISTA / COMERCIANTE / CAPACIDAD DEL COMERCIANTE / PERSONA NATURAL COMERCIANTE / OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE / PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onforme a su definición legal contenida en el artículo 515 del Código de Comercio, el establecimiento de comercio corresponde a “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”, esto es, corresponden a un bien mercantil, integrado por nombres comerciales, marcas, mercancías, mobiliario, instalaciones y derechos sobre las invenciones, créditos y contratos de arrendamiento sobre locales destinados a su funcionamiento. Por tanto y al tratarse de una universalidad de bienes, los establecimientos de comercio pueden ser materia de enajenación, arrendamiento, usufructo, anticresis y cualquier otra operación que transfiera, limite o modifique su propiedad; sin embargo, no son equiparables a las personas, ni la ley les asignó capacidad jurídica al tiempo que no previó la posibilidad de que puedan ser representados, por lo que, la firma de un contrato por parte de un comerciante, en presunto nombre y representación del establecimiento de su propiedad, carece de cualquier fundamento jurídico. En idéntico sentido, por cuanto el establecimiento de comercio no es persona jurídica, ni tampoco se encuentra entre los entes a los que la ley, no teniendo personalidad, autoriza para ser parte en un proceso judicial, es claro que no tiene capacidad para ser parte ni para comparecer al proceso judicial. De esta forma, aun cuando el texto de los contratos (…) se expresó que el contratista era el establecimiento de comercio denominado Compu-Wan, representado por (…) [el señor] (…), siendo jurídicamente improcedente -así como materialmente imposible- que un establecimiento comercial, entendido como un conjunto de bienes, sea representado, ejecute las obligaciones de un contrato y ejerza los derechos derivados de éste, para la Sala es claro que quien concurrió al negoció jurídico fue el señor (…), comerciante propietario del establecimiento de comercio, quien asumió la posición contractual erróneamente endilgada a este último en el texto de los contratos indicados.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 515
CAPACIDAD PARA SER PARTE / PARTES DEL CONTRATO / PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / NEGOCIO JURÍDICO / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / LEASING / CONTRATO DE LEASING / AMPARO POLICIVO / ACTO PROPIO / PERSONA NATURAL / COMERCIANTE / CAPACIDAD DEL COMERCIANTE / ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / PODER DEL ABOGADO / ALCANCE DEL PODER DEL ABOGADO / CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El propietario del establecimiento de comercio es quien, como parte contratista de los negocios jurídicos que suscitan la controversia, tiene la capacidad para ser parte y para comparecer al juicio por intermedio de apoderado judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como lo evidencian las pruebas obrantes en el proceso, la realidad es que los contratos se tuvieron estructurados e iniciaron su ejecución mediante actuaciones desplegadas por el propietario del establecimiento, quien suscribió los negocios jurídicos así como los contratos de arrendamiento financiero para el suministro de los equipos necesarios para la prestación de los servicios contratados, suscribió la totalidad de oficios remitidos a la entidad contratante, solicitó el amparo policivo aducido en los hechos y, fue a él y no a otra persona, a quien la entidad contratante solicitó retirar los equipos dispuestos para la prestación de los servicios de radiología (…). Por tanto, la interpretación que cabe dar a los contratos objeto de controversia de conformidad con las realidades propias de su celebración y ejecución, otorgando un efecto útil a lo estipulado conforme las previsiones del artículo 1620 del Código Civil, es que éstos fueron celebrados entre el Hospital Isaías Duarte Cancino y el señor (…), quien obraba en nombre propio, como persona natural comerciante, y quien utilizaría para la ejecución de los negocios jurídicos los bienes constitutivos de su establecimiento comercial. En consecuencia, la Sala interpreta y aclara previo a decidir el presente asunto, que cuando el señor (…) otorgó poder para que se representara al establecimiento de su propiedad, realmente lo confirió para obtener la representación de sus intereses en el proceso como parte contratista de los negocios jurídicos (…). Por tanto, se tendrá para todos los efectos del presente proceso al señor (…) como parte contratista de los negocios jurídicos que suscitan la controversia, y, por ende, como parte demandante con capacidad para comparecer al juicio y legitimada en la causa del presente asunto para solicitar la declaratoria de incumplimiento y la consecuente indemnización de perjuicios.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la capacidad para ser parte, ver sentencia del 10 de febrero de 2021, Exp. 45397, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / ESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / FUNCIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / VINCULACIÓN A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / SECTOR DESCENTRALIZADO POR SERVICIOS / INTEGRACIÓN DEL SECTOR DESCENTRALIZADO POR SERVICIOS / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / PERSONERÍA JURÍDICA / PATRIMONIO AUTÓNOMO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / REGULACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD / CONTRATO DE SERVICIO DE SALUD / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TERCERIZACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿Los contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado para la prestación del servicio de salud, están regidos por las normas de derecho privado y pueden ser objeto de tercerización con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la contratación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 100 de 1993 establece en su artículo 194 que la prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado (ESE’s), entidades que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas departamentales o concejos municipales, según el caso. De esta forma y en lo que refiere a su naturaleza, las ESE´s, como Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) públicas, constituyen una nueva categoría de entidad estatal concebida con un objeto específico señalado por el legislador (la prestación del servicio de salud) y con unos propósitos constitucionales determinados (como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud) que justifican la existencia de una normatividad especial para su tratamiento. Respecto de su régimen jurídico, el artículo 195 de la misma normatividad establece que el objeto de las ESE’s debe ser la prestación de los servicios de salud como servicio público a cargo del Estado y como parte del servicio público de seguridad social, mientras que, en materia contractual, se regirán por el derecho privado sin perjuicio de que puedan discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. (…) Por su parte, la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, introdujo varias normas dirigidas a mejorar la gestión y viabilidad de las ESE’s, incluyendo en su artículo 59 la facultad expresa para que éstas desarrollen sus funciones mediante contratación con terceros, con ESE’s de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos. (…) Además, el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 dispuso que, con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la contratación, tales entidades podrán asociarse entre sí (…). En suma, y conforme al contexto normativo indicado, es claro que la ESE’s, para poder cumplir con su objeto social, bajo las normas que rigen la contratación entre particulares, pueden acudir a los diversos mecanismos y tipologías de contratación existentes con fundamento en la autonomía de la voluntad, incluyendo la posibilidad de tercerizar o externalizar bienes, obras o servicios para el desarrollo de su especial objeto social y propósito constitucional.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prestación del servicio de salud por las Empresas Sociales del Estado, ver sentencia de la Corte Constitucional C 665 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y sentencia C 171 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1876 DE 1994 - ARTÍCULO 16, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 194, 195, LEY 1438 DE 2011 - ARTÍCULO 59, 76, LEY 344 DE 1996 - ARTÍCULO 83
IPS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA IPS / OBLIGACIONES DE LA IPS / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA IPS / CONTRATISTA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿La habilitación y certificación legal para la prestación de los servicios de salud fue otorgada al Hospital?
Respuesta al problema jurídico: Si
La administración pública realiza su actividad o gestión, o presta los servicios públicos a su cargo, en forma directa o indirecta, en este último caso, a través del contrato de concesión pública, el cual tiene por objeto confiar u otorgar a una persona natural o jurídica beneficiaria (concesionario), la ejecución, operación, explotación, organización, gestión o prestación del servicio público que corresponde a la entidad, caso en el cual, el concesionario no actúa por cuenta de la administración o a nombre de ella, sino por cuenta propia, operando en consecuencia una verdadera delegación por parte de la entidad pública concedente de cierta parte de su actividad. La Ley ha asignado a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) la función de la prestación del servicio público de la salud en su nivel de complejidad a los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud; sobre el particular, el Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, aplicable a todos los prestadores, señala como uno de sus componentes el Sistema Único de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, definido como el conjunto de normas mediante las cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de condiciones básicas de capacidad tecnológica científica y administrativa, y suficiencia patrimonial y financiera, para la seguridad del usuario en la prestación de los servicios, todas ellas de obligatorio cumplimiento. El Decreto 1011 de 2006 prevé el registro de todos los prestadores en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, registro a partir del cual “el Prestador de servicios de salud se considera habilitado para ofertar y prestar los servicios declarados” (…). La habilitación y certificación legal para la prestación de los servicios de salud fue otorgada al Hospital Isaías Duarte Cancino, por lo que no podía ser delegada o concesionada al señor (…), quien no ostentaba tal habilitación, y quien, de hecho, no es un prestador de servicios de salud (IPS), sino un comerciante en actividades de apoyo de diagnóstico, procesamiento de datos, telecomunicaciones inalámbricas y equipos de cómputo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1011 DE 2006
ATIPICIDAD CONTRACTUAL / CONTRATO ATÍPICO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ATÍPICO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / TERCERIZACIÓN / SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / CONTRATO ACCESORIO / PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA / CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / LEGALIDAD DEL CONTRATO / LEGALIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RECURSOS PÚBLICOS / CONTRATO ENTRE PARTICULARES / HOSPITAL / COMERCIANTE / PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Problema jurídico:
¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato atípico celebrado entre el Hospital y el propietario del establecimiento de comercio como contratista, cuyo objeto fue tercerizar el servicio de imagenología, como parte del servicio público de salud a cargo del Hospital?
Respuesta al problema jurídico: No
Atendiendo a las prestaciones pactadas en los acuerdos suscritos por las partes, la intención del Hospital contratante reflejada en las consideraciones consignadas en ellos, la materia sobre la cual éstos recayeron y bajo una interpretación que permita dotarlos de efectos jurídicos, la Sala encuentra, que: Aunque las partes lo hubieren denominado como de concesión, el contrato (…) corresponde realmente a un negocio jurídico atípico, cuyo objeto fue tercerizar o externalizar el servicio de imagenología, como parte del servicio público de salud a cargo del Hospital, debido a que no contaba con los equipos necesarios para ello, como tampoco con el presupuesto para adquirirlos. Por su parte, los contratos (…), son contratos accesorios al anterior, los cuales tenían por objeto el cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante en materia presupuestal para asegurar el pago del ochenta por ciento (80%) del recaudo efectuado por el Hospital por la prestación de los servicios, valor que le correspondía al contratista como contraprestación. Se trataba de un contrato de tercerización o externalización de servicios de salud, donde el Hospital prestaba, facturaba y recaudaba el servicio de imagenología, cuya ejecución la realizaba a través de un tercero que, por lo mismo, actuaba en su nombre. Ese tercero adquiría los equipos, pagaba un canon de arrendamiento por el espacio utilizado y, por razón del servicio prestado en nombre de la ESE, remuneraba su actividad e inversión con una participación en el recaudo. El contrato así estructurado, no tiene tacha de ilegalidad a la luz de los artículos 195 de la Ley 100 de 1993 y 59 de la Ley 1438 de 2011, en tanto (1) no exigía requisito distinto a los requeridos para la contratación entre particulares, y por cuanto (2) el Hospital demandado podía desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros al no contar con los recursos para hacerlo directamente. Tal negocio jurídico contaba con las características del servicio acordado, coincidentes con lo expresado por la Superintendencia Nacional de Salud en relación con la tercerización. (…) De esta forma, en tanto los contratos (…) no eran de concesión en los términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993, la Sala revocará la decisión de primera instancia que los declaró absolutamente nulos.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195, LEY 1438 DE 2011 - ARTÍCULO 59, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / HOSPITAL / TERCERIZACIÓN / SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD POR PARTICULARES / CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBJECIONES DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / PAGO AL CONTRATISTA / FACTURA / FACTURACIÓN / REQUISITOS DE FACTURACIÓN / PAGO DE LA FACTURA / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EXIGIBILIDAD DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / FALTA DE COMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDADA / INDICIO GRAVE / INDICIO EN CONTRA
Problema jurídico:
¿Se acreditó un incumplimiento por parte del Hospital de sus obligaciones contractuales tendientes a asegurar la disponibilidad presupuestal para el pago de los servicios de imagenología prestados por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o hay duda de que el Hospital Isaías Duarte Cancino incumplió el acuerdo de voluntades. Se llega a esta conclusión por cuanto, mientras la parte actora allegó diversos elementos de prueba donde se revela que el Hospital contrató la prestación de los servicios, recibió la detallada facturación allegada al proceso, no la objetó o desconoció, y que pese a los diversos requerimientos, omitió el cumplimiento de sus obligaciones contractuales tendientes al pago de la remuneración pactada; por su parte, el Hospital contratante no se opuso o desconoció tales circunstancias fácticas, pues en adición a no contestar la demanda ni aportar algún medio de prueba, al alegar de conclusión. se opuso a las pretensiones (…). El contratista debía presentar debidamente diligenciada la factura al Hospital de conformidad con el número de estudios realizados durante el periodo correspondiente (…). El Hospital por su parte debía asegurar la disponibilidad presupuestal para cancelar el porcentaje del recaudo pactado a favor del contratista, así como certificar su conformidad con el contenido de las facturas presentadas por éste. En relación con estos requisitos y cargas en cabeza de las partes, (…) está acreditado que si bien el contratista en efecto facturó los servicios prestados, allegando la relación pormenorizada de los exámenes realizados, la entidad contratante por su parte, omitió dar cumplimiento a su obligación de asegurar la disponibilidad presupuestal y certificar los servicios prestados, o de oponerse a éstos o algunos de ellos, aun frente a los requerimientos del contratista; el acervo probatorio denota que el Hospital prestó los servicios de imagenología a través del contratista, recibió las facturas expedidas por éste y se limitó a guardar silencio, tanto en relación con los servicios facturados, como frente al pago a favor del demandante, incluso cuando este último solicitaba explicaciones en ejercicio del derecho de petición. En consecuencia, la entidad demandada no puede escudarse y eximirse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, contraídas bajo el contrato principal, con fundamento en la falta de un documento o de un requisito contractual, como la apropiación presupuestal y la celebración de contratos accesorios, que dependían de ella y que, pese a los requerimientos del contratista, decidió no atender. (…) [E]l contratista continuó prestando los servicios legítimamente, (…) al tratarse de un servicio permanente e ininterrumpido, siendo causal de incumplimiento y terminación anticipada del contrato la contravención de esa estipulación. Debe indicarse además, que, en adición a no haberse manifestado en contrario respecto de esa falta de colaboración para el cumplimiento de los requisitos que ahora extraña, la parte en el presente asunto no compareció ni justificó su inasistencia a la audiencia de conciliación prejudicial convocada por la parte actora, no contestó la demanda y tampoco aportó los documentos que se le requirieron por el Tribunal en el presente asunto, posición que la ley determina como constitutiva de indicio grave en su contra, y que coincide con la que los medios de prueba apuntan asumió durante la ejecución del contrato.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / DURACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La entidad pública contratante terminó anticipada, unilateral e injustificadamente el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte y respecto la presunta terminación anticipada del contrato sin justa causa por parte de la entidad demandada, las pruebas allegadas evidencian lo siguiente: Conforme al objeto del contrato de tercerización suscrito , la entidad demandada otorgaba y garantizaba al contratista durante su vigencia “la exclusividad para la explotación (…) respecto a todo lo relacionado con la atención médica en el área de toma e interpretación de los estudios de imaginología (sic) dentro del hospital Isaías Duarte Cancino”. En la cláusula quinta se pactó que el contrato tendría una duración de cinco (5) años, (…) mientras que en la cláusula novena las partes definieron que solo podría terminarse anticipadamente por “Mutuo acuerdo entre las partes, el cual debe constar por escrito” y en caso de “participación del CONCESIONARIO en cese de actividades, suspensión o alteración los servicios asistenciales o administrativos”. (…) [E]l Hospital demandado decidió anticipada, unilateral e injustificadamente, no continuar con la ejecución del contrato, y a partir del desconocimiento de sus obligaciones principales bajo el mismo, e incluso, usando la fuerza, obstaculizó, impidió y frustró la posibilidad de que este fuera ejecutado por el término restante de su vigencia conforme a su plazo inicial.
INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / NORMATIVIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / CÓDIGO DE COMERCIO / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / INCOMPATIBILIDAD DE LA INDEXACIÓN CON EL INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / CONSTITUCIÓN EN MORA / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PERJUICIO MATERIAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de perjuicios materiales y de intereses moratorios a favor del contratista por el incumplimiento del contratante en el pago de los servicios de imagenología prestados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala reconocerá el pago de los servicios prestados, que fueron facturados por el contratista y que no fueron objetados por la entidad contratante, quien además no negó el hecho de no haberlos pagado, al consistir en la contraprestación a la que tenía derecho y principal obligación de la entidad, y al haberse verificado que los valores facturados en efecto corresponden al ochenta por ciento (80%) del recaudo por los servicios prestados en cada periodo, plenamente detallados e identificados en sus anexos, conforme a lo pactado en el contrato. Considerando que las partes no pactaron el tipo y tasa de los intereses moratorios exigibles, atendiendo al régimen y naturaleza comercial de los negocios jurídicos, resultan aplicables las previsiones en materia de intereses moratorios del Código de Comercio conforme a lo dispuesto en sus artículos 1 y 11, bajo la regla supletiva de su artículo 884 (una y media vez el bancario corriente), norma que “determina la tasa o el monto de los intereses comerciales en caso de mora, en todos los diferentes eventos en que pueda haber lugar a éstos”. Por su parte, la indexación solicitada por el demandante sobre las sumas adeudadas será negada en la medida que los intereses comerciales a reconocer, a diferencia de los civiles, son excluyentes con la actualización o indexación pues por su naturaleza, contienen un componente inflacionario que excluye la posibilidad adicional de actualizar o traer a valor presente el capital debido. En lo que refiere al momento desde cuando éstos deben ser reconocidos en el caso concreto, la Sala advierte que no existen previsiones contractuales ni elementos fácticos en las pruebas que permitan determinar desde cuando la entidad demandada incurrió en mora por el no pago de los servicios prestados (…). En consecuencia, debe acudirse al numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil, de conformidad con el cual, en tanto no se trata de una obligación con un término estipulado, y por cuanto no se trata de una prestación que solo ha podido ser ejecutada dentro de cierto tiempo, el deudor solo está en mora “cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”. En este orden de ideas, conforme a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 90 del CPC, por cuanto el auto admisorio de la demanda (…) fue notificado personalmente a la parte demandada (…), es a partir de esta última fecha en la que el demandado se constituyó en mora de pagar la obligación dineraria, por lo que, a partir del día siguiente (…) deberán ser calculados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento de intereses moratorios ver sentencia del 24 de mayo de 2000, Exp. 17456, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia del 3 de septiembre del 2009, Exp. 2001-03173, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y sentencia del 24 de junio de 2004, Exp. 24935, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1, 11, 884, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 3
LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / CLASES DE LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE / PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DIFERENCIA ENTRE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / DAÑO CIERTO / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para el reconocimiento del lucro cesante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se concibe como lucro cesante el ingreso o ganancia neta frustrada a consecuencia del acto dañino, o en otros términos, corresponde al no incremento en el patrimonio del afectado, en este caso, con ocasión del incumplimiento del contrato; en consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con el daño emergente, donde el valor económico salió o saldrá del patrimonio, en el lucro cesante, el valor económico no entró o no entrará en el patrimonio del lesionado con ocasión de un daño cierto, en la medida que el damnificado tenía un acreditado derecho legítimo a la percepción de estos lucros al momento del evento dañoso. Como es natural, para el reconocimiento del lucro cesante, corresponde a la parte actora acreditar haber sufrido un daño cierto, pero tal certeza, atendiendo a la naturaleza de esta clase de daño. (…) De esta forma, si bien la prueba del lucro cesante es sin duda un asunto complejo, en tanto y en cuanto corresponde a circunstancias que se proyectan en el futuro, y por ende, vinculadas siempre a un cierto grado de incertidumbre o aleatoriedad al depender de múltiples factores externos, aleatorios, e incluso, a la propia conducta futura y desconocida del acreedor, tales razones no pueden excluir su indemnización, especialmente cuando, como en el presente caso, se trata de un lucro justificado en el contrato, que en el orden normal de las cosas, el demandante habría llegado a obtener de no haberse producido el incumplimiento de la entidad demandada, al terminar intempestiva, anticipada e injustificadamente el vínculo negocial, estando en consecuencia acreditado un daño real y efectivo ocasionado a la parte actora.
INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DEBERES DEL CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD / PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD / OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento del perjuicio material bajo la modalidad de lucro cesante por los ingresos que el contratista pudo haber percibido por la ejecución total del contrato de no haberse terminado anticipadamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala estima que es altamente probable que el contratista hubiese continuado prestando los servicios objeto del contrato por el periodo restante del plazo inicialmente pactado (…). Lo anterior tiene sustento en que mientras en el expediente está acreditado que el contratista contaba con las condiciones, equipos, personal, y en general, con los recursos necesarios para la prestación del servicio, como en efecto lo venía haciendo, servicio que como se pactó en el contrato y atendiendo a su naturaleza, era constante, ininterrumpido y permanente durante todo el plazo contractual, no hay indicio de alguna circunstancia fáctica o jurídica que hubiese impedido al contratista continuar con la actividad bajo las mismas condiciones. En ese orden de ideas, tomando como referencia los acreditados valores facturados durante el tiempo que se ejecutó el contrato (…), la Sala determinará la suma que el contratista razonablemente habría facturado durante el plazo restante, a partir del cálculo de la facturación media mensual multiplicada por los meses en que el contrato dejó de ejecutarse por causas imputables a la entidad contratante (…). En el caso concreto no se determinó una utilidad en el contrato, ni se allegó la propuesta del contratista o algún documento precontractual pese haber sido requeridos a la entidad demandada; De esta forma, por cuanto no existen pruebas para establecer con certeza el porcentaje que habría de corresponder a la utilidad esperada, la Sala acudirá a los criterios jurisprudenciales establecidos para fijar tal emolumento. En este sentido, el concepto a reconocer será la utilidad neta, entendida como la ganancia final prevista, sin incluir sumas por costos directos e indirectos, ni los gastos de administración e imprevistos en los que no tuvo que incurrir el proponente para ejecutar el contrato. Por otra parte, con apoyo en los pronunciamientos de esta Subsección, donde ha afrontado la misma situación de indefinición, se acudirá a las reglas de la experiencia y la sana crítica para efectos de calcular la indemnización que se debe, según las cuales, quienes pretenden celebrar contratos con el Estado, comúnmente calculan un cinco por ciento (5%) de utilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento del lucro cesante, ver sentencia del 11 de mayo de 2022, Exp. 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 12 de mayo de 2016, Exp. 49025, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 12 de noviembre de 2014, Exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asuntos regidos por el CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del CCA, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante haya actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55