Titulación de la relatoría 14.452 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REFORMA DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad de las pretensiones de incumplimiento contractual y nulidad de los actos de terminación y liquidación unilateral, incorporadas mediante reforma de la demanda, circunstancia que impide su análisis judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala ha reconocido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. (...) Como se recuerda, la parte apelante enfiló sus motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia, en síntesis, frente a la valoración probatoria de la conducta de las partes (la ausencia de acta de inicio, las modificaciones introducidas por la entidad, y la diligencia del contratista), los hechos constitutivos de fuerza mayor y de la teoría de la imprevisión (las emergencias climática y sanitaria), así como el alcance del principio de planeación y del desequilibrio económico del contrato. (...) Como se observa, el cuestionamiento de la parte actora giró en torno a la apreciación del comportamiento negocial de los contrayentes, y la incidencia de los eventos sobrevinientes sobre el cumplimiento de las prestaciones pactadas, y no se dirigió a cuestionar el razonamiento del Tribunal de abstenerse de examinar la legalidad de los actos de terminación y liquidación unilateral. (...) Ahora bien, en este punto la Sala aprecia que, en el caso concreto, la valoración sobre la validez de aquellos instrumentos no podía siquiera efectuarse, en la medida que las pretensiones correspondientes, introducidas con la reforma de la demanda, fueron formuladas después de que se consumó el término de la caducidad de la acción judicial. (...) Al efecto, es necesario recordar que el proceso contencioso-administrativo deben acreditarse una serie de presupuestos que condicionan no solo su nacimiento válido sino su normal desarrollo y culminación mediante una providencia con carácter de sentencia de fondo o de mérito. (...) De allí que surja para el juez el deber de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito”, y la obligación de efectuar el análisis pertinente, a fin de adoptar el remedio que procesalmente corresponda, aun cuando el asunto se encuentre en estado de dictar sentencia -de única, primera o segunda instancia- y a pesar de que la cuestión no haya sido planteada por las partes en las etapas anteriores. Así, el análisis de, entre otros, el ejercicio oportuno de la acción, como uno de tales presupuestos, debe hacerse por la Sala. (...) conforme a la postura unificada de la Sección Tercera de esta Corporación, el término de caducidad constituye un único lapso en el que se puede accionar y manifestar las solicitudes que se deseen conforme a la fuente de interés correspondiente y al tiempo fijado por la ley según la controversia que se deba ventilar ante la jurisdicción. Término que sólo puede ser suspendido pero no interrumpido, de tal forma que su contabilización continua hasta su culminación. (...) En el sub examine, se tiene que: (i) el último de los actos demandados -la resolución 486 de 2021, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto que terminó y liquidó unilateralmente el acuerdo- fue proferido el 22 de noviembre de esa anualidad y notificado el 27 de noviembre siguiente; (ii) el término bienal señalado en el artículo 164, num. 2, lit.j)- iv) del CPACA comenzó a correr el 28 de noviembre de 2021; (iii) la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 20 de noviembre de 2023 y la constancia correspondiente fue expedida el 13 de febrero de 2024; y (iv) la demanda primigenia fue radicada el 19 de febrero de 2024, esto es, a falta de 3 días para el vencimiento del término correspondiente. Sin embargo, la solicitud de conciliación relacionada con las pretensiones incorporadas en la reforma de la demanda -incluidas las de nulidad de los actos en cuestión- fue presentada el 5 de junio siguiente y el escrito reformatorio radicado el 25 del mismo mes y año, esto es, 4 meses y 3 días después del vencimiento de los 2 años con los que contaba el extremo activo para desplegar ese acto procesal. (...) En consecuencia, la reforma de la demanda no podía admitirse, de manera que los pedimentos encaminados a la declaratoria de incumplimiento del contrato materia de debate, así como a la invalidación de los actos que lo liquidaron unilateralmente, no podían integrar la litis ni ser objeto de pronunciamiento por el Tribunal. Esa conclusión, que impone declarar probada la excepción de caducidad respecto de las pretensiones incorporadas en aquel libelo, repercute por contera en la forma como debe abordarse la solución a las censuras del apelante. (...) Ante este panorama, la Sala habrá de dilucidar si es viable incidir en las cuestiones formuladas en la alzada, dada la ausencia de pretensión de nulidad en contra de los actos administrativos que liquidaron el negocio debatido.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Corte Constitucional, sentencia SU-061 de 2018. Sobre los presupuestos procesales, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de marzo de 2012, exp. 22168, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de mayo de 2011, exp. 1996-11460-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 25 de mayo de 2016, exp. 40.077, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 30 de agosto de 2024, exp. 70771, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 1.º de septiembre de 2025, exp. 72801, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 1.º de septiembre de 2025, exp. 70814, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 3 de diciembre de 2025, exp. 73188, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALTA DE REQUISITOS DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Deben prosperar las pretensiones de incumplimiento y desequilibrio económico del contrato cuando los actos administrativos que dispusieron su liquidación unilateral conservaron su presunción de legalidad ante la caducidad del medio de control para controvertirlos?
Respuesta al problema jurídico: No
De la ausencia de demanda contra los actos administrativos que liquidaron el contrato (...) La Subsección encuentra que los cargos de apelación formulados -que se refirieron a la valoración de la conducta negocial de las partes- no pueden ser abordados, conforme al siguiente razonamiento: (...) El pacto en disputa estuvo gobernado por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en tanto: (i) fue celebrado por el municipio de Providencia y Santa Catalina (que hace parte de la relación de “entidades estatales” que efectúa el artículo 2 de la Ley 80 de 1993); (ii) el objeto contractual se inscribe en la categorización contenida en el artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993; y (iii) no se advierte norma alguna que exceptúe este acuerdo de voluntades -por su objeto o por la calidad de la entidad pública- de la aplicación del señalado estatuto. En ese orden de ideas, los instrumentos impugnados, por medio de los cuales la entidad demandada terminó y liquidó unilateralmente el contrato, tienen la naturaleza de actos administrativos. (...) Con esa plataforma, debe señalarse, conforme a la jurisprudencia de esta Subsección, que en la liquidación del contrato se concreta lo sucedido durante su ejecución, no sólo mediante la comprobación genérica de las actividades desarrolladas, sino con “la definición del balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico (…) en aras de mantener la equivalencia de las prestaciones pactadas, según el mandato del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y poder llegar al cierre definitivo del contrato” (...). Por consiguiente, cuando se ha producido -por vía de liquidación- el cierre de un acuerdo de voluntades, mediante actos de carácter administrativo, cualquier reconocimiento de emolumentos o conceptos que impliquen contradecir, adicionar o modificar dicho balance, debe transitar necesariamente por la invalidación de las manifestaciones estatales de voluntad que, por definición, se oponen a esa finalidad. (...) En ese orden de ideas, como los actos a través de los cuales se produjo la liquidación del vínculo negocial no fueron objeto de cuestionamiento en sede judicial -por razón de la caducidad en punto del contenido de la reforma de la demanda-, la presunción de legalidad que los cobija no fue desvirtuada. Así, en tanto las manifestaciones de voluntad que pretendieron censurarse en el caso concreto no integraron el objeto de la litis, tal presunción no puede ser despojada oficiosamente por la Sala, pues el control de validez que efectúa la jurisdicción sobre actos administrativos es de carácter rogado. (...) Por consiguiente, en la medida que el ajuste a derecho de los instrumentos en mención es jurídicamente incontrovertible, la jurisdicción debe estarse a lo resuelto en ellos, de manera que los cargos de la demanda -relacionados con el incumplimiento y el desequilibrio del acuerdo de voluntades debatido-, así como los del recurso de apelación -que se restringieron, se recuerda, a la valoración probatoria efectuada por el a quo sobre la conducta de las partes y los hechos constitutivos de fuerza mayor, al análisis de la teoría de la imprevisión, al alcance del principio de planeación y al desequilibrio económico del contrato-; deben ser despachados de forma negativa. (...) En orden a lo expuesto, se modificará el fallo apelado, para: (i) declarar probada la excepción de caducidad respecto de las pretensiones introducidas en la reforma de la demanda -relacionadas con la nulidad de las resoluciones n° 384 y 486 de 2021, así como la declaración de incumplimiento contractual del demandado-; y (ii) confirmar la negativa de las demás.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el acto de liquidación del contrato, ver: Sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp. 72111, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, citando la sentencia del 1.º de diciembre de 2023, exp. 62067, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 31 de enero de 2019, exp. 37910, C.P. María Adriana Marín. Sobre la presunción de legalidad del acto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2019, exp. 0520-10, C.P. William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y fijar agencias en derecho a favor de la parte demandada, cuando el recurso de apelación resulta impróspero y el apoderado judicial de esta última presenta pronunciamiento frente a la alzada?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y lo establecido en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues la alzada resultó impróspera. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. (...) Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial (quien allegó pronunciamiento frente a la alzada), se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia, en favor del municipio de Providencia y Santa Catalina, que se dividirá entre los miembros del Consorcio Thamira’s VIS -(...) y Thamira’s Ingenieros Constructores S.A.S.-, en proporción a su porcentaje de participación en dicha figura asociativa.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 46.206 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 88001-23-33-000-2024-00009-01 (74541)
Demandante: Consorcio Thamira’s Vis
Demandado: Municipio de Providencia y Santa Catalina
Referencia: Controversias contractuales
Temas: DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Cuando se ha liquidado el pacto unilateralmente
mediante actos administrativos, quien alega la ruptura debe solicitar la declaratoria de nulidad de aquellos
instrumentos. / REFORMA DE LA DEMANDA – Debe observar los presupuestos procesales, incluida la
oportunidad para el ejercicio de la acción.
1. La Sala decide la segunda instancia a propósito del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de marzo
de 2026 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que negó las súplicas de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El 20 de diciembre de 2019, el municipio de Providencia y Santa Catalina 1 y el
consorcio Thamira’s VIS 2 celebraron un contrato que tuvo por objeto la
construcción de viviendas de interés social. La entidad territorial terminó y liquidó
unilateralmente el negocio -sin que se hubiese iniciado formalmente la
ejecución‑, por lo cual el contratista pretendió la anulación de los actos que así
lo dispusieron, así como la ruptura del equilibrio económico del contrato y la
declaratoria de incumplimiento por parte de la entidad. De forma consecuencial,
solicitó que se ordene el pago de los gastos en los que incurrió para preparar el
inicio de la obra.
ANTECEDENTES
Demanda
3. El 19 de febrero de 2024 3, el consorcio presentó demanda de controversias
contractuales contra el municipio, elevando las siguientes pretensiones, que se
transcriben con sus propios énfasis y posibles errores4:
“PRIMERO: Que se declare que entre el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA ISLAS identificado con el N.I.T. 800.103.021 -1, y el CONSORCIO
THAMIRA´S VIS representado legalmente por HARTLEY ABRAHAMS CHOW,
1 En adelante, también, la entidad territorial, el contratante, municipio demandado o accionado.
2 Integrado por Héctor Hernando Castellanos Zuluaga (con participación del 70%) y Thamira’s Ingenieros
Constructores S.A.S. (con el 30%), de conformidad con el documento de constitución visible en el índice 006
del aplicativo SAMAI, en primera instancia. En lo sucesivo, igualmente, Thamira’s, el contratista, consorcio,
demandante o accionante.
3 Archivos “3RADICACIONYRE_ACUSEREPARTOPDF(.pdf)” y “ 5RADICACIONYRE_DEMANDA.pdf”, índice
001 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
4 La demanda fue objeto de reforma (índice 017, ibidem), la cual fue admitida en providencia del 29 de julio de
2024 (índice 019, ibidem). La transcripción pertenece al escrito introductori o reformado, que consistió en la
adición de las pretensiones segunda, tercera y quinta, esto es, las dirigidas a obtener la nulidad de los actos
acusados y la declaratoria de incumplimiento de la demandada.
Radicación: 88001-23-33-000-2024-00009-01 (74541)
Demandante: Consorcio Thamira’s Vis
Demandado: Municipio de Providencia y Santa Catalina
Referencia: Controversias contractuales
2
identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.004.431 expedida en san Andrés islas, se
suscribió contrato de obra pública N° 1510 de 20 diciembre de 2019, cuyo objeto era
‘CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCC IÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA’.
SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 384 del 03 de septiembre de
2021 por medio de la cual ’POR LA CUAL SE TERMINA ANTICIPADA, UNILATERAL Y
SE LIQUIDA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1510 DE 20 DE NOVIEMBRE DE
2019 SUSCRITO ENTRE CONSORCIO THAMIRA´S VIS Y EL MUNICIPIO DE
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.’
TERCERO: Que se declare la nulidad de la resolución No 486 del 22 de noviembre de
2021 por medio de la cual ’POR MEDIO DE LA CUAL EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA ISLAS DECIDE SOBRE EL RECURSO DE REPOSICIÓN
FORMULADO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 384 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE
2021 “POR LA CUAL SE TERMINA ANTICIPADA, UNILATERAL Y SE LIQUIDA EL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1510 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 SUSCRITO
ENTRE EL CONSORCIO THAMIRA´S VIS Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA ISLAS’ confirmado en todos los aspectos la primera actuación resolución No.
384 del 03 de septiembre de 2021.
CUARTO: Que se declare que el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ISLAS identificado con el N.I.T. 800.103.021-1, rompió el equilibrio económico del contrato
de obra pública N° 1510 de 20 diciembre de 2019, cuyo objeto era ’CONTRATAR LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO
DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA’ , por cuanto a la fecha no ha cancelado al
CONSORCIO THAMIRA´S VIS representado legalmente por HARTLEY ABRAHAMS
CHOW, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.004.431 expedida en san Andrés
islas , pago alguno por las actividades contratadas y ejecutadas en el marco del contrato
de obra pública N° 1510 de 20 diciembre de 2019.
QUINTO: Que se declare que el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ISLAS. es contractual y administrativamente responsable por el incumplimiento del
contrato de obra pública N° 1510 de 20 diciembre de 2019, cuyo objeto era ‘CONTRATAR
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA’., por cuanto incumplió las
obligaciones contenidas en el contrato principal, pliego de condiciones y estudios previos
del proceso de selección.
SEXTO: Se condene al MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
identificado con el N.I.T. 800.1 03.021-1, y representado legalmente por su Alcalde
BERNARDO BENITO BENT WILLIASM, identificado con la cédula de ciudadanía N°
18.005.274 o quien haga sus veces al momento de la presente solicitud, al pago de
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHEN TA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS DOS PESOS ($950.989.202,00) más intereses a favor de mi representado,
dejando por fuera de la ecuación contractual la indexación que se haya podido causar con
ocasión a la demora injustificada en el pago del valor requerido por co ncepto de
incumplimiento por parte de la entidad estatal.
SEPTIMO: Se condene al MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
identificado con el N.I.T. 800.103.021-1, a pagar la indexación de la suma referida en la
pretensión anterior, al momento del pago.
OCTAVO: Se condene en costas y gastos procesales al MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA ISLAS identificado con el N.I.T. 800.103.021-1”.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
5. Mediante resolución 837 de 2019, la entidad territorial dio apertura a la Licitación
Pública LP-012-2019, con el fin de escoger un oferente para “contratar las obras
de construcción de viviendas de interés social en el municipio de Providencia y
Santa Catalina”.
Radicación: 88001-23-33-000-2024-00009-01 (74541)
Demandante: Consorcio Thamira’s Vis
Demandado: Municipio de Providencia y Santa Catalina
Referencia: Controversias contractuales
3
6. El proceso de selec ción fue adjudicado al demandante y el contrato
correspondiente se suscribió el 20 de diciembre de 2019. El valor pactado fue
de $3.817’079.7775.
7. En abril de 2020, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) adjudicó el contrato de interventoría de obra, “teniendo en cuenta que
era una de las obligaciones a cargo de dicha unidad en virtud del convenio
interadministrativo que le otorgada al municipio de providencia y santa catalina
recursos y facultades para contratar las obras de infraestructura” (sic).
8. A través del oficio RL -INTERPROVI-9677-PPAL001311-2020-004, la
interventoría solicitó la programación de obra y suministros al consorcio. El 21
de septiembre de 2020, éste dio respuesta a dicho requerimiento, informando
que las primeras 15 unidades de vivienda arribarían a la isla de Providencia entre
el 1° y el 10 de octubre de 2020, lo que reiteró en comité celebrado con la
UNGRD el día 25 siguiente.
9. Mediante oficio SI 02-2020-209, la secretaria de infraestructura (supervisora del
contrato) manifestó que el traslado de material de obra era una actividad
exclusiva del contratista, y que dicha dependencia “tiene conocimiento que (sic)
el día viernes 9 de octubre, arribó el primer lote de 15 casas por vía marítima al
municipio”. Adicionalmente, el 4 de diciembre de 2020, se envió el conocimiento
de embarque n.° 396 de las 15 unidades de vivienda, a nombre del consorcio,
prueba de que se realizó el transporte marítimo desde la ciudad de Cartagena.
10. Por medio de resolución n.° 384 del 3 de septiembre de 2021, la entidad territorial
terminó y liquidó unilateralmente el contrato, acto confirmado con la resolución
n.° 486 del 22 de noviembre de siguiente -que decidió el recurso de reposición
propuesto por el demandante-.
11. Esas determinaciones fueron adoptadas sin considerar que el contratista había
desplegado actividades preparatorias encaminadas al cumplimiento del objeto
negocial, incurriendo en gastos relacionados con el acopio y transporte de
materiales al lugar de ejecución, alistamiento de personal, adquisición de pólizas
y arrendamiento de bodegas, labores que no fueron reconocidas a pesar de que
la interventoría y la supervisión tuvieron conocimiento de ellas.
12. Como fundamentos de derecho, la demandante invocó los artículos 4, 5, 16, 25,
27 y 28 de la Ley 80 de 1993, y argumentó que: (i) la administración debe
restablecer el equilibrio de la ecuación contractual a un punto de no pérdida
cuando se presenten situaciones imprevistas e inimputables al cont
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