CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 110010326000202100104 00
No. Interno: 67003
Actor: Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Demandado: Luis Eduardo Manrique Bernal y otros
Referencia: Repetición - única instancia (Ley 1437 de 2011)
Procede el despacho a decidir el recurso de reposición interpuesto en contra del
auto del 7 de diciembre de 2021, por medio del cual se admitió la demanda de
repetición presentada por la Rama Judicial en contra de los señores Luis Eduardo
Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez, Fernando Pareja Reinemer y Omar
Augusto Camargo Machado.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
En escrito presentado el 28 de abril de 2021 1, la Rama Judicial, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de repetición en contra de los señores Luis
Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez, Fernando Pareja
Reinemer y Omar Augusto Camargo Machado , con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por la condena impuesta a dicha entidad en el
proceso de reparación directa con radicado n.° 2007-00161, promovido por el Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República (en adelante Fonprecon).
Se indicó que, en febrero de 2006, la señora Ana Eliza Daza de Brito presentó una
demanda de tutela contra Fonprecon, con el propósito de que se le ordenara
reliquidar la pensión sustitutiva que se le había reconocido en su calidad de cónyuge
supérstite del señor Enrique David Brito, la cual había sido liquidada con base en el
75% del ingreso mensual promedio del último año como congresista del señor Brito
y no sobre la totalidad de los ingresos que durante ese año recibió el referido señor.
1 Índice 2 del sistema de gestión judicial SAMAI.
Radicación: 110010326000202100104 00
No. Interno: 67003
Actor: Nación - Rama Judicial
Demandado: Luis Eduardo Manrique Bernal y
otros
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
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Dicha petición, según la dem anda, se sustentó en la vulneración de su derecho
fundamental al mínimo vital.
Mediante sentencia del 13 de marzo de 2006, el juez 31 penal del circuito de Bogotá
amparó el derecho fundamental alegado por la accionante y le ordenó a Fonprecon
que, en el término de 5 días, reliquidara y le pagara la pensión a la señora Ana Eliza
Daza de Brito, “ en un monto no inferior al 75% del ingreso mensual promedio que
durante el último año y por todo concepto haya recibido un congresista en ejercicio
en el año 2003, i ncluyendo todos los factores establecidos por el artículo 5 del
decreto 1359 de 1003, efectiva a partir del 20 de abril de 2005 con sus respectivos
reajustes”.
El 5 de abril de 2006, Fonprecon fue notificada de la sanción por desacato del fallo
del 13 de marzo de 2006, razón por la cual el 18 de abril siguiente expidió la
Resolución n.° 575, a través de la cual reliquidó la pensión de la señora Daza de
Brito, operación que arrojó la suma de $14’064.608 y, a su vez, le reconoció un
retroactivo por la suma de $757’342.416.
A instancias de la impugnación presentada por Fonprecon, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 16 de mayo de 2006, confirmó
el fallo de primera instancia.
La anterior decisión fue seleccionada para revisió n por la Corte Constitucional,
autoridad judicial que, en sentencia T-995 del 30 de noviembre de 2006, revocó el
fallo del 16 de mayo de 2006 y, en su lugar, declaró improcedente el amparo
solicitado por la señora Ana Eliza Daza de Brito, por considerar qu e existía otro
medio de defensa judicial para la defensa de los intereses de la actora.
Con base en ello, Fonprecon promovió un proceso de reparación directa contra la
Rama Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por
el error judicial en que incurrieron el juez 31 penal del circuito de Bogotá y la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al proferir los fallos del 13 de marzo y del 16
de mayo de 2006, respectivamente.
Mediante sentencia del 31 de agosto de 2017, el Co nsejo de Estado revocó la
sentencia del 23 de septiembre de 2011, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda y, en su lugar,
declaró la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial y la condenó a pagar la
suma de $1.787’071.205.
Radicación: 110010326000202100104 00
No. Interno: 67003
Actor: Nación - Rama Judicial
Demandado: Luis Eduardo Manrique Bernal y
otros
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
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En cumplimiento de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
expidió la resolución n.° 3496 del 25 de noviembre de 2020, por medio de la cual se
ordenó pagar la suma de $1.987’924.474 en favor de Fonprecon, pago que se hizo
efectivo el 27 de noviembre siguiente.
Según la entidad demandante, los señores Omar Augusto Camargo Machado, Luis
Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez y Fernando Pareja
Reinemer deben ser declarados responsables, a título de culpa grave, por la
configuración de la presunción establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley
678 de 20012, por cuanto, en su condición de juez 31 penal del circuito de Bogotá y
de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, profirieron los
fallos del 13 de marzo y del 16 de mayo de 2006, en abierto desconocimiento de la
Constitución y de la Ley, toda vez que concedieron y confirmaron el amparo
solicitado por la señora Ana Eliza Daza de Brito, sin verificar que se configurara un
perjuicio irremediable, desconociendo en ambos fallos el precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la acción de tutela para
reclamar derechos pensionales.
2. Auto impugnado
Este despacho, mediante proveído del 7 de diciembre de 2021, admitió la demanda
de repetición.
En cuanto a la oportunidad del medio de control -objeto de cuestionamiento en el
recurso-, se indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el literal l del numeral 2
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, las demandas de repetición deb ían
instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha
de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plaz o con que cuenta la
administración para el pago de las condenas, «de conformidad con lo previsto en
este Código».
No obstante, se precisó que, como la condena por la que se pretendía repetir se
profirió en un proceso de reparación directa tramitado en vigencia del CCA, la Rama
Judicial debía cumplirla en el plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del
2 “Artículo 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño
es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión
o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa
por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho (…) ”.
Radicación: 110010326000202100104 00
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Demandado: Luis Eduardo Manrique Bernal y
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Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
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artículo 177 de dicho cuerpo normativo, tal y como se dispuso expresamente en el
ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 31 de agosto de 2017.
En el caso concreto, se encontró que la sentencia del 31 de agosto de 2017 cobró
ejecutoria el 12 de octubre de ese mismo año y que el pago de la condena se realizó
el 27 de noviembre de 2020, después del vencimiento de los 18 m eses que la
referida entidad tenía para pagar, lo que ocurrió el 13 de abril de 2019, razón por la
cual esta última fecha se tuvo en cuenta para contar el término de caducidad
establecido en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Se explicó que el término de dos años corrió, en principio, desde el 14 de abril de
2019 hasta el 14 de abril de 2021; no obstante, en virtud de los Acuerdos No.
PCSJA20-11517 del 15 de marzo y No. PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020 del
Consejo Superior de la Judicatura, dicho término se suspendió desde el 16 de marzo
hasta el 1° de julio de 2020.
Así las cosas, toda vez que el término de dos años se suspendió cuando faltaba 1
año y 28 días y que, según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo 564
de 2020, aquel se reanudó el día siguiente al levantamiento de la suspensión
decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, la parte actora tenía hasta el 30
de julio de 2021 para demandar y como ello ocurrió el 28 de abril de 20213, se
imponía concluir que el medio de control se ejerció de manera oportuna.
3. Recurso de reposición
En escrito presentado el 12 de enero de 2022, el apoderado de los señores Luis
Eduardo Manrique Bernal, Nancy Yanira Muñoz Martínez y Fernando Pareja
Reinemer formuló recurso de reposición en contra del auto del 7 de diciembre de
2021, con el propósito de que se revoque lo allí dispuesto y, en su lugar, se rechace
la demanda por la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad.
Afirmó que el operador jurídico se equivocó, por cuanto para determinar la
oportunidad del medio de control no tenía que aplicarse el CCA, sino las
disposiciones de la Ley 1437 de 2011, las cuales se encontraban vigentes al
momento de la presentación de la demanda.
Indicó que, si bien la Rama Judicial tuvo qu e cumplir la condena en el plazo de 18
meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo cierto era que el
3 Índice 2 del sistema de gestión judicial SAMAI.
Radicación: 110010326000202100104 00
No. Interno: 67003
Actor: Nación - Rama Judicial
Demandado: Luis Eduardo Manrique
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