Titulación de la relatoría 30.558 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella?
Respuesta al problema jurídico: No
El Consorcio, en su recurso, señaló que ejecutó las mayores cantidades de obra de buena fe, por considerarlas necesarias y conexas con el objeto contractual, lo cual derivó en un enriquecimiento sin causa para el Municipio. La Sala debe precisar que adelantar un análisis sobre un eventual enriquecimiento sin causa, cuando ello no fue pretendido por el demandante, ni el Municipio tuvo la oportunidad procesal para presentar argumentos de defensa, resultaría sorpresivo para el demandado. Por ello, en atención a los argumentos y pretensiones de la demanda y de conformidad con el principio de congruencia de las sentencias, estipulado en el artículo 281 del CGP -aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, no se analizará el cargo introducido en esta instancia procesal y la Sala centrará su estudio en el resto de los argumentos presentados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la distinción entre el incumplimiento contractual y la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal, sus causas y efectos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 24169, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencias de 6 de julio de 2020, exp. 48438, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 26 de enero de 2022, exp. 64897, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 11 de septiembre de 2024, exp. 68810, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 10 de diciembre de 2024, exp. 61494, C.P. Alberta Montaña Plata; sentencia de 27 de febrero de 2026, exp. 71510, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / HECHO IMPREVISIBLE / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas, da lugar al restablecimiento del equilibrio económico con fundamento en la teoría de la imprevisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l desequilibrio económico del contrato, tal y como está concebido en Colombia, cuya fuente de inspiración deviene de la jurisprudencia francesa, surge de una alteración grave de las condiciones pactadas por las partes que puede ocurrir por una de tres causas, a saber: el ius variandi, la teoría de la imprevisión, y el hecho del príncipe. En particular, la teoría de la imprevisión ocurre cuando por un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar se genera una desproporción grave entre lo contratado y lo efectivamente ejecutado en el contrato, lo cual conlleva a que el contrato se torne mucho más oneroso para una de las partes. En la concepción actual de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la imprevisión comprende una multiplicidad de hechos, que van desde la ocurrencia de hechos de la naturaleza, hechos causados por un tercero, o incluso cambios normativos y regulatorios; siempre que estos no sean causados por la entidad estatal con-contratante. Es importante señalar que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato varía conforme a la causa que la origina; en la teoría de la imprevisión, se busca llevar al contratista al punto de no pérdida. Además, corresponde a la parte demandante allegar los medios probatorios que logren acreditar una afectación grave de la ecuación económica del contrato a partir del contenido prestacional considerado por las partes al momento de proponer o de contratar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el desequilibrio económico del contrato estatal y el restablecimiento del contratista al punto de no pérdida en aplicación de la teoría de la imprevisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 18 de septiembre de 2003, exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 28 de junio de 2012, exp. 21990, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 14 de marzo de 2013, exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 16 de agosto de 2022, exp. 55284, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / RIESGO CONTRACTUAL / CAMBIO CLIMÁTICO / OLA INVERNAL / AGUA LLUVIA / RÍO / DAÑO CAUSADO POR FENÓMENOS DE LA NATURALEZA / RIESGO EXTRAORDINARIO / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / CONSORCIO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA DEL GASTO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL HECHO IMPREVISIBLE / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / RIESGO PREVISIBLE
Problema jurídico:
¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande, las lluvias y las restricciones de las vías para el transporte de materiales, pese a que asumió el riesgo por condiciones climáticas adversas, debía verificar las condiciones de acceso a la obra y no acreditó el carácter extraordinario de tales circunstancias ni los mayores costos alegados?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala observa que, en la matriz de riesgos, se introdujo el riesgo denominado “CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS”, “[e]n el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores”, y se estableció el siguiente tratamiento: “[s]e tendrá un plan de contingencia por parte del contratista”; el cual fue conocido y asumido por el contratista. De esta manera, si el Consorcio consideraba que las condiciones climáticas excedieron no solo lo pactado contractualmente, sino también la asunción de riesgos realizada debió demostrar que estas tuvieron una connotación extraordinaria que no fue posible de prever. No obstante, en el presente asunto, la demanda se centró en señalar que los gastos en los que incurrió el Consorcio por estos aspectos se derivaban de la imprevisión sin siquiera realizar un estudio relativo a los riesgos asumidos o las implicaciones de esta institución sobre la economía del contrato. Así, se concluye que este aspecto era un riesgo asignado al Consorcio que fue expresamente aceptado con la suscripción del contrato. Por lo tanto, el Consorcio debía asumir las consecuencias de la concreción del riesgo al no demostrarse una razón que permitiera considerar que se había concretado un riesgo más allá de lo previsible: un riesgo extraordinario. En todo caso, en concordancia con lo establecido en los artículos 1757 del Código Civil y 167 del CGP, como lo afirmó el Tribunal, el Consorcio no demostró los gastos asumidos por este aspecto, pues para ello aportó unas tablas de cálculo que no evidenciaban la forma en la que estos supuestos gastos impactaron la ecuación económica del contrato. Por lo anterior, el argumento elevado en el recurso de apelación respecto a estos aspectos no está llamado a prosperar. El Consorcio señaló que las condiciones de las vías del Municipio no permitían transportar tractomulas con longitudes superiores a 6 metros, lo cual configuró un imprevisto que derivó en el aumento de costos asociados al acero. En su recurso indicó que se encontraba claramente probado. (…) Lo anterior pone en evidencia que este argumento no está llamado a prosperar, pues las condiciones relativas al transporte de materiales debían ser verificadas y valoradas por el Consorcio desde la etapa precontractual. En efecto, su falta de diligencia y de debida consideración de las circunstancias relevantes para la ejecución del contrato impide calificar este hecho como una circunstancia imprevisible. Además, dada su experiencia y especialidad en el objeto contractual, así como lo previsto en el pliego de condiciones, le correspondía identificar y evaluar los riesgos asociados a las vías del municipio y, como mínimo, verificar sus dimensiones y condiciones de transitabilidad. (…) Asimismo, si el Consorcio pretendía demostrar que las condiciones de las vías constituían un hecho imprevisible que excedía lo pactado y los riesgos asumidos, debía acreditar que estas revestían de un carácter extraordinario que hiciera imposible su previsión durante la etapa precontractual. (…) Por lo anterior, se concluye que el mayor costo obedeció a un error atribuible al Consorcio y, con ello, su reparo no está llamado a prosperar.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COVID 19 / PANDEMIA / HECHO IMPREVISIBLE / BIOSEGURIDAD / PROTOCOLO DE SEGURIDAD / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / FALTA DE PRUEBA DEL GASTO / INCIDENTE DE REGULACIÓN DE PERJUICIOS / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / TRABAJADOR / JORNADA LABORAL / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO
Problema jurídico:
¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, ante la falta de acreditación de los costos efectivamente asumidos por el consorcio, con la precisión de los criterios para su liquidación mediante el incidente correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consorcio cuestionó que el Tribunal hubiera desconocido 2 pruebas -una solicitud de prórroga del convenio interadministrativo 129 DPS - FIP de 2013 dirigida al DPS y un oficio de la interventoría en el que solicita una prórroga del plazo de ejecución del contrato- que, a su juicio, demostraban las labores adicionales y las consecuencias que la implementación del protocolo tuvo sobre el rendimiento del personal de la obra. Al respecto, se advierte que estos documentos describían la reducción del personal disponible en obra y la disminución de la jornada laboral como consecuencia de las medidas de bioseguridad adoptadas. Sin embargo, tales elementos de prueba no acreditan los costos efectivamente asumidos por el Consorcio con ocasión de la implementación del protocolo. Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal respecto de este aspecto. (…) [C]on el propósito de precisar el alcance de la condena y los criterios que deberán observarse para su liquidación, la Sala modificará este aspecto de la sentencia y dispondrá que, en el trámite del respectivo incidente, se atiendan las siguientes reglas: El Consorcio deberá allegar los documentos y demás medios de prueba idóneos que permitan establecer los costos en que efectivamente incurrió para implementar las medidas y protocolos de bioseguridad derivados de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Los medios de prueba deberán permitir identificar de manera clara y discriminada las erogaciones efectivamente realizadas por el Consorcio durante el período comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, así como su relación directa con la implementación de las medidas de bioseguridad adoptadas con ocasión de la emergencia sanitaria. Para efectos de determinar el monto indemnizable, no bastará con acreditar la realización de las erogaciones. El Consorcio deberá demostrar que estas constituyeron costos adicionales a aquellos gastos ordinarios que, en condiciones normales de ejecución del contrato, le correspondía asumir para cumplir las obligaciones derivadas del Plan de Gestión Integral de Obra -PGIO-. (...) La cuantificación de los costos adicionales deberá encontrarse debidamente soportada en los documentos correspondientes a cada erogación, tales como facturas, comprobantes de pago, contratos, órdenes de compra, nóminas, registros contables y demás documentos que permitan establecer tanto su efectiva realización como su cuantía. (…) Una vez determinado el valor de los costos adicionales efectivamente acreditados, la suma correspondiente será actualizada con base en el índice de precios al consumidor -IPC-, desde la fecha en que se produjo cada erogación y hasta la fecha de liquidación de la condena, de conformidad con las reglas aplicables a la actualización de obligaciones dinerarias. (...) [L]a Sala modificará la sentencia de primera instancia para precisar que únicamente prospera la reclamación relacionada con el desequilibrio económico derivado de los costos asociados a la implementación de los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19, sin que ello implique desmejorar la situación de la parte actora como apelante única.
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL PLAZO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA DEL GASTO / METALES / IPC / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INFLACIÓN
Problema jurídico:
¿Debía el municipio reconocer los mayores costos reclamados por el consorcio con ocasión de la prolongación del plazo contractual y la mayor permanencia en obra, pese a que el contratista no acreditó la fuente de la obligación de la entidad de asumirlos ni probó su realización, cuantía y relación directa con la extensión del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l hecho de que un contratista incurra en gastos adicionales con ocasión de la prolongación del plazo de ejecución de un contrato no conduce automáticamente a que el contratante deba soportar esta consecuencia patrimonial, pues para ello debe demostrarse la existencia de una carga que ha de ser asumida por la entidad, consistente en reconocer y pagar dichos gastos. En el presente caso, el Consorcio tenía la carga de demostrar, en primer lugar, que, como consecuencia de los distintos actos modificatorios y suspensiones que extendieron el plazo de ejecución contractual, el Municipio estaba obligado a reconocer y restablecer los costos derivados de la mayor permanencia en obra. Para ello, no bastaba con alegar de manera genérica la prolongación del plazo contractual, sino que debía acreditar que, de conformidad con el contenido de dichos actos, las estipulaciones contractuales o las demás circunstancias relevantes del negocio jurídico, surgía a cargo de la entidad un deber de asumir las erogaciones adicionales asumidas por el paso del tiempo. De igual manera, una vez acreditada la existencia de tal deber, le correspondía demostrar de manera cierta, concreta y cuantificada los costos cuya reparación pretendía. Como se indicó, la mayor permanencia en obra obedeció a los distintos actos modificatorios y suspensiones que prolongaron el plazo de ejecución contractual. Sin embargo, el Consorcio se limitó a exponer en la demanda consideraciones generales sobre los efectos económicos que, en su criterio, tuvo dicha prolongación, sin identificar ni sustentar de manera suficiente la fuente jurídica de la obligación que atribuía al Municipio. A ello se suma que, de conformidad con los artículos 167 del CGP y 1757 del Código Civil, correspondía a quien alegaba la existencia de estos sobrecostos acreditar tanto la efectiva realización de las erogaciones como su relación directa con la prolongación del plazo contractual, de modo que pudiera distinguirse entre aquellos gastos extraordinarios derivados de la mayor permanencia y los costos inherentes a la ejecución ordinaria del contrato. En este caso, tal como lo advirtió el Tribunal, el Consorcio no aportó medios probatorios idóneos que permitieran establecer, de manera clara, cierta y cuantificada, los gastos efectivamente asumidos con ocasión de la mayor permanencia en obra, ni su vínculo directo con esta circunstancia. (…) El Consorcio debía acreditar concretamente que, como consecuencia de la prolongación del plazo, incurrió en costos adicionales que no estaban comprendidos dentro de los previstos inicialmente y que, además, debían ser asumidos por el Municipio. En ese sentido, la simple actualización de los valores pagados mediante la aplicación del IPC, así como la referencia a la variación del precio del acero a través de cálculos elaborados por la propia parte, no permite establecer, por sí misma, ni la existencia de un perjuicio efectivamente soportado por el contratista ni la obligación correlativa de la entidad de reconocerlo. En consecuencia, estos planteamientos no desvirtúan las razones que sustentaron la decisión del juez de primera instancia, por lo que el argumento del Consorcio no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento de los mayores costos reclamados por la prolongación del plazo de ejecución del contrato y la mayor permanencia en obra, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de agosto de 2024, exp. 69608, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 18 de noviembre de 2024, exp. 69498, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 22 de mayo de 2026, exp. 72513, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / FORMA DE PAGO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / CONCRETO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PUENTE PEATONAL / RED DE ALCANTARILLADO
Problema jurídico:
¿Existe obligación del municipio de reconocer y pagar las actividades adicionales y las mayores cantidades de obra reclamadas por el consorcio en la ejecución de un contrato a precios unitarios, pese a la falta de acreditación de la autorización previa, la ejecución y el valor de las actividades adicionales, así como de prueba técnica suficiente sobre las mayores cantidades de concreto y excavaciones alegadas?
Respuesta al problema jurídico: No
En los contratos a precios unitarios, el riesgo de mayores cantidades de obra, en relación con el pago, lo asume la entidad. Sin embargo, el contratista asume la obligación de ejecutar esas mayores cantidades de obra a los precios ofertados en el contrato, salvo que exista una razón válida para que no deba asumirla. (…) [A] partir del estudio de los precios unitarios pactados en el contrato y el análisis de precios unitarios presentado por el Consorcio en su oferta, se evidencia que las actividades adicionales solicitadas en estos tres aspectos se derivan de aspectos no previstos -en los términos del pliego de condiciones y el contrato. (…) En virtud de lo anterior, de la interpretación armónica del contenido del contrato y del pliego de condiciones, se evidencia que el reconocimiento de los costos asociados a la ejecución de actividades adicionales estaba supeditado a que el Municipio aprobara previamente su ejecución, lo cual debía materializarse mediante la suscripción del correspondiente contrato adicional, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones. En el presente caso, el Consorcio no acreditó y demostró que el Municipio hubiera autorizado la ejecución de las actividades adicionales cuyo reconocimiento pretende; tampoco demostró que estas hubieran sido recibidas, aprobadas o incorporadas por el Municipio mediante los contratos adicionales o los demás actos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato. Asimismo, no aportó elementos probatorios que permitieran establecer, de manera concreta, el valor de las obras adicionales reclamadas, su efectiva ejecución, las circunstancias que dieron lugar a su realización y si los costos correspondientes fueron reconocidos o cubiertos mediante los contratos adicionales suscritos, las actas parciales de obra o con cargo al rubro destinado a imprevistos. En consecuencia, al no encontrarse acreditados los presupuestos necesarios para el reconocimiento de las sumas reclamadas por este concepto, se negará su reconocimiento. (…) El Consorcio no acreditó que el denominado fenómeno de la “pata de elefante” hubiera generado efectivamente una mayor cantidad de obra susceptible de reconocimiento económico. (…) El Consorcio, en su demanda, fundamentó (…) que había acordado con la interventoría una cantidad superior a la reconocida en las actas de obra, por lo que, según afirmó, la cantidad efectivamente ejecutada ascendía a 17.515,01 y no a 9.189,01, como fue determinado en las memorias de obra. Sin embargo, una vez revisado el expediente y, en particular, las memorias de cantidades de obra -prueba que el Consorcio señaló como desconocida por el Tribunal-, se advierte que en dicho documento también se estableció una cantidad de 9.189,01. (…) [A]l no existir prueba suficiente que permita desvirtuar lo consignado en las memorias de cálculo ni acreditar la mayor cantidad de obra alegada, esta reclamación no está llamada a prosperar. Asimismo, el Consorcio tampoco demostró que este aspecto hubiera sido reconocido por el Municipio mediante alguna acta parcial de obra. (…) El Consorcio señaló que no se reconocieron una serie de excavaciones bajo el agua que realizó (…). Al respecto, la Sala debe reiterar que la valoración de las memorias de cálculo y la determinación de las cantidades de obra que efectivamente fueron ejecutadas requieren conocimientos técnicos y especializados. (…) No puede asumirse, como parece hacerlo el Consorcio, que el juez posee los conocimientos propios del ámbito de la construcción que le permitan interpretar y validar, por sí mismo, las memorias de cálculo y los documentos técnicos que las sustentan. En consecuencia, ante la ausencia de otros elementos de juicio que permitan establecer, con el necesario respaldo técnico, que las excavaciones referidas fueron efectivamente ejecutadas en la cantidad indicada, la Sala concluye que el Consorcio no acreditó la realización de las cantidades de obra que afirma haber ejecutado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modalidad de pago a precios unitarios, la distribución de riesgos y el reconocimiento de mayores cantidades de obra, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2021, exp. 52085, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 26 de enero de 2022, exp. 64897, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 30 de marzo de 2022, exp. 64190, C. P. Alberto Montaña Plata; y sentencia de 11 de septiembre de 2024, exp. 68810, C. P. Alberto Montaña Plata.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PRUEBA DEL PAGO / MUNICIPIO / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / SALDOS A FAVOR / PAGO DE LA OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL / MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / TASA DE INTERÉS MORATORIO / IPC / PRINCIPIO DE REMUNERACIÓN PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO / CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Debe la Sala liquidar judicialmente el contrato de obra a precios unitarios con base en las cantidades reconocidas y pendientes de pago por el municipio, incluyendo intereses moratorios, y mantener la condena fijada en primera instancia, pese a que la nueva liquidación arrojó una suma inferior, para no desmejorar la situación del consorcio como apelante único?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala identifica tres situaciones relevantes para efectos de realizar la liquidación judicial del contrato: en primer lugar, se encuentran las actas parciales de obra respecto de las cuales está acreditado tanto el reconocimiento de las cantidades ejecutadas como el pago efectuado por el Municipio; en segundo lugar, se encuentran las actas parciales de obra respecto de las cuales está acreditado el reconocimiento de las cantidades ejecutadas y de los valores correspondientes, pero no su pago por parte del Municipio; y, respecto del Acta 27, en el expediente no obra debidamente incorporada el acta parcial de obra que sustenta el valor reclamado y, adicionalmente, tampoco se encuentra acreditada la presentación de la factura correspondiente en debida forma. (…) [P]ara establecer el saldo derivado de la ejecución contractual, la Sala únicamente tendrá en cuenta los valores correspondientes a las actas parciales de obra cuyo reconocimiento se encuentre debidamente acreditado y respecto de los cuales no se encuentre probado su pago por parte del Municipio (…). [A]nte la falta de pago por parte del Municipio de las referidas facturas, resulta procedente el reconocimiento de los intereses moratorios. Al respecto, se advierte que el contrato no estableció un plazo ni una condición para el pago de las obligaciones correspondientes, por lo que estas tienen el carácter de puras y simples. En consecuencia, el deudor incurre en mora a partir del momento en que es reconvenido judicialmente, lo cual se concreta con la notificación del Auto admisorio de la demanda. Así, el Municipio incurrió en mora respecto de las obligaciones derivadas de las facturas correspondientes a las actas parciales de obra 19, 21 y 23 a partir del 11 de junio de 2024, fecha en la que se notificó el Auto admisorio de la demanda. Ahora bien, como en el contrato no se pactó una tasa de interés moratorio, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 (…). En cuanto a la metodología para efectuar la liquidación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (…). [S]e encuentra acreditado que permanecen pendientes de pago las obligaciones correspondientes a determinadas facturas, cuyo valor asciende a $253.957.789, suma que deberá ser pagada por el Municipio de Bugalagrande al Consorcio Puentes para el Futuro. A este valor se adicionan $78.258.152 por concepto de intereses moratorios, para un total de $332.215.941. Sin embargo, la Sala precisa que la suma líquida reconocida en esta providencia, calculada hasta la fecha de esta Sentencia, resulta inferior a la reconocida en la Sentencia de primera instancia. Si bien se realizó la liquidación del contrato de conformidad con la modalidad de precios pactada y se aplicó la metodología procedente para determinar los intereses moratorios, esta circunstancia no puede traducirse en una reducción de la condena impuesta en primera instancia, toda vez que la sentencia fue apelada únicamente por la parte actora. En aplicación del principio de non reformatio in pejus, la Sala no puede hacer más gravosa la situación del apelante único. En consecuencia, aunque se adviertan diferencias entre la liquidación efectuada en esta instancia y la realizada por el Tribunal, el monto reconocido en la sentencia de primera instancia constituye el límite mínimo de la condena que puede mantenerse en esta instancia. Así las cosas, se condenará al pago del monto señalado por el Tribunal, esto es $363.658.149,15.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas de segunda instancia a la parte demandante, incluidas las agencias en derecho efectivamente causadas, sin modificar la decisión de primera instancia que la absolvió de dicha condena, debido a que este último aspecto no fue objeto de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
En su recurso de apelación, el Consorcio solicitó revocar el numeral séptimo de la sentencia de primera instancia, mediante el cual el Tribunal se abstuvo de condenar en costas. Sin embargo, el recurso no formuló un reparo concreto frente a esta determinación ni expuso las razones por las cuales debía modificarse. En consecuencia, al no existir un cuestionamiento específico que deba ser resuelto por la Sala, este aspecto de la sentencia no será objeto de análisis. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 5 del artículo 365 del CGP, se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues las pretensiones de la demanda han prosperado de manera parcial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5