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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto

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Fecha
2023-10-11
Radicado
25000233600020170032201
Número interno
60910
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Actor
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A., SOCAR INGENIERIA S.A.S.
Demandado
-EJÉRCITO NACIONAL, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto

Lo que dijo la Sala

Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad de la Resolución n.º 236 del 11 de julio de 2016, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º1397 de 2013, y de la Resolución n.º 268 del 27 de julio de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto, y se solicita su consecuente restablecimiento del derecho, actos administrativos proferidos por La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada CENAC de Ingenieros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, en concordancia con los artículos 38 y 39 de la Ley 489 de 1998.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5
  • Ley 153 de 1887, art. 80
  • Ley 189 de 1998, arts. 38 y 39

También resuelve

  • ¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
  • ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
  • ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DEBERES DEL JUEZ OBLIGACIONES DEL JUEZ PARTES DEL CONTRATO PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONSORCIO CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL CONTRATACIÓN ESTATAL REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MULTA MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE IMPOSICIÓN DE LA MULTA CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTAMEN PERICIAL PRUEBA PERICIAL ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL PERITO CITACIÓN A AUDIENCIA COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA INEFICACIA DE LA PRUEBA ACTO ADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE PROPONENTE PROPUESTA DEL PROPONENTE OBLIGACIONES DEL PROPONENTE ETAPA PRECONTRACTUAL OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PLIEGO DE CONDICIONES CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO BUENA FE BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL PRINCIPIOS DEL CONTRATO EFECTOS DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ DECISIÓN DEL JUEZ APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DESVIACIÓN DE PODER CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN APELACIÓN DE LA SENTENCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARGUMENTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO HECHO NUEVO IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO PUNTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CONGRUENCIA DEL JUEZ FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRADICCIÓN PROCESAL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DERECHO DE DEFENSA ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 57.158 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad de la Resolución n.º 236 del 11 de julio de 2016, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º1397 de 2013, y de la Resolución n.º 268 del 27 de julio de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto, y se solicita su consecuente restablecimiento del derecho, actos administrativos proferidos por La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada CENAC de Ingenieros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, en concordancia con los artículos 38 y 39 de la Ley 489 de 1998. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2017 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 80, LEY 189 DE 1998 - ARTÍCULO 38, LEY 189 DE 1998 - ARTÍCULO 39 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBERES DEL JUEZ / OBLIGACIONES DEL JUEZ Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. A este efecto, aunque la parte actora acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala estima pertinente proceder a su adecuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CPACA, según el cual es deber del juez estudiar las pretensiones de la demanda aun cuando el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, y en este último caso habrá de surtirse el trámite correspondiente. En tal sentido, se estima que en el sub judice el medio de control apropiado resulta ser el de controversias contractuales, y al amparo del mismo se examinará la demanda, puesto que se está cuestionando la legalidad de actos administrativos proferidos en desarrollo del contrato, puntualmente la Resolución n.º 236 del 11 de julio de 2016, por medio de la cual el Ejército Nacional declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º 1397 de 2013, y la Resolución n.º 268 del 27 de julio de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto, y se solicita su consecuente restablecimiento del derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes, la Sala concluye que el Consorcio Grupo Ingeniería y La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual en el marco de la cual se profirieron las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016 (....). NOTA DE RELATORÍA: En relación con la capacidad para comparecer como parte en los procesos judiciales los consorcios y uniones temporales, de 25 de septiembre de 2013, Exp. 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / RECURSO DE REPOSICIÓN EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: Si Comoquiera que la parte demandante pretende la nulidad de la Resolución n.º 236 del 11 de julio de 2016, por medio de la cual el Ejército Nacional declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º1397 de 2013, y de la Resolución n.º 268 del 27 de julio de 2016, a través de la cual aquel resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto, y su consecuente restablecimiento del derecho, la Sala abordará el examen de caducidad teniendo en cuenta para ello el plazo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice se advierte que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, pues aunque no obra constancia de la notificación de la Resolución n.º 268 del 27 de julio de 2016, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución n.º 236 del 11 de julio de 2016, cierto es que, aun contando el término preclusivo de caducidad a partir del día siguiente a la fecha de su expedición, no existe duda de que el líbelo introductorio se allegó dentro del plazo de dos (2) años previsto en la ley, que corrió hasta el 28 de julio de 2018, teniendo en cuenta: i) que el 23 de noviembre de noviembre de 2016 se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial38, trámite que fue declarado fallido el 20 de febrero de 2017; y (ii) que el 27 de febrero de 2017 se radicó la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Las entidades públicas se encuentran facultadas para declarar el incumplimiento del contrato estatal con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, procedimiento en marco del cual se debe respetar el debido proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la Ley 1150 de 2007, las entidades públicas se encuentran facultadas para declarar el incumplimiento del contrato estatal, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, procedimiento en marco del cual, según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, se debe respetar el debido proceso. A partir de lo indicado por esta Corporación, la cláusula penal de apremio o multa constituye una sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración para constreñir al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual, en tanto que la cláusula penal compensatoria o resarcitoria se entiende como aquella tasación anticipada de los perjuicios que se pueden derivar de la inejecución de una obligación, de su ejecución defectuosa o del retardo en su cumplimiento, de tal suerte que se libera a la parte afectada de la carga de acreditar su ocurrencia y cuantía. Atendiendo la anterior diferenciación, la declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva la cláusula penal como mecanismo resarcitorio o indemnizatorio podrá realizarse luego de expirado el plazo contractual, a diferencia de la imposición de multas, la cual solamente tiene cabida mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución contractual, pues, se itera, su finalidad no es indemnizatoria sino conminatoria, en tanto procura inducir o apremiar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cabe señalar que según lo indicado por esta Subsección, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, antes de que entrara a regir la Ley 1150 de 2007, puntualmente en vigencia de la Ley 80 de 1993, se encontraban habilitadas para pactar e imponer cláusulas penales y multas contractuales, bajo el entendido de que su imposición, atendiendo a su naturaleza convencional y al amparo de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, no comportaba la expedición de un acto administrativo, sino que, por el contrario, constituía un acto contractual propio del derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad para declarar el incumplimiento contractual, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, consultar providencias de 24 de abril de 2020, Exp. 64154, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 5 de agosto de 2020, Exp. 45183, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 8 de octubre de 2022, Exp. 53195, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL / PERITO / CITACIÓN A AUDIENCIA / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / INEFICACIA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado al proceso con el objeto de determinar la existencia de un desequilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo establecido en los artículos 232 y 235 del Código General del Proceso, el juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, claridad, exhaustividad y calidad. Asimismo, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica, técnica o artística analizada. Además, es deber del juez valorar la imparcialidad del perito, pudiendo negarle efectos a la prueba cuando existan circunstancia que afecten gravemente su credibilidad. En este orden de ideas, tras valorar el contenido del dictamen y de apreciar la contradicción llevada a cabo durante la audiencia de pruebas, la Sala considera que la experticia no tiene valor probatorio, como pasa a explicarse. Según se desprende del desarrollo de la audiencia de pruebas, se aprecia que la perito economista (...) no compareció a la diligencia, pese a que el Tribunal ordenó que por intermedio del consorcio demandante fuese citada. Además, no se encuentra probado que aquella hubiese presentado excusa o justificación alguna de su inasistencia, lo que trae como consecuencia que el dictamen no tenga valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del CGP; si la experticia fue elaborada conjuntamente por el por el ingeniero (...) y por la economista (...), era menester que ambos expertos comparecieran a la audiencia, a efectos de efectuar la debida contradicción de la prueba. La presencia de esta última en la audiencia de pruebas, se itera, era una carga que estaba en cabeza de la parte demandante, la cual en el presente caso incumplió. Sumado a lo anterior, frente al contenido del dictamen pericial cabe precisar que en la experticia se concluyó que en el caso concreto se configuró un desequilibrio económico del contrato, aspecto que le compete al juez de la anulación y que, por tanto, va en contravía con lo establecido en el artículo 226 del Código General del Proceso, según el cual resultan inadmisibles las cuestiones que versen sobre puntos de derecho. Además, se advierte que el dictamen no se encuentra fundamentado, pues a pesar de que contiene una amplia relación acerca de diversos documentos, principalmente la bitácora de la obra, los cuales, según se afirma, sirvieron de sustento para muchas de las conclusiones a las que se llegó en la experticia, tales como la advertencia frente a la disponibilidad de los diseños y planos, así como lo atinente a los cambios constantes en los diseños, tales documentos no se adjuntaron a la prueba, de tal suerte que no es posible constatar o verificar los fundamentes que soportar las conclusiones a las que se llegaron a partir de los mismos. De hecho, conviene resaltar que el citado artículo 226 del Código General del Proceso establece que el dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos utilizados para su elaboración. En este orden de ideas, se considera, en suma, que el dictamen pericial no tiene mérito probatorio, pues no existe certeza de que la prueba haya sido elaborada por la economista (...), quien por demás no asistió a la audiencia de pruebas y no presentó excusa ante su inasistencia, lo que impidió la debida contracción de la prueba. Además, aquella versa sobre puntos de derecho y sus conclusiones no se encuentran debidamente fundamentadas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, consultar providencias de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 28 de abril de 2021, Exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 228, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 235 ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE Problema jurídico: ¿La motivación es un elemento del acto administrativo que le impone a la administración la carga de exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión? Respuesta al problema jurídico: Si [C]abe señalar que la motivación es un elemento del acto administrativo que, por regla general, le impone a la administración la carga de exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por tanto, si estos no corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un error en los mismos, se configura el vicio de falsa motivación. Así, tratándose de la declaratoria de incumplimiento, si los fundamentos de hecho y de derecho que aduce la entidad para su declaratoria no se acompasan con aquellos que dan lugar a la aplicación de esta figura o no se encuentran acordes con la realidad fáctica y probatoria, el acto demandado estará viciado y habrá lugar a declarar su nulidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la motivación del acto administrativo, consultar providencia de 5 de julio de 2018, Exp. 0685-2010, C.P. Gabriel Valbuena Hernández. CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Problema jurídico: ¿El principio de planeación tiene como finalidad que todo proyecto esté precedido de la elaboración debida de estudios y análisis, que corresponde a un deber que está a cargo, no solo de la Administración, sino también de los proponentes? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s menester precisar que el principio de planeación tiene como finalidad que todo proyecto esté precedido de la elaboración de estudios y análisis por parte de la Administración, pues a través de aquellos se determinan, entre otros: (i) la necesidad de la celebración del contrato; (ii) la modalidad para satisfacer esa necesidad y las razones que la justifiquen; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, obras o servicios, entre otros, que, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos o análisis técnicos; (iv) los costos o valores, consultando para tal efecto las cantidades y especificaciones; (v) la disponibilidad de recursos; (vi) la existencia y disponibilidad de proveedores, constructores o profesionales que puedan atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; y (vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban reunirse para llevar a cabo la selección del contratista y la consiguiente celebración del contrato. Sin embargo, cabe anotar que, si bien la Administración tiene a su cargo la observancia del principio de planeación, a los proponentes, en virtud del mismo principio, les asiste un deber de colaboración, del cual se desprende la carga no solamente de presentar su oferta con la diligencia, rigor, seriedad y el cuidado propio de los conocimientos especializados y la experiencia que les asiste, sino también el deber de formular las respectivas observaciones que permitan subsanar las falencias en la planeación y, por supuesto, de abstenerse de suscribir el contrato cuando adviertan fallas en su planeación que impidan su ejecución. (...)[A] los proponentes les asisten deberes de diligencia, cuidado, rigor y seriedad en la etapa previa a la celebración del contrato, pues su participación en el proceso de selección parte de la premisa de los conocimientos especializados y la experiencia que ostentan y que, desde luego, contribuyen a la consideración, valoración y calificación de la oferta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de planeación en la contratación estatal, consultar providencias de de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 18 de marzo de 2015, Rad. 33223, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 28 de enero de 2016, Exp. 34454, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 9 de marzo de 2016, Exp. 36312, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 29 de agosto de 2016, Exp. 34288, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 3 de abril de 2020, Exp. 48676, C.P. Alberto Montaña Plata; de 13 de agosto de 2020, Exp. 46057, C.P. María Adriana Marín. PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES Problema jurídico: ¿El pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica, por un lado, antes de la adjudicación del contrato se considera como un acto administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección y, por otro, una vez celebrado el contrato, integra la relación contractual, convirtiéndose en el marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onviene recordar que el pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica: por un lado, antes de la adjudicación del contrato se considera como un acto administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección y, por otro, una vez celebrado el contrato, integra la relación contractual, convirtiéndose en el marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico. Dicho documento regula el contrato estatal en su integridad y se convierte en un marco jurídico de obligatorio cumplimiento para la Administración y el contratista a lo largo de iter contractual, de ahí que sus reglas forman parte esencial del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica del pliego de condiciones, consultar providencias de 26 de abril de 2006, Exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de julio de 2015, Exp. 40660, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DEL CONTRATO / EFECTOS DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El principal efecto de la celebración de un negocio jurídico es su fuerza vinculante y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados, conforme al principio de buena fe? Respuesta al problema jurídico: Si [C]abe anotar que el principal efecto de la celebración de un negocio jurídico es su fuerza vinculante y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. La fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa, de modo que, por lo tanto, no podrán comportarse como les parezca, sino que deberán cumplir las obligaciones que asumieron en la forma y tiempo convenidos. Precisamente, en nuestro ordenamiento jurídico los artículos 1602 y 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio recogen este principio, según el cual los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, obligando no solo a lo que en ellos se expresa sino a todo aquello que emana de su naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad, en armonía con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual “en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos,” se tendrá en cuenta, entre otros, el mandato de la buena fe. De conformidad con estas disposiciones, la buena fe en su faceta integradora del contrato constituye una fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes del contrato, los cuales precisamente vienen a hacer parte del contenido negocial, así las partes no lo hayan estipulado expresamente. Así, la buena fe incorpora al contenido del pacto contractual deberes y obligaciones de muy variada índole y de acuerdo con las circunstancias particulares del respectivo negocio, tales como investigar e informarse sobre los distintos aspectos atinentes al negocio, su objeto y riesgos, prestar colaboración y cooperación para asegurar la óptima ejecución del contrato, proceder con esmero y diligencia en el cumplimiento de las prestaciones, entre otros. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / DECISIÓN DEL JUEZ / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN Problema jurídico: ¿Ante la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes, corresponde al juez del contrato, en cada caso, interpretar los acuerdos celebrados entre las partes y el comportamiento jurídicamente relevante que hubieren observado, para establecer si lo pretendido en la demanda se encuentra en contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las manifestaciones de la voluntad y a la conducta observada por las partes durante la ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [C]abe señalar que en sentencia del 27 de julio de 2023 esta Sección unificó su criterio en torno a la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes -acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones- (...). En este orden, a partir de la aplicación de la buena fe contractual, expresamente consagrada en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, le corresponde al juez del contrato, en cada caso, interpretar los acuerdos celebrados entre las partes y el comportamiento jurídicamente relevante que hubieren observado, junto con las demás particularidades del asunto sometido a su decisión, para establecer si lo pretendido en la demanda se encuentra en contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las manifestaciones de la voluntad y a la conducta observada por las partes durante la ejecución del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el estudio de las pretensiones encaminadas a resolver situaciones no contenidas en reclamaciones o salvedades de los acuerdos modificatorios del contrato, consultar providencias de 26 de diciembre de 2022, Exp. 63327, C.P. Nicolás Yepes Corrales; de 27 de julio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016, proferidas por el Ejército Nacional para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolecen de nulidad por falsa motivación? Respuesta al problema jurídico: No En su demanda el Consorcio Grupo Ingeniería solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y n.º 268 del 27 de julio de 2016 y su consecuente restablecimiento del derecho, pues aduce que los actos administrativos fueron expedidos con falsa motivación (...). El Consorcio Grupo Ingeniería considera que la entidad pública demandada vulneró el principio de planeación, lo que afectó la ejecución de las actividades a su cargo, dado: (i) que el tiempo estipulado para ejecutar el contrato fue insuficiente [lo que, a su juicio, da cuenta de la violación al principio de planeación]; (ii) que los diseños fueron objetos de múltiples alteraciones; y (iii) que se presentaron falencias en el proyecto, tales como la falta de definición de las actividades preliminares y de cimentación, la invasión del terreno por parte de contratista de obras vecinas, la falta de definición de planos topográficos, la falta de definición de la ubicación final del proyecto, la demora en la entrega de los diseños, la falta de información de los estudios de suelos, las modificaciones al diseño del túnel de acceso al sótano, la demora en las actividades iniciales de pilotaje y pantalla y los retrasos en las excavaciones. (...) [L]a Sala no encuentra demostrado que los actos administrativos cuestionados adolezcan de falsa motivación, como pasa a exponerse. (...) Para la Sala no resulta compresible que el consorcio demandante acuda ante el juez del contrato en procura de la anulación de las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016, sobre la base de la presunta violación al principio de planeación; si el contratista, que es un experto en la materia, estructuró su propuesta y celebró el negocio jurídico sobre la base de ejecutar las cantidades de obras contratadas a más tardar, en principio, hasta el 30 de noviembre de 2014, era porque estaba en condiciones de cumplir el compromiso acordado en el tiempo pactado. Sumado a lo anterior, no se puede dejar de lado que el contratista accedió a suscribir el contrato adicional n.º 1 del 28 de septiembre de 2015, en el que, si bien se amplió plazo de ejecución, también se adicionaron las actividades a ejecutar, todo lo cual conduce a concluir que comprendía y consentía los tiempos establecidos para ejecutar las obras; de haber estimado que el termino era insuficiente, no hubiese suscrito el contrato adicional. (…) En este sentido, (…) la Sala advierte que el contratista, versado en la materia, comprendió desde un principio el plazo establecido por la entidad para ejecutar el contrato, al punto que presentó propuesta sin formular reparo alguno y posteriormente suscribió el contrato en el que se obligó a ejecutar las obras contratadas a más tardar hasta el 30 de noviembre de 2014, aunado a que con posterioridad, de consuno, acordó su prórroga, de suerte que desconocer dichas estipulaciones no solamente iría en contravía del principio de la buena fe contractual, sino que implicaría el incumplimiento de los deberes contractuales a su cargo, pues en el marco de la reunión de preconstrucción no presentó inquietud alguna sobre el proyecto. A partir de lo anterior, en el presente caso la Sala no encuentra acreditado que, en los términos señalados por la recurrente, el Ejército Nacional hubiese transgredido el principio de planeación al pactar que el contrato debía ejecutarse a más tardar hasta el 30 de noviembre de 2014, razón por la cual este aspecto del cargo alegado no está llamado a prosperar. (…) De otra parte, (…) para la Sala no existe duda de que la intención de las partes, que se vio reflejada al suscribir el contrato, tuvo como propósito establecer que los diseños elaborados por el Ejército Nacional para la construcción del Edificio de la Justicia Penal Militar podrían ser objeto de modificaciones (…), de tal suerte que el cambio de los diseños estaba comprendido dentro del alea normal del negocio jurídico, que el contratista se obligó a respetar y cumplir. (…) Según se observa, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía (…). En este orden, se concluye que la parte demandante no acreditó lo alegado, pues además de que dentro de las reglas del proceso licitatorio se estableció que los diseños podrían ser objeto de modificaciones, no probó que estos fueran alterados en múltiples ocasiones, razón por la cual el cargo no tiene la vocación de prosperar. (…) Finalmente, la parte recurrente afirmó que se presentaron falencias que generaron retrasos en la ejecución del contrato, atribuibles a la falta de planeación de la Administración (…). Para la Sala, la real intención de las partes, reflejada en el contrato modificatorio n.º 2 del 22 de diciembre de 2014, consistió en otorgarle al contratista, con ocasión de las falencias advertidas, un tiempo adicional para que culminara las labores a su cargo, el cual, por demás, fue casi igual al inicialmente pactado. A partir de lo anterior, en el presente caso emerge con claridad que cualquier retardo en la ejecución de las labores por cuenta de la falta de definición de las actividades preliminares y de cimentación, de la invasión del área de trabajo, de la falta de definición de planos topográficos y de la ubicación del sitio final del predio, así como también de las observaciones a los diseños, la falta de información de los estudios de suelos, los ajustes y modificaciones del diseño del túnel de acceso al sótano del edificio, la demora en las actividades iniciales de cimentación, pilotaje y pantalla y el retraso en la excavación, fueron superadas por las partes al suscribir el contrato modificatorio n.º 2 del 22 de diciembre de 2014; si al contratista se le otorgó un tiempo adicional para que ejecutara el contrato por cuenta de las falencias tantas veces aludidas, no resulta comprensible que pretenda argumentar -en sede judicial que dichas falencias le generaron demoras. Finalmente, cabe agregar que al proceso no se allegaron elementos de prueba que permitan corroborar que, con posterioridad a la celebración del acuerdo modificatorio referido, se continuaron presentando las falencias advertidas y mucho menos que hubieren acaecido nuevas circunstancias, todo lo cual refuerza el argumento antes señalado. Además, tampoco se demostró que la extensión del plazo resultara insuficiente para ejecutar las labores encomendadas. A la vista de lo expuesto, la Sala negará el cargo de nulidad invocado por la recurrente -falsa motivación-, dado que en el proceso no se acreditó que la motivación de los actos acusados haya sido contraria a la realidad fáctica y probatoria aducida por la Administración al declarar el incumplimiento del contrato. De hecho, contrario a lo alegado en la apelación, no se probó que el tiempo estipulado para ejecutar las labores contratadas fuera insuficiente, tampoco que los diseños se hubieran visto modificados en distintas ocasiones, ni que las falencias advertidas hubiesen afectado la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. NORMAS DEMANDADAS: 1 - EJERCITO NACIONAL. RESOLUCION 236 del 11 de July de 2016 2016 Artículo: Inciso: Literal: Numeral: Parágrafo: Ordinal: (NO ANULADA - NO ANULADO del Oct 11 2023 12:00AM), 2 - EJERCITO NACIONAL. RESOLUCION 268 del 27 de July de 2016 2016 Artículo: Inciso: Literal: Numeral: Parágrafo: Ordinal: (NO ANULADA - NO ANULADO del Oct 11 2023 12:00AM) MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016, proferidas por el Ejército Nacional para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolecen de nulidad desviación de poder y desconocimiento del principio de la buena fe contractual? Respuesta al problema jurídico: No En su demanda el Consorcio Grupo Ingeniería solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y n.º 268 del 27 de julio de 2016 y su consecuente restablecimiento del derecho, pues aduce que los actos administrativos fueron expedidos con (...) desviación de poder y desconocimiento del principio de la buena fe contractual (...). La parte recurrente manifestó que durante la ejecución del contrato el Ejército Nacional proporcionó unos “diseños móviles e improvisados”, lo cual le impidió llevar a cabo una debida programación de la obra. La desviación de poder tiene lugar cuando un acto administrativo, que fue proferido por una autoridad competente con las formalidades debidas, persigue fines distintos a los autorizados por el ordenamiento. Esta circunstancia vicia el acto, porque la autoridad ejerce sus atribuciones con una finalidad diferente a la prevista en la Ley, bien en beneficio personal o de un tercero. Por su parte, respecto al principio de buena fe contractual que la actora aduce haber sido vulnerado por la entidad demandada, conviene reiterar que, de conformidad con lo expresamente consagrada en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, a lo largo del iter contractual los intervinientes deben obrar de conformidad con los postulados de la buena fe (...). En el proceso, tal y como quedó visto (...), quedó acreditado que los diseños podían ser objeto de modificaciones y, además, se probó que durante la ejecución del contrato el Ejército Nacional los varió en cuanto a la rampa de acceso al sótano (...) y en lo atinente a la redistribución de espacios, lo cual incidió en el capítulo de Voz y Datos, seguridad y control, sistema de detección de incendios, y se incorporó los diseños de aire acondicionado para unas áreas específicas (...). A partir de lo anterior, para la Sala el contratista no demostró la desviación de poder alegada y, mucho menos, el desconocimiento del principio de la buena fe contractual por parte de la Administración, pues en el proceso no quedó establecido que las decisiones adoptadas por la entidad contratante hubieren perseguido fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico y, por el contrario, lo que se observa es que como sustento del cargo la argumentación de la actora en realidad no alude a los vicios referidos, sino que se sustenta en las mismas razones que señaló al indicar que los actos acusados adolecían de falsa motivación, aspecto que por demás quedó desvirtuado. Es así como, adentrándonos en el fondo del cargo expuesto, la Sala advierte que el demandante no probó que el Ejército Nacional, al proferir las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016, hubiese actuado con una finalidad distinta a la de declarar el incumplimiento del contrato, facultad que, en todo caso, está prevista en la ley y quedó expresamente consignada en el negocio jurídico objeto de la litis (...), y tampoco acreditó que la entidad demandada hubiera desconocido el principio de la buena fe contractual y que, por tanto, hubiese impedido llevar a cabo una debida programación de la obra, pues las pruebas que obran en el plenario, en lo que atañe a los diseños, por el contrario dan cuenta que aquellos podían ser objeto de modificaciones, como en efecto lo fueron en virtud de las reglas contenidas en el pliego definitivo de condiciones (...), de modo que se trató de una situación prevista por los contratantes que, por tanto, conocida de antemano por el contratista al presentar su propuesta y suscribir el negocio sub judice. Por lo demás, en el proceso se acreditó los diseños solamente fueron reformados en cuanto a la rampa de acceso al sótano y la redistribución de ciertos espacios, de modo que, en suma, la parte actora no demostró que en el presente caso se hubiese estado en presencia de unos “diseños móviles e improvisados” y que se hubiere imposibilitado o dificultado una adecuada programación de las obras por parte del contratista (...). En este orden, al no estar acreditada la desviación de poder ni el desconocimiento del principio de buena fe, la Sala negará el cargo invocado por la recurrente. NORMAS DEMANDADAS: 1 - EJERCITO NACIONAL. RESOLUCION 236 del 11 de July de 2016 2016 Artículo: Inciso: Literal: Numeral: Parágrafo: Ordinal: (NO ANULADA - NO ANULADO del Oct 11 2023 12:00AM), 2 - EJERCITO NACIONAL. RESOLUCION 268 del 27 de July de 2016 2016 Artículo: Inciso: Literal: Numeral: Parágrafo: Ordinal: (NO ANULADA - NO ANULADO del Oct 11 2023 12:00AM) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la desviación de poder, consultar providencia de 28 de mayo de 2012, Exp. 21489, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca de la buena fe contractual, consultar providencia de 19 de noviembre de 2012, Exp. 22043, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / HECHO NUEVO / IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de impugnación, por lo que, dado que los cargos por infracción al principio de confianza legítima y al derecho al debido proceso no fueron materia de la demanda, no hay lugar a pronunciarse sobre estos? Respuesta al problema jurídico: Si En su demanda el Consorcio Grupo Ingeniería solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y n.º 268 del 27 de julio de 2016 y su consecuente restablecimiento del derecho, pues aduce que los actos administrativos (...) infringen el principio de confianza legítima y el derecho al debido proceso. (...) Al este efecto, según se desprende del reproche formulado en el recurso de alzada, se observa que la recurrente, si bien reiteró la existencia de la infracción al principio de confianza legítima y al derecho al debido proceso sobre la base de los cambios de que fue objeto contrato, modificó en segunda instancia su reclamación. De hecho, según la demanda, a juicio de la actora la entidad habría infringido el principio de confianza legítima y el derecho al debido proceso, por cuanto las “alteraciones” en el contrato, los cambios en los diseños, así como la falta de pago de las actas parciales de obra de los primeros meses de 2015 y 2016, alteraron la ecuación económica del contrato y le generaron mayores costos, “los que se solicita sean reconocidos”, toda vez que la entidad los negó. (...) Ahora, en el recurso de apelación, la recurrente, so pretexto de cuestionar la legalidad de las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016, planteó que los cambios en el proyecto le impidieron ejecutar las labores contratadas en los tiempos acordados, eliminado de plano cualquier referencia al concepto de la violación que incluyó en su demanda respecto de este punto, el cual, como quedó visto, se fundamentó en el desequilibrio económico del contrato y los mayores valores (...). En este orden, la Sala considera que a través del recurso de apelación la recurrente varió la causa petendi, intentando darle un giro a la argumentación planteada inicialmente en la demanda, en la que en estricto sentido no controvirtió la legalidad de los actos acusados, sino que se ocupó de sustentar los mayores valores ocasionados por el desequilibrio económico del contrato que reclamó a título de restablecimiento del derecho. A este respecto, es menester precisar que excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado. No obstante, en el presente caso la Sala no abordará el estudio del cargo expuesto por la parte recurrente, correspondiente a la infracción al principio de confianza legítima y el derecho al debido proceso, pues su argumentación no fue materia de la demanda. En efecto, resulta claro que, de conformidad con lo expresamente señalado en el líbelo introductorio, el reproche de la actora se centró en reclamar el desequilibrio económico del contrato y en solicitar el reconocimiento de mayores valores, al paso que, por su parte, en el recurso de apelación indicó que el contrato fue objeto de “repetidas alteraciones” y cambios permanentes que “evitaron la cabal realización de lo pactado”. Así las cosas, entrar a pronunciarse sobre la nueva argumentación aducida en el recurso de apelación comportaría una modificación de la causa petendi, lo que daría lugar a desconocer el principio de congruencia. Este principio impide al juez sorprender a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron materia de debate a lo largo del proceso, a excepción de aquellos que deben resolverse de oficio, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción. Al respecto, es pertinente anotar que de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del CGP, que consagra el principio de congruencia, debe existir consonancia o coherencia correlativa entre la providencia judicial y las pretensiones y los hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. (...) Así las cosas, como en el presente caso la parte recurrente varió en segunda instancia los fundamentos del cargo de nulidad correspondiente a la infracción al principio de confianza legítima y al derecho al debido proceso, en desmedro de los derechos de la demandada, la Sala no procederá a su estudio y, por tanto, aquel será negado. Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 29 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar que las Resoluciones n.º 236 del 11 de julio de 2016 y 268 del 27 de julio de 2016 no adolecen de los vicios alegados. NORMAS DEMANDADAS: 1 - EJERCITO NACIONAL. RESOLUCION 236 del 11 de July de 2016 2016 Artículo: Inciso: Literal: Numeral: Parágrafo: Ordinal: (NO ANULADA - NO ANULADO del Oct 11 2023 12:00AM), 2 - EJERCITO NACIONAL. RESOLUCION 268 del 27 de July de 2016 2016 Artículo: Inciso: Literal: Numeral: Parágrafo: Ordinal: (NO ANULADA - NO ANULADO del Oct 11 2023 12:00AM) NOTA DE RELATORÍA: Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar providencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Acerca del principio de congruencia de la sentencia, consultar providencias de 1° de marzo de 2006, Exp. 15898, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 31 de octubre de 2016, Exp. 56949, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 27 de noviembre de 2017, Exp. 59913, C.P. Jaime Orlando Santofimio; de 27 de septiembre de 2018, Exp. 42769, C.P. María Adriana Marín; de 14 de febrero de 2019, Exp. 58894, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 5 de marzo de 2020, Exp. 64627, C.P. María Adriana Marín; de 19 de noviembre de 2020, Exp. 65854, C.P. Nicolás Yepes Corrales; de 18 de diciembre de 2020, Exps. 62573, 64129 y 64270, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y de 5 de marzo de 2021, Exp. 65440, C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿En vigencia del C.P.A.C.A. resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva de forma desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [S]se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, por concepto de agencias en derecho, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Al efecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos declarativos en general la tarifa de agencias se ubicará entre 1 y 6 SMLMV, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en dos (2) SMLMV a la fecha de la sentencia, que se consideran causadas y comprobadas en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la condena en agencias en derecho, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201700322011100103