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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable

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Fecha
2026-04-20
Radicado
76001233100020100031602
Número interno
73421
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS, CONSTRUCCIONES CF-LTDA
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable

Lo que dijo la Sala

Los artículos 212 del CCA y 352 del CPC imponen al apelante la carga de sustentar su impugnación, por lo que sus referencias argumentativas delimitan la competencia del juez de segunda instancia. Con fundamento en estas disposiciones, la Subsección ha precisado que no es suficiente la simple interposición del recurso ni la manifestación genérica de inconformidad con la decisión impugnada. La ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, de tal manera que el superior jerárquico cuente con elementos para confrontar la decisión apelada con los motivos de inconformidad de la parte recurrente.… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 212
  • Decreto 1400 de 1970, art. 352

También resuelve

  • ¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación?
  • ¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato?
  • ¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE CONGRUENCIA COMPETENCIA FUNCIONAL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA SANCIÓN PECUNIARIA CONTRATISTA MULTA AL CONTRATISTA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO AMENAZA INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INTERÉS JURÍDICO DIRECTO ENTIDAD ESTATAL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL INVÍAS SANCIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PLIEGO DE CONDICIONES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO ACREEDOR INTEGRACIÓN NORMATIVA OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDAD CONSTRUCTORA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEMANDA DE RECONVENCIÓN INDEXACIÓN MORA DEL DEUDOR OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA VALOR NOMINAL INTERÉS MORATORIO OBLIGACIÓN ACCESORIA OBLIGACIÓN DINERARIA ESTIMACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE CARGA DE LA PRUEBA NEXO DE CAUSALIDAD CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO PRUEBA DE LOS PERJUICIOS LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ANTICIPO DEL CONTRATO DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN IPC REAJUSTE CON BASE EN EL IPC SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CONSORCIO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CONTRATACIÓN ESTATAL SALDOS A FAVOR CONDENA EN COSTAS TEMERIDAD PROCESAL MALA FE ACTUACIÓN PROCESAL PARTES DEL PROCESO

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Titulación de la relatoría 18.923 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SANCIÓN PECUNIARIA / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Respuesta al problema jurídico: Si Los artículos 212 del CCA y 352 del CPC imponen al apelante la carga de sustentar su impugnación, por lo que sus referencias argumentativas delimitan la competencia del juez de segunda instancia. Con fundamento en estas disposiciones, la Subsección ha precisado que no es suficiente la simple interposición del recurso ni la manifestación genérica de inconformidad con la decisión impugnada. La ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, de tal manera que el superior jerárquico cuente con elementos para confrontar la decisión apelada con los motivos de inconformidad de la parte recurrente. (…) . El INVÍAS sostuvo en el recurso que tiene derecho al pago de estas sanciones pecuniarias por cuanto son "una súplica que se relaciona con los profundos incumplimientos de las entidades contratistas". Con todo, este señalamiento no ataca el fundamento de la decisión del Tribunal. (…) En conclusión, la Sala no cuenta con elementos para confrontar el fundamento de la decisión apelada con argumentos del apelante que apunten a evidenciar su incorrección. En consecuencia, atendiendo a los límites competenciales del juez de segunda instancia, se confirmará este aspecto del fallo impugnado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el requisito de sustentación del recurso de apelación, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 44.707 (pág. 21), sept. 24/2020. M.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352 MULTA AL CONTRATISTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / AMENAZA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INVÍAS / SANCIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación? Respuesta al problema jurídico: No Las multas de que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 se subsumen en el concepto general de cláusula penal. (…) Sin embargo, la función que cumple no es estimar convencionalmente el perjuicio que sufre el acreedor insatisfecho por la inejecución o retardo en el cumplimiento de una obligación. (…) Además, como ha indicado la Subsección, son concebidas para sancionar incumplimientos parciales imputables al contratista. (…) Habida cuenta del carácter conminatorio de la multa, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en virtud del cual se expidió la Resolución 3662 de 2007, establece que su imposición “procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista”. Esto presupone que la prestación sea exigible al contratista y su satisfacción reporte un interés para la entidad contratante, de forma que la multa sirva como medio de compulsión para la satisfacción del débito. Por esa razón, la Subsección ha sostenido que la imposición de la multa se torna improcedente cuando, fenecido el plazo del contrato, desaparece el interés jurídico de la entidad estatal por compeler al contratista al pago de la obligación respectiva. (…) El contrato terminó por vencimiento del plazo el 13 de febrero de 2009, sin que se ejecutara su objeto principal. Después de esa fecha se extinguió el interés jurídico del INVÍAS de exigir al Contratista la obligación principal —la construcción del puente vehicular— y las prestaciones accesorias a ella, como la de entregar informes. (…) En consecuencia, resulta improcedente imponer el pago de las multas reclamadas, ya que estas tienen por objeto apremiar al contratista y proceden solo mientras se halle pendiente y sea exigible el cumplimiento de la prestación. NOTA DE RELATORÍA: [Respecto del carácter conminatorio de la multa para asegurar el cumplimiento de la obligación debida, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 62.016, sept. 27/2024. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre el límite temporal para acudir a las multas como mecanismo corrector de las obligaciones incumplidas, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 49.286, feb. 4/2022. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1562 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / ACREEDOR / INTEGRACIÓN NORMATIVA Problema jurídico: Es procedente la condena al pago de la cláusula penal pecuniaria cuando, tras el vencimiento del plazo contractual, se verifica el incumplimiento total de la obra y la frustración irreversible del interés de la entidad estatal? Respuesta al problema jurídico: Si En la cláusula vigésima quinta del contrato se estipuló que el pliego de condiciones integraba su contenido. En el numeral 5.32 del pliego se contempló una cláusula penal para el evento del incumplimiento definitivo del contratista —no para incumplimientos parciales— por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, (…). La condición a la que se sujetó el pago de la pena consistió en el “incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato”. En su significado natural y obvio (Código Civil, art. 28), el vocablo definitivo denota una propiedad: “final y no sujeto a cambios posteriores”. Frente al cobro de una cláusula penal, la Subsección ha señalado que el carácter definitivo refiere la imposibilidad de remediar el incumplimiento mediante medidas de apremio, por la expiración del plazo para la entrega de la obra y la frustración irreversible del interés de la entidad. (…) La condición a la que se sujetó el pago de la pena estipulada en el pliego de condiciones se cumplió en este caso. (…) El incumplimiento fue definitivo por el carácter irreversible de la frustración del interés del acreedor: el contrato terminó por vencimiento del plazo y la entidad no recibió la obra que contrató. Este evento privó al INVÍAS y a los usuarios del acceso a una infraestructura que integra la red nacional de carreteras, (…) En consecuencia, la Sala considera procedente condenar al Contratista al pago de la pena. NOTA DE RELATORÍA: [Sobre la interpretación del incumplimiento definitivo como condición para la exigibilidad de la cláusula penal, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.090 (párrs. 195 y 227), ene. 30/2026. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la distinción entre el incumplimiento definitivo y parcial, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Ref.: 41001-3103-004-1996-09616-01 (M.P. Arturo Solarte Rodríguez; 18 de diciembre de 2009).] FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 28 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / ACREEDOR / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Las partes estipularon que la pena ascendería a “una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de obra”. El tenor literal de la cláusula es plenamente inteligible y evidencia la intención de las partes de aplicar la pena de forma proporcional, esto es, como el resultado de una relación o razón entre dos magnitudes: el valor del contrato y el avance de la obra. Así, en ejercicio de su facultad de autorregulación de intereses, las partes convinieron la reducción o rebaja proporcional de la pena ante el cumplimiento parcial de la obligación principal, tal como prevén los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio. (…) Las pruebas del expediente afianzan la conclusión de que no hubo avances en la construcción de la obra, fundamento de la sentencia de primera instancia que no fue impugnado. (…) Los documentos del expediente reflejan que el Contratista ejecutó actividades relacionadas con la elaboración de estudi FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INDEXACIÓN / MORA DEL DEUDOR / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / VALOR NOMINAL Problema jurídico: ¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [L]a indexación de la cláusula penal es procedente, porque el pago solo tiene efecto solutorio si las sumas reconocidas mantienen su valor en términos reales y no meramente nominales. (…) El artículo 1595 del Código Civil establece que el “el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es positiva”. Esto significa que el deudor incurre en la pena, esto es, que su pago es exigible, cuando se ha constituido en mora respecto de la obligación principal. El numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil señala que el sujeto pasivo de la obligación está en mora “cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado”. El Contratista no cumplió la obligación principal de entregar la obra dentro del término estipulado. En consecuencia, desde el día siguiente incurrió en la pena, por lo que se tomará como IPC inicial, para efectos de la actualización, el correspondiente al mes de febrero de 2009. NOTA DE RELATORÍA: [Sobre la indexación de los saldos incluidos en el balance de cuentas, ver: C.E., Secc. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.090 (párr. 223) de ene. 30/2026, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. En el mismo sentido, la Sala ha indicado la procedencia de actualizar, desde la sentencia de primera instancia, los saldos reconocidos en la liquidación judicial del contrato. Cfr. C.E., Secc. Tercera, Subsecc. A, Sent. 73.776 (párrs. 58-65) de mar. 13/2026, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.] [Respecto del reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo producida entre la estipulación de la penal y la solución de la deuda, en virtud del principio de plenitud del pago, ver: C.S.J., Sala de Casación Civil, Sent. SC507-2023, ene. 12/2024. Rad. 11001-31-03-041-2020-00020-01, secc. 5.2.3.] FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1595, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 1 INTERÉS MORATORIO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN ACCESORIA / OBLIGACIÓN DINERARIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ESTIMACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / PLIEGO DE CONDICIONES / INVÍAS / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Es procedente reconocer intereses moratorios sobre el valor de la cláusula penal desde la terminación del contrato, sin que exista término para su pago ni estipulación expresa? Respuesta al problema jurídico: No El INVÍAS solicitó también que, sobre el valor de la cláusula penal, se liquiden intereses moratorios desde la fecha de terminación del contrato. Esta pretensión no es procedente. El interés de mora constituye la estimación legal de los perjuicios derivados del retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria (Código Civil, art. 1617). La obligación de pagar la pena nació el 13 de febrero de 2009, cuando se verificó la condición de la que pendía: el incumplimiento definitivo del Contratista. Sin embargo, la constitución en mora respecto de esta obligación accesoria no tuvo lugar en esa misma fecha. El vencimiento del plazo contractual determinó la constitución en mora frente a la obligación principal —entregar el puente—, no frente a la obligación de pagar la pena, que es una obligación accesoria, pero distinta. El numeral 5.32 del pliego no fijó un término para el pago de esta suma, sino que únicamente estableció la condición que hacía nacer la obligación. A falta de este término, no resulta procedente condenar al pago de intereses de mora sobre el valor de la cláusula penal desde el 13 de febrero de 2009, (…). Adicionalmente, esta pretensión resulta improcedente porque el numeral 5.32 del pliego, al estipular la pena, no previó la posibilidad de reconocer intereses moratorios sobre su capital. La autorización expresa de acumular la pena con la indemnización de perjuicios regula la concurrencia de remedios frente al incumplimiento del contrato principal, pero no constituye una estipulación de intereses sobre la pena. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la improcedencia de la acumulación de la pena con la indemnización de perjuicios, ver: C.S.J., Sala Civ., Sent. SC3971-2022, mar. 23/2023. M.P. Hilda González Neira. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO EMERGENTE / LUCRO CESANTE / CARGA DE LA PRUEBA / NEXO DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / INVÍAS Problema jurídico: ¿Procede reconocer perjuicios adicionales a la cláusula penal cuando no se prueba su existencia ni su cuantificación? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]l numeral 5.32 del pliego de condiciones estipula: “La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios”. En consecuencia, el INVÍAS está facultado para reclamar los perjuicios que por concepto de daño emergente y lucro cesante haya padecido, en adición a la cláusula penal. (…) Sin embargo, como el INVÍAS pretende obtener el pago de perjuicios materiales en adición a la cláusula penal, respecto de esta pretensión opera la carga de la prueba. Quien afirma ser acreedor de la obligación indemnizatoria debe probar, además del ilícito contractual, el perjuicio sufrido y el ligamen causal entre el incumplimiento imputable y el daño. (…) En el expediente no hay pruebas que acrediten la existencia de perjuicios adicionales a los estimados convencionalmente. Los documentos obrantes no guardan relación con su causación; los testigos que rindieron declaración tampoco mencionaron este hecho; y en la demanda de reconvención la pretensión indemnizatoria no fue objeto de cuantificación. (…) E FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1599, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1600 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO / DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IPC / REAJUSTE CON BASE EN EL IPC / INTERÉS MORATORIO / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / INVÍAS / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Puede el juez de segunda instancia modificar la liquidación del contrato únicamente en el aspecto impugnado, manteniendo inalterados los demás elementos no cuestionados por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala modificará la liquidación del contrato practicada en primera instancia, porque es procedente reconocer en el balance final de cuentas, a favor del INVÍAS, la suma correspondiente a la cláusula penal prevista en el numeral 5.32 del pliego de condiciones. Los demás elementos y bases de la liquidación ―saldos a favor de la entidad estatal, periodo de actualización e índice, periodo de causación de intereses y tasa aplicada― no serán modificados, pues no fueron impugnados por el INVÍAS ni por el Contratista, cuyo recurso de apelación fue declarado desierto. En la liquidación practicada en la sentencia de primer grado, el Tribunal incluyó como saldo a favor del INVÍAS el anticipo no amortizado de $3.808'776.150, actualizando el valor histórico y reconociendo intereses sobre esta suma a una tasa equivalente al doble del interés legal civil. La Sala adoptará esa liquidación en su integridad y, aplicando la misma metodología, extenderá el cálculo a los periodos transcurridos entre la emisión del fallo de primera instancia y la fecha de esta sentencia (…). De la misma forma (…), la Sala extenderá el cálculo a los periodos transcurridos (…). Finalmente, la Sala incluirá en el balance, por las razones expuestas, la suma debida por concepto de la cláusula penal. (…) Esta suma se actualizará aplicando como IPC inicial el de febrero de 2009 y como IPC final el último disponible a la fecha de la sentencia (…). CONSORCIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALDOS A FAVOR / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / INVÍAS / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Deben los integrantes de un consorcio responder solidariamente por las obligaciones derivadas del contrato, incluyendo los saldos resultantes de su liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece que los integrantes del consorcio responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Además, prescribe que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que integran el consorcio. Los saldos resultantes de la liquidación del contrato constituyen un pasivo a cargo del Consorcio Puentes CF-C 116, integrado por Construcciones Civiles y Portuarias S.A. –CIPORT S.A.– Sucursal Colombia y Construcciones CF S.A.S., sociedades que fueron demandadas en este proceso. En consecuencia, la condena al pago del saldo a favor del INVÍAS se impondrá solidariamente a las demandadas en reconvención. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / ACTUACIÓN PROCESAL / PARTES DEL PROCESO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes? Respuesta al problema jurídico: No En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201000316021100103