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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se cumplen los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública

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Fecha
2025-05-19
Radicado
73001233300020210040501
Número interno
70731
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIÓN TEMPORAL URBANISMO PRADO
Demandado
MUNICIPIO DE PRADO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se cumplen los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública

Lo que dijo la Sala

La Sala anticipa que resolverá desfavorablemente la pretendida declaratoria de nulidad absoluta del negocio jurídico, en tanto éste corresponde un argumento nuevo que no fue allegado como pretensión ni alegado como medio exceptivo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de obra pública de oficio cuando el argumento no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo, y no se cumplen los requisitos legales para su declaratoria oficiosa, que incluyen que el vicio sea palmario, que el contrato haya sido invocado en el litigio y que las partes hayan concurrido en el proceso. La Sala reitera que la facultad del juez de declarar la nulidad absoluta de oficio debe ejercerse bajo estrictos lineamientos legales para garantizar la seguridad jurídica, y que las causales de nulidad deben estar consagradas expresamente en la ley. En este caso, no se evidencian vicios palmarios ni se alegan violaciones a las normas imperativas que podrían configurar la nulidad absoluta, por lo que la declaratoria de nulidad es improcedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se cumplen, en este caso, los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública, cuando también debe tenerse en cuenta que, se trata de un argumento nuevo pues no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 44

También resuelve

  • ¿El a quo debió reconocer el valor del acta parcial de ejecución de obra 3 en la liquidación que efectuó del contrato?
  • ¿El a quo al descontar los valores de las estampillas del acta 1 en la liquidación del contrato incurrió en un error?
  • ¿El a quo debió incluir el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE NULIDAD ARGUMENTO NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA FALTA DE PRUEBA PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PAGO DEL CONTRATO REQUISITOS DEL PAGO ESTAMPILLA PRO ESTAMPILLA PRO CULTURA DESCUENTO TRIBUTARIO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA MULTA MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL VICIOS DEL CONSENTIMIENTO AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 19.211 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOLICITUD DE NULIDAD / ARGUMENTO NUEVO / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Se cumplen, en este caso, los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública, cuando también debe tenerse en cuenta que, se trata de un argumento nuevo pues no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo? Respuesta al problema jurídico: No La Sala anticipa que resolverá desfavorablemente la pretendida declaratoria de nulidad absoluta del negocio jurídico, en tanto éste corresponde un argumento nuevo que no fue allegado como pretensión ni alegado como medio exceptivo. Tampoco se cumplen los requisitos para su declaratoria oficiosa. (...) La Subsección ha reiterado que si bien, en aras de proteger el orden jurídico, la ley confiere al juez el poder inquisitivo de declarar de oficio la nulidad absoluta de los contratos, en la medida que se activa aun sin petición de parte e incluso en contra de los intereses de los contratantes, esa facultad, que a la vez es un deber, debe ejercerse bajo los estrictos lineamientos que la misma ley impone -y la jurisprudencia desarrolla- en garantía de la seguridad jurídica. (...) Concordante con lo anterior, son tres los requisitos que deben reunirse para declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un negocio jurídico: (i) que el vicio que estructura la causal de nulidad sea palmario o surja de bulto; (ii) que el contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones; y, (iii) que al proceso hayan concurrido las partes del contrato o sus causahabientes. En relación con el primero de estos requisitos, la Sala ha indicado que el vicio debe ser apreciable a simple vista, es decir, debe ser tan palmario que no requiera de un mayor esfuerzo para ser evidenciado, ni implique para ello realizar juicios de valor sobre aspectos que no estén contenidos en el mismo acto o contrato viciado; sin embargo, frente a esto último ha advertido también que la ley precisa que el juez está facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “cuando esté plenamente demostrada en el proceso”, asunto que resalta los componentes del contrato estatal, y por ende, las particularidades del mismo a la luz de la valoración de los elementos de su existencia y validez, porque aunque algunos rasgos son similares a los del contrato civil o comercial, aquél tiene una dimensión igualmente diversa debido a la funcionalidad de la herramienta convencional de cara al logro de los fines y cometidos que con él se persiguen. (...) Al abordar este análisis, se debe observar de manera reforzada el principio de conservación de los contratos. Esto significa que el contrato está llamado a ejecutarse pues por esa vía se cumplen los fines de la contratación estatal que se confunden con los del Estado. (...) Además, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, la de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina, las normas que regulan las causales de nulidad absoluta son de interpretación restrictiva y deben estar consagradas expresamente en la ley -se les atribuye un principio de tipicidad rígida-, dado que representan límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad. (...). Con fundamento en lo acordado por las partes, los antecedentes administrativos y las pruebas recaudadas, la Sala observa que el negocio jurídico objeto de controversia corresponde a un contrato de obra pública, sin que se advierta de forma palmaria un vicio que configure alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en las normas del derecho privado o en el artículo 44 la Ley 80 de 1993, conforme pasa a explicarse. (...) El contrato 094 de 2019 fue el resultado de un proceso de selección desarrollado bajo las normas de la contratación pública (...) No se observa que el contrato celebrado tuviese causa u objeto ilícitos (...) Así mismo, por su naturaleza, las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas, expresas y de interpretación restrictiva, por lo que no pueden ser aplicadas por analogía o hacerse extensivas a casos no comprendidos por el legislador, sin que se advierta de las pruebas allegadas que los integrantes de la Unión Temporal estuviesen incursos en alguna de ellas (...) Finalmente, se descarta que el contrato pudiere estar viciado de nulidad absoluta por desconocimiento del principio de planeación, pues, además de no estar probado el incumplimiento de ese deber por cuanto el contrato estuvo precedido de una consultoría y de unos estudios previos que definieron su viabilidad técnica, sin que se hubiesen expuesto reproches respecto de ellos por las partes, lo cierto es que la falta al deber de planeación no es causal autónoma de nulidad de los contratos estatales, por cuanto la ley no lo establece como tal; asunto distinto es que la Entidad contratante hubiese vulnerado normas imperativas del proceso precontractual ligadas a ese principio, lo cual no fue alegado ni se observa configurado bajo las pruebas allegadas. (...) Con base en lo expuesto, la Sala concluye que en este caso no están dados los elementos de juicio necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, toda vez que no obran en el expediente elementos que permitan advertir palmariamente o de bulto a partir de los documentos contractuales, que se configura alguna de las causales definidas por el legislador. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad del juez para declarar de manera oficiosa la nulidad de los contratos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, Exp. 57822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobe los requisitos para declarar de oficio la nulidad del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019, Exp. 61.720, C.P. Marta Nubia Velásquez; sentencia del 18 de abril de 2016, Exp. 30.682, C.P. Marta Nubia Velásquez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 24.809. Sobre la tipicidad rígida de las causales de nulidad del contrato, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de noviembre de 2011, 8 de noviembre Exp. E-2009-00219-00. Ver también sentencia del 6 de marzo de 2012, Exp. 2001-0026, M.P. William Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL PAGO Problema jurídico: ¿El a quo debió reconocer el valor del acta parcial de ejecución de obra 3 en la liquidación que efectuó del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Para la demandante, el Tribunal no tuvo en cuenta que el acta 3 sí fue aportada al proceso y desconoció que las pruebas allegadas dan cuenta de la ejecución de las obras que ésta contiene, por lo que debían ser reconocidas. (...) Frente a lo anterior, debe indicarse que si bien se aportó al proceso el acta parcial de obra 3 suscrita por la interventoría, se echan de menos los documentos que la soportan y que resultan exigibles en virtud de la cláusula séptima del contrato para su pago (...) De ese modo, para que resultara procedente el pago del acta parcial 3 aportada, debía estar acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, la factura correspondiente y el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en los términos pactados en el contrato, aspecto que como advirtió el Tribunal en primera instancia, solo se acreditó respecto de las actas parciales 1 y 2. En ese orden, respecto del acta parcial 1 se encuentra dentro del expediente la certificación de interventoría de cantidades de obra para su correspondiente autorización de pago, la certificación de cumplimiento del acta emitida por el supervisor, el informe 1 de actividades y los pagos seguridad social y parafiscales. Así mismo, en lo que concierne al acta parcial 2, se aportó la certificación de cumplimiento del supervisor, la autorización de la interventoría para proceder con el pago, el informe 2 de actividades y los pagos seguridad social y parafiscales, todo lo cual, contrario a lo que ocurre con el acta 3, se ajusta a lo exigido en el contrato. (...). Adicionalmente, no hay otros elementos de prueba en el expediente que permitan a la Sala establecer que las actividades relacionadas en el acta 3 efectivamente fueron ejecutadas. (...) lo cierto es que: (i) no hay constancia alguna en las pruebas allegadas de la aprobación por parte de la supervisión o del alcalde municipal del acta 3, o de algún documento que la soporte; y, (ii) al proceso no fueron aportadas las presuntas memorias de cantidades de obra, el informe de ejecución, la pre-acta o la factura a las que alude el perito en su informe. (...) Por ende, la Sala no evidencia que el Tribunal incurriera en error al valorar las pruebas por no haber incluido dentro de la liquidación el valor correspondiente al acta parcial 3, puesto que la parte actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos expresamente contenidos en el negocio jurídico para que resultara procedente su pago, como tampoco allegó elementos de prueba que permitieran verificar que las actividades contenidas en ella se hubiesen ejecutado. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / ESTAMPILLA PRO / ESTAMPILLA PRO CULTURA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESCUENTO TRIBUTARIO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El a quo al descontar los valores de las estampillas del acta 1 en la liquidación del contrato incurrió en un error? Respuesta al problema jurídico: No En las cláusulas tercera, cuarta y séptima del contrato de obra, se consignó que estarían a cargo del contratista la totalidad de impuestos, tributos y contribuciones derivadas del contrato y su ejecución. (...). El Acuerdo Municipal 12 del 7 de octubre de 2014, “por medio del cual se adoptó el código de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario para el municipio de prado Tolima”, reguló lo concerniente a la estampilla pro cultura y para el bienestar del adulto mayor en sus capítulos 234 y 241 respectivamente. El artículo 234 definió los elementos de la estampilla procultura y dispuso que la causación surgía en el momento de la suscripción del contrato y que la tarifa aplicable era el dos por ciento (2%) sobre los contratos cuya cuantía fuese mayor a un millón de pesos ($1.000.000), por su parte, el artículo 241 con relación a la estampilla de adulto mayor dispuso que la obligación de pagar el valor de esta surgía también con la suscripción del contrato y la tarifa era el cuatro por ciento (4%) del valor del contrato. Los artículos 238 y 246 de la misma norma establecen que el recaudo de las estampillas procultura y pro adulto mayor está a cargo de los funcionarios que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen, en este caso, bajo el contrato celebrado. (...) Se tiene que la entidad contratante debía descontar al contratista un seis por ciento (6%) del valor del contrato por concepto de las mencionadas estampillas municipales, no obstante, el Tribunal al no evidenciar tal circunstancia, incluyó dentro de la liquidación el valor correspondiente. Para la demandante, este descuento no debió realizarse, puesto que ello derivó en un doble cobro considerando que la entidad ya había efectuado ese descuento del pago del acta 1. Indicó que ello está acreditado a partir de la nota de contabilidad (...) del 30 de julio de 2020 donde se acreditó dicho descuento por un valor de $136.254.171. (...) No obstante, una vez revisado el expediente, no se encuentra que la nota de contabilidad referida se haya aportado con la demanda o solicitado como prueba en segunda instancia, tampoco se encuentra dentro de los antecedentes administrativos aportados por la entidad, siendo necesario precisar que aunque se incluyó una captura de ese documento en el recurso de apelación, al no haberse decretado como prueba, no fue objeto de contradicción y no puede ser tenido en cuenta como medio de prueba en esta instancia. Adicionalmente, aun cuando fuese factible darle un valor probatorio a esa captura de pantalla, lo cierto es que este documento solo evidencia una imputación contable identificando el código, detalle, débito y crédito y que fue elaborado por “CONTADOR”, por lo que por sí sola no acredita el cumplimento o el pago de esa obligación tributaria, pues no se puede extraer la información suficiente que dé cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar en la cual se realizó el pago y que éste hubiese sido recibido por el municipio. (...). Debe indicarse también que, aunque en el expediente se encuentran las consignaciones realizadas al contratista por el acta parcial 1 por un valor de $395.000.000, éstas no dan cuenta de algún tipo de descuento o retención por concepto de estampillas, en tanto sólo acreditan la realización de una transferencia de una cuenta bancaria a otra, y a pesar de que en la parte final se encuentra el recibo de pago número (...), éste resulta ser ilegible por lo que tampoco es posible acreditar a partir de él los descuentos y retenciones que alega la demandante. (...) Finalmente, a partir de la operación aritmética efectuada por el a quo respecto de las actas 1 y 2 reconocidas y los descuentos aplicados, la Sala observa que no existe el doble cobro aducido por la parte actora. En este sentido, se tiene que las actas 1 ($1’061.307.002) y 2 ($280’404.243) tenían un valor total de $1’341.711.245, los cuales, al descontarse la suma entregada en anticipo ($579’804.984), los pagos parciales realizados ($395’000.000), la retención en la fuente ($93’919.787) y la estampilla procultura y adulto mayor ($115’962.617), determinaban un saldo de $157’023.857, que fue el valor reconocido por el a quo a favor del contratista en la liquidación. (...) Por tanto, la Sala encuentra que el cargo de la parte actora carece de sustento, y, en consecuencia, resulta insuficiente para modificar lo determinado en la sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el alcance probatorio de los pantallazos o copias de los mensajes de datos, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. B, rad. 36.321, dic. 13/2017, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo y Corte Constitucional, sentencia T-467 de 2022, M.P. Jorge E. Ibáñez Najar. FUENTE FORMAL: MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA , ACUERDO 12 DE 2014 - ARTÍCULO 241, MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, ACUERDO 12 DE 2014 - ARTÍCULO 234, MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, ACUERDO 12 DE 2014 - ARTÍCULO 238, MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, ACUERDO 12 DE 2014 - ARTÍCULO 246 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El a quo debió incluir el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión? Respuesta al problema jurídico: No El valor de la multa y la cláusula penal (...). La parte actora afirmó en el recurso de alzada que no debía asumir responsabilidad alguna por la interrupción indefinida del contrato, por cuanto suscribió el acta de suspensión bajo las condiciones dictadas por la entidad con ocasión de la presión ejercida por sus funcionarios, y, en consecuencia, tenía derecho al reconocimiento de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el negocio jurídico. (...) En primera medida, debe indicarse que en la demanda la parte actora no afirmó la existencia de algún vicio del consentimiento que perjudicara su voluntad al acceder a la suspensión del contrato en los términos dispuestos en el acta correspondiente, sin que exista alguna prueba en el proceso sobre el particular, como tampoco solicitó el reconocimiento a su favor de las multas y la cláusula penal acordadas bajo el negocio jurídico. En consecuencia, lo indicado por el demandante corresponde a un argumento nuevo introducido en el recurso de alzada, y que, por ende, no fue alegado en las etapas procesales previstas legalmente para precisar la extensión, contenido y alcance de la controversia que se propone y frente a los cuales se garantiza la oportunidad de la contraparte para pronunciarse, esto es, la demanda, su corrección o adición, de manera que se trata de un aspecto que no fue sometido oportunamente a consideración de la contraparte ni del a quo, por lo que al no haber sido objeto del proceso, un pronunciamiento sobre el particular conllevaría el desconocimiento del principio de congruencia. En todo caso, como elemento adicional que impide acceder a los nuevos conceptos pretendidos por el demandante en el recurso de apelación, la Sala advierte su manifiesta improcedencia, toda vez que tanto las multas como la pena pecuniaria previstas en las cláusulas vigésima primera y vigésima segunda del contrato, como sanciones convencionales, fueron pactadas única y exclusivamente a favor de la entidad contratante, por lo que su reconocimiento a favor del contratista carece de sustento jurídico alguno. (...) Por las razones expuestas, ante la improcedencia de la totalidad de los cargos de apelación, la Sala confirmará la decisión proferida en primera instancia. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas a alguna de las partes, cuando ninguno de los cargos de las dos partes recurrentes tuvo vocación de prosperidad? Respuesta al problema jurídico: No Como en este caso ninguno de los cargos expuestos por cada una de las partes recurrentes, la demandante y la demandada, tuvo vocación de prosperidad, no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra de ninguno de los extremos procesales NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia del cobro de costas cuando el recurso no le es próspero a los dos recurrentes, ver: sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 250002336000 201501315 01(57822) FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012333000202100405011100103