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Consejo de Estado Providencia

Incumplimiento del contrato: Sentencia

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Fecha
2026-05-22
Radicado
70001233300020200001701
Número interno
72521
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Demandado
SEGUROS DEL ESTADO S. A., FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA -FENSUAGRO CUT

Síntesis de la providencia

Incumplimiento del contrato: Sentencia

Regla de decisión

Corresponde a la entidad estatal demandante acreditar plenamente el incumplimiento contractual y las circunstancias constitutivas de gravámenes sobre predios.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal demandante asume la carga probatoria de demostrar los hechos en que funda sus pretensiones de incumplimiento contractual, conforme al artículo 1757 del Código Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso. La corporación judicial revoca parcialmente la sentencia de primera instancia al concluir que la ejecución de obras en un predio afectado por medidas cautelares o la sustitución de inmuebles sin autorización previa no constituyen por sí mismas un incumplimiento contractual imputable al contratista, toda vez que la administración no acreditó el daño ni la exigencia contractual infringida. Asimismo, la sala absuelve a la compañía aseguradora y declara que no hay lugar a condena en costas en esta instancia procesal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió la carga probatoria sobre la existencia de la obligación relativa a predios libres de gravámenes y autorizados?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 211
  • Ley 57 de 1887, arts. 1521, 1757 y 762

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

De no extenderse los efectos del recurso de apelación interpuesto por la aseguradora a su afianzada, se llegaría al absurdo de tener, en una misma sentencia, dos (2) decisiones contradictorias respecto del mismo negocio jurídico asegurado: una frente al tomador y otra frente a su garante.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA BIEN INMUEBLE BIEN EMBARGADO MEDIDA CAUTELAR OBLIGACIÓN CONTRACTUAL OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA POSESIÓN DE BUENA FE PRESUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE POSEEDOR DE BUENA FE TENEDOR REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA CONVENIO DE ASOCIACIÓN INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ENTIDAD ASEGURADORA COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONFESIÓN FICTA CONFESIÓN EFECTOS DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES RESTITUCIÓN DE DINERO PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE VALORACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 26.704 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / BIEN INMUEBLE / BIEN EMBARGADO / MEDIDA CAUTELAR / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / POSESIÓN DE BUENA FE / PRESUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / POSEEDOR DE BUENA FE / TENEDOR / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / ASEGURADO Problema jurídico: ¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió la carga probatoria sobre la existencia de la obligación relativa a predios libres de gravámenes y autorizados? Respuesta al problema jurídico: No A diferencia del Tribunal, que acogió lo sostenido por el MADR en su demanda en el sentido de que “se puede derivar un (…) incumplimiento por parte de [Fensuagro] a raíz de la implementación de la granja [integral sostenible] en un predio no autorizado y que presenta[ba] limitaciones en cuanto al dominio del mismo”, la Sala estima que el hecho de que sobre uno de los predios en los cuales se ejecutó la granja integral sostenible pesaran las medidas cautelares arriba descritas, y que el cambio de un inmueble anterior por este último se haya producido sin haber sido previamente autorizado por el MADR, no constituyen incumplimientos del negocio jurídico por parte de Fensuagro. (...) Al respecto, no puede perderse de vista que el artículo 1757 del Código Civil, en armonía con la regla general de la carga de la prueba consagrada en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso –en adelante, el “CGP”–, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, es la norma del ordenamiento jurídico colombiano que asigna la carga de probar la existencia de las obligaciones, así (se trascribe): “Incumbe probar las obligaciones (…) al que alega aquellas (…)”. Aplicada al caso concreto, esta regla entraña que, para que el Tribunal pudiera concluir que Fensuagro incumplió el convenio de asociación No. 20160805 “en su totalidad”, al MADR le correspondía demostrar que, “[e]n cumplimiento [del] objeto [del convenio], [Fensuagro] debía contar con un predio en el cual desarrollarlo, mismo que debía encontrarse libre de grav[á]men[es] y debidamente autorizado”. (...) De entrada, la Sala descarta que los referidos deberes se desprendan del parágrafo primero del artículo 5 de la Resolución del MADR No. 503 de 2014, pues el ámbito de aplicación de esta norma se restringía a las fases de presentación y evaluación de “[l]os proyectos que se present[aran] por parte de las entidades u organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular” –como el proyecto objeto del convenio de asociación No. 20160805–,26 sin abarcar o extenderse hasta la etapa de ejecución de los mismos, según puede inferirse de su texto (...) Ahora, revisado el contenido del convenio de asociación No. 20160805, la Sala advierte que solo dos (2) de sus estipulaciones se refieren de manera expresa al sitio o los sitios en donde había de ejecutarse el proyecto de la granja integral sostenible (...) Las estipulaciones trascritas establecen, en cabeza de Fensuagro, la obligación de “acredit[ar]” o “dem[ostrar]” “la propiedad, posesión o tenencia de buena fe, por parte de los beneficiarios, de los predios en los cuales se desarrollar[ía] el proyecto” o “la titularidad, posesión o tenencia de buena fe d[e] [los] predi[os] en donde se [iba a] ejecutar el proyecto”, de donde se sigue, naturalmente, que Fensuagro tenía el deber de ejecutar el proyecto objeto del convenio de asociación No. 20160805 en inmuebles dominados, poseídos de buena fe o tenidos u ocupados legítimamente, y no que estos últimos, como lo consideró el Tribunal, “debía[n] encontrarse libre[s] de grav[á]men[es] y debidamente autorizado[s]”. (...) Adicionalmente, el cumplimiento de la exigencia de ejecutar la granja integral sostenible en inmuebles dominados, poseídos de buena fe o tenidos u ocupados legítimamente debía ser “acredit[ado]” o “dem[ostrado]” por Fensuagro ante el Comité de Supervisión del convenio de asociación No. 20160805 a efectos de que, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del literal a) de la cláusula quinta y el numeral 6 del parágrafo segundo de la cláusula octava del negocio jurídico, este último verificara y certificara el cumplimiento y autorizara el primer desembolso del convenio a cargo del MADR. (...) Como ya se indicó, el predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 342-27335 fue uno de los inmuebles en los que Fensuagro desarrolló el proyecto objeto del convenio de asociación No. 20160805. La ejecución de la granja integral sostenible pudo hacerse allí en virtud de los contratos de arrendamiento de 5 de enero –celebrado entre, por una parte, (...) , en calidad de arrendador, y, por otra parte, Fensuagro, en calidad de arrendataria– y de comodato de 5 de junio de 2017 –celebrado entre, por una parte, (...) , en calidad de comodante, y, por otra parte, el Presidente y representante legal de Fensuagro, en calidad de comodatario–. (...) a su turno, era poseedor del referido inmueble desde el 11 de enero de 2012, fecha en la cual celebró un contrato de promesa de compraventa con el último propietario del predio, (...), y se le hizo entrega de este. (...) Si bien para la época de ejecución del convenio de asociación No. 20160805 y las fechas de celebración de los contratos de arrendamiento y comodato recién mencionados, el predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 342-27335 estaba afectado con dos (2) medidas cautelares, lo cierto es que ninguna de ellas tuvo incidencia en la buena fe con la que se presume que (...) ejercía la posesión sobre el inmueble o en la legitimidad de su tenencia u ocupación por parte de Fensuagro y su Presidente y representante legal. (...) La orden dada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Corozal por parte de un Comité para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia únicamente suponía, en los términos del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 2007 de 2001, que no era posible “inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título” del predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 342-27335 sin obtener la autorización previa del Comité Territorial de Justicia Transicional que declaró la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia en la zona, referida en el artículo 4 del mismo decreto. (...) Así las cosas, como no se ha desvirtuado en un proceso judicial la presunción de buena fe respecto de la posesión ejercida por (...) sobre el predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 342-27335, y, adicionalmente, las medidas cautelares con las que se encontraba afectado este inmueble únicamente impedían que fuera enajenado o gravado sin la autorización previa de un juez o de un Comité Territorial de Justicia Transicional, mas no que fuera entregado en arriendo, para la Sala resulta claro que Fensuagro y su Presidente y representante legal tenían u ocupaban el predio legítimamente en virtud de los contratos de arrendamiento y comodato que celebraron con (...), quien, a su turno, poseía dicho inmueble de buena fe. (...) Con fundamento en las consideraciones hasta aquí expuestas, la Sala concluye que no es cierto que, “[e]n cumplimiento [del] objeto [del convenio de asociación No. 20160805], [Fensuagro] debía contar con un predio en el cual desarrollarlo, mismo que debía encontrarse libre de grav[á]men[es] y debidamente autorizado” –como lo consideró el Tribunal–, o que “se puede derivar un (…) incumplimiento por parte de [Fensuagro] a raíz de la implementación de la granja [integral sostenible] en un predio no autorizado y que presenta[ba] limitaciones en cuanto al dominio del mismo” –como lo afirmó el MADR–, razón por la cual el hecho de que sobre el predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 342-27335 pesaran las medidas cautelares arriba descritas, y que el cambio de un inmueble anterior por este último se haya producido sin haber sido previamente autorizado por el MADR, no constituyen incumplimientos del negocio jurídico por parte de Fensuagro. (...) Comoquiera que a partir de las anteriores premisas erradas fue que el Tribunal estableció que “todas las actividades adelantadas por [Fensuagro] resultaron inanes” y declaró “el incumplimiento (…) en su totalidad”, accedió parcialmente a las pretensiones condenatorias de la demanda formuladas en contra de Fensuagro y de Seguros del Estado S.A., y declaró judicialmente liquidado el negocio jurídico en torno al cual gira la presente controversia, se revocarán los ordinales primero a quinto de la sentencia de primera instancia. Aunque Fensuagro no apeló la sentencia de primera instancia, debe verse favorecida por el recurso de apelación que interpuso su garante, pues la decisión de la Sala versa sobre una relación jurídica –la disciplinada en el convenio de asociación No. 20160805– respecto de la cual por su naturaleza ha de resolverse de manera uniforme. (...) Al respecto, la Sala estima conveniente apuntar que, cuando la garantía de cumplimiento de un contrato o convenio consiste en un seguro, como las relaciones jurídicas existentes, por un lado, entre la parte activa y la parte pasiva del negocio jurídico asegurado, y, por otro lado, entre aquella y la compañía de seguros, son dos (2) relaciones sustanciales que, aunque distintas y autónomas, están estrechamente vinculadas entre sí –ya que la primera incide sobre la segunda–, tanto el afianzado como la aseguradora están legitimados para plantear pretensiones o excepciones y, en general, argumentos referidos a ambas relaciones jurídicas. (...) En el presente caso, Seguros del Estado S.A. presentó un recurso de apelación en contra de la Sentencia de 30 de octubre de 2024, la cual fue desfavorable a Fensuagro –quien no impugnó la providencia– y a ella misma, con base, entre otros cargos, en uno relacionado con el convenio de asociación No. 20160805, el cual prosperó y dio lugar a revocar en su integridad la decisión de primera instancia. De no extenderse los efectos del recurso de apelación interpuesto por la aseguradora a su afianzada, se llegaría al absurdo de tener, en una misma sentencia, dos (2) decisiones contradictorias respecto del mismo negocio jurídico asegurado: una frente al tomador y otra frente a su garante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el mero tenedor de un inmueble: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de julio de 2016, exp. 68001-31-03-002-2007-00105-01, C.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1521, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 762, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 768, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 769, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 775 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El cambio de uno de los predios sin aviso al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sin acreditación de titularidad, posesión o tenencia configura incumplimiento del convenio pese a los desembolsos realizados? Respuesta al problema jurídico: Si A continuación, la Sala analizará los demás incumplimientos de Fensuagro que el MADR solicitó declarar en su demanda, la mayoría de los cuales no fueron estudiados por el Tribunal en la sentencia de primera instancia debido a la decisión que adoptó: (...) Contrario a lo afirmado por Seguros del Estado S.A. en su recurso de apelación, el hecho de que el MADR haya efectuado dos (2) de los tres (3) desembolsos que se encontraba obligado a realizar en virtud del convenio de asociación No. 20160805 no es demostrativo de que Fensuagro cumplió su obligación de “[e]ntregar los documentos que acredit[aran] la propiedad, posesión o tenencia de buena fe, por parte de los beneficiarios, de los predios en los cuales se desarrollar[ía] el proyecto”, o de que el MADR tenía “pleno conocimiento del predio [en el] cual se realizaron (…) [actividades]” y lo aceptó. (...) Como punto de partida, la Sala destaca que solo hasta el 3 de noviembre de 2017, después de finalizado el plazo de ejecución del convenio de asociación No. 20160805, con ocasión de una reunión que tuvo lugar en las instalaciones de Fensuagro en el Municipio de Corozal –a la que asistieron el supervisor técnico del convenio por parte del MADR y la Directora del Proyecto designada por Fensuagro, y que contó además con la participación de beneficiarios del proyecto de la granja integral sostenible y de funcionarios de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República–, el Comité de Supervisión del convenio tuvo conocimiento de que Fensuagro había cambiado uno de los predios en los cuales iba a desarrollar el proyecto objeto del negocio jurídico. Así consta en el acta de la visita administrativa fiscal practicada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República el 3 de noviembre de 2017, y fue consignado por el Comité de Supervisión en el informe de la visita final de supervisión efectuada entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2017 (...) Esta circunstancia fue reconocida por Fensuagro en una comunicación que dirigió a los Comités Administrativo y de Supervisión del convenio de asociación No. 20160805, radicada en el MADR el 28 de noviembre de 2017 (...) Aunque es cierto, de conformidad con lo previsto en el literal a) de la cláusula quinta del convenio de asociación No. 20160805, que para realizar el primer desembolso del convenio a cargo del MADR el Comité de Supervisión del negocio jurídico debía verificar y certificar el cumplimiento de, entre otros requisitos, “la titularidad, posesión o tenencia de buena fe d[e] [los] predi[os] en donde se [iba a] ejecutar el proyecto”, para la fecha en que esto sucedió Fensuagro aún no había cambiado uno de los inmuebles en los cuales iba a desarrollar el proyecto de la granja integral sostenible. (...) En efecto, mientras que la “verificación de predios” se produjo entre septiembre y noviembre de 2016, el cambio mencionado ocurrió, como lo indicó Fensuagro en el informe final de ejecución técnica del convenio y en otros documentos –como el informe que preparó en respuesta a la visita final del Comité de Supervisión del convenio y de la Contraloría General de la República–, en enero de 2017. (...) El segundo desembolso del convenio de asociación No. 20160805 a cargo del MADR, por su parte, en nada se relacionaba con “la titularidad, posesión o tenencia de buena fe d[e] [los] predi[os] en donde se [iba a] ejecutar el proyecto” pues, de acuerdo con lo estipulado en el literal b) de la cláusula quinta del negocio jurídico, dependía exclusivamente de la presentación de un “informe de avance que dem[ostrara] la ejecución del 100% del primer desembolso”, y de que este último “c[ontara] con el aval requerido según las condiciones del convenio”. (...) En ese orden de ideas, la Sala coincide con el Tribunal en que “el cambio del terreno [en el que] se debía ejecutar el proyecto (…) se verificó sin previo aviso al [MADR]”, y en que la entidad “no conoció tal circunstancia sino hasta el final de la ejecución del convenio”. CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONFESIÓN FICTA / CONFESIÓN / EFECTOS DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Justifica la confesión ficta, la declaratoria de incumplimiento del convenio por ejecución inadecuada de rubros y omisiones contractuales de Fensuagro como el cambio de predio sin reporte, ejecución irregular de rubros y falta de entrega de equipos y actividades programadas? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala no puede pasar por alto que Fensuagro, no obstante habérsele notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda, no la contestó ni compareció al proceso. Así, se dará aplicación a la consecuencia jurídica dispuesta en el artículo 97 del CGP –aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA– (...) Por consiguiente, la Sala declarará que Fensuagro incumplió el convenio de asociación No. 20160805, al haber “cambi[ado] uno de los predios iniciales verificados por el [MADR] sin (…) haberlo reportado”, y haber “soport[ado] la ejecución del rubro [presupuestal destinado al arrendamiento de terrenos para la implementación de la granja integral sostenible] con el contrato (…) del poseedor del predio inicial, sin estar utilizándose dicho predio”; al no haber entregado “el equipo de ordeño de cuatro puestos establecido en el presupuesto aprobado del convenio, sino un equipo de dos puestos”; “debido a que para la fecha de terminación del convenio solo se hab[ían] podido ejecutar 65 jornales para la alimentación, [la] recolecta de huevos, [la] limpieza del galpón, [la] recogida de estiércol y mortalidad, [el] encalamiento y [la] limpieza de comederos, bebederos y nidos, de un total de 250 jornales programados”; y al no haber “ejecut[ado] el rubro [presupuestal] destinado para el alquiler de [un] vehículo para [el] transporte de carga”. Los demás incumplimientos pretendidos en la demanda serán negados. (...) FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 97 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / CONVENIO DE ASOCIACIÓN Problema jurídico: ¿Procede la acumulación de la cláusula penal indemnizatoria con la restitución de las sumas entregadas en virtud del convenio? Respuesta al problema jurídico: No Según se desprende de la demanda, el MADR persigue que, como consecuencia de la prosperidad de su pretensión de declaratoria de incumplimiento del convenio de asociación No. 20160805, se condene a Fensuagro a restituir las sumas de dinero que le fueron desembolsadas en virtud del convenio, y a Seguros del Estado S.A. a pagar el valor de la cláusula penal estipulada en el negocio jurídico. (...) Con respecto a este último aspecto, la Sala pone de presente que el MADR y Fensuagro incluyeron en el convenio una cláusula penal (...) Analizada la cláusula penal que el MADR y Fensuagro incluyeron en el convenio de asociación No. 20160805, se tiene que la pena privada acordada por las partes del negocio jurídico, “[e]n caso de incumplimiento de las obligaciones por parte [de] la organización”, consiste en una prestación de dar una suma de dinero “equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio”, prestación cuya satisfacción fue concebida “como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se le [hayan] caus[ado]” al MADR. (...) Aunque a primera vista podría pensarse que el hecho de considerar la ejecución de la cláusula penal como un “pago parcial pero no definitivo de los perjuicios” desconoce el carácter de tasación convencional anticipada de perjuicios del pacto, la Sala, en aplicación del criterio de interpretación previsto en el artículo 162065 del Código Civil, estima que se trata de una cláusula penal de tipo indemnizatorio, en la medida en que la intención del MADR y de Fensuagro fue acordar que esta última “se sujet[aría] a una pena que consist[iría] en dar (…) algo en caso de no ejecutar o retardar” el cumplimiento de las obligaciones a cargo suyo derivadas del convenio –el 10% del valor del negocio jurídico–, y no estipularon expresamente que el acreedor –en este caso el MADR– podría pedir, “a la vez, la pena y la indemnización de perjuicios”. (...) Con fundamento en lo anterior, y sin perjuicio de que el MADR haya formulado pretensiones principales de condena distintas en contra de Fensuagro y de Seguros del Estado S.A., se considera que únicamente podía solicitar, a su arbitrio, o bien la cláusula penal indemnizatoria pactada en el convenio de asociación No. 20160805, o bien la restitución de las sumas de dinero que le entregó a Fensuagro en virtud del negocio jurídico –las cuales corresponden, en los términos de la primera parte del artículo 1614 del Código Civil, a un daño emergente–, y no ambos conceptos, como lo hizo en las pretensiones segunda y cuarta de la demanda. En relación con este punto, la Sala subraya que el hecho de que en la pretensión tercera de la demanda se haya hecho referencia a la demostración de un “daño superior” refuerza que la restitución de las sumas de dinero desembolsadas por el MADR se hizo a título de indemnización de perjuicios. (...) Así las cosas, con el propósito de evitar proferir una sentencia inhibitoria parcial por ineptitud sustantiva de las pretensiones condenatorias, comoquiera que desde la pretensión segunda de la demanda se solicitó la restitución de las sumas de dinero desembolsadas con ocasión del convenio, mientras que la cláusula penal solo se reclamó en la pretensión cuarta, y, adicionalmente, el valor de aquellas –$1.140.000.000,oo– es superior al de esta –$132.000.000,oo–, la Sala entenderá que el MADR ejerció su arbitrio en el sentido de optar por perseguir únicamente los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo de Fensuagro, lo que necesariamente conduce a negar las pretensiones encaminadas a obtener la efectividad de la cláusula penal y de la póliza de seguro de cumplimiento No. 17-44-10114304571 formuladas en contra de Seguros del Estado S.A., y, de contera, releva a la Sala de analizar los argumentos del recurso de apelación relacionados con el contrato de seguro de cumplimiento. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1599, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1600, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1614 RESTITUCIÓN DE DINERO / PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL / DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / VALORACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE Problema jurídico: ¿La obligación de Fensuagro de reintegrar $26.000.000 al MADR por incumplimiento del convenio incluye actualización del valor y excluye intereses moratorios? Respuesta al problema jurídico: Si Fensuagro únicamente debe restituir al MADR $26.000.000,oo, resultado que se obtiene luego de sumar el valor de los cánones de arrendamiento pagados a (...) en virtud del contrato de arrendamiento No. 108 de 2016 –el cual asciende a $16.000.000,oo–, y el valor del rubro presupuestal del POA del convenio de asociación No. 20160805 destinado a la adquisición de una unidad de “[o]rdeño mecánico móvil de 4 puestos” –el cual asciende a $10.000.000,oo–. No se dispondrá la devolución de ninguna suma de dinero en relación con “la implementación de la estrategia de comercialización” ya que, como lo señaló el propio MADR en su demanda, los jornales para la implementación de la unidad avícola echados de menos nunca se realizaron, y “no se ejecutó el rubro [presupuestal] destinado para el alquiler de [un] vehículo para [el] transporte de carga”. (...) No se reconocerán intereses moratorios –como fue solicitado en la pretensión tercera de la demanda– sobre la suma de $26.000.000,oo, pues este valor corresponde a perjuicios –más específicamente, a daños emergentes– derivados del incumplimiento de obligaciones a cargo de Fensuagro, y la obligación de indemnizar los perjuicios nace con la ejecutoria de esta sentencia, luego de haberse efectuado el respectivo juicio de responsabilidad a la entidad sin ánimo de lucro demandada. (...) En cambio, la suma de $26.000.000,oo sí será actualizada, como también fue solicitado en la pretensión tercera de la demanda, desde octubre de 2017 –época de finalización del plazo de ejecución del convenio de asociación No. 20160805 y para la cual Fensuagro debía haber ejecutado integralmente el objeto del negocio jurídico– hasta la fecha de esta sentencia (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia del pago de intereses moratorios por perjuicios, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 70062, C.P. Alberto Montaña Plata. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Problema jurídico: ¿Procede la liquidación judicial del convenio 20160805 con fijación de saldo a favor del Ministerior de Agricultura y Desarrollo Rural y condena de pago a cargo de Fensuagro por $42.673.238,56? Respuesta al problema jurídico: Si Finalmente, como las partes del convenio de asociación No. 20160805 pactaron, en la cláusula vigésima del negocio jurídico, que este sería objeto de liquidación, y al no estar acreditada la existencia de otras obligaciones a cargo de cada una de las partes y a favor de la otra –como podrían serlo, a manera de ejemplo, el tercer desembolso a cargo del MADR, o, por parte de Fensuagro, el reintegro de los recursos que recibió y no ejecutó, y la consignación de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del convenio–, la Sala declarará judicialmente liquidado el convenio –según fue solicitado en la pretensión sexta de la demanda–, con un saldo de $42.673.238,56 en favor del MADR y a cargo de Fensuagro. Este será el valor que Fensuagro será condenada a pagar al MADR. CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Procede condena en costas cuando prospera el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el inciso primero del artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, no habrá lugar a condena en costas en esta instancia, en la medida en que el recurso de apelación interpuesto por Seguros del Estado S.A. prosperó. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=700012333000202000017011100103