Titulación de la relatoría 33.839 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE CONSENTIMIENTO / CONTRATISTA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede declarar la terminación del contrato de obra en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La suspensión del contrato, terminación y procedencia de la liquidación judicial (...) Luego del examen del acervo probatorio, debe destacarse que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha explicado que la suspensión procede, por regla general, por acuerdo de las partes cuando circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés público impiden temporalmente ejecutar las obligaciones y que, por ello debe estar sometida a un modo, plazo o condición razonables y proporcionales sin que pueda permanecer indefinidamente suspendido (...) Del mismo modo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha puesto de presente que la suspensión temporal requiere la concurrencia de la voluntad de los contratantes, circunstancia que excluye, como regla general, su imposición unilateral sin perjuicio de aquellos eventos en los que la ejecución se paraliza materialmente por la fuerza misma de los hechos. (...) Aplicadas las referidas consideraciones al presente asunto, se advierte que las suspensiones acordadas el 16 de mayo y el 30 de junio de 2017 fueron consentidas por las partes; en particular, en la segunda de ellas se acordó que la ejecución se reanudaría el 29 de septiembre y culminaría el 2 de diciembre de 2017; empero, distinta fue la actuación del 29 de septiembre de 2027 porque el contratista se negó expresamente a continuar suspendiendo el negocio jurídico y, pese a ello el municipio y la interventoría dispusieron prolongar la paralización hasta que se solucionara la inestabilidad del talud. (...) En esas condiciones, esa última actuación no constituyó una ampliación convencional de la suspensión pues faltó la voluntad del contratista exigida tanto por la cláusula décima novena del contrato de obra no. 004 de 2016 como por la naturaleza bilateral de esa figura. (...) En consecuencia, debido a que la última suspensión valida fue la suscrita por las partes del contrato el 30 de junio de 2017 en la cual se pactó como fecha de terminación el 2 de diciembre de 2017, corresponde acceder a la súplica de la demanda encaminada a declarar la terminación del contrato a partir de esta última fecha. (...) Adicionalmente, en vista de que el contrato no fue liquidado y, contrario a lo considerado en la sentencia de primera instancia, la parte actora solicitó explícitamente en la pretensión primera de la demanda que se procediera a su liquidación —petición que se entiende comprendida en el recurso de apelación—, la Sala procederá a efectuarla, una vez examinados el incumplimiento atribuido al municipio y los perjuicios reclamados por el contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 88001-23-31-000-2002-00141-01(31634), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2026, exp. 63001-23-33-2024-00055-01(72995), C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / ENTREGA DE BIEN / ENTREGA DE BIEN INMUEBLE / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INESTABILIDAD DEL TERRENO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El municipio de Ocaña incumplió el contrato de obra n.º 004 de 2016 al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras, pese al conocimiento previo de la necesidad de intervenir el talud?
Respuesta al problema jurídico: Si
El incumplimiento contractual imputable al municipio de Ocaña (Norte de Santander) (...) Establecida la fecha de terminación del contrato, corresponde determinar a la Sala si la imposibilidad de continuar las obras resulta imputable al municipio de Ocaña, frente a lo cual se concluye que sí, pues, en condición de entidad contratante le correspondía poner a disposición del contratista el inmueble en condiciones que permitieran ejecutar el objeto convenido, obligación que no fue satisfecha debido a que el terreno requería previamente obras para garantizar la estabilidad del talud ubicado en su costado occidental. (...) Ahora bien, en el contexto del contrato de obra no. 04 del 26 de diciembre de 2016, de los correspondientes estudios previos elaborados el 15 de noviembre de 2016 para la licitación pública no. 006 de 2016, se advierte que la problemática relacionada con la estabilidad del talud no fue incorporada adecuadamente en la estructuración del proceso; aunque para la fecha de elaboración de ese documento el municipio ya conocía los estudios y conceptos técnicos que advertían las condiciones del costado occidental del predio y la necesidad de adoptar medidas de estabilización, los estudios previos no identificaron esa circunstancia como una condición pendiente para iniciar la obra ni incluyeron dentro del presupuesto una actividad destinada a solucionarla41. Tampoco fue individualizada en la matriz de riesgos como un evento asociado a las condiciones geotécnicas del terreno que pudiera impedir o afectar la ejecución del contrato, pese a que en ella se contemplaron distintos riesgos relacionados con su desarrollo; por el contrario, el presupuesto se limitó a las actividades propias de la construcción del CIC, lo que suponía que para el inicio de esas prestaciones acordadas por las partes el terreno debía encontrarse previamente en condiciones aptas para su edificación. (...) Esta omisión se mantuvo en los pliegos de condiciones definitivos, en los cuales la entidad estructuró el contrato con un plazo de ejecución de seis (6) meses contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su inicio sin sujetarlo a la ejecución previa de las obras de estabilización del talud ni advertir que esa circunstancia pudiera impedir su normal desarrollo; si bien se impuso al contratista el deber de visitar e inspeccionar el lugar e informarse acerca de las condiciones técnicas, topográficas y geológicas que pudieran influir en los trabajos, no se incluyó dentro de las previsiones la ejecución de las obras necesarias para estabilizar el talud ni se incorporaron estas dentro del presupuesto contractual; de este modo, el proceso licitación fue estructurado sobre el supuesto de que el terreno se encontraba en condiciones que permitían acometer las obras del Centro de Integración Ciudadana, pese a que la entidad conocía previamente la necesidad de ejecutar las medidas de estabilización y que estas aún se encontraban pendientes. (...) A partir del dicho recuento probatorio se advierte entonces que, para la fecha en la cual se adelantó el proceso de selección y se celebró el contrato de obra no. 004 del 28 de diciembre de 2016 la condición del talud no constituía una circunstancia desconocida o sobreviniente; por el contrario, había sido identificada varios meses antes mediante visitas, estudios geotécnicos, conceptos técnicos y actuaciones administrativas y el propio municipio había reconocido la necesidad de construir previamente obras de contención y advertido que no contaba con los recursos necesarios para ello. (...) En este aspecto la Sala se aparta parcialmente de la fundamentación de la sentencia apelada, por cuanto el tribunal consideró que la vulneración a la planeación obedeció a que el municipio carecía de estudios técnicos previos sobre las condiciones del lote; sin embargo, la prueba incorporada al proceso demuestra precisamente lo contrario: los estudios sí existieron y permitieron identificar las condiciones del talud; la deficiencia en la planeación consistió, entonces, en que la entidad decidió contratar la construcción del Centro de Integración Ciudadana sin haber solucionado previamente una condición del terreno que, según esos mismos estudios, impedía desarrollar normalmente la obra. (...) Esa omisión se materializó durante la ejecución del contrato de obra objeto del presente litigo; tal como en el acápite anterior se verificó, el 21 de abril de 2017 el consorcio CIC Ocaña informó a la interventoría que no podía continuar las actividades de cimentación y estructura en uno de los frentes debido al desprendimiento de material y al riesgo que ello representaba para el personal, frente a lo cual el municipio reconoció la necesidad de solucionar esa situación y, el 10 de mayo siguiente celebró el contrato no. 018 de 2017 precisamente para ejecutar las obras de estabilización del talud, circunstancia que condujo a la suspensión del contrato no. 004 del 28 de diciembre de 2016. (...) No obstante, aquella situación no permitió superar el problema, por cuanto se sabe en este proceso que 30 de junio de 2017 el municipio liquidó el contrato no. 018 que había celebrado con un tercero para estabilizar el talud, debido a que la solución allí prevista resultó insuficiente y se concluyó que era necesario diseñar, contratar y ejecutar una nueva obra que garantizara la estabilidad tanto del Centro de Integración Ciudadana como de las viviendas ubicadas en la parte superior del talud; como en párrafos anteriores se refirió, esa circunstancia fue expresamente consignada en el acta mediante la cual las partes ampliaron por tres (3) meses la suspensión del contrato principal. (...) De esta manera, la causa que finalmente impidió continuar con la ejecución del contrato no. 004 del 28 de diciembre de 2016 no correspondió a un riesgo técnico imprevisible surgido durante su ejecución como sostuvo el municipio cuando contestó la demanda; en efecto, la entidad afirmó que la desestabilización del talud constituía un imprevisto identificado durante la obra y que ninguna de las partes era responsable de la imposibilidad de culminarla, esa explicación no resulta compatible con las pruebas examinadas, pues desde varios meses antes de contratar estaban identificados el talud, sus condiciones de estabilidad y la necesidad de adoptar medidas de mitigación. (...) Tampoco modifica esta conclusión el hecho de que determinados estudios y diseños del Centro de Integración Ciudadana hubieran sido elaborados por la Universidad Nacional y avalados en el marco del convenio interadministrativo; la existencia y aprobación de esos documentos no demuestra que el terreno hubiera sido entregado en condiciones adecuadas para iniciar la construcción contratada; por el contrario, los documentos técnicos que precedieron al contrato advertían precisamente la necesidad de intervenir el talud, circunstancia que, como se indicó, era conocida por el municipio antes de adelantar el proceso de selección. (...) Ahora bien, la obligación incumplida por el municipio consistía específicamente en poner a disposición del contratista el inmueble en condiciones que permitieran ejecutar las obras objeto del contrato; esta obligación se desprende del contenido del propio negocio jurídico, debido a que su objeto consistía en la construcción del Centro de Integración Ciudadana en el sector de Cuesta Blanca y las prestaciones asumidas por el consorcio estaban determinadas por las actividades y cantidades previstas para esa edificación. (...) En esas condiciones, si para desarrollar las actividades contratadas era necesario solucionar previamente la situación de estabilidad del terreno y esa intervención no formaba parte de las prestaciones asumidas por el consorcio, de manera complementaria o recíproca le correspondía al municipio poner a su disposición un inmueble en condiciones que hicieran posible ejecutar el objeto convenido. (...) Por esa razón, no comparte la Sala la conclusión del tribunal según la cual no podía declararse el incumplimiento porque en el clausulado no aparecía una obligación expresa del municipio relativa a la estabilización del talud; la obligación incumplida no se identifica con la ejecución misma de esas obras sino con la de disponer el terreno en condiciones que permitieran desarrollar la construcción contratada; los antecedentes del convenio interadministrativo no. F-594 de 2015 resultan relevantes, en este punto, no como fuente de esa obligación contractual sino como prueba de que el municipio conocía, antes de celebrar el contrato de obra, la situación del talud y la necesidad de intervenirlo. (...) En conclusión, el municipio de Ocaña, contrario a lo señalado por el a quo, sí incumplió el contrato de obra no. 004 del 28 de diciembre 2016 porque permitió iniciar su ejecución sin poner a disposición del contratista el inmueble en condiciones que permitieran desarrollar las actividades convenidas, pese a que conocía previamente la situación de inestabilidad del talud y sabía que su intervención no formaba parte de las prestaciones asumidas por el consorcio; posteriormente, tampoco logró superar esa circunstancia, lo cual condujo a la suspensión del contrato y, finalmente, impidió reanudar y culminar las obras. (...) En consecuencia, en este aspecto prospera el recurso de apelación y deberá modificarse la sentencia de primera instancia en cuanto negó la declaratoria de incumplimiento contractual, cuestión distinta consiste en que esa determinación lleve consigo a acceder a los perjuicios pretendidos por el actor, situación que será analizada en el acápite subsiguiente.
DAÑO EMERGENTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / VALORACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede reconocer el daño emergente derivado de la prolongación de la suspensión contractual cuando el contratista carece de pruebas sobre la efectiva causación, cuantía y nexo causal de las erogaciones reclamadas?
Respuesta al problema jurídico: No
Daño emergente (...) Sobre esta modalidad de perjuicio, es necesario precisar que en los hechos de la demanda y en las reclamaciones formuladas durante la ejecución contractual el consorcio contratista hizo referencia a las consecuencias económicas derivadas de la prolongación de la suspensión, entre ellas los gastos administrativos, alquiler de bodegas y maquinaria, depreciación de equipos, materiales almacenados, personal e incremento de precios; en particular expresó que cuando suscribió la primera ampliación de la suspensión dejó constancia de que la permanencia de herramientas, materiales y equipos en el sitio de la obra le generaban costos administrativos, bodegaje, depreciación, alquiler y vigilancia, y posteriormente, reclamó el pago de algunos de esos conceptos. (...) Sin embargo, esas manifestaciones no estuvieron acompañadas de una petición expresa para su reconocimiento en las pretensiones de la demanda y, en todo caso, no se aportaron elementos que permitan establecer la efectiva causación y cuantía de tales erogaciones más allá de lo expresado en los oficios a través de los cuales hizo el correspondiente reclamo ante el municipio de Ocaña: no se aportaron contratos de arrendamiento, facturas, comprobantes de pago, nóminas, soportes contables u otros documentos a partir de los cuales sea posible determinar cuáles costos adicionales fueron efectivamente asumidos por el contratista durante la suspensión y en qué monto; tampoco el dictamen allegado efectuó un análisis de esos conceptos, por tanto, aun cuando el contratista manifestó que durante la ejecución incurrió en mayor permanencia en obra, no existe prueba suficiente que permita reconocer suma alguna por ese concepto. (...) La misma conclusión se impone respecto de los $166.800.926 puntualmente reclamados como daño emergente asociado a costos de representación y asesoría legal, suma que no corresponde a gastos individualizados y acreditados documentalmente sino que fue obtenida mediante la aplicación de un porcentaje del 30% sobre los $556.003.085 que la parte actora estimó como lucro cesante; ese procedimiento no demuestra la existencia ni la cuantía de un daño emergente porque la reparación de este exige acreditar las erogaciones o pérdidas patrimoniales efectivamente soportadas como consecuencia del incumplimiento; en ese sentido, como al expediente no fue aportado el material probatorio que condujera a la acreditación del monto, fechas de su ocurrencia y nexo de causalidad con la suspensión del contrato este componente de la indemnización también será negado.
LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / FALTA DE PRUEBA / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede reconocer el lucro cesante con fundamento en el valor bruto de las prestaciones contractuales pendientes de ejecución, sin acreditar la utilidad que el contratista habría obtenido de su ejecución?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto la lucro cesante, debe destacarse que el demandante en el escrito inicial planteó, básicamente, que debe reconocérsele el restante del valor del contrato que no fue desembolsado; en esa lógica, el consorcio CIC Ocaña estimó que si el valor total del contrato ascendía a $952.420.255 y que durante la ejecución le fueron entregados $476.200.598,75 por concepto de anticipo y actas parciales de obra, en consecuencia le correspondería el valor restante que, según la actualización realizada con el dictamen aportado con la demanda, equivaldría a $ 556.003.085. (...) Frente a lo anterior se destacan los siguientes hechos probados relevantes: (...) Está acreditado que el valor inicial del contrato se pactó en la suma $954.420.255 respecto de la cual se desembolsó un anticipo correspondiente al 20% según los pactado expresamente por las partes equivalente a $190.484.05145, suma que fue efectivamente reconocida y pagada en favor del consorcio CIC Ocaña el 26 de enero de 2017. (...) b) Igualmente se advierte que el 15 de mayo de 2017 la alcaldesa municipal de Ocaña, el supervisor, el interventor y el representante legal del consorcio contratista suscribieron el Acta Parcial de Obra no. 1 por un valor total de $285.716.547.75 correspondiente al 30% de avance sobre el cual se debía pagar al contratista $228.573.298,21, debido a que de esta se descontó un 20% correspondiente a la amortización del anticipo equivalente a $57.143.309,55 (...) Con ocasión de lo anterior, el 19 de julio de 2017 la alcaldesa municipal de Ocaña expidió la Resolución no. 230 mediante la cual reconoció y ordenó el pago de la suma de $228.573.238,21 en favor del consorcio CIC Ocaña por concepto del Acta Parcial no. 1 del 15 de mayo de 2017; según el Comprobante de Egreso no. CE 1789 emitido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Ocaña, ese valor fue pagado el 24 de julio de 2017 con un neto a pagar de $167.809.931,21 con descuentos por impuestos por un valor de $60.763.30748. (...) Adicionalmente, con la demanda se aportó el "peritazgo del Consorcio CIC Ocaña contra la Alcaldía del Municipio de Ocaña" firmado por el contador público (...) y el administrador de empresas (...) de fecha de 4 de julio de 2019, quienes determinaron que los perjuicios ascendían a un valor total actualizado de $722.804.011, suma compuesta por $166.800.926 por daño emergente consistente en costos de representación y asesoría legal y, $556.003.085 con ocasión de la deuda actualizada del contrato, es decir, por los pagos no efectuados tomando como referente el valor inicial del contrato, menos los pagos realizados por la entidad por concepto de "primer y segundo anticipo". (...) Revisados dichos elementos de prueba y, especialmente lo expresado en ese dictamen, debe decirse que esa metodología no resulta adecuada para determinar la ganancia que el contratista dejó de percibir, porque en realidad el precio correspondiente a las prestaciones que no llegaron a ejecutarse, no constituyen, por sí solas, el lucro cesante; para obtener ese ingreso el consorcio habría debido asumir los costos de materiales, mano de obra, equipos, transporte, administración y demás erogaciones necesarias para ejecutar la obra; por consiguiente, la expectativa económica frustrada no puede identificarse con el valor bruto de la porción del contrato que quedó pendiente sino con la utilidad que el contratista habría obtenido de haber podido ejecutarla. (...) En efecto, el dictamen no efectuó un análisis de la estructura económica de la oferta ni determinó cuál habría sido la ganancia que el contratista razonablemente esperaba obtener de la ejecución de las prestaciones restantes; por el contrario, según se desprende tanto de su contenido como de las explicaciones rendidas en la audiencia de pruebas, el ejercicio realizado consistió esencialmente en actualizar el valor total del contrato mediante la aplicación del IPC y descontar de este las sumas que los peritos identificaron como pagos efectuados por la entidad. (...) En consecuencia, no procede reconocer la suma de $556.003.085 reclamada con la denominación de lucro cesante, pues, su cuantificación parte de identificar como perjuicio el valor bruto de las prestaciones que quedaron pendientes de ejecución y, además, de una caracterización equivocada de los pagos efectuados durante el contrato; esta conclusión, sin embargo, no comprende la utilidad que el consorcio afirmó haber dejado de percibir por la imposibilidad de ejecutar la totalidad de la obra, reclamada de manera específica en la pretensión tercera de la demanda, cuya procedencia y cuantificación serán examinadas a continuación.
LUCRO CESANTE / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / FALTA DE PRUEBA / OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede reconocer, a título de lucro cesante, la utilidad dejada de percibir por la porción contractual inejecutada por causa atribuible a la entidad contratante, cuando la parte actora carece de prueba sobre el porcentaje de utilidad incorporado en la oferta y pactado en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La utilidad dejada de percibir (...) Como en párrafos anteriores se indicó, en la pretensión tercera de la demanda la parte actora solicitó expresamente que se declare que el incumplimiento del municipio le ocasionó, entre otros perjuicios, la “pérdida de la utilidad proyectada”; concepto que, por su naturaleza, corresponde a un lucro cesante en cuanto constituye la ganancia que razonablemente habría ingresado al patrimonio del contratista de haber podido culminar la ejecución del contrato. (...) Sin embargo, correspondía a la parte demandante demostrar no solamente que la inejecución de una parte del contrato le impidió obtener la utilidad esperada sino también aportar los elementos necesarios para establecer su causación; en cuanto a este último aspecto la prueba resulta insuficiente porque el dictamen pericial no examinó la estructura económica de la oferta ni determinó cuál era la utilidad prevista por el contratista; por el contrario, calculó el denominado lucro cesante a partir de la actualización del valor total del contrato y de la deducción de las sumas que consideró pagadas por la entidad. (...) En esa perspectiva, es importante destacar que el pliego de condiciones definitivo aporta un elemento indicativo acerca de la utilidad inicialmente prevista por la entidad, habida cuenta que estableció que la propuesta económica debía discriminar los costos directos y los componentes de administración, imprevistos y utilidad y, en el anexo no. 6 —modelo de propuesta económica—, determinó los siguientes porcentajes: 24% por administración, 2% por imprevistos y 4% por utilidad, aplicados sobre los costos directos de la obra, para un total por AIU del 30%. No obstante, en la propuesta aportada al proceso no obra ese anexo ni aparece discriminado de manera expresa el porcentaje correspondiente a utilidad, de manera que no puede concluirse únicamente a partir del modelo económico elaborado por la entidad que ese 4% haya sido el porcentaje de ganancia finalmente incorporado en el precio ofrecido. (...) 4) Esta última circunstancia cobra gran relevancia en el caso concreto por un elemento adicional, pues, después de examinar el anexo no. 001 del contrato de obra no. 004 del 28 de diciembre de 2026 en este se registra un AIU del 26%, es decir, diferente al señalado en el pliego de condiciones y al cual el tribunal le atribuyó un valor total de $196.161.653; adicionalmente, en ese mismo anexo existe otro cuadro de unidades y cantidades de obra denominado “otras actividades” donde se hace referencia a un AIU del 30%. (...) Así las cosas, los documentos contractuales no permiten determinar con certeza cuál fue la composición del AIU finalmente ofrecido y pactado y, particularmente, qué porcentaje correspondía a la utilidad del contratista; la referencia al 4% contenida en el modelo de propuesta económica del pliego no basta para superar esa incertidumbre pues supondría asumir que ese componente permaneció invariable pese a que en los documentos posteriores aparecen porcentajes globales de AIU diferentes; del mismo modo, las referencias posteriores al 26% y al 30% indicadas en el anexo no. 001 del contrato tampoco permiten establecer qué proporción de esos porcentajes correspondía específicamente a administración, imprevistos y utilidad porque están globalizados y no discriminados por cada uno de sus componentes. (...) Tampoco resulta acertado, como lo hizo el tribunal, identificar la totalidad del AIU con la ganancia que habría dejado de percibir el contratista debido a que los componentes de administración e imprevistos no constituyen, por sí mismos, utilidad, de modo que no podía concluirse que el 70% del AIU correspondiente a la porción no ejecutada —que el a quo estimó en $134.513.157— representara la ganancia frustrada. (...) En ese orden de comprensión, aunque está acreditado que una parte del objeto contractual quedó sin ejecutar por una causa atribuible al municipio y la demandante solicitó expresamente el reconocimiento de la utilidad proyectada, no demostró cuál era el porcentaje de utilidad efectivamente incorporado en su oferta ni, por consiguiente, suministró los elementos necesarios para cuantificar la ganancia que habría obtenido luego de ejecutar las prestaciones restantes; esa falencia probatoria no puede ser suplida por la Sala mediante la escogencia de alguno de los distintos porcentajes que aparecen en los documentos del proceso ni mediante la presunción de que el 4% previsto en el modelo del pliego permaneció inalterado en la estructura económica finalmente convenida, pues cualquiera de esas alternativas supondría construir sobre una base incierta un elemento del perjuicio cuya demostración correspondía a quien reclamó su indemnización en los términos ordenados en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable a ese asunto por remisión expresa del artículo 306 del CPAPCA. (sic) (...) Por consiguiente, no procede reconocer suma alguna por concepto de utilidad dejada de percibir, especialmente porque la parte actora no acreditó los elementos necesarios para determinar su causación efectiva, conclusión que se suma a las razones previamente expuestas para descartar los $556.003.085 reclamados con la denominación de lucro cesante.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / SALDOS A FAVOR / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO / INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede imponerse al consorcio apelante único una condena por el saldo del anticipo pendiente de inversión identificado en la liquidación judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
Liquidación judicial del contrato (...) Una vez determinado el hecho del incumplimiento contractual y corroborado que no existe prueba que permita acceder a las pretensiones indemnizatorias, corresponde efectuar la liquidación judicial solicitada en la demanda, para lo cual deben recordarse cuáles son las obligaciones económicas pendientes entre las partes. (...) Se reitera entonces que está acreditado que el contrato tuvo un valor de $952.420.255 y que el municipio entregó al consorcio CIC Ocaña un anticipo equivalente al 20%, esto es, $190.484.051; el desembolso fue ordenado mediante la Resolución no. 010 del 26 de enero de 2017 y efectuado a través de la fiducia constituida para su administración. (...) Posteriormente, mediante el acta parcial de obra no. 1 se reconoció la ejecución de obras por $285.716.547,76 y sobre esa suma se amortizó el 20% correspondiente al anticipo equivalente a $57.143.309,55, de manera que quedó un valor a pagar al contratista de $228.573.238,21; este último fue reconocido por la Resolución no. 230 del 19 de julio de 2017 y pagado por la entidad con las correspondientes retenciones tributarias. (...) En consecuencia, de los $190.484.051 entregados a título de anticipo únicamente se encuentra acreditada su amortización por $57.143.309,55, efectuada con ocasión del Acta Parcial de Obra no. 1, de manera que quedó un saldo pendiente de amortizar de $133.340.741,45. Debe precisarse que esta circunstancia no significa, por sí sola, que tales recursos no hubieran sido invertidos por el contratista, por cuanto, la amortización del anticipo y su efectiva inversión corresponden a aspectos diferentes; en efecto, aunque obra en el expediente el plan de inversión del anticipo, en el cual se proyectó destinar esos recursos a mano de obra, alquiler de maquinaria, materiales y transporte, ese documento únicamente acredita la programación aprobada para su utilización y no permite establecer en qué medida los recursos fueron efectivamente invertidos. (...) Por su parte, tampoco se acreditaron nuevas amortizaciones con posterioridad al acta parcial de obra no. 1; por consiguiente, para efectos de la liquidación judicial, la Sala tendrá como saldo del anticipo entregado y no invertido la suma de $133.340.741,45. (...) En esos términos, dado que no se acreditaron otros créditos en favor del contratista y las pretensiones indemnizatorias serán negadas, la liquidación judicial arroja un saldo histórico de $133.340.741,45 en favor del municipio de Ocaña correspondiente al anticipo entregado y no invertido durante la ejecución contractual (...) En los términos del balance de las obligaciones del contrato de obra no. 004 del 28 de diciembre de 2016, existe un saldo de $133.340.741,45 en favor del municipio de Ocaña, correspondiente a la porción del anticipo que quedó pendiente de inversión. (...) No obstante, ese saldo no podrá traducirse en una condena a cargo del consorcio demandante, pues, como se refirió al inicio de la parte considerativa, la sentencia de primera instancia no impuso obligación alguna en su contra y este actuó como apelante único, razón por la cual solamente se decretará la liquidación judicial del contrato. (...) aunque la liquidación judicial arroja un saldo en favor del municipio de Ocaña correspondiente a la porción del anticipo que quedó pendiente de inversión, no se impondrá obligación al consorcio demandante por ese concepto, en aplicación del principio de non reformatio in pejus.
CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas en segunda instancia a la parte recurrente cuando el recurso de apelación prospera de forma parcial?
Respuesta al problema jurídico: No
Costas Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos en que se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea, el artículo 365 (numeral 1) del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto (…).”. Sin embargo, dado que prospera parcialmente el recurso de apelación, no se configura el supuesto necesario para imponer costas en esta etapa procesal a la parte impugnante; aunque en la primera instancia no se condenó en costas, este aspecto no fue objeto discusión por las partes, razón por la cual no puede ser modificado por el ad quem.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1