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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor

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Fecha
2026-08-10
Radicado
25000233600020220012201
Número interno
74432
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Controversias contractuales
Actor
HAGGEN AUDIT S.A.S, QBE SEGUROS SA, COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LIBERTY SEGUROS S.A., GERENCIA, INTERVENTORA Y CONSULTORA SAS GIC SAS
Demandado
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor

Regla de decisión

El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales basándose en infracciones del principio de planeación por parte de la entidad estatal, ya que este principio no exonera al contratista de cumplir con las obligaciones específicas del contrato, salvo que se demuestre que la entidad estatal dejó de ejecutar una obligación contractual o que la alteración del equilibrio económico del contrato impidió efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La Sala establece que las condiciones técnicas anunciadas durante el proceso de selección no constituyen obligaciones contractuales propiamente dichas, sino supuestos o hipótesis para la ejecución, por lo que su alteración no exime al contratista de responsabilidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del principio de planeación y sus implicaciones en la responsabilidad contractual, lo que implica que el contratista debe cumplir con las obligaciones específicas del contrato, independientemente de las circunstancias externas no controlables por él.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 12, 27 y 4 núm. 8
  • Ley 84 de 1873, arts. 1604, 1609 y 1613

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La Sala parte por resaltar que este conjunto de argumentos de los apelantes sobre la falsa motivación de las resoluciones demandadas no se basa en que las obligaciones señaladas como incumplidas hubieran sido satisfechas.… Lo que sostienen las Aseguradoras y los Auditores es que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los actos administrativos no es imputable a la Unión Temporal. Según los apelantes, el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor, sino a circunstancias atribuibles a la ADRES relacionadas con la planeación del contrato que lo "asfixiaron" financieramente y que, por estar fuera del control de la Unión Temporal, lo eximen de responsabilidad (Código Civil, arts. 1604 y 1616).… El principio de planeación no está expresamente nominado en la Ley 80 de 1993.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL INIMPUTABILIDAD EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONTRATO DE CONSULTORÍA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTA DE CONCILIACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRUEBA IRREGULAR DICTAMEN PERICIAL IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO VALORACIÓN DE LA PRUEBA RELACIÓN DE CAUSALIDAD INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL MORA DEL CONTRATANTE CARGA DE LA PRUEBA CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO PRESUNCIÓN LEGAL PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS REDUCCIÓN DE LA PENA PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO IUS PUNIENDI PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRINCIPIO DE AUTOCOMPOSICIÓN ARREGLO DIRECTO COMPETENCIA ADMINISTRATIVA INTERÉS GENERAL FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA RESERVA DE LEY MANUAL DE CONTRATACIÓN UNIÓN TEMPORAL ACTIVIDAD ASEGURADORA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL FALSA MOTIVACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA LICITACIÓN PÚBLICA CONFLICTO DE INTERESES PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INFORME DEL INTERVENTOR PLIEGO DE CONDICIONES CARGO DE NULIDAD DEBIDO PROCESO DERECHO A LA PRUEBA DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PRUEBA TESTIMONIAL PRUEBA POR INFORME CONDUCENCIA DE LA PRUEBA UTILIDAD DE LA PRUEBA CITACIÓN DEL TESTIGO CONDUCCIÓN DEL TESTIGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE SEGURO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO RIESGO ASEGURABLE SINIESTRO VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIÓN ADUANERA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO OBLIGACIONES DEL CONTRATO CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL ORDEN PÚBLICO CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN GASTOS DEL PROCESO CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES SEGUNDA INSTANCIA

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Garantía única y efectividad de la póliza Condena en costas y agencias en derecho

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La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente
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Titulación de la relatoría 42.217 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / INIMPUTABILIDAD / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? Respuesta al problema jurídico: No La Sala parte por resaltar que este conjunto de argumentos de los apelantes sobre la falsa motivación de las resoluciones demandadas no se basa en que las obligaciones señaladas como incumplidas hubieran sido satisfechas. (...) Lo que sostienen las Aseguradoras y los Auditores es que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los actos administrativos no es imputable a la Unión Temporal. Según los apelantes, el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor, sino a circunstancias atribuibles a la ADRES relacionadas con la planeación del contrato que lo "asfixiaron" financieramente y que, por estar fuera del control de la Unión Temporal, lo eximen de responsabilidad (Código Civil, arts. 1604 y 1616). (...) El principio de planeación no está expresamente nominado en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, varias de sus disposiciones permiten asegurar que orienta la actividad contractual del Estado en la etapa previa a su perfeccionamiento. El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato, deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos. La planeación impone a las entidades el deber de establecer la necesidad y conveniencia de la contratación y verificar previamente su viabilidad técnica, económica y jurídica. También exige definir, con apoyo en estudios suficientes, las condiciones de ejecución, la forma de remuneración y la distribución de los riesgos. (...) La Sala estudiará individualmente los supuestos de ejecución señalados por los apelantes para determinar si constituían obligaciones contractuales de la ADRES o si correspondían, en los términos de la Ley 80 de 1993, a las "condiciones técnicas existentes al momento de proponer" o a los "supuestos o hipótesis para la ejecución" (art. 4.8). Si se trataba de obligaciones contractuales propiamente dichas, debe establecerse si la entidad dejó de ejecutar la prestación respectiva y, por ello, el contratista no estaba en mora de cumplir las suyas (Código Civil, art. 1609), o si la cumplió defectuosamente y ese hecho impidió que la Unión Temporal atendiera las obligaciones a su cargo. (...). Si no constituían obligaciones contractuales, entonces no se podría aducir el incumplimiento de la entidad como causa de exoneración, porque ese concepto —incumplimiento— presupone la existencia de una obligación exigible. (...) La distinción es relevante por sus consecuencias jurídicas. La alteración del equilibrio económico causada por el incremento de los costos o la disminución de los ingresos no produce, por regla general, una imposibilidad absoluta de cumplimiento con efecto liberatorio. Hace más difícil la ejecución del contrato, ya sea por el incremento de los costos necesarios para cumplir las obligaciones o por la disminución del valor de la contraprestación, pero no justifica el incumplimiento de las obligaciones. En estos eventos, el contratista tiene derecho a reclamar la adopción de las medidas necesarias para restablecer la equivalencia económica del contrato, como el pago de un suplemento sobre el precio. Por tanto, la demostración de una alteración del equilibrio no excluye necesariamente la imputabilidad de los incumplimientos declarados por la ADRES. Para ello, debía acreditarse que las circunstancias alegadas impidieron efectivamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. (...) [L]a interoperabilidad de los sistemas y módulos de información no era una obligación de la ADRES ni una condición ajena a la gestión de la Unión Temporal. Al contratista le correspondía proveer e implementar un sistema de información con capacidad para interoperar con los sistemas del FOSYGA o de la ADRES y con los aplicativos web empleados en la recepción y el trámite de los recobros y reclamaciones. La entidad estatal debía facilitar el acceso a los servicios y módulos de información previstos en el anexo técnico. Por tanto, la interoperabilidad no constituía una condición de ejecución dada de antemano e independiente de la actividad de las partes. En consecuencia, los inconvenientes presentados en su implementación no permiten afirmar el incumplimiento del deber de planeación. (…) Los documentos contemporáneos a la ejecución no acreditan que la Unión Temporal hubiera informado fallas en el procesamiento de la información durante la preradicación ni su incidencia en la preauditoría y la auditoría. La verificación de ese hecho requería conocimientos técnicos especializados, pero los demandantes no aportaron ni solicitaron un dictamen pericial sobre ese punto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la distinción entre obligaciones contractuales propiamente dichas y las condiciones técnicas o supuestos de ejecución previstos en el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, y sus consecuencias para la imputabilidad del incumplimiento contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de mayo de 2025, exp. 70.671, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de abril de 2024, exp. 67.446, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2026, exp. 72.407, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTA DE CONCILIACIÓN / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados, cuando dicha metodología no fue definida expresamente en el contrato de auditoría, pero el contratista aceptó sin reservas su aplicación práctica en las actas de conciliación suscritas durante la ejecución? Respuesta al problema jurídico: Si (…) Los documentos contractuales contemplaron la revisión por muestreo de los paquetes auditados y la Unión Temporal aceptó su aplicación y los resultados consignados en las actas de conciliación suscritas durante la etapa de precierre. Además, no se demostró que las deficiencias atribuidas a la metodología de muestreo o al umbral de error hubieran incidido en el conjunto de incumplimientos declarados por la ADRES. (...) Los documentos del contrato no eran diáfanos sobre si la selección de la muestra y la evaluación de la calidad de los paquetes auditados se efectuarían con arreglo a los parámetros del contrato suscrito con la interventoría (...). Sí eran claros en el sentido de que las conciliaciones sobre los resultados de la revisión de la muestra se efectuarían con el interventor. En consecuencia, para esclarecer la intención común de las partes la Sala examinará los documentos del contrato de interventoría y, después, la aplicación práctica que las partes del contrato objeto de esta controversia hicieron de sus estipulaciones. (...) La lectura conjunta de los documentos despeja la ambigüedad del anexo técnico y el estudio previo. El contrato 080 de 2018 contempló la revisión de muestras, pero no definió su metodología ni el criterio para aceptar o rechazar los paquetes. La metodología para calcular y seleccionar las muestras estaba regulada en el anexo técnico del contrato de interventoría 103 de 2012. (...) Esta aplicación, aceptada sin reservas por la Unión Temporal, permite concluir que las partes entendieron que la metodología del contrato de interventoría regía el control de calidad de los paquetes auditados. (...) La Sala repara especialmente en que la Unión Temporal aceptó los resultados consignados en las actas y se comprometió voluntariamente a reprocesar los paquetes antes de su cierre. (...) En consecuencia, la Sala no considera de recibo que la Unión Temporal atribuya ese resultado a que la ADRES la "ahogó financieramente" por una indebida planeación del contrato o una decisión arbitraria durante su ejecución. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRUEBA IRREGULAR / DICTAMEN PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo, cuando no se demuestra que dicho medio de prueba tenía la aptitud de modificar el sentido de la decisión? Respuesta al problema jurídico: No Independientemente del peso probatorio asignado al dictamen pericial en la motivación fáctica de la decisión administrativa, la irregularidad alegada respecto de esta prueba no tiene trascendencia para la configuración de un vicio invalidante. Como ha señalado la Subsección, quien formula cargos de nulidad estructurados sobre decisiones probatorias adoptadas durante el procedimiento administrativo debe demostrar su trascendencia, esto es, que el medio de prueba omitido o apreciado erróneamente tenía la aptitud de modificar el sentido de la decisión. En este caso, al margen de las cuestiones relativas a la imparcialidad e idoneidad de la perito, así como del contenido mismo del dictamen, la Sala considera que la decisión de la ADRES de no acoger sus conclusiones no tuvo incidencia determinante en el sentido de la decisión administrativa. Primero, porque la perito no estudió si la Unión Temporal cumplió las 43 obligaciones declaradas incumplidas, que no se limitaban a la calidad de la auditoría sobre los recobros y reclamaciones. Segundo, porque más allá de sus apreciaciones generales sobre los aspectos estadísticos de la metodología de muestreo, la resolución también se apoyó en las actas de conciliación en las que se dejó constancia de que la Unión Temporal aceptó errores en la aplicación de los criterios de auditoría. El dictamen no estableció que las deficiencias generales que identificó en la metodología de muestreo hubieran determinado los hallazgos en los que se fundó la decisión administrativa en punto a la falta de calidad de la auditoría. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 235 RELACIÓN DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / MORA DEL CONTRATANTE / CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato, cuando no se demuestra una relación causal entre esa demora y los incumplimientos declarados? Respuesta al problema jurídico: No La Sala desestimará estos reparos, porque no se probó que la entrega tardía de la metodología de evaluación contribuyera causalmente al incumplimiento de las 43 obligaciones que motivaron la expedición de los actos demandados ni a la situación de iliquidez alegada como determinante de la inejecución de las actividades a cargo de la Unión Temporal. (...) Aunque la obligación se cumplió tardíamente, la Sala constata que no se probó que ese hecho incidiera causalmente en los incumplimientos de las 43 obligaciones que motivaron la expedición de las resoluciones demandadas. (...) [L]a entrega de la matriz de criterios e indicadores para evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones de la Unión Temporal era independiente del cumplimiento de las demás obligaciones declaradas incumplidas. Ninguna de ellas tenía como condición precedente la entrega de ese documento. (...) la temporalidad de los hechos identificados en el informe del grupo supervisor tampoco respalda la relación causal alegada. Algunos de los incumplimientos que motivaron la expedición de las resoluciones se presentaron antes de que venciera el plazo para entregar la metodología (...). Otros incumplimientos se produjeron o continuaron varios meses después (...), cuando la metodología ya había sido comunicada. (...) Por las anteriores razones, no prosperan los reparos formulados por las Aseguradoras y los Auditores sobre la entrega tardía de la metodología de evaluación. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRESUNCIÓN LEGAL / PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REDUCCIÓN DE LA PENA / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / IUS PUNIENDI / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Problema jurídico: ¿Puede una entidad estatal hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en un contrato, sin acreditar la existencia y cuantía de los perjuicios derivados del incumplimiento, cuando dicha cláusula fue estipulada como exigible ante el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La ADRES no estaba obligada a demostrar la existencia ni la cuantía de los perjuicios por los que se hizo efectiva la pena. Además, no se configuraron los presupuestos previstos en la legislación civil y comercial para reducir su cuantía. (...) Según el artículo 1599 del Código Civil, la pena es exigible en los casos en que se hubiere estipulado, "sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio". Esta es una presunción de derecho sobre la existencia del perjuicio derivado del incumplimiento de la obligación amparada por la cláusula penal. Por expresa disposición legal, el deudor no puede desvirtuarla mediante prueba en contrario (Código Civil, art. 66). (...) [L]a Sala concluye que la ADRES no prescindió de su derecho a exigir el pago de la cláusula penal. (...) Al resolver los recursos de reposición, mantuvo ese mismo título jurídico (la efectividad de la cláusula penal) y se limitó a fijar, dentro del límite convencional, la suma por la cual la haría efectiva. La individualización de los perjuicios y su utilización para establecer esa cuantía no significaron que la entidad hubiera dejado de hacer efectiva la cláusula penal para exigir, en su lugar, una indemnización ordinaria de perjuicios cuantificados unilateralmente. (...) [E]l acreedor de la pena no debe probar la existencia y cuantía de los perjuicios, carga de la que lo dispensa el artículo 1599 del Código Civil. (...) La Sala tampoco considera de recibo el reparo según el cual debía aplicarse el principio de proporcionalidad del derecho administrativo sancionador para reducir la cuantía de la pena. (...) [L]a obligación del deudor incumplido de pagar a una entidad estatal la pena pecuniaria pactada en el contrato no constituye una sanción administrativa en sentido estricto. (...) [L]a cláusula penal —sanción convencional— no nace de la tipificación legal de una infracción administrativa, sino del acuerdo de voluntades dirigido a regular una relación jurídico-patrimonial. No es una manifestación del ius puniendi del Estado en su acepción restringida; es una cláusula accidental que en ejercicio de la autonomía de la voluntad (Ley 80 de 1993, art. 40) pueden pactar las partes de un contrato, público o privado, y de la que emana una obligación accesoria. (...) En este caso no es procedente la reducción de la pena. El supuesto de hecho de las normas citadas consiste en que el deudor cumpla parcialmente la obligación principal y el acreedor lo acepte. Verificada esa hipótesis, se produce la consecuencia jurídica: la reducción proporcional de la pena. Sin embargo, esa consecuencia no resulta aplicable cuando las partes estipulan expresamente que la pena es exigible aun en eventos de incumplimiento parcial. (...) En este caso, acordaron que la cláusula penal se haría efectiva por el incumplimiento total o parcial del contrato y de las obligaciones derivadas de él. Por lo tanto, no cabe la rebaja proporcional de la pena (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la presunción de derecho del perjuicio derivado del incumplimiento amparado por la cláusula penal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 28 de mayo de 2026, exp. 74.080, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el concepto de sanción administrativa y su distinción de la cláusula penal pactada convencionalmente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de octubre de 2012, exp. 20.738, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de marzo de 2023, exp. 67.621, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la improcedencia de la rebaja proporcional de la pena cuando se pacta su exigibilidad para el incumplimiento total o parcial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2023, exp. 67.430, C. P. Fredy Ibarra Martínez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1599, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1600, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66 POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE AUTOCOMPOSICIÓN / ARREGLO DIRECTO / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / INTERÉS GENERAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / RESERVA DE LEY / MANUAL DE CONTRATACIÓN / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / UNIÓN TEMPORAL / ACTIVIDAD ASEGURADORA Problema jurídico: ¿Puede quedar condicionado o inhibido el ejercicio de la potestad pública de declarar el incumplimiento contractual y hacer efectiva la cláusula penal por una obligación implícita de agotar previamente mecanismos de autocomposición de controversias con el contratista, cuando ni el contrato ni el manual de contratación de la entidad lo establecen expresamente? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]l ejercicio de la potestad legal atribuida a la entidad estatal para expedir un acto administrativo que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal no puede quedar inhibido por una obligación de intentar previamente un acuerdo con el destinatario de la medida. Además, ni la cláusula vigésima del contrato ni el Manual de Contratación obligaban a la ADRES a acudir a mecanismos de autocomposición de controversias como presupuesto para iniciar el procedimiento administrativo. A diferencia de un derecho subjetivo, libremente ejercitable o incluso renunciable (C.C., art. 15), las potestades públicas se configuran como un poder-deber para la tutela de intereses públicos y, por ello, no son disponibles ni renunciables por su titular. Las entidades estatales no pueden despojarse de sus competencias en el ámbito contractual, dejar de ejercerlas ni negociarlas, en tanto constituyen mecanismos para garantizar la prevalencia del interés general y para asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal (Ley 80 de 1993, art. 3). Esta característica impide que el ejercicio de una potestad pública quede inhibido por una obligación de intentar previamente un acuerdo con el destinatario de la medida. (...) En primer lugar, el texto de la estipulación, que es el primer parámetro para determinar la voluntad de las partes (Código Civil, art. 1618), no dispone expresamente que para ejercer la potestad de declarar el incumplimiento de la Unión Temporal y hacer efectiva la cláusula penal la ADRES debía agotar previamente los mecanismos de autocomposición del conflicto. (...) [L]a cláusula vigésima puede reexpresarse así: si la ADRES resuelve acudir a la jurisdicción para solucionar una controversia, no está obligada a agotar previamente los mecanismos de autocomposición. Esta estipulación contractual solo regula ese supuesto de hecho: el inicio de un proceso judicial por la ADRES. No contiene una regla para un supuesto distinto, como es el inicio del procedimiento administrativo. (...) [E]l Manual Operativo de Gestión de Contratación no contenía entonces una regla de carácter general que atribuyera al contratista un derecho subjetivo y a la ADRES una obligación correlativa consistente en agotar mecanismos de arreglo directo como presupuesto para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Tampoco era un documento llamado a regular ese procedimiento administrativo sancionatorio, asunto sometido a reserva de ley (Constitución Política, art. 150). Se trataba (...) de una norma de carácter interno, dirigida a ordenar relaciones intraorgánicas y a reglamentar aspectos administrativos de la gestión contractual, la vigilancia y la ejecución del negocio jurídico. (...) Por las anteriores razones, no prosperan los reparos formulados por las Aseguradoras y los Auditores sobre la omisión de acudir a mecanismos de arreglo directos antes del inicio del procedimiento administrativo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indisponibilidad y no negociabilidad de las potestades públicas en materia contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2025, exp. 71.644, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre los límites del argumento interpretativo a contrario aplicado a las estipulaciones contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de febrero de 2025, exp. 70.250, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la naturaleza de norma interna de los manuales de contratación y la reserva de ley del procedimiento administrativo sancionatorio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, exp. 36.054B, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALSA MOTIVACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONSULTORÍA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / LICITACIÓN PÚBLICA / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / UNIÓN TEMPORAL / ACTIVIDAD ASEGURADORA Problema jurídico: ¿Podía la ADRES ejercer directamente, mediante un equipo de supervisión, el seguimiento del contrato de consultoría celebrado con la Unión Temporal, sin contratar un nuevo interventor después de la terminación del contrato de interventoría, cuando no existía una obligación legal o contractual que impusiera la interventoría para verificar su cumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si (…) El hecho de que durante un periodo concreto el seguimiento contractual hubiera sido ejercido por un equipo de supervisión, en lugar de un interventor, no desvirtúa la existencia de los incumplimientos declarados ni demuestra la falsa motivación de los actos administrativos demandados. Además, la ADRES no incumplió una obligación legal o contractual al no contratar un nuevo interventor para efectuar el seguimiento de las actividades de auditoría a cargo de la Unión Temporal después de la terminación del contrato con JAHV McGregor S.A.S. (...) La cláusula décima octava del contrato estipula: "Supervisión o Interventoría: La supervisión o interventoría del contrato será ejercida de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y en el Manual de contratación de la ADRES". Como lo señaló el Tribunal, esta cláusula no establece que la ADRES tuviera la obligación de contratar un interventor para realizar el seguimiento de las actividades de auditoría a cargo de la Unión Temporal. (...) De los anteriores hechos no se deduce —como plantearon las Aseguradoras— que la ADRES tuviera la obligación contractual de ejercer el seguimiento de las actividades de la Unión Temporal a través de un interventor. En primer lugar, según lo explicado, esa obligación no se previó en los documentos contractuales. En segundo lugar, la ADRES y la Unión Temporal no celebraron una convención modificatoria por escrito que incorporara esa obligación al contrato (Ley 80 de 1993, art. 41). En tercer lugar, esa obligación tampoco puede deducirse de la aplicación práctica del contrato, pues no se acreditó una conducta de ambas partes, ni de una de ellas con aprobación de la otra, que revelara ese entendimiento común (Código Civil, art. 1622). (...) El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifican. (...) La ley no establece que la interventoría sea obligatoria para vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de consultoría como el celebrado entre la ADRES y la Unión Temporal. La obligación de contratar interventoría sí está prevista para los contratos de obra adjudicados mediante licitación pública (Ley 80 de 1993, art. 32, num. 1). (...) Tampoco obran medios de prueba que acrediten que los funcionarios de la ADRES carecieran del conocimiento requerido para ejercer la supervisión del contrato. No se acreditó que, por razón de su especialidad, solo un interventor pudiera realizar ese seguimiento. (...) Por las anteriores razones, no prosperan los reparos formulados por las Aseguradoras y los Auditores en relación con la ausencia de una interventoría especializada para la verificación del cumplimiento de las obligaciones. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622 INTERVENTORÍA / CONFLICTO DE INTERESES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INFORME DEL INTERVENTOR / PLIEGO DE CONDICIONES / CARGO DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTA DE CONCILIACIÓN / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿La participación de JAHV McGregor S.A.S. en el proceso de selección para la adjudicación del contrato objeto de controversia permite concluir que careció de imparcialidad u objetividad en el ejercicio de la interventoría y, por consiguiente, determina la nulidad de los actos administrativos sustentados, entre otros antecedentes, en sus informes? Respuesta al problema jurídico: No La Sala constata que el Tribunal no abordó expresamente este argumento, en el que se sustentaron los cargos de nulidad de los demandantes. Sin embargo, desestimará el reparo, porque no se probó que el interés de JAHV McGregor S.A.S. en obtener la adjudicación del contrato objeto de la controversia hubiera afectado la objetividad con la que ejerció la interventoría. Además, la ADRES restringió la participación en el proceso de selección de quienes, en las fechas previstas en el pliego de condiciones, tuvieran la calidad de interventores del contrato de auditoría vigente. (...) Lo cierto es que cuando se elaboró el informe de interventoría que sirvió como uno de los antecedentes para iniciar el procedimiento administrativo y se suscribieron las actas de conciliación de la etapa de precierre que obran en el expediente, ya no subsistía el interés inmediato de JAHV McGregor S.A.S. en obtener la adjudicación del contrato 080 de 2018. Su propuesta había sido rechazada y el contrato había sido adjudicado a la Unión Temporal desde el 12 de octubre de 2017. (...) En el expediente tampoco obran pruebas de que JAHV McGregor S.A.S. hubiera actuado sin objetividad ni de que esa circunstancia hubiera determinado la inclusión de incumplimientos inexistentes en el informe citado como prueba por la ADRES. (...) [T]ampoco acreditó que la interventoría hubiera revisado indebidamente las muestras. Por el contrario, como se estableció previamente, la Unión Temporal aceptó los resultados finales consignados en las actas y se comprometió voluntariamente a reprocesar los paquetes antes de su cierre. Por las anteriores razones, no prosperan los cargos de nulidad soportados en la presunta falta de imparcialidad de la interventoría. DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA PRUEBA / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBA POR INFORME / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA / CITACIÓN DEL TESTIGO / CONDUCCIÓN DEL TESTIGO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Problema jurídico: ¿Vulnera el derecho al debido proceso y a la prueba la decisión de una entidad administrativa de prescindir de un testimonio, después de citar infructuosamente al declarante en varias oportunidades, y sustituirlo por una prueba por informe idónea para acreditar los hechos objeto de prueba, cuando esta última fue sometida a contradicción? Respuesta al problema jurídico: No La Sala desestimará estos reparos, porque la decisión de prescindir del testimonio estuvo justificada: el declarante no compareció a pesar de haber sido citado varias veces por la entidad. Además, la prueba por informe versó sobre hechos, actuaciones y datos consignados en los archivos y registros de la firma interventora, y fue sometida a contradicción. El debido proceso es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (Constitución Política, art. 29). Una de las concreciones de esta garantía es el derecho a la prueba, que se manifiesta en (i) la facultad de presentar y solicitar las pruebas necesarias para sustentar la defensa en el procedimiento administrativo; (ii) el derecho a que las pruebas solicitadas sean practicadas, siempre que cumplan los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad; y (iii) la exigencia de que la Administración valore racionalmente los elementos probatorios y refleje su apreciación en la motivación fáctica de la decisión. (...) [L]a Sala concluye que la decisión de la ADRES de prescindir del testimonio de [testigo] no fue adoptada "sin excusa válida alguna". El artículo 218 del CGP establece que se prescindirá de la declaración cuando el testigo desatienda la citación. La norma prescribe que, a solicitud del interesado, podrá ordenarse la conducción del testigo por la Policía. También dispone que la audiencia podrá suspenderse para citarlo nuevamente cuando su declaración se considere fundamental. (...) La ADRES justificó su decisión en el supuesto previsto en la ley: pese a haber sido citado en varias oportunidades, el testigo no compareció. En el expediente no obra prueba de que los solicitantes de la prueba hubieran pedido que se ordenara su conducción con la intervención de las autoridades de Policía. Finalmente, la entidad no prescindió de la declaración desde la primera inasistencia, sino que ordenó nuevas citaciones antes de adoptar esa decisión. (...) Los datos sobre los intervalos de las muestras —tema de la prueba— podían establecerse mediante la prueba por informe, porque correspondían a información poseída por el interventor (CGP, art. 275). (...) En definitiva, la sustitución ordenada implicó un cambio en la forma de producción y contradicción de la prueba. Sin embargo, ese cambio obedeció a una causa jurídicamente justificada: la decisión de prescindir del testimonio ante la falta de comparecencia del declarante. Esa modificación no privó a los interesados del derecho a controvertir las respuestas de la interventoría, pues la entidad les dio traslado del informe y de las respuestas posteriores. Además, los apelantes no probaron qué hecho solo podía acreditarse mediante el testimonio ni de qué manera su ausencia habría incidido en el sentido de la decisión de la ADRES. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las concreciones del derecho a la prueba en el procedimiento administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de abril de 2025, exp. 71.800, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 218, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 275 CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / RIESGO ASEGURABLE / SINIESTRO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIÓN ADUANERA / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CARGO DE NULIDAD / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente afectar el amparo de cumplimiento de la póliza cuando el riesgo asegurado consistía en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal a cargo de la Unión Temporal y los incumplimientos declarados ocurrieron durante la vigencia de dicho amparo? Respuesta al problema jurídico: Si El riesgo amparado por las Aseguradoras era el incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato estatal a cargo de la Unión Temporal. Las circunstancias invocadas como deficiencias de planeación, previamente desestimadas como cargo de nulidad, no actualizan el supuesto fáctico del artículo 1073 del Código de Comercio. Aunque algunas de ellas fueran anteriores al inicio de la vigencia de la póliza, no configuraban el siniestro ni implicaban que este hubiera comenzado. El riesgo amparado correspondía al incumplimiento de las obligaciones de la Unión Temporal, no a las alegadas infracciones del deber de planeación. Los incumplimientos declarados ocurrieron durante la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1047 NUMERAL 6, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1072, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1073 CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL / ORDEN PÚBLICO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO Problema jurídico: ¿Es aplicable a los seguros de cumplimiento constituidos a favor de entidades estatales la terminación del contrato de seguro por la falta de notificación oportuna de hechos o circunstancias que agraven el estado del riesgo? Respuesta al problema jurídico: No La consecuencia prevista en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio, consistente en la terminación del contrato de seguro por la falta de notificación de la agravación del estado del riesgo, no resulta aplicable a los seguros de cumplimiento constituidos a favor de entidades estatales, como el examinado en este proceso. La Subsección ha sostenido consistentemente que el incumplimiento de esa carga no determina la terminación del contrato de seguro. (...) [L]as conductas de la ADRES invocadas por las Aseguradoras (...) no corresponden, en los términos en que fueron alegadas, a una hipótesis de variación o agravación del estado del riesgo. En estricto sentido, esas circunstancias incidirían en la configuración del siniestro, pues el amparo de cumplimiento cubría a la entidad de los perjuicios derivados del "incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista". (...) La eventual ocurrencia de conductas de la entidad estatal que impidieran imputar el incumplimiento al contratista estaba contemplada, en abstracto, en la delimitación inicial del riesgo, pues la cobertura se restringió al incumplimiento imputable y se excluyó la causa extraña. Esas conductas habrían impedido, entonces, la configuración del siniestro o dado lugar a la aplicación de la exclusión, en lugar de constituir una agravación del estado del riesgo y producir la terminación del contrato por el incumplimiento de la carga de notificarla. En todo caso, como se concluyó anteriormente, esas circunstancias no exoneraban de responsabilidad al contratista ni impedían imputarle los incumplimientos que motivaron la expedición de los actos demandados. Por las anteriores razones, el cargo no prospera. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inaplicabilidad de la terminación del contrato de seguro por agravación del riesgo no notificada (artículo 1060 del Código de Comercio) a los seguros de cumplimiento constituidos a favor de entidades estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de febrero de 2024, exp. 62.324, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de septiembre de 2024, exp. 70.576, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; y en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de marzo de 2026, exp. 70.848, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1058, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1060, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19 CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE REPOSICIÓN Problema jurídico: ¿Está facultado el juez para fijar agencias en derecho en la sentencia de primera instancia con fundamento en el criterio objetivo de imposición de costas, aunque la liquidación de estas solo proceda una vez ejecutoriada la providencia correspondiente? Respuesta al problema jurídico: Si (…) El Tribunal estaba habilitado para fijar agencias en derecho en la sentencia de primera instancia, aunque la liquidación de las costas ―que se componen de las expensas y gastos, así como de las agencias en derecho― solo procediera una vez ejecutoriada la providencia correspondiente. La imposición de costas no exige verificar una conducta temeraria, pues en el régimen vigente responde a un criterio objetivo. De ahí que el numeral 1 del artículo 365 del CGP establezca que "se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto". Esta norma difiere de lo que establecía el artículo 171 del CCA, según el cual "en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso". En consecuencia, la Sala desestima la solicitud de revocar la condena en costas por concepto de agencias en derecho. También se desestima la solicitud de reducir la cuantía de las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primera instancia. (...) esta solicitud es improcedente, pues el artículo 366.5 del CGP establece: "La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / GASTOS DEL PROCESO / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas a los demandantes en segunda instancia por haberse resuelto desfavorablemente sus recursos de apelación, cuando no se acreditó la causación de expensas u otros gastos procesales ni existió actuación efectiva del apoderado de la parte que sería beneficiaria de las agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 361 del CGP establece que las costas "están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho". Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del mismo código, en principio sería procedente condenar en costas de esta instancia a los demandantes, toda vez que se resuelven desfavorablemente los recursos de apelación que interpusieron. Sin embargo, esa regla debe leerse en concordancia con el numeral 8 de la misma disposición, conforme al cual "solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación". El criterio mayoritario de la Sala es que, si no existe una actuación efectiva del apoderado de la parte que sería beneficiaria de las agencias en derecho en segunda instancia, estas no se causan. Por tanto, como en esta instancia no intervino la ADRES, no hay lugar a fijar suma alguna por ese concepto. Asimismo, dado que no se acreditó la causación de expensas u otros gastos procesales, no se condenará en costas a los demandantes en esta instancia. NOTA DE RELATORÍA: Este criterio modifica el que la Subsección venía aplicando, conforme al cual procedía condenar en costas por agencias en derecho aun sin actuación efectiva del apoderado en la instancia, con fundamento en la sola vigilancia del proceso derivada del mandato conferido. Ver el cambio de criterio en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de junio de 2026, exp. 73.143, decisión frente a la cual el ponente de la presente providencia salvó voto por disentir del nuevo criterio mayoritario. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200122011100103