Titulación de la relatoría 29.751 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
LICENCIA AMBIENTAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / PLIEGO DE CONDICIONES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONCESIONARIO / CREMACIÓN DE CADÁVERES / SERVICIO DE CREMACIÓN DE CADÁVERES / AUTORIZACIÓN AMBIENTAL / APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE / CEMENTERIO
Problema jurídico:
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 8º, numeral 20, del Decreto 1753 de 1994, estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales eran competentes para otorgar licencias ambientales para la construcción de obras y el desarrollo de actividades sobre cementerios, cuando no existiera un plan de ordenamiento y uso del suelo aprobado por las autoridades municipales o distritales y por la respectiva autoridad ambiental competente. El artículo 12 del mismo decreto precisaba que los distritos cuya población urbana fuera superior a un millón de habitantes, serían competentes - dentro de su respectivo perímetro urbano- para otorgar licencias ambientales en los mismos casos definidos para las Corporaciones Autónomas Regionales. En consecuencia, tal como lo indicó el DAMA en la motivación de la Resolución 632 de 1996, para acometer la construcción del nuevo horno crematorio en el cementerio sur, se requería la obtención de la autorización ambiental de esa entidad, que tenía a su cargo esta función conforme al Decreto 673 de 1995. (…) La ausencia de un deber legal de obtener la licencia ambiental antes de abrir la licitación se explica, además, porque la construcción del nuevo horno crematorio del cementerio sur fue incorporada por el Concesionario en su oferta sin que dicha obra hubiera sido exigida por la entidad en los documentos del proceso de selección. La Sala constata que bajo el pliego de condiciones no se imponía al futuro contratista a construcción de un horno en el globo correspondiente al cementerio sur; tan solo se señalaba, en el capítulo general de descripción de las áreas del proyecto, que “dentro de este globo [se refiere al del cementerio sur] se encuentra también un terreno en donde se podría ubicar también un horno crematorio o bóvedas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1753 DE 1994 - ARTÍCULO 12, DECRETO 1753 DE 1994 - ARTÍCULO 8 NUMERAL 20, DECRETO 673 DE 1995
CONCESIONARIO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS / PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA / OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LICENCIA AMBIENTAL / PROCESO DE LICITACIÓN / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN
Problema jurídico:
¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
En síntesis, los documentos del expediente relativos al proceso licitatorio permiten inferir que: (i) la construcción del horno crematorio del cementerio sur no fue una exigencia impuesta por el pliego de condiciones, sino una obligación asumida por el Concesionario al incorporarla en su oferta, en ejercicio de la autonomía técnica reconocida en dicho pliego para definir las adecuaciones de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios generadores de ingresos operacionales; (ii) la UESP no estaba obligada a gestionar, antes de la suscripción del contrato, la licencia ambiental correspondiente a una obra que no formaba parte del objeto inicialmente descrito en los documentos del proceso; y (iii) dicha obligación constructiva se integró al objeto del contrato como consecuencia directa de la aceptación de la propuesta formulada por el adjudicatario.
CONCESIONARIO / LICENCIA AMBIENTAL / PERMISO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a responsabilidad de obtener las autorizaciones y permisos necesarios para la construcción de dicha obra —incluida la licencia ambiental— también recaía sobre el Concesionario. En primer lugar, el literal h) de la cláusula V del contrato estableció la siguiente obligación a cargo de la UESP: “Colaborar con el CONCESIONARIO, cuando éste lo solicite, en las gestiones que deba realizar ante las autoridades y entidades de cualquier orden, para obtener permisos, licencias o similares, requeridos directa o indirectamente para la ejecución y cumplimiento del contrato”. (…). Pero aun si se admitiera que esta estipulación del contrato no puede interpretarse en el sentido previamente expuesto y que el contrato no definió cuál parte debía gestionar las autorizaciones ambientales para la construcción del nuevo horno crematorio, las reglas de integración contractual conducen a la misma conclusión. El artículo 871 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1603 del Código Civil —disposiciones aplicables al contrato estatal conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993—, establece que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a todo lo que corresponde a su naturaleza, conforme a la ley, la costumbre o la equidad natural. Esta regla impone considerar la configuración legal del contrato como criterio determinante para definir las obligaciones implícitas que lo componen.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
CONCESIÓN / CONTRATO ESTATAL / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONCESIONARIO / RIESGO / LICENCIA AMBIENTAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE / INFRAESTRUCTURA / INGRESO OPERACIONAL / CLÁUSULA REGLAMENTARIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / DISTRITO CAPITAL
Problema jurídico:
¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno crematorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato celebrado entre las partes corresponde a una concesión. Conforme al artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, son contratos de concesión aquellos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona, llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público. También comprenden todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio, las cuales deben ejecutarse por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien. En este caso, el contrato de concesión celebrado por las partes tuvo por objeto la organización y prestación de los servicios funerarios mediante la operación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Las adecuaciones de la infraestructura requeridas para garantizar dicha prestación —entre ellas, la construcción del nuevo horno crematorio—, así como las demás actividades necesarias para cumplir las obligaciones asumidas, debían ejecutarse por cuenta y riesgo del Concesionario, conforme a la definición legal del contrato. Esta característica comportaba que el contratista debía definir, dentro de los límites fijados en el contrato y en el reglamento de la concesión, los esquemas organizativos, las fuentes de financiación, los parámetros técnicos y las inversiones necesarias para adecuar la infraestructura, asegurar la eficiencia del servicio, incentivar su utilización y generar los ingresos que, según el esquema retributivo pactado, constituían su única fuente de remuneración. A partir de este marco normativo, le correspondía al Concesionario adelantar todas las gestiones necesarias para ejecutar las prestaciones asumidas y sufragar los costos asociados. Esto comprendía no solo la contratación de las obras civiles y la instalación de los hornos crematorios, sino también el cumplimiento de los requisitos legales indispensables para su materialización, entre ellos, la obtención de la licencia ambiental requerida por el DAMA. Esta conclusión se refuerza con una lectura integral de otras cláusulas del contrato y del reglamento de la concesión adoptado mediante el Decreto 367 de 1995, incorporado al contenido contractual conforme al literal d) de la cláusula XLII.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 367 DE 1995, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32.4
LICENCIA AMBIENTAL / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / SERVICIO DE CREMACIÓN DE CADÁVERES / CEMENTERIO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
Problema jurídico:
¿Eran equivalentes, desde el punto de vista jurídico, la licencia ambiental y el plan de manejo ambiental en el marco normativo vigente al momento de la ejecución del proyecto?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]unque tanto la licencia ambiental como el PMA constituían instrumentos orientados a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que pudiera ocasionar la ejecución de un proyecto, obra o actividad, no eran equivalentes desde el punto de vista jurídico. En el caso concreto, bajo la vigencia de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 1753 de 1994, la licencia ambiental era una autorización previa y obligatoria, exigida para acometer la construcción del nuevo horno crematorio del cementerio sur. En contraste, el PMA era un instrumento de manejo y control ambiental aplicable a la operación de los tres cementerios existentes con anterioridad a la expedición de dicha ley, que podía ser exigido por el DAMA en aplicación del régimen de transición [Decreto 1753 de 1994, art. 11]. En síntesis, estos dos instrumentos no eran equivalentes ni se confundían en uno solo. El DAMA podía exigir, para actividades amparadas por el régimen de transición, la implementación de un PMA, sin que ello implicara la obligación de obtener una licencia ambiental ni, por consiguiente, la elaboración de un EIA, dentro del cual el PMA constituye uno de sus componentes. De hecho, (…) al analizar la causa determinante del retraso, en este caso debieron elaborarse dos PMA: el primero, exigido a la UESP, para la operación de los tres cementerios, cuyas actividades no requerían licencia ambiental por preexistir a su expedición; el segundo, integrante del EIA que debía presentarse para obtener la licencia ambiental necesaria —no para la operación de los cementerios— sino para la construcción del nuevo horno crematorio, inversión propuesta por el Concesionario y cuya gestión correspondía exclusivamente a este, como ya se explicó.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las diferencias entre licencia ambiental y plan de manejo ambiental en la regulación de proyectos y actividades, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp. 63001-23-33-0002018-00171-01, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1753 DE 1994 - ARTÍCULO 11, LEY 99 DE 1993
SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / LICENCIA AMBIENTAL / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / CONCESIONARIO / DEMORA EN LA GESTIÓN ENCOMENDADA / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿Tuvo incidencia causal la exigencia del PMA en el hecho generador del perjuicio atribuido al retraso en la ejecución del horno crematorio?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]urante este primer período, la exigencia del PMA no tuvo incidencia causal en el hecho generador del perjuicio que el demandante atribuye al retraso en la ejecución de la obra. Tal requerimiento fue posterior a la orden de suspensión, adoptada exclusivamente por la omisión en la obtención previa de la licencia ambiental. Si el Concesionario hubiera presentado oportunamente el EIA y tramitado la correspondiente licencia, habría podido culminar las obras, al margen de que, con posterioridad —y en aplicación del régimen de transición previsto en el Decreto 1753 de 1994—, el DAMA exigiera un PMA para la operación de los tres cementerios concesionados. Incluso luego de octubre de 1997 —cuando la UESP fue requerida para elaborar dicho PMA—, la causa determinante del retraso persistió en la demora del propio Concesionario en preparar el EIA necesario para obtener la licencia ambiental que habilitaba la reanudación y terminación del nuevo horno crematorio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1753 DE 1994
LICENCIA AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CONCESIONARIO / PLAZO / AUTORIDAD AMBIENTAL / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Era indispensable que el concesionario presente el Estudio de Impacto Ambiental para que se otorgue la licencia ambiental requerida para culminar la construcción del horno crematorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Decreto 1753 de 1993 establecía lo siguiente en su artículo 23: “El estudio de impacto ambiental se exigirá en todos los casos que requieran Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley y los reglamentos. El estudio de impacto ambiental deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características del proyecto, obra o actividad”. En desarrollo de esta previsión, el artículo 30 regulaba el procedimiento correspondiente y disponía que, una vez presentado el EIA, la autoridad ambiental podía solicitar, dentro de los 30 días hábiles siguientes, la información adicional que considerara indispensable. Recibida dicha información, contaría con 15 días hábiles para requerir conceptos técnicos a otras entidades, las cuales debían remitirlos en un plazo máximo de 60 días hábiles. Vencido este término, o una vez allegada toda la información requerida, la autoridad expediría un auto de trámite que así lo declarara, a partir del cual decidiría sobre la viabilidad del proyecto y otorgaría o negaría la licencia ambiental en un término no superior a 60 días hábiles. Así, para agotar el procedimiento tendiente al otorgamiento de la licencia necesaria para culminar la construcción del horno crematorio, era indispensable que el Concesionario presentara el EIA correspondiente. Los documentos del expediente evidencian que el Concesionario no presentó el estudio de impacto ambiental sino hasta el 25 de agosto de 1998, es decir, un año y ocho meses después de haberse ordenado la suspensión de la obra por no contar con la respectiva licencia ambiental. (…).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1753 DE 1994 - ARTÍCULO 23, DECRETO 1753 DE 1994 - ARTÍCULO 30
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / LICENCIA AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA
Problema jurídico:
¿Tuvo incidencia causal el PMA a cargo de la UESP en el retraso en la reanudación de la obra de construcción del horno crematorio?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [E]l lapso de aproximadamente seis (6) meses entre la entrega del EIA por parte del Concesionario al DAMA para licenciar la construcción del nuevo horno y la presentación del PMA para la operación de los tres cementerios por la entidad concedente no tuvo incidencia causal directa en la fecha de reanudación de las obras. En primer lugar, porque, tal como se mostró anteriormente, la exigencia de elaboración y presentación del PMA sobrevino con posterioridad a la orden de suspensión de la construcción, que fue adoptada exclusivamente con fundamento en la ausencia de licencia ambiental. En segundo lugar, porque la licencia era la autorización previa exigida por el DAMA para acometer la construcción del nuevo horno crematorio, conforme al Decreto 1753 de 1994, mientras que el PMA no constituía un título habilitante para la ejecución de estas obras, sino una medida adoptada por la autoridad ambiental dentro del régimen de transición para controlar los efectos derivados de la operación y prestación de todos los servicios funerarios en los tres cementerios existentes antes de la entrada en vigor de dicho decreto. Finalmente —y no menos importante—, porque no existió una diferencia temporal entre la emisión del concepto técnico favorable al EIA presentado por el Concesionario, que daba paso a la obtención de la licencia, y el emitido sobre el PMA presentado por la UESP. En resumen, dado que ofertó por su cuenta la construcción de una obra sujeta a licenciamiento conforme al régimen ambiental vigente al momento de contratar, el Concesionario debió prever las gestiones necesarias para obtener dicha autorización, incluyendo los tiempos requeridos para elaborar el EIA. (…) [D]ado que correspondía al Concesionario obtener los permisos y licencias necesarios para la construcción del horno crematorio del cementerio sur —incluida la presentación oportuna del EIA para obtener la licencia ambiental exigida por el DAMA—, y que la elaboración del PMA a cargo de la UESP no tuvo incidencia causal en el retraso de la obra, corresponde al demandante asumir, a su costa, los efectos económicos derivados de dicha circunstancia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1753 DE 1994
CONTRATO DE CONCESIÓN / PERJUICIOS / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / MARGEN DE RENTABILIDAD EN ACTIVIDAD ECONÓMICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / INDEXACIÓN / CONCESIONARIO
Problema jurídico:
¿Resulta jurídicamente válida la metodología basada en la comparación de costos directos previstos y reales para cuantificar perjuicios en un contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala advierte que la metodología propuesta para cuantificar los perjuicios alegados tampoco resulta jurídicamente atendible. En el marco de un contrato de concesión como el que ocupa a la Sala, no es viable estimar el perjuicio patrimonial a partir de la mera comparación entre los costos directos previstos para el momento inicialmente proyectado de ejecución de la obra y aquellos efectivamente asumidos al llevarla a cabo en una fecha posterior. (…) [E]ste enfoque desconoce la naturaleza financiera del contrato de concesión, en virtud del cual la retribución del contratista no proviene del pago de un precio por parte de la entidad contratante, sino del retorno esperado sobre la inversión efectuada. (…) El hecho de que una de esas inversiones —las requeridas para la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo horno crematorio— se desplazara en el tiempo, como ocurrió en este caso por causas atribuibles al Concesionario, ciertamente pudo haber generado un aumento en los costos directos de la obra civil, como lo alegó el demandante. Sin embargo, ese efecto no agota las consecuencias económico-financieras derivadas del desplazamiento. [E]l Concesionario debió operar y mantener el horno durante un período más corto que el previsto originalmente en la propuesta aceptada por la Administración. Además, desde una perspectiva estrictamente financiera, el diferimiento temporal de la inversión incrementa la rentabilidad del proyecto —si se mantienen constantes las demás variables—, en virtud del valor del dinero en el tiempo: al no tener que inmovilizar los recursos desde el inicio, el Concesionario pudo obtener rendimientos sobre dichos fondos durante el lapso en que no los destinó a la inversión comprometida, con lo cual se redujo su costo de oportunidad.
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO CONTRACTUAL / MEJOR OFERTA ECONÓMICA / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede reclamarse el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal cuando se materializa un riesgo previamente asumido por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
El “equilibrio de la ecuación económica del contrato” y la “equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar”, así como el derecho a su restablecimiento cuando se rompa o altere por causas no imputables a quien resulte afectado, no pueden determinarse sin atender a la distribución de riesgos contractuales. Como ha señalado la Subsección, la voz riesgo alude a circunstancias externas a las partes del negocio jurídico, que resultan identificables y cuantificables, y que pueden modificar los resultados económicos esperados, tanto en los ingresos como en los costos [Ley 80 de 1993, artículos 5.1. y 27]. Así entendido, el riesgo tiene una doble dimensión: su materialización puede generar tanto efectos desfavorables —v. gr., un incremento de costos— como efectos favorables —la disminución de estos—. Por ejemplo, en un contrato de obra a precio global, el constructor asume el riesgo de mayores o menores cantidades de obra. Si las cantidades realmente ejecutadas resultan ser menores a las previstas al momento de proponer, el constructor obtendrá, ceteris paribus, un retorno mayor porque sus costos directos serán inferiores a los inicialmente estimados, sin que por ello la entidad comitente pueda abstenerse de pagar el precio total, salvo pacto en contrario. Con todo, la concreción del riesgo también puede producir efectos desfavorables cuando resulta necesario ejecutar una mayor cantidad de obra. En tal caso, el contratista debe soportar el efecto, sin que sea procedente reclamar a la entidad el pago de sumas adicionales. El oferente que asume un riesgo calcula —diligentemente debe hacerlo— la probabilidad de su ocurrencia y su impacto sobre los flujos esperados, con el fin de determinar el costo de asumir la contingencia y definir el valor de su oferta. Por esta razón, la oferta económica debe reflejar la asunción de riesgos, ya que su distribución busca que la parte que los asuma soporte los efectos de su eventual materialización. De este modo, los riesgos asignados forman parte de la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar (Ley 80 de 1993, art. 27). Considerado el riesgo asignado como componente integral de las condiciones económicas pactadas inicialmente, su concreción no altera el equilibrio financiero del contrato, pues se entiende que su ocurrencia y efectos ya estaban incorporados en la ecuación que determinó dicho equilibrio. En consecuencia, sus efectos deben ser asumidos, dentro de los límites acordados, por la parte a la que se le asignó y así aceptó al contratar.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente al concepto jurídico de riesgo en la contratación estatal y su incidencia en la ecuación económica del contrato, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025 (párrs. 34 – 37), Expediente 25000-23-36-000-2020-00396-01 (70.250), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5.1
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CEMENTERIO / SERVICIOS PÚBLICOS / CONCESIONARIO
Problema jurídico:
¿Constituyen las variaciones en los costos del servicio de aseo riesgos empresariales que deben ser asumidos por el concesionario, aun sin cláusula expresa de distribución de riesgos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque el negocio jurídico celebrado entre la UESP y el Concesionario no contiene una cláusula particular de distribución de riesgos ni se elaboró una matriz de riesgos, como lo exige el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 —que no estaba vigente a la sazón—, ello no significa que no existiera una distribución implícita, derivada tanto de la naturaleza del contrato como de sus estipulaciones. En este caso, las variaciones en los montos facturados por el servicio de recolección de residuos, generados por la operación de los cementerios y hornos crematorios, constituyen una variable sujeta al dominio y control empresarial del Concesionario, inescindiblemente ligada a la gestión de los servicios funerarios, que eran la principal obligación a su cargo. Por tanto, debe retener sus consecuencias, ya sean favorables o desfavorables, pues constituyen un riesgo asumido por él. Además de la naturaleza del contrato de concesión, esta conclusión se funda en las estipulaciones pactadas por las partes. Por una parte, conforme al literal m) de la cláusula IV, el Concesionario se obligó a “cancelar el valor de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y teléfonos de los cementerios”, sin limitación alguna respecto de las variaciones en los montos facturados. Por otra parte, en la cláusula VIII se estableció que “en la remuneración pactada se encuentran comprendidos la totalidad de los costos administrativos, financieros, operativos (…) y cualesquiera otros correspondientes a la prestación de los servicios”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la distribución de riesgos en contratos de concesión y responsabilidad por riesgos internos empresariales, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021 (párr. 207), Rad. 25000-23-26-000-2010-00779-01 (51219), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4
RIESGO EXTRAORDINARIO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / COMPENSACIÓN / IMPREVISIBILIDAD / INIMPUTABILIDAD / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede la compensación automática por efectos extraordinarios de un riesgo previamente asignado al contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
La Subsección ha señalado que aun si los efectos de un riesgo asignado — debido a su carácter extraordinario o inusitado— desbordan los umbrales implícitos o explícitos bajo los cuales fue asumido por el contratista, ello no implica, ipso facto, que la entidad estatal deba compensarlo. En tales eventos, el análisis sobre la procedencia de la compensación debe efectuarse conforme al criterio de alteración del equilibrio económico del contrato causada por circunstancias imprevisibles. Desde este punto de vista, la ocurrencia de esta clase de circunstancias constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para justificar una compensación. En consecuencia, la entidad está obligada a restablecer dicho equilibrio si el acaecimiento del evento genera una situación deficitaria o de pérdida en el balance financiero global, pues el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 dispone que la ecuación contractual debe restablecerse a un “punto de no pérdida” cuando la alteración es causada por situaciones imprevistas y no imputables a las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la procedencia de la compensación en contratos estatales frente a riesgos extraordinarios y alteración del equilibrio económico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025 (párr. 53), Expediente 25000-23-36-000-2020-00396-01 (70.250), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5.1
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALORACIÓN DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / RIESGO EXTRAORDINARIO / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede atribuirse a la UESP la obligación de compensar al concesionario por supuestas omisiones en licenciamiento ambiental, variaciones en costos de acueducto o por efectos financieros derivados del retraso?
Respuesta al problema jurídico: No
Las pruebas obrantes en el expediente no acreditan que las variaciones en las sumas pagadas por concepto del servicio de recolección de residuos hayan producido una alteración del equilibrio económico del contrato de concesión que justifique su restablecimiento a punto de no pérdida. (…) [N]i el dictamen pericial ni las demás pruebas del expediente acreditan que, en el balance global del contrato, se haya producido un resultado contable neto negativo o —desde la perspectiva financiera propia de las concesiones — que las inversiones y costos asumidos por el Concesionario no pudieran recuperarse con los ingresos derivados de la explotación del servicio. Ello habría requerido, por ejemplo, un flujo de caja consolidado del proyecto y la verificación de que su valor presente neto (VPN), descontado a la tasa interna de retorno prevista en la oferta —o un WACC razonable para el proyecto—, resultara negativo. Ante la ausencia de esa demostración, la Sala confirmará la decisión de desestimar esta pretensión.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la caracterización financiera y jurídica de la concesión frente al contrato de obra pública, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, Rad. 25000-23-26-000-199400071-01 (14390), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
Carga impositiva excepcional y su impacto en el equilibrio económico del contrato: requisitos para su reconocimiento y prueba, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2003, Rad. 73001-2331-000-1996-4028-01 (14577), C. P. Ricardo Hoyos Duque.