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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado

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Fecha
2026-10-05
Radicado
25000233600020220001501
Número interno
73587
Ponente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S
Demandado
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER), FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A . SOCIEDAD LIQUIDADORA DE LA ANTV, ICBF

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado

Lo que dijo la Sala

El Contrato de Obra celebrado entre el PA Findeter y OBYCON está sometido al derecho privado, por cuanto se trata de un contrato celebrado entre un patrimonio autónomo creado mediante fiducia mercantil y una empresa de derecho privado. No obstante, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, en línea con los desarrollos jurisprudenciales del Consejo de Estado, las controversias derivadas de este negocio son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque cuando un patrimonio autónomo se constituye mayoritariamente con dineros de origen público, los contratos que celebra la entidad fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo se asimilan a los contratos celebrados por las entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 1233
  • Decreto 663 de 1993, art. 270 lit. F
  • Ley 1437 de 2011, art. 104 núm. 2

También resuelve

  • ¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…
  • ¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…
  • ¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL RECURSOS PÚBLICOS ENTIDAD PÚBLICA CONTRATO DE OBRA SUJETO DE DERECHO PRIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SOCIEDAD FIDUCIARIA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN BALANCE PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRETENSIÓN SUBSIDIARIA MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PLANOS ARQUITECTÓNICOS ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MORA DEL CONTRATANTE CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE MEJOR OFERTA ECONÓMICA OTROSÍ AL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL PLAZO PRÓRROGA DEL PLAZO ADICIONAL ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA BUENA FE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE NORMA TÉCNICA INTERVENTORÍA FACULTADES DEL JUEZ INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NEXO DE CAUSALIDAD CARGA DE LA PRUEBA PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL DEVALUACIÓN DE LA MONEDA HECHO NOTORIO IPC REAJUSTE CON BASE EN EL IPC MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE FUTURO CUMPLIMIENTO REVISIÓN DEL CONTRATO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ESTAMPILLA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA COVID 19 FUENTE DEL DAÑO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO SUPERVISOR DEL CONTRATO DUEÑO DE LA OBRA PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO ICBF FINDETER CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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Titulación de la relatoría 36.320 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PATRIMONIO AUTÓNOMO / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / RECURSOS PÚBLICOS / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA / SUJETO DE DERECHO PRIVADO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SOCIEDAD FIDUCIARIA Problema jurídico: ¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si El Contrato de Obra celebrado entre el PA Findeter y OBYCON está sometido al derecho privado, por cuanto se trata de un contrato celebrado entre un patrimonio autónomo creado mediante fiducia mercantil y una empresa de derecho privado. No obstante, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, en línea con los desarrollos jurisprudenciales del Consejo de Estado, las controversias derivadas de este negocio son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque cuando un patrimonio autónomo se constituye mayoritariamente con dineros de origen público, los contratos que celebra la entidad fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo se asimilan a los contratos celebrados por las entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. Esto, en tanto los recursos del patrimonio autónomo mantienen su naturaleza pública porque continúan afectos a la destinación pública prevista por la entidad estatal que los transfirió. En aplicación de estos criterios, se destaca que el Contrato de Obra objeto de la controversia tiene origen en el Contrato Interadministrativo No. 1743 de 2017 celebrado entre FINDETER y ICBF, con el objeto “Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de los proyectos y/o programas en materia de infraestructura que requiera el ICBF”. En la cláusula segunda del referido contrato se estableció que FINDETER tenía la obligación de “5. Contratar para la ejecución del objeto contractual, los servicios de una sociedad fiduciaria para administrar a través de la constitución de un Patrimonio Autónomo los recursos que se le transfieran a FINDETER para la ejecución de los proyectos definidos por el ICBF (…)”. Asimismo, que el ICBF debía “1. Realizar el pago pactado conforme a lo establecido en la forma de pago del presente contrato. 2. Transferir, al patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER administrado por la Fiducia que FINDETER indique, sujeto a la disponibilidad presupuestal de la entidad (sic)” (Resalta la Sala). En cumplimiento del contrato interadministrativo, FINDETER, en ejercicio de las facultades conferidas en el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, celebró con la Fiduprevisora el “contrato de fiducia mercantil No. 006”, (… ). En tal virtud se constituyó el PA Findeter y se estableció que la Fiduprevisora, como administradora y vocera del patrimonio autónomo, realizaría las gestiones para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. En consecuencia, la entidad financiera adelantó el proceso de selección y celebró el Contrato de Obra con OBYCON. En este orden de ideas, conforme lo establecido por la Corte Constitucional, el Contrato de Obra objeto de análisis debe entenderse como un contrato celebrado por una entidad pública, para los efectos previstos en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA, toda vez que fue celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos procedentes del presupuesto del ICBF y dirigidos a la ejecución del contrato interadministrativo No. 1743 de 2017. No obstante, importa señalar que se trata de un contrato celebrado, de una parte, por OBYCON, sujeto de derecho privado, y de otra por el PA Findeter, centro de imputación de derechos y obligaciones diferente del fiduciante (Findeter), de la entidad fiduciaria que lo administra (la Fiduprevisora) y de su beneficiario (ICBF), según lo regulado por el artículo 1233 del C.Co. En consecuencia, el contrato se encuentra sometido al derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de las controversias de los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos, ver: Corte Constitucional, Auto 020 de 2024; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de diciembre de 2020, exp. 64129, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 16 de septiembre de 2021, exp. 66091, C. P. María Adriana Marín; y Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 15 de febrero de 2023, rad. 2482, C. P. Ana María Charry Gaitán. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1233, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 270 LITERAL F, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 NUMERAL 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / BALANCE / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente, el término de caducidad de las controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente a la firma del acta de liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con las pretensiones de controversias contractuales, se atiende a lo dispuesto en el romano iii), letra j), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según el cual el término de dos (2) años para demandar en los contratos que requieren liquidación debe contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación. Aunque el Contrato de Obra no está sometido legalmente a la liquidación, las partes estipularon dicha obligación y liquidaron bilateralmente el contrato el 28 de abril de 2021. Por lo tanto, es a partir del 29 de abril de 2021 que debe comenzar a contarse el término de caducidad del medio de control. El demandante tenía, entonces, hasta el 2 de mayo de 2023 para demandar. Como el demandante ejerció el derecho de acción el 20 de enero del 2022 se concluye que lo hizo oportunamente, incluso sin tener en cuenta la suspensión del término de caducidad por el trámite de conciliación prejudicial y la suspensión de los términos de caducidad con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la pandemia de la COVID-19. La misma conclusión se impone en relación con las pretensiones subsidiarias de reparación directa presentadas en contra de FINDETER y del ICBF, porque como se analizará en esta decisión, estas deben ser analizadas desde la perspectiva del medio de control de controversias contractuales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MORA DEL CONTRATANTE / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE / MEJOR OFERTA ECONÓMICA Problema jurídico: ¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión, ajuste y complementación por el contratista? Respuesta al problema jurídico: No De lo anterior se sigue que los estudios y diseños que el contratante se obligó a entregar podían tener vacíos o defectos, pues la obligación del contratista en la Etapa I consistía, precisamente, en ajustarlos y complementarlos. (…) [L]a obligación de la contratante en relación con la entrega de los estudios y diseños se estableció a futuro, en un momento que estaba anclado a la firma del contrato y al inicio de la Etapa I. (…) El acta de inicio se suscribió el 13 de junio de 2018; solo a partir de esa fecha es posible plantear mora del contratante en la entrega de los estudios y diseños para la ejecución de la Etapa I. En consecuencia, no son atendibles los cargos del contratista sobre la entrega tardía de los diseños de ventilación mecánica y apantallamiento, por haber ocurrido después de iniciado el contrato. (…) [Conforme a la metodología del proceso de selección y a la modalidad contractual, la entidad contratante fijó un presupuesto estimado frente al cual los oferentes, en su condición de expertos en las obras objeto del contrato, debían proponer un precio global fijo que cubriera el costo definitivo de la obra, incluidos los ajustes y complementaciones de los estudios y diseños que se realizarían en la Etapa I, las especificaciones técnicas generales del proyecto según los documentos suministrados en la etapa precontractual, y las normas técnicas requeridas para la funcionalidad de la obra. Por lo tanto, el contratista debió tener en cuenta los valores necesarios para cubrir el sistema de ventilación mecánica y apantallamiento. (…) Por consiguiente, no es procedente alegar un incumplimiento del contratante por la entrega tardía de los diseños de ventilación mecánica y apantallamiento. Al estar incluidos en las especificaciones técnicas del proyecto, el contratista debía tenerlos en cuenta al presentar su oferta económica, aunque no hubiera recibido detalles o diseños de estos ítems en la etapa precontractual, pues conforme a la metodología del proceso estos debían entregarse para su ajuste o complementación durante la Etapa I. (…) En relación con la entrega deficiente de los estudios y diseños de la estructura y la arquitectura del proyecto, las consideraciones del recurrente presuponen un umbral de falencias o vacíos admisibles dentro de la obligación de ajuste y complementación a cargo del contratista, por encima del cual los estudios y diseños entregados por el contratante generarían un incumplimiento contractual por ser de carácter sustancial e implicar un rediseño estructural o de arquitectura de la obra. Sin embargo, ese umbral no se deriva claramente de la modalidad ni del alcance del Contrato de Obra celebrado entre las partes. Por el contrario, lo que se observa es que los vacíos y falencias en los estudios y diseños eran precisamente el objeto del contrato, el cual se celebró para ajustar y complementar los estudios y diseños, incluidas las especificaciones técnicas requeridas para la funcionalidad de la obra conforme a la normativa vigente, a efectos de ejecutarla posteriormente en la Etapa II del contrato. Por consiguiente, en principio no es procedente que el contratista alegue un incumplimiento contractual por la entrega defectuosa o incompleta de los estudios y diseños de la estructura y la arquitectura del proyecto, ni por la falta de entrega de diseños sobre aspectos técnicos exigidos por la normativa, que el contratista, como profesional experto, debía tener en cuenta al presentar su oferta. (…) Sobre la falta de entrega de los diseños de los sistemas de detección y alarma contra incendios, y de seguridad humana (puertas cortafuegos), la Sala destaca que, como lo indica el propio recurrente en la demanda, se trata de un ítem que era necesario para el adecuado funcionamiento de la obra según los requerimientos técnicos normativos de la NSR-10. (…) Por lo tanto, no es procedente alegar incumplimiento de la entidad contratante en la entrega de estos diseños, pues se trata de aspectos que debían ser tenidos en cuenta y, de ser necesario, complementados por el contratista para la adecuada ejecución y funcionalidad de la obra objeto del contrato. OTROSÍ AL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL PLAZO / PRÓRROGA DEL PLAZO ADICIONAL / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN Problema jurídico: ¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes que modificaron el alcance, el valor y el plazo del contrato? Respuesta al problema jurídico: No En todo caso, la Sala encuentra que, conforme a los acuerdos celebrados durante la primera etapa del contrato, las partes afrontaron y superaron de mutuo acuerdo los problemas relativos a la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, en especial las falencias sustanciales de aquellos relativos a la estructura y arquitectura de la obra. En primer lugar, consta en el expediente que el 16 de julio de 2018 las partes acordaron suspender el contrato, con el objetivo de que el contratista pudiera recibir del ICBF más información de los estudios y diseños que, a su vez, esta entidad debía recibir de la firma Arquidiseños. Dicha modificación se prorrogó el 13 de agosto de 2018, sin reclamaciones relativas a un incumplimiento de la contratante por la entrega tardía, defectuosa o incompleta de los diseños. En segundo lugar, el 8 de octubre de 2018, las partes celebraron el Otrosí No. 1 al Contrato de Obra. Según las consideraciones expuestas en el otrosí, este documento tuvo en consideración el hecho de que los estudios y diseños entregados al contratista para su ajuste y complementación adolecían de falencias sustanciales que afectaban el diseño estructural y la arquitectura de la obra. En especial, por falencias relacionadas con la definición de los parámetros usados en el análisis sísmico de cada estructura, el diseño de la cimentación, entre otras observaciones técnicas. En consecuencia, las partes decidieron de mutuo acuerdo: i) modificar el alcance de las obligaciones del contratista en la Etapa I, que inicialmente recaía sobre la entrega, ajuste y complementación de los estudios y diseños de los bloques A, B, B1, C, D1, D2, M, H y los muros de cerramiento Tipo 1 y 2, para circunscribirlo al ajuste y complementación de los bloques H y C, a las zonas duras sin cubierta, a las zonas blandas y al muro de cerramiento tipo 1. Además, acordaron prorrogar el plazo de ejecución de esta primera etapa hasta el 24 de diciembre de 2018 y adicionar su valor en $51.321.055. En el acuerdo modificatorio, las partes pactaron que todas las demás cláusulas del contrato se mantenían incólumes, lo que incluye las obligaciones asumidas por el contratista para la Etapa II del contrato. Así las cosas, se colige que con la celebración del Otrosí No. 1 las partes contratantes afrontaron y superaron de mutuo acuerdo las falencias sustanciales del diseño estructural y de la arquitectura del proyecto, con la modificación del alcance, valor y plazo de la Etapa I del proyecto. Así pues, si en gracia de discusión se considera que los defectos sustanciales de los diseños entregados al contratista excedían las obligaciones asumidas por el contratista, esta circunstancia fue superada de mutuo acuerdo entre las partes con el referido otrosí. Es importante recordar que la Sección Tercera, mediante la Sentencia de Unificación del 27 de julio de 2023, estableció que el silencio o la ausencia de salvedades del contratista en los acuerdos modificatorios, adiciones o prórrogas no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva de intereses, con la capacidad de enervar automáticamente las posteriores reclamaciones relativas al reequilibrio de la ecuación económica del contrato o la indemnización plena de perjuicios. (…) Se sigue entonces que la ausencia de salvedades en la celebración de actas de suspensión, prórrogas y otrosíes no determina por sí misma la imposibilidad de realizar reclamaciones futuras sobre los efectos económicos de los acuerdos modificatorios. No obstante, ello no excluye que en virtud de un análisis integral de las salvedades con los acuerdos contractuales al que llegaron las partes, el juez pueda determinar si aquellos estuvieron dirigidos a afrontar y superar las reclamaciones formuladas por un eventual incumplimiento contractual o por causas de desequilibrio económico del contrato. Si bien se trata de planteamientos formulados por la Sección Tercera en relación con contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación Pública, estos no presentan variación alguna y resultan plenamente aplicables a la teoría del negocio jurídico en el derecho privado, con fundamento en el mismo principio de la buena fe. En este orden de ideas, se destaca finalmente que el 15 de agosto de 2019 las partes firmaron el acta de recibo a satisfacción de la Etapa I, en la que se entregaron los estudios y diseños definitivos de la obra, para su ejecución en la Etapa II. Además, mediante el Otrosí No. 3 al Contrato de Obra, celebrado el 12 de mayo de 2020, acordaron adicionar el valor de la Etapa II del contrato en $1.449.249.153,83, con los rubros de AIU incluidos, y prorrogar su plazo de ejecución por dos meses. Según las consideraciones del acuerdo, la parte contratante reconoció al contratista parte de las obras adicionales reclamadas para la ejecución de la Etapa II. Todo lo expuesto determina la improcedencia de declarar el incumplimiento del Contrato de Obra por la entrega tardía o las falencias de los estudios y diseños que debían ser entregados al contratista para la ejecución de la Etapa I del contrato, en atención a los acuerdos a los que llegaron las partes frente a los hechos alegados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del silencio o de la ausencia de salvedades del contratista en las suspensiones, prórrogas, adiciones y otrosíes, y el deber del juez de desentrañar el alcance de lo acordado por las partes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, exp. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque. CONTRATO DE OBRA / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE / NORMA TÉCNICA / INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL JUEZ / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Tiene derecho el contratista de obra a precio global fijo sin fórmula de reajuste a que se le reconozcan como obras adicionales los ítems exigidos por la normativa técnica aplicable (NSR-10) y las mayores cantidades necesarias para ejecutar el objeto contractual, aunque no estuvieran individualizados en la convocatoria y la interventoría los haya considerado ajenos al alcance inicial? Respuesta al problema jurídico: No Respecto de los mayores costos que el contratista alega haber asumido, por fuera de lo incorporado en el presupuesto estimado de los TDR y, en consecuencia, en su propuesta económica, debe destacarse que, conforme a la naturaleza del contrato y a las obligaciones asumidas por el contratista, las partes previeron la posibilidad de que se presentaran ítems adicionales o mayores cantidades de obra no indicadas expresamente en los TDR y en el contrato, que en todo caso debían ser asumidos por el contratista con el precio fijo global pactado. Así se desprende, en primer lugar, de la modalidad de contrato de obra a precio global sin fórmula de reajuste celebrado entre las partes, en virtud del cual el contratista asumió las mayores cantidades de obra y las agregaciones necesarias para la adecuada ejecución de la obra objeto del contrato. (…) En este orden de ideas, la jurisprudencia reciente de la Sala ha precisado que la contratación de una obra pactada a precio global excluye la posibilidad de reclamar mayores ca NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción del contrato de obra a precio global y la improcedencia, en principio, del reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra comprendidas en el objeto contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2020, exp. 41376, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre las excepciones a esa regla (actividades ajenas al proyecto original, incumplimientos contractuales o causas imprevisibles), ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 28 de abril de 2021, exp. 69639, C. P. Fredy Ibarra Martínez, y exp. 52085, C. P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 2060 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / NEXO DE CAUSALIDAD / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL / DEVALUACIÓN DE LA MONEDA / HECHO NOTORIO / IPC / REAJUSTE CON BASE EN EL IPC / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Basta la aplicación del IPC anual al valor total de una etapa del contrato para acreditar el perjuicio del contratista por la ejecución tardía de la obra, sin prueba de la afectación real de los costos previstos? Respuesta al problema jurídico: No Respecto al mayor valor del contrato que el demandante atribuye a la modificación de la licencia que se hizo necesaria a partir de los ajustes y complementaciones de los estudios y diseños, la Sala reitera que, como lo estableció el Tribunal en la sentencia de primera instancia, dicha modificación integraba las obligaciones del contratista, como se desprende de la cláusula segunda del Contrato de Obra, que estableció su obligación de realizar no solo la prórroga de la licencia de construcción, sino “la gestión de los demás permisos necesarios para la ejecución de las obras”. Adicionalmente, dicha obligación fue explícitamente señalada en el numeral 2.6.1.1. de los TDR, al indicar que el contratista debía “(…)r. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención y/o modificación de la licencia de construcción, actualización o modificación de la licencia existente, y demás permisos, ante las entidades competentes”. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.20, que señaló: “El Contratista debe realizar los trámites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materialización del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual deberá atender y realizar los estudios técnicos y diseños, requeridos por la autoridad competente para el trámite de dichas licencias y/o permisos”. Cabe precisar que, si bien las consideraciones del recurrente están dirigidas a señalar que la modificación de la licencia y el tiempo que se requirió para su trámite excedieron las obligaciones del contratista por derivarse del incumplimiento contractual relativo a la entrega defectuosa de los diseños estructurales y de la arquitectura del proyecto, lo cierto es que más allá de las afirmaciones del demandante, no existe prueba en el proceso que otorgue certeza del nexo causal entre los cambios “sustanciales” realizados a los referidos diseños y la exigencia que surgió de modificar la licencia. En particular, no existe prueba de que la referida modificación no derivara de los ajustes y complementaciones a los que se comprometió el contratista desde la celebración del contrato. En todo caso, si en gracia de discusión se admitiera que, como lo afirma el recurrente, la modificación de la licencia y el tiempo que se requirió para su trámite excedieron las obligaciones adquiridas por el contratista en el Contrato de Obra, se tiene que los perjuicios alegados por el contratista no se encuentran acreditados en el proceso, por las siguientes razones: El demandante alegó que la modificación de la licencia determinó que las obras objeto de la Etapa II del contrato se ejecutaran en la vigencia 2019 y parte del 2020, y no en el 2018 como se previó en el contrato. En consecuencia, era necesario que la contratante realizara la actualización de precios de la Etapa II a favor del contratista, como lo reconoció la interventoría en el acta de liquidación de contrato. En la demanda, el valor reclamado por concepto de la actualización de precios de la Etapa II es de $374.740.968,52. Respecto al cálculo de esta cifra el demandante se limitó a transcribir las (…) consideraciones expuestas en la comunicación No. 37168 del 13 de marzo de 2019, remitida al PA Findeter: (…) Agregó que “la FIDUPREVISORA S.A (…) debe reconocer la actualización del valor de la propuesta económica sobre la Etapa 2 con base en el IPC del año 2018. Esto debido a que es necesario realizar la corrección monetaria de los ítems de la propuesta económica de la Etapa 2, para solventar la pérdida del valor del dinero en el tiempo que se le generó al Contratista (…)”. Frente a estos argumentos, se debe indicar que si bien la permanente devaluación de la moneda es un hecho notorio, dicha circunstancia no prueba por sí misma la ocurrencia de un perjuicio del contratista por el retraso en el inicio de la Etapa II del Contrato de Obra. Para el efecto, era necesario que el demandante probara que el fenómeno inflacionario impactó la economía del contrato, en cuanto existió una afectación real de los costos previstos para la ejecución del Contrato de Obra en la Etapa II, por desarrollarse en la vigencia 2019 y parte del 2020, y no en el 2018. El cálculo arriba referido, en el que se aplica el IPC del año 2018 al valor total de la Etapa II pactado en el contrato no resulta suficiente para acreditarlo, razón por la cual se concluye que la demandante no acreditó el perjuicio reclamado por este concepto. PATRIMONIO AUTÓNOMO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PRESTACIÓN DE FUTURO CUMPLIMIENTO / REVISIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ESTAMPILLA / ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / COVID 19 / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede la revisión o el reajuste de las prestaciones de un contrato regido por el derecho privado por hechos imprevistos sobrevenidos, cuando las prestaciones del contratista ya fueron íntegramente ejecutadas y el contrato fue liquidado? Respuesta al problema jurídico: No El apelante reclama que, a diferencia de lo afirmado por el Tribunal, los siguientes conceptos no integran los riesgos previsibles asumidos por el contratista en la Matriz de Riesgos, sino que derivan de hechos imprevistos posteriores a la celebración del contrato y, por tanto, deben ser compensados al contratista: i) los valores descontados por el PA Findeter por concepto de contribución especial por obra pública y estampilla pro Universidad Nacional; ii) los costos por mayor permanencia en obra derivados de la contingencia de la COVID-19 y, iii) efectos económicos de la ampliación del plazo del contrato mediante Otrosí No. 5, por la “autorización tardía del ICBF para ingresar al Redentor Antiguo” por los contagios de la COVID-19 que se presentaron. Como lo ha señalado en diversas oportunidades esta corporación, a los contratos estatales sometidos al derecho privado no les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato en el EGCAP, pues estas fueron establecidas por el legislador para los contratos estatales sometidos a dicho régimen. A juicio de la Sala, tales consideraciones son aplicables, con mayor razón, a los contratos celebrados entre un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos y un sujeto privado, como el que es objeto de análisis en esta decisión. Así las cosas, las pretensiones formuladas por OBYCON por hechos imprevistos sobrevenidos durante la ejecución del contrato y no imputables a las partes contratantes deben ser examinadas con fundamento en las normas propias del derecho privado. En específico, resulta aplicable el artículo 868 del Código de Comercio, sobre excesiva onerosidad sobrevenida, que solo admite la procedencia de revisar y reajustar los contratos por circunstancias imprevistas que alteren o agraven las prestaciones de futuro cumplimiento a cargo de las partes. (…) En el caso concreto las prestaciones a cargo del contratista fueron integralmente ejecutadas y entregadas, como consta en el acta de liquidación del contrato suscrita entre las partes contratantes el 28 de abril de 2021. Por lo tanto, no es procedente examinar la obligación del PA Findeter de reequilibrar las prestaciones contractuales por hechos imprevisibles y extraordinarios que afectaron la economía del contrato, de conformidad con el artículo 868 del Código de Comercio. En consecuencia, tampoco resulta procedente analizar el reajuste de las prestaciones pactadas a favor del contratista por hechos imprevisible sobrevenidos durante la ejecución del contrato con fundamento en el principio de buena fe, como lo alegó OBYCON en la demanda. Aunque esta posibilidad ha sido planteada en algunas decisiones de la Corporación, se trata de una posición minoritaria que no ha sido acogida por esta Sala, teniendo en cuenta que para los contratos sometidos al derecho privado el artículo 868 del Código de Comercio regula de manera expresa los requisitos para que proceda la revisión de las prestaciones económicas por hechos imprevistos y, por lo tanto, no es procedente su reconocimiento cuando aquellos no se cumplen. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inaplicabilidad de las normas de equilibrio económico del EGCAP a los contratos estatales sometidos al derecho privado y la aplicación del artículo 868 del Código de Comercio, que exige que la prestación alterada sea de futuro cumplimiento, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 8 de septiembre de 2021, exp. 58235; de 2 de marzo de 2022, exp. 62528, y de 2 de agosto de 2024, exp. 62090, C. P. Alberto Montaña Plata. Sobre la improcedencia del reajuste con fundamento en el principio de buena fe cuando no se reúnen los requisitos del artículo 868 del Código de Comercio, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 17 de abril de 2026, exp. 71860, C. P. Diego Enrique Franco Victoria, y de 22 de mayo de 2026, exp. 72513, C. P. Alberto Montaña Plata. En sentido contrario, sobre la procedencia del reajuste con fundamento en la buena fe, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 22756, C. P. Danilo Rojas Betancourth; y Subsección C, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 44807, C. P. William Barrera Muñoz. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868 FUENTE DEL DAÑO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / SOCIEDAD FIDUCIARIA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / DUEÑO DE LA OBRA / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / ICBF / FINDETER Problema jurídico: ¿Responden por vía extracontractual el supervisor del contrato y la entidad beneficiaria que integraban los comités del patrimonio autónomo contratante, por los perjuicios que el contratista atribuye a sus actuaciones en la ejecución del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: No (…) [L]a Sala comparte las consideraciones expuestas por el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, en el sentido que las pretensiones de responsabilidad extracontractual planteadas por el actor se ubican, en realidad, en el ámbito de la responsabilidad contractual, toda vez que están fundamentadas en las acciones y omisiones atribuidas a FINDETER y al ICBF en la ejecución del Contrato de Obra. (…) En este orden de ideas, la Sala evidencia que la fuente del daño alegado por OBYCON y atribuido a FINDETER y al ICBF tiene como causa directa las conductas asumidas por estas entidades en el marco del Contrato de Obra, que integraban los órganos de decisión del PA Findeter, como supervisor del contrato y beneficiario de la obra, respectivamente, y no una fuente ajena a dicho vínculo, de carácter extracontractual. Así lo confirma los términos en los que se plantea el demandante en su escrito de apelación cuando indica “La responsabilidad frente a la ejecución del Contrato proviene o del Patrimonio autónomo en virtud de un incumplimiento contractual, o de las entidades que determinaron las decisiones del Patrimonio Autónomo y respecto de las cuales se derivaron perjuicios para CONSTRUCCIONES OBYCON”. En este sentido, se advierte que el hecho de que FINDETER, en su calidad de estructurador y supervisor del Contrato, y el ICBF, como dueño de los recursos con los cuales se constituyó el patrimonio autónomo y beneficiario de la obra, participaran en los órganos internos de gobierno del patrimonio autónomo, como el Comité Técnico o el Comité Fiduciario, no los convierte en parte del Contrato de Obra. En consecuencia, no están llamados a responder por la relación jurídica contractual que la Fiduprevisora como vocera y administradora del patrimonio autónomo trabó con terceros. Al respecto, es importante recordar que conforme a lo previsto en el artículo 1233 del Código de Comercio, el PA Findeter es un conjunto de bienes afecto a la finalidad prevista en el acto constitutivo, distinto del patrimonio del fideicomitente y del fiduciario. Se trata de una universalidad jurídica sin personería propia, cuyo vocero y administrador -la Fiduprevisora- celebró en su nombre el Contrato de Obra, con efectos que se radican directamente en el patrimonio autónomo. Por lo expuesto, los perjuicios que el demandante considera atribuibles a las actuaciones surtidas por FINDETER y el ICBF en ejecución del Contrato de Obra solo son imputables a la Fiduprevisora como vocera y administradora del PA Findeter, en virtud del principio de relatividad de los contratos que encuentra fundamento a partir del artículo 1602 del Código Civil. FINDETER y el ICBF no responden directamente por las obligaciones contractuales asumidas por el patrimonio autónomo, salvo que exista una causal específica de responsabilidad propia y autónoma, lo cual es justamente lo que el demandante desvirtúa cuando reconoce que la responsabilidad imputada a FINDETER y el ICBF tiene causa en las actuaciones realizadas por estas entidades en la ejecución del Contrato de Obra, en calidad de supervisor y dueño de la obra, respectivamente, por su incidencia en las decisiones del Comité Técnico y el Comité Fiduciario, órganos que adoptaban las determinaciones del Patrimonio Autónomo. Lo anterior resulta suficiente para rechazar las pretensiones subsidiarias presentadas por el actor, como lo hizo el Tribunal en la sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la fuente del daño como criterio determinante del medio de control procedente, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de mayo de 2009, exp. 15652, C. P. Myriam Guerrero de Escobar, y de 12 de mayo de 2011, exp. 26758, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección A, sentencias de 9 de abril de 2021, exp. 50371, C. P. José Roberto Sáchica Méndez, y de 13 de agosto de 2024, exp. 70470. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1233, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 1602 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante cuyo recurso de apelación no prosperó? Respuesta al problema jurídico: Si Como el recurso de apelación no prospera, el apelante debe ser condenado en costas de conformidad con el artículo 188 del CPACA. Las costas deberán ser tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de conformidad con los artículos 365 y 366 del CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
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Radicado: 25000233600020220001501 (73587) Demandante: CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Bogotá D.C., cinco (5) de octubre dos mil veintiséis (2026) Medio de control: Controversias contractuales Radicación: 25000233600020220001501 (73587) Demandante: CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. Demandado: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF-1743 ICBF y otros. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , que negó las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. A su vez, el tribunal conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda 1, de conformidad con el numeral 3 del artículo 152 del CPACA2. SÍNTESIS3 El demandante solicitó declarar la responsabilidad contractual del Patrimonio Autónomo PA Findeter PAF-1743 ICBF por el incumplimiento de sus obligaciones y el reconocimiento de los mayores costos asumidos por hechos imprevistos sobrevinientes durante la ejecución del contrato de obra, y, subsidiariamente, la responsabilidad extracontractual del ICBF y de FINDETER, como beneficiario y supervisor de la obra, respectivamente. El Tribunal negó las pretensiones, al considerar que las contingencias alegadas eran riesgos asumidos por el contratista en la matriz de riesgos y que las pretensiones subsidiarias eran de naturaleza contractual y no procedían frente a quienes no fueron parte del contrato. La Sala confirmará la sentencia porque no se acreditaron los incumplimientos ni los perjuicios alegados. Adicionalmente, no se cumplen. los presupuestos del artículo 868 del Código de Comercio para el reconocimiento de los mayores costos reclamados por hechos imprevisibles . Finalmente, se comparten las conclusiones del Tribunal sobre las pretensiones subsidiarias. 1 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”. 2 Correspondiente a dos mil trescientos cincuenta y siete millones seiscientos cuatro mil doscientos treinta y dos pesos ($2.357.604.232), según la estimación razonada de la cuantía señalada en la demanda, lo que supera ampliamente los 500 SMLV para la época de presentación de la demanda. 3 Tema: contratos celebrados con patrimonios autónomos - incumplimiento contractual - desequilibrio económico del contrato – imprevisión - mayores cantidades de obra – mayor permanencia en la obra – Contribución especial de obra pública y estampilla pro Universidad Nacional - COVID-19. Radicado: 25000233600020220001501 (73587) Demandante: CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S 2 I. ANTECEDENTES A. Posición de la parte demandante 1. Mediante demanda presentada el 20 de enero de 20224, subsanada el 24 de febrero de 2022 5, la sociedad CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S ., en adelante “OBYCON, la demandante, la contratista o la parte actora”, formuló pretensiones de controversias contractuales en contra del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF -1743 ICBF, en adelante PA Findeter, cuya vocera y administradora es Fiduprevisora S.A. en adelante FIDUPREVISORA, acumuladas con pretensiones subsidiarias de reparación directa en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF y de FINDETER. 2. La demanda plantea una pretensión contractual principal base, seguida de pretensiones principales y subsidiarias declarativas de responsabilidad y de condena económica. Las principales están dirigidas en contra del PA Findeter y las subsidiarias en contra del ICBF y FINDETER, sucesivamente, así: PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare que en ejecución del Contrato de Obra No. 68573 008-2018 (PAF-ICBF-O-001-2018) cuyo objeto es: “El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, con autonomía técnica y administrativa, a la REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, C ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, el cual fue suscrito por las partes el 2 de mayo de 2018, de conformidad con el contenido del contrato y documentos constitutivos de la Convocatoria No. PAF -ICBF-O-001-2018, en adelante simplemente el Contrato de Obra, se presentaron hechos no imputables a CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. que le generaron sobre costos en la ejecución del mencionado contrato. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la responsabilidad contractual del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 1743 ICBF respecto de las obras adicionales, mayores cantidades de obra ejecutadas y no pagadas, costos administrativos y, en general, p erjuicios que se hayan causado a CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. y demás que sean probados. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la responsabilidad del INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF respecto de las obras adicionales, mayores cantidades de obra ejecutadas y no pagadas, costos administrativos y, en general, perjuicios que se ha yan causado a CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. y que sean probados. SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la responsabilidad de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER respecto de las obras adicionales, mayores cantidades de obra ejecutadas y no pagadas, costos administrativos y, en general, perj uicios que se hayan causado a CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. y que sean probados. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL se condene al PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 1743 ICBF a pagar a favor de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S., la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 4 Índice 1, Samai. Expediente digital de primera instancia. 5 Índice 8, Samai. Expediente digital de primera instancia. Radicado: 25000233600020220001501 (73587) Demandante: CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S 3 CINCUENTA PESOS ($937.893.350) o la que resulte probada en el proceso, por concepto de los costos en que se incurrieron por obras adicionales no incorporadas en el presupuesto de la Convocatoria ni en la oferta económica de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL se condene al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF a pagar a favor de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S., la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUE NTA PESOS ($937.893.350) o la que resulte probada en el proceso, por concepto de los costos en que se incurrieron por obras adicionales no incorporadas en el presupuesto de la Convocatoria ni en la oferta económica de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL se condene a la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER a pagar a favor de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S., la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($937.893.350) o la que resulte probada en el proceso, por concepto de los costos en que se incurrieron por obras adicionales no incorporadas en el presupuesto de la Convocatoria ni en la oferta económica de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL se condene al PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 1743 ICBF a pagar a favor de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S., la suma de NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($923.118.145,24) o la que resulte probada en el proceso, por concepto de las retenciones que se llevaron a cabo, como consecuencia de la contribución especial de obra pública y la estampilla pro Universidad Nacional, y aquellas retenciones que se realicen por este mismo concepto sobre las sumas que correspondan a las obras adicionales reclamadas, así como sobre la actualización de precios, y sobre cualquier otro concepto que resulte probado en el proceso. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL se condene al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF a pagar a favor de CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S., la suma de NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($923.118.145,24) o la que resulte probada en el proceso, por concepto de las retenciones que se llevaron a cabo como consecuencia de la contribución especial de obra pública y la estampilla pro Universidad Nacional , y aquella s retenciones que se realicen por este mismo concepto sobre las sumas que correspondan a las obras adicionales reclamadas, así como sobre la actualización de precios, y sobre cualquier otro concepto que resulte probado en el proceso. SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL se condene a la FINANCIERA DE DESARROL

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200015011100103