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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente

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Fecha
2025-02-21
Radicado
25000233600020190027001
Número interno
68280
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. - ESP-.
Demandado
CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente

Regla de decisión

Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 2
  • Ley 84 de 1873, art. 1602

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Los análisis que adelante se realizarán parten del entendimiento de que los convenios interadministrativos se clasifican como una especie dentro del concepto general de contrato, en la medida que su existencia pende de la manifestación de voluntades de las entidades públicas que convergen en ellos en el sentido de obligarse en los términos que se pacten para la consecución de un objeto común, por lo cual producen efectos relevantes en el mundo jurídico, en tanto generadores de derechos y obligaciones; de ahí que les resulte aplicable el efecto normativo de consagrado en el artículo 1602 del C.C, es decir, se trata de acuerdos de voluntades vinculantes y, por tanto, las obligaciones que se deriven de ellos son exigibles.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACUERDO DE VOLUNTADES INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIO JURÍDICO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIOS DEL CONTRATO BUENA FE CONTRACTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATO ATÍPICO CONTRATO NOMINADO ENTIDAD PÚBLICA PRINCIPIO DE COLABORACIÓN ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETO ACTIVO CALIFICADO CONTRATO PLURILATERAL RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INDIVIDUALIDAD JURÍDICA IGUALDAD Y EQUIDAD CONTRATO TEMPORAL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAUSA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE COLABORACIÓN ARMÓNICA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA GESTIÓN PÚBLICA PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN FINALIDAD DEL ESTADO PRINCIPIO DE EFICACIA PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RIESGOS RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LEGALIDAD RESPONSABILIDAD SOLIDARIA INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD PRESTACIONES MUTUAS AUTONOMÍA INDIVIDUAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INTERÉS COMÚN FUNCIONES DEL JUEZ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL CONTRATO SINALAGMÁTICO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL COMPENSACIÓN DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS DAÑO PATRIMONIAL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO PRUEBA DEL DAÑO RIESGO CONTRACTUAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO HABITACIÓN DESARROLLO URBANO CAJA DE VIVIENDA POPULAR EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRESTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LICENCIA DE URBANISMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA ACCESO A LA VIVIENDA ACCESO A LA VIVIENDA URBANA OBRA PÚBLICA RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA RESTITUCIÓN DE DINERO PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL PATRIMONIO AUTÓNOMO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONSENTIMIENTO TÁCITO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRECIO DE REFERENCIA INTERVENTORÍA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD OTROSÍ AL CONTRATO FIDEICOMISO IPC INDEXACIÓN CORRECCIÓN MONETARIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOCIEDAD FIDUCIARIA COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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No existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo
Titulación de la relatoría 51.068 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO / EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES Problema jurídico: ¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si Los análisis que adelante se realizarán parten del entendimiento de que los convenios interadministrativos se clasifican como una especie dentro del concepto general de contrato, en la medida que su existencia pende de la manifestación de voluntades de las entidades públicas que convergen en ellos en el sentido de obligarse en los términos que se pacten para la consecución de un objeto común, por lo cual producen efectos relevantes en el mundo jurídico, en tanto generadores de derechos y obligaciones; de ahí que les resulte aplicable el efecto normativo de consagrado en el artículo 1602 del C.C, es decir, se trata de acuerdos de voluntades vinculantes y, por tanto, las obligaciones que se deriven de ellos son exigibles. Por lo anterior, es perfectamente viable que los conflictos que se originen en torno al cumplimiento de sus obligaciones se ventilen judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales, en el marco del cual es posible que se planteen pretensiones indemnizatorias en procura de lograr la reparación de los daños que se pudiera derivar de su inobservancia; sin embargo, el estudio y resolución de los litigios que con ocasión de ellos surjan debe ser abordado y desatado tomando en consideración su especial naturaleza. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / NEGOCIO JURÍDICO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIOS DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Problema jurídico: ¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual? Respuesta al problema jurídico: Si En el ordenamiento jurídico colombiano, los convenios interadministrativos encuentran su referente normativo en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, de cuyo contenido se derivan las principales características que permiten identificar los rasgos generales de esta clase de negocios jurídicos y diferenciarlos de otro tipo de acuerdos que puede celebrar el Estado para el cumplimiento de sus fines en el campo de su actividad negocial. No obstante, no existe en nuestra legislación una reglamentación específica que los desarrolle, lo que impone entender que en éstos priman las regulaciones que las propias partes se den en ejercicio de la autonomía de la voluntad y, por ello, para determinar el alcance de sus obligaciones, como elemento cardinal para resolver los conflictos que con ocasión de ellos se originan, resulta preponderante la aplicación del principio de normatividad de los contratos (artículo 1602, Código Civil), así como el de la buena fe contractual, según el cual los contratos no solo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de su naturaleza, o que por ley le pertenezcan (artículo 1603, Código Civil). La aplicación del último de los mencionados principios supone identificar los rasgos definitorios del negocio jurídico con el objeto de establecer cuáles, además de las estipulaciones expresamente pactadas por las partes, son las obligaciones que se derivan de su naturaleza y responden a la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos; ello, a su vez permite evidenciar aspectos que escapan a su naturaleza y, por tanto, no son exigibles entre las partes. En relación con las que sí lo son, esa caracterización da lugar a determinar cuál es su verdadero alcance a la luz de la especial naturaleza de cada contrato lo que permite evaluar cuál debe ser la conducta de las partes de cara al cumplimiento de las obligaciones que cada una de ellas asume y, por esa vía, su eventual responsabilidad ante su inobservancia. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONTRATO ATÍPICO / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO NOMINADO / ENTIDAD PÚBLICA / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETO ACTIVO CALIFICADO / CONTRATO PLURILATERAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INDIVIDUALIDAD JURÍDICA / IGUALDAD Y EQUIDAD / CONTRATO TEMPORAL / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes? Respuesta al problema jurídico: Si El mencionado artículo 95 de la Ley 489 de 1998 contiene una habilitación para que las entidades públicas puedan asociarse entre sí con el propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, a través de la celebración de convenios o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…) Aunque más que una tipificación de los convenios interadministrativos, el referido artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece una habilitación legal para celebrarlos, lo cierto es que su contenido permite deducir los principales rasgos característicos de estos negocios jurídicos: (i) Son nominados, pero atípicos en la medida en que, si bien el legislador ha reconocido su existencia, no ha regulado de manera específica su contenido. (ii) Causa. (…) está determinada por la “cooperación” que debe darse entre entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones administrativas o para la prestación de servicios que estén a su cargo. (…) (iii) Finalidad pública común. (…) consiste en el cumplimiento de funciones administrativas o la prestación conjunta de servicios que se hallen a cargo de las entidades públicas contrayentes. (iv) Sujetos cualificados. Los convenios interadministrativos solo pueden ser celebrados entre entidades públicas, pues a éstas corresponde la realización de los fines y tareas que el legislador les ha asignado. (v) Plurilaterales. Para su celebración se requiere necesariamente de la conjunción de voluntades de entidades públicas. (vi) Confluencia de intereses concordantes. (…) en esta clase de acuerdos no existen intereses contrapuestos entre las partes, sino que se trata de una sinergia que se genera entre entidades públicas con un rol unívoco, no desagregado, en torno al objetivo común, en razón de la correspondencia que existe entre las funciones que a cada una de ellas les ha asignado el legislador. (vii) Distribución de riesgos. De manera concordante, este tipo de acuerdos favorece a las entidades públicas que se congregan a través suyo, en tanto si alguna ejecutara sola el proyecto que se pretende desarrollar en beneficio del interés general, tendría que asumir en su totalidad el riesgo que ello representa. (viii) Conjunción de esfuerzos. En virtud del ánimo de colaboración que motiva este tipo de acuerdos, todas las entidades públicas deben realizar aportes desde el marco de sus competencias, pues de otra manera no tendría razón de ser su participación en el acuerdo. (…) (ix) No son onerosos. Sin perjuicio de que los convenios interadministrativos puedan contener obligaciones de carácter económico, lo cierto es que no son onerosos, su finalidad no está determinada por un ánimo de lucro de ninguna de las partes, sino por la conjunción de intereses que conviene congregar para la realización de un fin de interés público que concierne a todos los que participan del acuerdo de voluntades. En estos contratos el beneficio reside en el interés público y la realización de los fines del Estado. (x) No se generan obligaciones conmutativas sinalagmáticas. (…) en la medida que no se obligan a dar o a hacer algo a cambio de una prestación equivalente o remuneración. xi) No dan lugar al nacimiento de una persona jurídica diferente a la de las entidades públicas contrayentes. (…) (xii) Individualidad y autonomía de las entidades públicas. (…) las entidades públicas que suscriben estos acuerdos mantienen su independencia y autonomía, desde la cual se comprometen a cumplir una serie de obligaciones acordes con sus competencias. (xiii) Relación negocial horizontal. Los convenios interadministrativos se desenvuelven en un plano de igualdad o equivalencia, en tanto el interés de alguna de las intervinientes no puede superponerse sobre el de las demás, en la medida que todos son concordantes y su confluencia es determinante para lograr la finalidad común. (xiv) Temporales. Estos acuerdos suponen el interés de las partes para asociarse en procura de la realización de una finalidad común específica que se agota con su realización o frustración definitiva, es decir, no tiene vocación de permanencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos distintivos de los convenios administrativos cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2257 del 26 de julio de 2016. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CAUSA DEL CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN ARMÓNICA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN / FINALIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO DE EFICACIA / PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta derivados de ellos? Respuesta al problema jurídico: Si Este rasgo [causa] explicita los principios de coordinación y colaboración consagrados en el artículo 209 constitucional, (…). Por ello, a estos principios alude el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 al imponer a las autoridades administrativas deberes de conducta positivos y negativos; los primeros, en el sentido de ejecutar sus funciones de manera armónica para el cumplimiento de los fines y cometidos estatales y de colaborar mutuamente en el desempeño de las competencias que a cada una corresponda; los segundos, en el sentido de abstenerse de impedir o entorpecer el cumplimiento de funciones de los demás órganos de la Administración. Las entidades públicas que se vinculan a través de convenios administrativos lo hacen en desarrollo de tales principios y, por contera, en cumplimiento de los deberes positivos de conducta derivados de ellos, en la medida que la conjunción de esfuerzos que se materializa mediante estos acuerdos se explica y encuentra justificación en el beneficio que reporta asociarse entre sí en aras de la consecución o el logro de finalidades públicas que les son comunes, dado que les permite servirse recíprocamente del desarrollo de las competencias que a cada una de ellas corresponde, que articuladas de una manera armónica permiten o facilitan el cumplimiento de los fines del Estado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RIESGOS / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿En los convenios interadministrativos la distribución de riesgos se realiza en función de los aportes de las entidades participantes y, en caso de inejecución no imputable a las partes, es improcedente indemnización? Respuesta al problema jurídico: Si [Distribución de riesgos] La naturaleza asociativa de estos convenios impone concluir que los riesgos del proyecto se distribuyen entre los participantes –en principio y salvo pacto expreso en contrario– en función de sus respectivos aportes, en la medida en que a todas interesa la consecución de ese objetivo y todas confluyen desde sus competencias a su realización, del mismo modo comparten el riesgo de su eventual frustración o fracaso. Por esta característica, cuando la inejecución deviene por causas no imputables a la conducta de las contrayentes, nada habrá que reclamarse y ninguna indemnización perseguirse. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Problema jurídico: ¿Los convenios interadministrativos suponen una conjunción de esfuerzos entre las entidades en el marco de sus competencias, con una distribución equitativa de riesgos en función de sus respectivos aportes? Respuesta al problema jurídico: Si [Conjunción de esfuerzos] Tales aportes [desde el marco de sus competencias] pueden ser de naturaleza técnica, administrativa, financiera o económica, pues lo determinante es que la contribución sirva a la realización del fin común y que se encuadre dentro de su órbita de actuación, de conformidad con el principio de legalidad. Al lado de lo anterior, es relevante considerar que, como de lo que se trata es de conglomerarse en aras de lograr un objetivo compartido que beneficia a todas las entidades públicas que participen del acuerdo, en la medida en que les permite o facilita cumplir las competencias para las cuales fueron creadas al servirse recíprocamente del desarrollo coordinado y armónico de sus facultades, la conjunción de esfuerzos no se limita a la realización de aportes, sino que se extiende a la asunción compartida, en función de la contribución que realicen desde sus competencias, de los riesgos que puedan presentarse y que eventualmente impidan la realización del objetivo mancomunado del acuerdo de voluntades. Como se dice en la mayoría de ellos, se trata de aunar esfuerzos entre entidades públicas que desde sus competencias coinciden en la necesidad de realización de un fin común que requiere de su participación, de manera tal que todas comparten los beneficios de lograrlo y, asimismo –en principio y salvo pacto expreso de una forma de distribución diferente de riesgo–, en función de los aportes o contribuciones que realicen, los riesgos que involucra la ejecución del proyecto que se proponga para conseguirlo. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD / PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / PRESTACIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Las obligaciones asumidas en los convenios interadministrativos se fundamentan en una relación de reciprocidad o contraprestación? Respuesta al problema jurídico: No Las obligaciones que asumen las entidades públicas en esta clase de acuerdos negociales no se justifican o encuentran su causa propiamente en las prestaciones de la otra –aunque están relacionadas de cara a la realización del fin común– y, por tanto, no son recíprocas ni puede medirse entre ellas una simetría por comparación. El alcance de sus obligaciones se explica y está determinado por lo que, desde sus propias atribuciones o competencias, están llamadas a aportar en coordinación, colaboración o cooperación con las demás contrayentes para la consecución de la finalidad común. Lo anterior no significa que en el marco de los convenios interadministrativos las partes no puedan asumir obligaciones de tipo económico, en tanto, desde el ámbito que corresponde a sus competencias, pueden contribuir a la realización del objetivo común a través de aportes de naturaleza técnica, administrativa, financiera o económica. Es por esto que un aporte económico no puede entenderse ni aplicarse a la relación negocial como un NOTA DE RELATORÍA: En relación con la definición y características de los convenios interadministrativos, así como su distinción frente a los contratos interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, Exp. 57822. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / AUTONOMÍA INDIVIDUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INTERÉS COMÚN Problema jurídico: ¿La autonomía de las entidades públicas en los convenios interadministrativos implica que cada una mantiene sus competencias y toma decisiones de manera conjunta sin trasladar sus funciones a las demás? Respuesta al problema jurídico: Si [La] individualidad y autonomía [de las entidades públicas] les permite unirse y participar conjuntamente en la dirección y toma de decisiones necesarias en la ejecución y desarrollo del convenio de cara a la realización del fin común, sin perjuicio de que puedan convenir diversos mecanismos de gestión o administración. Por razón de que las funciones o competencias de cada entidad son propias, en los convenios interadministrativos es posible distinguir e individualizar los intereses de cada una de las entidades que en ellos participan. La particularidad está en que tales intereses no se oponen entre sí, sino que son complementarios dentro de un engranaje que contribuye a la consecución del fin común que las congrega, sin que las entidades públicas participantes puedan renunciar o trasladar sus funciones a las demás, sino aportar con su desempeño a la realización del objeto pactado. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FUNCIONES DEL JUEZ / NEGOCIO JURÍDICO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD / CONTRATO SINALAGMÁTICO Problema jurídico: ¿La resolución de controversias derivadas de los convenios interadministrativos debe atender a su estructura obligacional particular, fundamentada en la cooperación y no en la reciprocidad propia de los contratos conmutativos sinalagmáticos? Respuesta al problema jurídico: Si Sobre la base de la especialidad que se predica de los convenios interadministrativos, la Sala se detiene a señalar algunas de las tareas del juez al resolver conflictos que gravitan sobre este tipo de acuerdos. Como elemento que acompaña la valoración de los hechos y las pruebas, el juez no puede olvidar el carácter asociativo y las especificidades que caracterizan a esta clase de negocios jurídicos, lo cual impone advertir que su estructura obligacional se edifica desde tres aristas: la primera, desde la constatación de las funciones encomendadas a cada entidad parte y el objetivo mancomunado que buscan alcanzar; la segunda, a partir del establecimiento de los medios (obligaciones) que a cada sujeto se le encomendará para conseguir el fin común; y, la tercera, desde la distribución de riesgos conforme a la regulación que las partes hubieren acordado, la cual tendrá que leerse e interpretarse en función de su naturaleza asociativa, que impone que la eventual frustración de la realización del fin común corresponde asumirla a todas las entidades contrayentes en función de sus aportes. Lo anterior no significa que en los litigios que se originen con ocasión de esta clase de negocios jurídicos no quepa un análisis de responsabilidad, el cual, sea pertinente señalar, no se distingue respecto de la generalidad en punto a que, como en cualquier otro conflicto, para determinarla, el demandante debe acreditar un daño derivado de la inobservancia culpable de las obligaciones de su contraparte [por su incumplimiento definitivo, defectuoso o tardío]. Lo que se precisa es que el análisis de las obligaciones de cara a establecer una posible responsabilidad, debe atender las particulares características de los convenios interadministrativos. En ese sentido, el alcance de las obligaciones de las entidades públicas contrayentes y, por tanto, su cumplimiento, deberá observarse en función del ánimo de cooperación, coordinación o colaboración que hubiere motivado la celebración del convenio, así como desde la función administrativa desde la cual se hubiere obligado cada una de ellas en aras de la realización del fin mancomunado, en la medida en que, en virtud del principio de legalidad, ninguna puede actuar por fuera del marco de competencia que le ha sido asignado. En ese orden de ideas, el análisis del cumplimiento de las obligaciones debe abordarse desde lo que las partes hayan regulado en torno a la ejecución de sus compromisos y, de manera concordante, de cara al andamiaje y engranaje que hubieren estipulado para la consecución satisfactoria del objetivo común, sin perder de vista que la ejecución de las obligaciones convenidas en el marco de los convenios interadministrativos no se identifica con las de los contratos conmutativos sinalagmáticos, en los que el cumplimiento de una prestación da lugar al surgimiento recíproco posterior o concomitante de la contraprestación, relación de causa efecto que puede justificar la inejecución de la prestación correlativa (artículos 1546 y 1609, Código Civil). Como ya se mencionó, los convenios interadministrativos no participan de esa estructura obligacional, por lo cual no necesariamente la inejecución de las obligaciones de una de las contrayentes se constituye en un impedimento o justificación para que las demás ejecuten las suyas, pues no son causa de aquéllas, otra cosa es que en la estructura del proyecto puedan resultar determinantes para que en una secuencia de sucesos se desarrollen los demás compromisos. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / COMPENSACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS Problema jurídico: ¿La inejecución de una obligación en un convenio asociativo genera automáticamente la responsabilidad contractual de la entidad pública involucrada? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]s pertinente mencionar que no siempre la inejecución de una obligación a cargo de una de las contrayentes conducirá a concluir en su responsabilidad contractual, pues para ello tendrán que concurrir los elementos que la configuran, esto es, un incumplimiento culpable de sus obligaciones y la consecuente generación de un daño. En ese orden de ideas, si la causa que impide la ejecución de una determinada obligación y conduce a la frustración definitiva del fin común perseguido la constituye la concreción de un riesgo propio del proyecto emprendido de manera mancomunada por las partes para la satisfacción de los fines del Estado, no podrá concluirse en la responsabilidad de la entidad pública que por ese motivo se vio en la imposibilidad de concretar sus compromisos, la cual, por ello, no estará en la obligación de indemnizar o compensar a las demás por los daños que tal circunstancia les pudiera acarrear, pues, se itera, el riesgo general del proyecto se distribuye entre ellas en función de sus aportes, de manera que cada una de las congregadas tendrá la carga de asumir las pérdidas que se le causen, salvo que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hubiesen acordado otra manera de distribuir los riesgos y los posibles daños que pudieran derivarse de su realización, la cual, en todo caso, debe ser acorde con la naturaleza de esta clase de negocios jurídicos. Lo expresado hasta ahora muestra que las particularidades de esta clase de convenios y preponderantemente su carácter asociativo –que comporta la realización de aportes por cada una de las contrayentes desde sus competencias y, asimismo, la distribución de los riesgos entre ellas en función de sus contribuciones– deben también ser atendidos por el juez a la hora de determinar la existencia de daños y perjuicios que pueden derivarse de la inobservancia de las obligaciones asumidas por las entidades públicas en virtud de esta clase de negocios jurídicos. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO PATRIMONIAL / DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO / PRUEBA DEL DAÑO / RIESGO CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿El incumplimiento de las obligaciones en un convenio interadministrativo implica necesariamente un detrimento patrimonial para alguna de las entidades involucradas? Respuesta al problema jurídico: No Debido a su carácter asociativo para la consecución de un fin común público, a la hora de determinar la existencia de un daño es necesario reparar en el tipo de aportes realizado de cara a las competencias o funciones administrativas desde las cuales se asocia cada entidad, en el interés específico que las motivó a hacer parte del acuerdo, en el fin común perseguido y, en general, en todas las particularidades que sean atinentes a cada convenio. A título enunciativo la Sala destaca que: (i) El hecho de que los convenios interadministrativos no sean onerosos no se opone a que la inobservancia de alguna de las obligaciones de los contrayentes pueda generar un detrimento en el patrimonio público que afecte el presupuesto de alguna de las entidades congregadas. A lo que conduce esta característica es a que ese daño no podrá estar representado en una utilidad, sino en una compensación del valor al que corresponda el detrimento. (ii) No siempre la inobservancia de una determinada obligación conduce a la frustración del fin común que se persigue, ni implica, per se, la configuración de un detrimento en el patrimonio público que afecte el presupuesto de las otras entidades públicas contrayentes. Del mismo modo, no es posible afirmar de manera categórica y como una regla general que el incumplimiento de una obligación intermedia no pueda generar afectaciones a las demás entidades públicas que hagan parte del convenio, lo relevante es que, si tales afectaciones constituyen daños y perjuicios, éstos deben probarse. (iii) Aun cuando el interés en asociarse parte de la intención de lograr un objetivo que requiere de la conjunción de esfuerzos provenientes de diferentes entidades públicas, esto no implica que desaparezcan los intereses específicos que motivan a cada una de ellas para hacer parte del acuerdo. (…) (iv) En principio, la inejecución de recursos económicos aportados al convenio interadministrativo no constituye, per se, una inobservancia contractual ni conduce necesariamente a la configuración de un daño, por lo cual, aunque tales recursos deben restituirse a la entidad aportante por no invertirse en la finalidad pactada, esta devolución, por regla general, no se hace a título de indemnización, (…). (v) Si la frustración del fin común se genera como consecuencia de la concreción de un riesgo, deberán aplicarse las estipulaciones que sobre su distribución hubieren pactado las partes. Ante su silencio, en atención a la naturaleza asociativa de esta clase de negocios jurídicos, debe concluirse que todas están llamadas a asumir las consecuencias de su materialización en función de los aportes desde los cuales se hubieren obligado, (…). En suma, (…) el análisis del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el marco de un convenio interadministrativo, así como la determinación de daños y perjuicios derivados de ello deben analizarse en función de la especial naturaleza que caracteriza a este tipo de acuerdos. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / SERVICIOS PÚBLICOS / PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO / HABITACIÓN / DESARROLLO URBANO / CAJA DE VIVIENDA POPULAR / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ Problema jurídico: ¿El Convenio Interadministrativo 530 de 2013 articuló las funciones de la CVP y la EAAB para garantizar la construcción de viviendas de interés prioritario con condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad? Respuesta al problema jurídico: Si El convenio interadministrativo No. 530 del 6 de noviembre de 2013 tuvo por objeto “aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para desarrollar y adelantar el diseño y construcción de redes externas de acueducto y alcantarillado y obras anexas en los proyectos de vivienda de interés prioritario que desarrolle la CVP”. El alcance se fijó en la cláusula segunda en el sentido de indicar que estaba dirigido a “[e]jecutar los diseños y las obras correspondientes a la rehabilitación, renovación y/o repotenciación de las redes externas de acueducto y alcantarillado requeridos para los proyectos de la CVP”(…). [L]as atribuciones que legalmente les fueron otorgadas a cada una de las entidades que hicieron parte del convenio interadministrativo No. 530 de 2013 confluyeron en un punto común para ambas, dado que la construcción de viviendas de interés prioritario (encargo concedido a la CVP) se enlazó con las labores propias de la Empresa de garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en los distintos proyectos urbanísticos del Distrito Capital, lo cual contribuía a que la Caja pudiese entregar los proyectos de vivienda en condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad y que la EAAB, a su vez, cumpliera los compromisos que le corresponden de prestación de los aludidos servicios públicos. DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / PRUEBA DEL DAÑO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRESTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Debe la CVP restituir a la EAAB los valores ejecutados en el proyecto Bosques de Arborizadora Alta Manzana 102, en el marco del Convenio Interadministrativo 530 de 2013, debido al incumplimiento de los requisitos previos para la ejecución de las obras? Respuesta al problema jurídico: No Procede la Sala a analizar si la CVP está en la obligación de restituir a la EAAB los valores correspondientes a los proyectos La María y Bosques de Arborizadora Alta Manzana 102, en los términos en los que planteó la demandante, acogió el a quo, y en esta instancia, rechaza la demandada. (…) antes de la ejecución de las obras era requisito necesario que se contara con la carta de compromisos –para lo cual se requería la aprobación previa de los diseños y debían estar vigentes las licencias respectivas– y que se hubiere designado interventor por parte de la EAAB. No hay discusión en cuanto a que las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto Bosques de Arborizadora Alta Manzana 102 se ejecutaron sin el cumplimiento de estos dos requisitos, lo que denota un apartamiento de las reglas del convenio y, de manera concomitante, del reglamento de urbanizadores de la Empresa al que, en lo pertinente, se remitió el negocio jurídico. No obstante, y sin perjuicio de que esta desatención pudiera desembocar en otro tipo de responsabilidades, no es posible concluir que en este caso la referida inobservancia conduzca a que la CVP deba restituir a la EAAB los recursos correspondientes a este proyecto y que, por tanto, se incluya en la liquidación este monto como un débito en contra de la demandada y a favor de la demandante. Este aserto se funda en dos razones: (i) los recursos sí se ejecutaron y se invirtieron en este proyecto; (ii) no se encuentra acreditado que esa circunstancia le hubiere generado un detrimento patrimonial a la demandante, al menos no representado en el valor de ejecución de las obras de este proyecto, cuyo monto es el que pretende la Empresa que se le revierta. En relación con lo primero, cabe destacar que la EAAB no niega que las obras de las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto manzana 102 se hubieren ejecutado, de lo cual el expediente muestra que tenía pleno conocimiento. Lo que alega es que no las recibió ante la imposibilidad de expedir la carta de compromisos que, según se desprende de la Resolución 964 de 2010, era requisito necesario para designar el supervisor técnico que verificara que cumplían con los requerimientos técnicos exigidos. En lo que concierne a lo segundo, es pertinente aclarar dos aspectos, uno relacionado con la aprobación de los diseños, y el otro en punto a la vigencia de la licencia de construcción, ambos presupuestos necesarios para expedir la carta de compromisos. Al revisar las pruebas que obran en el expediente lo que se deduce es que los diseños sí fueron aprobados por la mesa técnica que debía conformar la EAAB, que, en los términos del numeral 3.2.2.1.5 del convenio, era el espacio para que se revisaran y aprobaran, lo que ocurrió fue que como no se expidió la carta de compromisos, dicho aval no se formalizó. (…) Aunque en el expediente no obra constancia del momento en el que fueron aprobados los diseños estructurales, la información del plenario sí permite establecer que ello ocurrió y que, por esto, la única razón en la que se sustentó la negativa de la Empresa de no expedir la carta de compromisos consistió en la imposibilidad de renovar la licencia de construcción del proyecto de vivienda de este sector. (…) Se halla acreditado en el proceso que al momento de solicitar la carta de compromisos la licencia de construcción del proyecto de viviendas de la Manzana 102 no estaba vigente, y que no fue posible renovarla debido a que esas obras nunca iniciaron. Este aspecto también pone en evidencia una desatención a lo dispuesto en la Resolución 964 de 2010 a la que se remitió el convenio, en tanto señalaba que ese documento debía ser expedido antes de que se ejecutaran las obras; sin embargo, así no ocurrió, pues (…), para cuando se solicitó, los trabajos de las redes de la Manzana 102 ya se habían ejecutado. (…) Es claro que para las obras de las redes externas de acueducto y alcantarillado objeto del convenio No. 530, ese documento sí se requirió; no obstante, al momento en el que se iba a expedir la carta de compromisos, esa licencia ya había fenecido. NOTA DE RELATORÍA: La Resolución 964 de 2010 fue derogada por el artículo 85 de la Resolución EAAB 755 de 2014. FUENTE FORMAL: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, RESOLUCIÓN 964 DE 2010 - ARTÍCULO 8 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / LICENCIA DE URBANISMO / INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA / DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA / ACCESO A LA VIVIENDA / ACCESO A LA VIVIENDA URBANA / PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Problema jurídico: ¿Se requería licencia de construcción para la ejecución de redes externas de acueducto y alcantarillado en el marco del Convenio 530 de 2013, en atención a su vínculo con los proyectos de vivienda de interés prioritario? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e conformidad con lo dispuesto Decreto 1469 de 2010, la licencia de urbanismo y la licencia de construcción son clases de la licencia urbanística. La primera constituye una autorización para ejecutar en predios localizados en suelo urbano la creación de espacios públicos y privados, vías públicas y “la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos …” (énfasis agregado); la segunda se refiere, en general, a la autorización para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios. En línea con ello, en la Resolución 964 de 2010 se estableció que lo que se requería para adelantar el proceso de urbanizadores era la licencia de urbanismo, en tanto autorización necesaria para adelantar las obras de infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, y solo de manera excepcional la licencia de construcción, documento que sí era indispensable para el proceso de constructores regulado en esa misma normativa. Entiende la Sala que en el caso de los proyectos de redes externas de acueducto y alcantarillado asociados al convenio No. 530 de 2013, se requirió la licencia de construcción en atención al objeto y alcance fijado para este negocio jurídico, que no se limitaba a la construcción de esas redes, sino a su vinculación con los proyectos VIP que debía desarrollar la CVP, en tanto necesarias para que las viviendas cumplieran con las normas mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad. NOTA DE RELATORÍA: La Resolución 964 de 2010 fue derogada por el artículo 85 de la Resolución EAAB 755 de 2014. FUENTE FORMAL: DECRETO 1469 DE 2010 - ARTÍCULO 1, DECRETO 1469 DE 2010 - ARTÍCULO 2, DECRETO 1469 DE 2010 - ARTÍCULO 4, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, RESOLUCIÓN 964 DE 2010 INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OBRA PÚBLICA / INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Cumplió la EAAB con su obligación contractual al ejecutar las redes de acueducto y alcantarillado, pese a que no se alcanzó el objetivo común del convenio relativo a la construcción de viviendas en la Manzana 102? Respuesta al problema jurídico: Si Dado que en el caso de la Manzana 102 estas viviendas no se construyeron, resulta claro que el objetivo común que motivó la celebración del convenio en torno a este proyecto no se concretó; sin embargo (…), no es posible pasar por alto que la competencia específica desde la cual se obligó la EAAB sí se realizó, en tanto las redes se ejecutaron en un sector urbanizado de la ciudad de Bogotá. (…) En todo caso, la EAAB no alegó ni demostró que las obras no fueran funcionales y aprovechables en el momento que se terminaron ni en un futuro y, se itera, tampoco demostró que, pese a lo certificado por la interventoría y la CVP, no cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DAÑO PATRIMONIAL / RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESTITUCIÓN DE DINERO Problema jurídico: ¿La inejecución de las redes de acueducto y alcantarillado del proyecto Reserva La María, generó un daño a la EAAB y la consecuente obligación por parte de la CVP de restituir el monto de la afectación patrimonial? Respuesta al problema jurídico: No [L]a razón por la que no se ejecutaron las obras de las redes de acueducto y alcantarillado del proyecto Reserva La María obedeció a una decisión del comité fiduciario del PAM de cara al manejo administrativo del proyecto, específicamente, en función de la evaluación de los riesgos que implicaba desarrollarlo ante la evidencia de que el predio había sido invadido por terceros, y en consideración a que la licencia de construcción se había obtenido a través del silencio administrativo positivo, lo cual, según consideró el comité, aunque era legal, generaba repercusiones que afectaban las gestiones administrativas del proyecto. Al mitigarse el riesgo de esta manera, la inejecución de estas redes no generó ningún daño a la EAAB ni a la CVP. Con todo, no sobra mencionar que, de haberse materializado un riesgo, debido a la naturaleza asociativa del negocio jurídico celebrado, éste habría tenido que ser asumido por ambas partes en función de los aportes que cada una de ellas realizó, es decir, la EAAB, en funció PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / PATRIMONIO AUTÓNOMO / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿La reasignación de los recursos del proyecto La María a otros proyectos sin la modificación de las cartas de compromisos y sin la aprobación expresa de la EAAB justifica la obligación de restitución de los mismos? Respuesta al problema jurídico: No Ahora, la inejecución de esas obras generaba la obligación de la CVP de restituir a la EAAB los recursos que no se invirtieran o, en su defecto, de cara a la estructura obligacional pactada, la necesidad que se modificaran las cartas de compromisos para trasladar los recursos de La María a los otros proyectos, sin embargo, (…) tampoco en relación con este aspecto se concluye que la demandada deba reintegrar a la demandante el monto total aprobado para las obras de acueducto y alcantarillado de La María. [E]l presupuesto de las obras de las redes externas de acueducto y alcantarillado correspondía, en principio, al presupuesto oficial que para el efecto aprobara la EAAB, lo que hacía a través de las respectivas cartas de compromisos, documento que, en los términos del artículo 8 de la Resolución 964 de 2010, constituía el acuerdo de voluntades entre la Empresa y el urbanizador, mediante el cual se establecían las obligaciones generales y los compromisos especiales que el segundo adquiría con la primera, con ocasión de la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto. Según las referidas cláusulas del convenio, la aprobación del presupuesto oficial, a su vez, constituía requisito para que se trasladaran los recursos del PAM al respectivo o respectivos patrimonios autónomos derivados (PAD). [S]i con posterioridad a la aprobación del presupuesto oficial por parte de la Empresa se imponía la necesidad de hacerle variaciones, se debían modificar también las respectivas cartas de compromisos con el fin de obtener la autorización de la EAAB con un doble propósito: trasladar los recursos pertinentes desde el PAM al o los PAD, si era el caso, y/o realizar los traslados pertinentes entre los distintos proyectos que serían ejecutados en el marco del convenio interadministrativo, en tanto, se itera, los presupuestos de cada proyecto debían ser aprobados por la Empresa. La Sala entiende que el presupuesto oficial mencionado en las respectivas cartas de compromisos no era definitivo, sino estimativo, pero para variarlo se requería modificar dicho documento. (…) Está demostrado en el proceso que el proyecto La María no se ejecutó, que los recursos que no se invirtieron en este no se restituyeron a la Empresa, sino que se destinaron a cubrir costos de algunos de los otros proyectos del convenio por encima del presupuesto oficial aprobado para éstos en las respectivas cartas de compromisos, sin que tales documentos se hubieren modificado. (…) No obra prueba en el proceso que acredite que las modificaciones a los presupuestos de cada proyecto hubieren contado con la aprobación previa de la EAAB a través de la modificación de las cartas de compromisos; tampoco reposa en el plenario el contrato de fiducia mercantil por medio del cual se constituyó el patrimonio autónomo matriz FIDUBOGOTÁ S.A. – PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA (PAM); ni el contrato de fiducia mercantil que, (…) se debió celebrar para la constitución del o los patrimonios autónomos derivados (PAD) a través de los cuales se debían adelantar, entre otros: (i) los procesos de contratación de los diseños de las obras de urbanismo, los cuales debían incluir los trámites ante la EAAB para las redes externas de acueducto y alcantarillado (…), y (ii) los procesos de contratación de la construcción e interventoría de las obras de urbanismo (…). La ausencia de estos documentos impide establecer las condiciones que se pactaron en los contratos de fiducia mercantil para el traslado de los aportes de la EAAB desde el PAM al o los PAD y para efectos de transferir recursos de un proyecto a otro. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONSENTIMIENTO TÁCITO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / PRECIO DE REFERENCIA / INTERVENTORÍA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿La convalidación por parte de la EAAB del uso de los recursos destinados al proyecto La María en otros proyectos del convenio interadministrativo exime a la CVP de la obligación de restituir dichos valores? Respuesta al problema jurídico: Si No se ordenará a la CVP que restituya a la EAAB los valores que inicialmente se habían presupuestado para las redes externas de acueducto y alcantarillado de La María y que finalmente se destinaron a otros de los proyectos del convenio. Se halla acreditado que la EAAB convalidó que los proyectos de las manzanas 54 y 55 se ejecutaran por un valor mayor al aprobado en las cartas de compromisos sin que se realizara la modificación de estos documentos y con cargo a los recursos que se habían previsto para el proyecto La María. El expediente muestra que respecto de los valores reconocidos por la EAAB en el proyecto de liquidación que elaboró, existieron discrepancias entre las partes en torno al valor final de las obras, en razón de las diferencias en las cantidades ejecutadas y aceptadas por la Empresa y en consideración a que los precios unitarios utilizados por la demandante fueron los del listado de precios de referencia del sistema de avalúo e infraestructura –SAI– del año 2014, mientras que los que utilizó la CVP fueron los del SAI 2015, dado que los contratos que se celebraron para desarrollar el objeto del convenio se suscribieron en este año. (…) [T]ales discrepancias no versaron en cuanto a si tales mayores valores podían o no ser cubiertos con los recursos del proyecto La María que se excluyó. Para el momento en que se hicieron las mediciones de obras y también para cuando la Empresa elaboró el proyecto de liquidación, la CVP ya le había informado acerca de que los recursos del proyecto La María se destinarían a cubrir los mayores costos de las redes externas de acueducto y alcantarillado de las Manzanas 54 y 55. Como la EAAB no aportó recursos diferentes para cubrir estas labores, resulta claro que al aceptar que éstas se realizaran por un valor mayor al señalado en las cartas de compromisos respectivas, admitió que ese monto se cubriera con los recursos que no se invirtieron en el proyecto que se excluyó. (…) Respecto de la manzana 65, si bien en el otrosí 4 al contrato 47 se aprobó que se realizaran mayores cantidades de obra, lo cierto es que ni el valor finalmente ejecutado, ni el reconocido por la Empresa, ni el certificado por la interventoría de las obras superó el aprobado en la carta de compromisos de este proyecto. (…) En lo que concierne a la manzana 102, por las razones ya expresadas, se reconocerán los costos certificados por la interventoría del contrato 47, en tanto, se itera, esta información no fue refutada ni desvirtuada en el trámite procesal. En consecuencia, no resulta procedente ordenar a la CVP que reintegre en su totalidad los valores que inicialmente se habían dispuesto para la ejecución del proyecto La María. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OTROSÍ AL CONTRATO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / FIDEICOMISO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿La falta de prueba sobre el valor total de los rendimientos financieros generados en el Fideicomiso Matriz Fidubogotá exime a la CVP de su obligación de transferir dichos valores a la EAAB? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n lo que concierne a los rendimientos financieros, se debe tomar en cuenta que a través del otrosí No. 2 del 16 de octubre de 2016, la EAAB y la CVP acordaron incluir en la cláusula tercera del convenio No. 530 de 2013 – “Obligaciones de las Partes” el siguiente parágrafo: “la Caja de Vivienda Popular CVP, se compromete a consignar los rendimientos financieros generados dentro del Fideicomiso Matriz Fidubogotá, correspondiente a todos los recursos aportados por la EAB, en la cuenta designada por la Empresa para el efecto, cada mes …” . (…) En el plenario no obra prueba del valor al que ascienden los rendimientos financieros, por tanto, se ordenará a la CVP consignar a la EAAB la diferencia que resulte entre los rendimientos que ya transfirieron a la Empresa y los que certifique la Fiduciaria Bogotá S.A.S. que se causaron en su totalidad respecto del aporte que realizó la EAAB al patrimonio autónomo “FIDUBOGOTA S.A. – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA”. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / IPC / INDEXACIÓN / CORRECCIÓN MONETARIA / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / SOCIEDAD FIDUCIARIA Problema jurídico: ¿Es procedente la actualización del monto de la liquidación del convenio interadministrativo con base en el IPC y la determinación del saldo pendiente por rendimientos financieros? Respuesta al problema jurídico: Si El valor de $164’164.875 se actualizará de conformidad con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, tomando como índice inicial el correspondiente a la fecha en que se cumplió el término con que se contaba para liquidar el convenio –8 de mayo de 2017 – y el índice final el de la fecha de esta providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial): (…) Por consiguiente, la liquidación judicial del convenio No. 530 de 2013 asciende a la suma de doscientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos con veintidós centavos ($249’765.619,22), más el monto que resulte de la diferencia entre los rendimientos que ya se transfirieron a la Empresa y los que certifique la Fiduciaria Bogotá S.A.S. que se causaron en su totalidad respecto del aporte que realizó la EAAB al PAM a cargo de la CVP y a favor de la EAAB. COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Procede la imposición de costas en segunda instancia si en la sentencia se redujo el valor de la liquidación judicial del convenio interadministrativo y se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: No Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas por la segunda instancia a las partes, por cuanto no se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación que interpuso, en la medida que se redujo el valor de la liquidación del convenio que se había ordenado en primer grado ; además, como prosperó parcialmente la demanda, al accederse a la liquidación judicial pedida, pero en un monto inferior al peticionado, la Sala aplicará el supuesto de que trata el numeral 5 del mencionado art. 365, que autoriza al juez a abstenerse a condenar en costas a las partes, aserto fundado en la constatación de que los recursos aportados al convenio sí fueron invertidos y, además, se logró el cometido de construcción de redes externas de acueducto y alcantarillado de los proyectos que integraron el convenio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900270011100103