Titulación de la relatoría 29.664 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / CONCEPTO DE JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala desestimará el reparo según el cual el Tribunal desconoció el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 y el principio de justicia rogada. El Jardín Botánico soportó este cargo en que el demandante “no solicitó la declaración de incumplimiento”. Por ello, sostuvo que “resulta jurídicamente inviable que se ordene el pago de una indemnización o pago de saldos, como se decidió en la primera instancia”. (…) [L]a demanda reclamó la responsabilidad contractual del Jardín Botánico por no haber cumplido la obligación dineraria a su cargo. En coherencia con ello, en los fundamentos de derecho de la demanda, invocó las normas del derecho común que regulan la responsabilidad del deudor por no cumplir las obligaciones derivadas del contrato (Código Civil, arts. 1602 y 1613). El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda. Además, al resolver la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, el Tribunal la desestimó por considerar que el objeto de las pretensiones se expresó con precisión y claridad, decisión que no fue impugnada. Por tanto, este reparo no prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TERMINO JUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda se presentó oportunamente. El planteamiento del apelante sobre la caducidad de la acción no es de recibo, porque (i) el término no debía contarse desde el día siguiente a la terminación del contrato, sino tras el vencimiento del plazo para que el Jardín Botánico lo liquidara unilateralmente; (ii) esta conclusión no desconoce el auto de unificación del 1.º de agosto de 2019; y (iii) debido a las suspensiones del término, la caducidad no operó antes de la presentación de la demanda. (…) Como el contrato debía liquidarse y el Jardín Botánico no lo liquidó unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo pactado para ese fin — como tampoco se hizo bilateralmente durante los dos años siguientes—, la regla aplicable es la del ordinal (v). Esta conclusión no cambia porque “no hubo liquidación bilateral ni unilateral”, como señaló el apelante. Precisamente, el ordinal (v) se aplica cuando el contrato no se liquida bilateralmente, en el plazo convencional o en el legal supletorio, ni unilateralmente por la Administración dentro de los dos meses siguientes. Si se hubiera liquidado bilateralmente dentro de la oportunidad prevista por las partes, el término habría corrido “desde el día siguiente al de la firma del acta” (ordinal iii); si se hubiera efectuado unilateralmente en los dos siguientes meses, habría corrido “desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe” (ordinal iv). (…) Con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación (Ley 640 de 2001, art. 21), el término de caducidad se suspendió el 20 de diciembre de 2019. Para ese momento, faltaban un año, un mes y diecisiete días calendario para su vencimiento. Como la constancia de no acuerdo se expidió el 21 de febrero de 2020, el cómputo se reanudó el 22 de febrero siguiente. Luego, con ocasión de la emergencia declarada mediante el Decreto 417 de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 564 de 2020, que suspendió los términos de prescripción y caducidad desde el 16 de marzo de 2020. El Consejo Superior de la Judicatura mantuvo esa suspensión hasta el 30 de junio de 2020 y dispuso su reanudación a partir del 1.º de julio siguiente. Por tanto, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 tampoco corrió el término de caducidad. Cuando inició esta segunda suspensión, faltaban un año y veintiséis días calendario para que venciera la caducidad. Como el cómputo se reanudó el 1.º de julio de 2020, el término de caducidad venció el 27 de julio de 2021. En consecuencia, la demanda radicada el 30 de junio de 2021 fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 417 DE 2020, DECRETO LEGISLATIVO 564 DE 2020, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / ACUERDO DE VOLUNTADES / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio. Según el esquema acordado, este puede corresponder a un precio fijo, al reembolso de costos directos más una suma fija, o a un monto calculado con base en un factor multiplicador aplicado sobre los salarios del personal, incluidos los costos de administración y la utilidad, entre otros. Por su parte, la forma de pago determina cómo se efectúa el desembolso del precio así definido, ya sea mediante cuotas periódicas, pagos por hitos, porcentajes de avance físico de la obra supervisada u otra distribución temporal acordada por las partes. El artículo 28 de la Ley 80 de 1993 dispone que en la interpretación de las cláusulas y estipulaciones contractuales se tendrán en consideración los fines y principios previstos en esa ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los contratos conmutativos. (...)En ausencia de elementos extratextuales que evidencien una discrepancia entre la intención real y su expresión lingüística, debe respetarse el contenido semántico de las cláusulas que no sean ambiguas, porque cabe suponer que los contratantes buscaron reflejar su acuerdo de voluntades en las palabras con que lo expresaron. (…) En el expediente no hay elementos que permitan concluir que la intención común de las partes fuera opuesta a la que deriva de la lectura de sus cláusulas. En los estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo, la entidad mantuvo el mismo texto que luego fue incorporado en las cláusulas sexta y séptima del contrato suscrito. Además, en los documentos de respuesta a las solicitudes de aclaración del pliego de condiciones no consta ninguna petición sobre este asunto ni una respuesta de la entidad según la cual el precio fuera variable o determinable en función del avance de la obra. (…) [E]s necesario distinguir entre la modalidad de remuneración y la forma de pago. La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, esto es, el precio pactado como contraprestación por el servicio. La forma de pago, por su parte, regula cómo se efectúa el desembolso de ese precio. Pues bien, si se entendiera que la cláusula séptima - relativa a la forma de pago- también define el precio mediante un componente variable, se generaría una contradicción con la cláusula sexta. Esta última estableció una suma fija, no un valor estimado o determinable. (…) [L]as partes pactaron que el Interventor tenía derecho a recibir una suma fija, aunque la forma de pago estuviera determinada por el avance de la obra. (…) El pliego de condiciones, modificado por la adenda n.º 2, exigió a los proponentes discriminar los costos cubiertos por el precio ofertado, no porque fueran objeto de evaluación, sino para revisar la coherencia entre “la consultoría y el precio ofrecido”. El valor de la oferta del contratista, $534’577.764, se obtuvo de sumar el costo correspondiente a cada integrante del equipo mínimo de trabajo, calculado según su dedicación mensual y el tiempo previsto de participación. A ese valor se adicionaron otros rubros, como gastos generales, equipos y el componente de utilidad. En definitiva, la equivalencia entre el servicio a cargo del Interventor y la contraprestación dineraria a la que este tenía derecho se estableció considerando que esta debía cubrir los costos de personal, así como otros gastos generales asociados al seguimiento de las obligaciones del constructor. Para determinar esa contraprestación no se consideró el avance de la obra objeto del seguimiento técnico. La interpretación opuesta, según la cual la remuneración dependía del avance de la obra, no es compatible con el criterio relativo al equilibrio entre prestaciones y derechos propio de los contratos conmutativos. Bajo esta perspectiva, el Interventor podría cumplir diligentemente sus obligaciones, mantener disponibles y activos los recursos necesarios para ejercer sus funciones de control y, aun así, dejar de recibir hasta el 90% de su remuneración si la obra no avanzaba por causas ajenas a su gestión. De este modo, casi toda la contraprestación por sus servicios quedaría sujeta a una variable ajena a su control —el avance de la obra, lo que aproximaría el negocio a un contrato aleatorio en el que “el hecho contingente determina el contenido de él”. Por las anteriores razones, la Sala desestima este segundo reparo del Jardín Botánico.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la expresión de la voluntad de las partes en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 16100, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; del 11 de septiembre de 2024, rad. 68622, C.P. Fredy Ibarra Martínez y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, rad. SC4527-2020, M.P. Francisco Ternera Barrios. Respecto al costo de las prestaciones del contrato y las variables en este, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2011, rad. 18762, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, del 5 de mayo de 2025, rad. 70270, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; del 14 de julio de 2016, rad. 35763, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y de la Corte Constitucional, sentencia C892 de 2001 del 22 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28
CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / VISITAS A LA OBRA PÚBLICA / PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l nexo funcional entre los contratos de obra e interventoría se explica porque “las obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el objeto abstracto del contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro están orientadas a un fin práctico común”. Así, la validación de las cantidades de obra para efectos de pago puede estar condicionada al pronunciamiento del interventor y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas puede requerir su intervención. Como manifestación específica de este nexo, el interventor está obligado a mantener informada a la entidad contratante sobre los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato de obra o evidencien su incumplimiento (Ley 1474 de 2011, art. 84). La conexidad no implica identidad entre las obligaciones del constructor y las del interventor. Bajo el contrato de obra, el contratista asume obligaciones relacionadas con la “construcción, mantenimiento, instalación y, en general, [con] la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles” (Ley 80 de 1993, art. 32). El interventor asume, en cambio, obligaciones relacionadas con el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato de obra (Ley 1474 de 2011, art. 83). Esta distinción se refleja en el clausulado de los contratos suscritos en este caso: mientras el Consorcio JCM 2016 se obligó a ejecutar la “obra pública cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas propias del proyecto”, el Interventor se obligó a “vigilar, controlar y verificar que el contrato se ejecutara de conformidad con las especificaciones”. La conexidad tampoco implica que el interventor sea garante de las obligaciones del constructor. El interventor, que tiene a su cargo el seguimiento del contrato de obra, no cauciona personalmente el cumplimiento de las obligaciones emanadas de este; no asume una obligación “que se contrae para la seguridad” de las obligaciones del constructor (Código Civil, art. 65), como sería propio de un contrato de garantía. Esta obligación no está prevista en la ley ni fue pactada entre el Jardín Botánico y el Interventor. Distinto es que su celebración tiene por fin coadyuvar en el fin que se persigue con el contrato de obra, que no es otro que su correcta ejecución, corrección que se cimienta en las bases técnicas, presupuestos y especificaciones que exige la técnica aplicable a su ejecución. (…) El hecho de que la obra alcanzara un avance no mayor al 20% tampoco implica que el Interventor prescindiera del personal del equipo mínimo de trabajo exigido por el pliego de condiciones y, correlativamente, no incurriera en los costos de personal considerados para calcular el precio ofertado. (…) El contrato no habilitaba al Interventor a prescindir de los servicios de su personal si la obra no avanzaba de acuerdo con el cronograma. Los documentos del expediente evidencian que el personal del Interventor exigido por el pliego de condiciones prestó sus servicios en el seguimiento integral de las actividades constructivas. En el expediente reposan los informes mensuales y los 43 informes semanales suscritos por el director y el residente de interventoría durante los once meses de ejecución del contrato. Igualmente constan 42 actas de comité de obra, suscritas entre marzo de 2017 y febrero de 2018, en las que se revisaba la ejecución de la obra y se adoptaban acuerdos sobre su desarrollo. Estas actas aparecen firmadas por el director y el residente de interventoría, el profesional experto en sistema de seguridad ocupacional, el auxiliar administrativo, el experto en bioclimática y el topógrafo. Además, no hay constancia de que el Jardín Botánico hubiera requerido al Interventor por no garantizar la participación del personal mínimo exigido en el seguimiento del contrato de obra. (…) Los documentos del expediente acreditan cuál fue la causa determinante del reducido avance de la obra durante el periodo en el que la Interventoría ejerció sus labores: la entrega tardía y la necesidad de ajustar, corregir y complementar los diseños suministrados por la entidad estatal al Consorcio JCM 2016, constructor de la obra. El acta de suspensión del 11 de enero de 2018 identificó esa circunstancia como causa de la diferencia entre el avance programado y el avance real. (…) [E]l reducido avance de la obra durante el periodo en el que el Interventor ejerció sus labores no prueba el incumplimiento de sus obligaciones. El Interventor informó permanentemente a la entidad los problemas que afectaban la ejecución, asociados a la calidad de los diseños suministrados por ella. En consecuencia, la entidad podía adoptar medidas como suspender los contratos con anterioridad o renegociar con el Interventor una reducción del equipo de trabajo o de su dedicación horaria, mientras se superaban los problemas de diseño que estaban bajo su control y bajo el control del consultor contratado por ella. Sin embargo, esa circunstancia no autorizaba negar el pago del precio por los servicios pactados. Como se concluyó previamente, el Interventor tenía derecho a recibir una suma fija, aunque la forma de pago estuviera determinada por el avance de la obra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 65
RELACIÓN DE SALDOS INSOLUTOS / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Tiene el interventor derecho al pago del saldo insoluto del precio pactado, aunque no se hubieran suscrito el acta de recibo final de la obra ni las actas de liquidación de los contratos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala confirmará la decisión de ordenar al Jardín Botánico el pago del saldo insoluto. Esta conclusión comprende el 90% del precio que, según la cláusula séptima, debía desembolsarse mediante pagos parciales mensuales proporcionales al avance físico de la obra, así como el 10% restante, que, según la misma estipulación, se pagaría así: “un cinco por ciento (5%) sujeto al recibo final y a satisfacción de la obra por parte de la Interventoría, así como de la Supervisión del Contrato, la entrega del informe final y la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría. // Un cinco por ciento (5%) sujeto a la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría”. El Interventor entregó a la entidad estatal el informe final con el contenido pactado en el contrato y no hay constancia de que la entidad hubiese formulado observaciones al documento. El Interventor no firmó el acta de recibo final de la obra ni el acta de liquidación del contrato de obra. Sin embargo, la imposibilidad de acreditar la suscripción de estos documentos —debido a que el contrato de obra se extendió más allá de la vigencia del contrato de interventoría por razones que no le son imputables— no lo priva de su derecho a recibir la remuneración pactada. En este caso, no se pactó expresamente que su derecho a percibir el precio estuviera sometido a una condición suspensiva, como la suscripción del acta de recibo final de la obra (Código Civil, art. 1530). La exigibilidad del pago podía estar sujeta a ciertos requisitos contractuales, pero estos no afectaban la existencia misma del derecho de crédito. El Tribunal señaló que, aun cuando el contrato de interventoría no hubiera sido liquidado, esa omisión no privaba al Interventor del derecho a obtener el pago íntegro del precio por la prestación de sus servicios.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exigibilidad del pago del contrato de interventoría, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2025, rad. 70270, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y del 30 de mayo de 2025, rad. 70671, C. P. José Roberto Sáchica Méndez
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530
FACTURA / FACTURA DE COBRO / LEGALIDAD DE LA FACTURA / OBLIGATORIEDAD DE LA FACTURA / VALOR PROBATORIO DE LA FACTURA / REQUISITOS DE LA FACTURA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la presentación de la factura n.º 8 ante el Jardín Botánico, aun cuando dicho documento no contara con un número de radicación independiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Jardín Botánico también cuestionó que el Tribunal hubiera valorado indebidamente las pruebas al asumir que la factura n.º 8, por valor de $456’671.006, fue presentada en agosto de 2018, aunque ese documento no contiene número de radicación ante la entidad. En esa línea, indicó que la cláusula séptima del contrato exigía la entrega previa de la factura, por lo que al no acreditarse su radicación directa ante el Jardín Botánico, no podía exigirse el pago de la suma incorporada en ella. La Sala tampoco acogerá este reparo. La presentación de la factura n.º 8 sí se acreditó documentalmente. En el expediente reposa la comunicación OFIC-188-CONT14491 del 14 de agosto de 2018, en la que el Interventor indicó expresamente que enviaba la factura n.º 8 por valor de $456’671.006. Esa comunicación tiene sello de radicación del Jardín Botánico con fecha del 14 de agosto de 2018. Además, en ese sello consta que lo entregado correspondía a un folio y siete anexos. Esa información permite concluir que la factura n.º 8 fue presentada como anexo de la comunicación radicada ante la entidad, aunque no tuviera un número de radicación separado del oficio remisorio.
DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APELANTE ÚNICO / REFORMA EN PERJUICIO DE APELANTE ÚNICO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / IMPROCEDENCIA DE CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO / LIQUIDACIÓN DE INTERESES
Problema jurídico:
¿El juez de segunda instancia puede corregir un error aritmético en la liquidación realizada en la sentencia de primera instancia y cuyo efecto es desfavorable al apelante único?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 283 del CGP prescribe: “El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado”. En consecuencia, la Sala extenderá las condenas impuestas en primera instancia, tanto en el componente de capital como en el de intereses (CGP, art. 283). Esto no comporta una inobservancia del principio de no reforma en peor, porque solo busca expresar, al momento de proferir la sentencia, la misma condena impuesta por el fallador de primera instancia. (…) [E]xiste una discordancia entre el total de intereses indicado en la motivación de la providencia ($303’203.926) y el consignado en la parte resolutiva ($303’657.669). En segundo lugar, aunque el Tribunal afirmó que aplicaría la tasa equivalente al doble del interés legal civil, la operación arroja una suma que no corresponde a aplicar una tasa anual simple del 12% sobre el capital actualizado. En el cálculo incluido en la sentencia de primera instancia se tomó un periodo de 88 meses, contado desde el mes siguiente a la radicación de la factura n.º 8 —agosto de 2018— hasta diciembre de 2025, mes en que se profirió la sentencia. Sin embargo, de haberse aplicado la tasa anual del 12% durante ese lapso, los intereses habrían ascendido a una suma mayor. El valor indicado en la parte motiva se aproxima al resultado de aplicar, como metodología de liquidación, un interés simple anual del 6% sobre el capital actualizado al final del periodo. (…) La fórmula aplicada por el Tribunal no consistió en determinar, año por año, el valor histórico actualizado y aplicar sobre cada periodo el interés simple del 12%. En lugar de ello, tomó el capital actualizado final como base única y calculó sobre él un interés simple anual cercano al 6% durante todo el periodo de mora. La metodología para la liquidación de intereses no fue objeto de reparo por el apelante único. En consecuencia, como ha señalado la Subsección, la extensión de la condena se hará con fundamento en la misma metodología utilizada en el fallo de primera instancia. En lo que respecta a la tasa efectivamente aplicada, la Sala extenderá la condena tomando como base el interés legal civil del 6%. El artículo 286 del CGP establece que “toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto”. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, “se entiende por error aritmético de una sentencia aquel en que se incurre en los resultados de las cuatro operaciones aritméticas sin modificar las bases de la liquidación, pues tal variación llevaría a la modificación del fallo, situación que se encuentra prohibida”. Aun si se considerara que la tasa de interés efectivamente aplicada no era una base de la liquidación de los intereses y que hubo un error porque el Tribunal anunció que aplicaría el doble del interés legal civil, la Sala no considera procedente modificar la tasa efectivamente aplicada por las siguientes razones: El Jardín Botánico es apelante único. Por lo tanto, extender la condena en concreto para incrementar la tasa de interés efectivamente aplicada en la liquidación de los intereses haría más desfavorable su situación, en contravía de la prohibición del artículo 328 del CGP. Uno de los fines de la apelación es que se reforme la decisión apelada. El Interventor no impugnó el fallo y, por ello, bajo el artículo 328 del CGP, la Sala no tiene competencia para modificar un aspecto de la sentencia que le fue desfavorable. El artículo 286 del CGP dice que la providencia puede ser corregida de oficio por el “juez que la dictó”. De ahí que la Corporación haya sostenido que “la competencia está expresamente asignada para la corrección de una providencia por error aritmético o de palabras, al mismo juez que la dictó, como dice el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, y, por consiguiente, no puede hacerla ningún otro ente o juez”. La Sala, que no emitió el fallo, no puede arrogarse el ejercicio oficioso de esa competencia. En conclusión, la Sala extenderá la condena hasta la fecha de esta sentencia con la misma metodología aplicada por el Tribunal. Para ese efecto, tomará el capital actualizado a la fecha de esta providencia ($722’316.530), aplicará la tasa anual del 6% y contará el periodo comprendido entre septiembre de 2018 —mes siguiente a la radicación de la factura n.º 8— y mayo de 2026, equivalente a 93 meses.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la corrección de la sentencia, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1408 del 25 de abril 2002, C. P. César Hoyos Salazar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 310, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 283, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 286, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, que se integran por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, así como por las agencias en derecho (CGP, art. 361). Su imposición no exige la verificación de una conducta temeraria, pues, en el régimen vigente, responde a un criterio objetivo. Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, las costas se imponen a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación. El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda instancia, estas se establezcan entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La determinación de su monto debe atender a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión desplegada por el apoderado, así como a la cuantía de la pretensión y a las demás circunstancias relevantes, con el fin de que resulten equitativas y razonables. El Interventor actuó en el proceso mediante apoderado judicial y asumió la vigilancia del trámite en esta instancia. No obstante, no presentó pronunciamiento frente al recurso de apelación dentro del término legal. Con fundamento en estos criterios, la Sala fijará las agencias en derecho a su favor en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1