Titulación de la relatoría 28.655 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO / CARACTERÍSTICAS DEL IMPEDIMENTO / CAUSALES DE IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO / IMPEDIMENTO POR CONOCIMIENTO PREVIO DEL PROCESO / IMPEDIMENTO POR HABER DADO CONCEPTO SOBRE EL PROCESO / PROCEDENCIA DEL IMPEDIMENTO / IMPEDIMENTO POR HABER SIDO APODERADO O CONTRAPARTE
Problema jurídico:
¿Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada que, con anterioridad a la presentación de la demanda, intervino como apoderada en un trámite arbitral relacionado con el negocio jurídico objeto del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 06 de octubre de 2025, la magistrada Adriana Polidura Castillo manifestó impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP, toda vez que de manera previa a la presentación de la demanda emitió concepto por fuera de la actuación judicial frente a situaciones vinculadas con el negocio jurídico objeto de estudio, dado que en su oportunidad intervino en calidad de apoderada de Intralot en el trámite arbitral que se suscitó con ocasión del contrato de concesión No. 001 de 2004. Según lo previsto en la norma ibidem, es causal de impedimento “[h]aber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”. En este orden de ideas, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por la magistrada Polidura Castillo y, en consecuencia, procederá a apartarla del conocimiento del presente asunto, dado que, en efecto, consta dentro del expediente que aquella intervino como apoderada judicial de Intralot en el proceso arbitral que en su oportunidad se suscitó con ocasión del contrato de concesión No. 0001 del 22 de julio de 2004, trámite en el que, entre otros, se examinó el incumplimiento de Intralot frente al pago de los gastos de exploración y de los derechos de administración, aspecto que, desde luego, está relacionado con el objeto de la presente litis, de manera que se encuentra configurada la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 12
ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / LÍMITES DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / DESCONOCIMIENTO DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia, pese a la existencia de una cláusula compromisoria, cuando la demanda fue presentada en un momento en que la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006 -vigente para la fecha en que se interpuso la demanda-, dado que la Resolución No. 574 del 11 de junio de 2010 y su confirmatoria, esto es, la Resolución No. 1011 del 1º de septiembre de 2010, fueron proferidas por Etesa en liquidación -empresa industrial y comercial del Estado-, con ocasión de la ejecución del contrato de concesión No. 0001 del 22 de julio de 2004 suscrito entre esta e Intralot. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2011 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132-5 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Cabe anotar que en la cláusula vigesimocuarta del contrato de concesión No. 0001 del 22 de julio de 2004, que dio lugar a la expedición de los actos acusados y frente al cual se solicita su liquidación, las partes acordaron pacto arbitral. Sin embargo, lo cierto es que Intralot formuló su demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Etesa compareció al proceso y no propuso la excepción de falta de jurisdicción. En relación con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando una de ellas instauraba demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la otra no proponía la excepción de falta de jurisdicción o de existencia de pacto arbitral. Posteriormente, la Sala Plena de esta Sección en sentencia del 18 de abril de 2013 unificó la jurisprudencia y señaló que la derogatoria de la cláusula compromisoria exige un pacto revestido de las mismas formalidades empleadas para su nacimiento, con lo cual concluyó que se requería que constara por escrito. En el caso sub examine, la Sala observa que la demanda se presentó el 14 de junio de 2011, fecha para la cual la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la renuncia tácita al pacto arbitral, criterio que solo vino a ser cambiado en la sentencia de unificación del 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito. (…) [P]ara las demandas presentadas con anterioridad a la sentencia de unificación referida, la jurisprudencia de esta Subsección en reiteradas oportunidades ha considerado pertinente aplicar la regla de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria cuando las partes acuden a la jurisdicción contenciosa, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia. Así las cosas, como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, dicha tesis se aplicará a este asunto y, por ello, se conocerá de la controversia sometida a decisión no obstante la cláusula compromisoria pactada por las partes en el contrato sub judice.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la renuncia al pacto arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Providencia de unificación jurisprudencial del 18 de abril de 2013, rad. 17859, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el ejercicio de la acción contractual para controvertir actos administrativos de naturaleza contractual y solicitar la liquidación judicial del contrato, aun cuando no se hayan demandado todos los actos expedidos en la vía gubernativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, cualquiera de las partes puede demandar para solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (v) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (vi) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, en virtud de la ley el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, comoquiera que a través de su demanda pretende: (i) la nulidad de la Resolución No. 574 del 11 de junio de 2010 y de su confirmatoria, esto es, de la Resolución No. 1011 del 1º de septiembre de 2010, actos administrativos que, pese haber sido proferidos por el agente liquidador de la entidad demandada, tienen naturaleza contractual, pues a través de los mismos se buscó en estricto sentido declarar el incumplimiento del contrato y como consecuencia de ello declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía bancaria; y (ii) la liquidación judicial del contrato de concesión No. 0001 del 22 de julio de 2004. (…) [S]i bien la parte demandante omitió demandar todas las decisiones administrativas mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición formulados contra la Resolución No. 574 del 11 de junio de 2010 -en particular, las Resoluciones No. 922 del 12 de agosto de 2010 y No. 927 del 11 de agosto del mismo año-, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CCA, lo cierto es que, para el caso concreto, no resulta procedente exigir dicho requisito formal, es decir, requerir del demandante que hubiera cuestionado todos los actos administrativos expedidos en la vía gubernativa; tan solo resulta predicable dicha exigencia del acto definitivo -Resolución No. 574 del 11 de junio de 2010- y de aquel que resolvió el recurso de reposición por él interpuesto, esto es, la Resolución No. 1011 del 1º de septiembre de 2010, como en efecto ocurrió.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de junio de 2019, rad. 44009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 138, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
ETESA / ETESA ADMINISTRADOR / PARTES DEL CONTRATO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD / MINISTERIO DE SALUD
Problema jurídico:
¿Las partes del contrato objeto de la controversia están legitimados en la causa para ser parte en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso se concluye que Intralot y Etesa -quien fue sucedida procesalmente por el Ministerio de Salud y Protección Social en los términos establecidos en el Decreto 175 de 2010 , en armonía con el artículo 36 del Decreto Ley 254 de 2000 y así será reconocido en la parte resolutiva de esta providencia , están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que suscribieron el contrato de concesión en virtud del cual se profirieron los actos administrativos contractuales cuestionados, contrato que, por demás, se solicita sea liquidado judicialmente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la sucesión procesal en casos donde es parte ETESA, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 16 de octubre de 2020, rad. 47677, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 175 DE 2010, DECRETO LEY 254 DE 2000 - ARTÍCULO 36
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Debe computarse de manera independiente el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se formulan pretensiones de nulidad de actos administrativos contractuales y, adicionalmente, la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136, numeral 10, del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de 2 años de la acción de controversias contractuales. De forma general dispone que el término “se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento” y enseguida establece una serie de supuestos aplicables a los contratos según estos sean de ejecución instantánea o requieran o no liquidación. Respecto de los contratos que por su naturaleza o por disposición legal o contractual requieran liquidación y esta no sea efectuada ni bilateral ni unilateralmente por la Administración, “el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”. En el presente asunto, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión, la ocurrencia del siniestro y se hizo efectiva la garantía bancaria, y solicita, además, que se liquide judicialmente el contrato. En este orden, la Sala considera que el término de caducidad de las pretensiones debe contarse de forma independiente, porque la pretensión de nulidad de los actos contractuales se puede resolver de forma autónoma y sin necesidad de acudir o de esperar a la liquidación del contrato. En virtud de lo anterior, en relación con las pretensiones de nulidad de los actos contractuales, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comenzó a correr a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución No. 1011 del 1º de septiembre de 2010, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 574 del 11 de junio de 2010, por ser este el momento de ocurrencia de los motivos de hecho y de derecho que fundamentan la pretensión. La notificación de dicho acto administrativo se surtió el 2 de septiembre de 2010, por lo cual el término de caducidad de la acción corrió entre el 3 de septiembre de 2010 y el 3 de septiembre de 2012, de lo cual se colige que la demanda radicada el 14 de junio de 2011 se presentó en término, aún sin tener en cuenta la suspensión con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial que se surtió ante la Procuraduría Primera Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá. En relación con la pretensión de liquidación judicial del contrato, es menester señalar que al tenor de lo establecido en la cláusula segunda su plazo de ejecución fue de 60 meses contados a partir del día siguiente al vencimiento de la culminación de la fase preoperativa, la cual no podía exceder de 194 días. En tal sentido, según lo acreditado en el proceso, particularmente en las consideraciones expuestas en la Resolución No. 0922 del 12 de agosto de 2010, el plazo de ejecución del contrato finiquitó el 15 de junio 2010. (…) [E]n la cláusula trigésima primera del contrato las partes acordaron su liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución y estipularon que, en caso de no llegar a un acuerdo en tal sentido, Etesa estaría facultada para liquidar unilateralmente el contrato en los términos establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, es decir, dentro del término de 2 meses siguientes al plazo convencional. A este respecto, cabe señalar que en el proceso no se encuentra acreditado que las partes hubiesen liquidado bilateralmente el contrato o que Etesa hubiera procedido en tal sentido de forma unilateral. Así las cosas, la Sala estima que el derecho de accionar -que transcurrió entre el 18 de diciembre de 2010 y el 18 de diciembre de 2012- se ejerció en tiempo, porque la demanda se radicó dentro del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para liquidar el contrato -14 de junio de 2011-.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos sujetos a liquidación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2022, rad. 56558, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 16 de marzo de 2015, rad. 32797, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Pueden ser valorados los documentos aportados en copia simple dentro del proceso cuando no han sido tachados de falsedad y no existe disposición legal que exija su presentación en copia auténtica?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el expediente reposan varios documentos en copia auténtica y otros en copia simple. Los últimos serán analizados, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de copias simples, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / PARTES DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato es el del Estatuto General de Contratación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”, la operación por intermedio de terceros es aquella que realizan personas, en virtud de autorización, mediante contratos de concesión o contratación en los términos de la Ley 80 de 1993, celebrados con las entidades territoriales, las empresas industriales y comerciales del Estado o con las sociedades de capital público autorizadas para la explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud de autorización otorgada en los términos de la ley. El término de dichos contratos no puede ser inferior a 3 años ni exceder de 5. (…) [E]l régimen aplicable al negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993, en armonía con las previsiones particulares de la Ley 643 de 2001, y sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis del caso en esta instancia. Cabe añadir que el artículo 32-4 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de concesión como aquel que “celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo las partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico.
FUENTE FORMAL:
LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 13, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / JURISDICCIÓN ROGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / CUENTAS POR COBRAR
Problema jurídico:
¿En la liquidación judicial de un contrato estatal es procedente imputar al cruce final de cuentas los valores pagados por concepto de efectividad de una garantía bancaria, aun cuando no exista saldo a favor del contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre la liquidación de los contratos estatales, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 estipuló que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. A su vez, el artículo 87 del CCA dispuso que, dentro de las pretensiones de la acción de controversias contractuales, es posible solicitar que se hagan declaraciones y condenas, entre ellas, que se solicite la liquidación judicial del contrato. A este respecto, cabe señalar que el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, preveía que, en caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, “el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial”, de lo cual se desprende que al vencimiento del término para liquidar bilateral y unilateralmente el contrato, -cualquiera de los interesados- podía acudir ante el juez del contrato para solicitar el cruce final de cuentas por la vía judicial. En virtud de los mandatos anteriores, esta Corporación ha considerado que liquidar un contrato consiste en determinar el valor de sus acreencias y deudas insatisfechas, con el fin de establecer si existen valores pendientes de percibir o de asumir por los sujetos negociales y que, como es natural, solo procede una vez fenecido el plazo negocial, pues solo hasta ese momento es posible determinar los remanentes del acuerdo de voluntades. En suma, la liquidación del contrato tiene por finalidad conocer en qué estado quedó la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, establecer el resultado final del contrato y determinar el balance económico de la relación contractual, definiendo quién le debe a quién y cuánto. (…) [N]o le asiste razón a la parte recurrente. En efecto, en el marco de la liquidación judicial de un contrato estatal, como la adelantada por el tribunal, lo que corresponde es efectuar un cruce definitivo de cuentas a fin de determinar si subsisten saldos a favor de alguna de las partes. Al haber establecido el tribunal que existían saldos pendientes de pago por parte de Intralot a favor de Etesa por valor total de $26.039.798.676,22, -circunstancia que, por demás, no fue objeto de reparo en el recurso de apelación-, lo procedente, sin lugar a duda, era imputar la suma de $7.694.081.042 al cruce final de cuentas, con el fin de descontarla del saldo definitivo de la operación como en efecto ocurrió, de ahí que no existiera saldo alguno que pudiera ser “reintegrado” a Intralot, como lo pretende el recurrente. (…) [R]esulta claro que a efectos de realizar el cruce final de cuentas el tribunal procedió como correspondía, dado que, no solamente tuvo en cuenta que el Banco de Bogotá consignó la suma de $7.694.081.042 con ocasión de la efectividad de la garantía bancaria por él otorgada, sino que, además, imputó o descontó esta suma del valor total adeudado por Intralot. (…) [L]a jurisdicción de lo contencioso administrativo se caracteriza por ser una justicia rogada, de ahí que les asiste el deber a las partes de invocar con precisión lo que pretenden en la demanda, de lo contrario, el juez no podrá pronunciarse. Emitir un pronunciamiento en el que se evalúen aspectos que no fueron solicitados, como lo pretende la parte actora en su recurso de apelación, conllevaría a desconocer el principio de congruencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 27de octubre de 2011, rad. 25000-23-25-000-1995-38054-01 2270-05, C. P. Alfonso Vargas Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ENCARGO FIDUCIARIO / REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Problema jurídico:
¿Puede prosperar un cargo contra la liquidación judicial del contrato cuando la parte recurrente no acredita, mediante prueba idónea, el pago que alega debió ser descontado en el cruce final de cuentas?
Respuesta al problema jurídico: No
En su recurso de apelación Intralot manifestó que la liquidación efectuada por el tribunal fue inexacta, toda vez que no se tuvo en cuenta que la sociedad depositó en un encargo fiduciario la suma de $1.084.730.900 a favor de Etesa, monto que debió ser descontado al realizar el cruce final de cuentas. A este efecto, cabe señalar que, auscultado el expediente, la Sala no encuentra acreditado el dicho del recurrente, esto es, que en efecto Intralot hubiera consignado en los encargos fiduciarios que se constituyeron durante la ejecución del contrato la suma de $1.084.730.900 a favor de Etesa. (…) [L]a parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el cargo alegado requiere de prueba, cuya omisión por la parte recurrente, a quien corresponde tal onus, impide su prosperidad. Bajo este entendido, se concluye que lo afirmado por la parte recurrente no se encuentra acreditado y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que corresponde atender a las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos; al juez corresponde guardar la debida neutralidad en el transcurso del proceso, salvo que se presenten o existan condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria, las cuales en el caso concreto no se advierten. En consecuencia, el cargo alegado no tiene la vocación de prosperar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / FORMULA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONCESIONARIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Problema jurídico:
¿Procede la actualización de la condena por el valor de la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo expuesto en precedencia y de cara a los cargos formulados en el recurso de apelación, la Sala confirmará lo resuelto por el Tribunal Administrado de Cundinamarca en la sentencia apelada, puntualmente en cuanto a liquidar judicialmente el contrato de concesión No. 0001 del 22 de julio de 2024 con un saldo a favor de ETESA por valor de $34.702.890.410, el cual será actualizado. (…) el valor correspondiente a incluir en la liquidación judicial como saldo a favor de ETESA asciende a la suma de $50.908.326.934.