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Consejo de Estado Providencia

Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia

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Fecha
2026-02-27
Radicado
25000233600020190058903
Número interno
71667
Ponente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
ALEJANDRO MONTAÑA PRADILLA, SALCOL S.A.
Demandado
MINISTERIO DE MINA, AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Sala, en esta oportunidad, acogerá la línea de pensamiento del Tribunal debido a que en algunos pronunciamientos anteriores de esta subsección se ha considerado que los litigios sobre actos o contratos surgidos a partir de un bien imprescriptible o inajenable del Estado, “como ocurre con los contratos de concesión minera”, no prescriben.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad?
  • ¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito?
  • ¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL BIEN PÚBLICO BIEN INALIENABLE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CLÁUSULAS DEL CONTRATO TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DESVIACIÓN DE PODER NULIDAD DEL CONTRATO CAUSA ILÍCITA OBJETO ILÍCITO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO LICITACIÓN PÚBLICA TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA PRINCIPIO DE ECONOMÍA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN ESTATAL ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA BUENA FE PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ETAPA PRECONTRACTUAL RELACIÓN CONTRACTUAL CONTRATISTA PROCESO DE LICITACIÓN OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN RIESGO CONTRACTUAL ACTIVIDAD MINERA CONCESIONARIO EXPERIENCIA TÉCNICA PLIEGO DE CONDICIONES INTERVENTORÍA PERITAJE OBLIGACIONES DEL CONTRATO RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA DEBER DE DILIGENCIA OFERTA MARGEN DE RENTABILIDAD EN ACTIVIDAD ECONÓMICA PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CASO FORTUITO DERRUMBE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ÁREAS DE RESERVA MINERA RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO LEY 658 DE 2001 VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LICITACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO DERECHO DE PETICIÓN ACTO ADMINISTRATIVO FICTO PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AUTORIDAD MINERA TÉRMINO PERENTORIO TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR FALTA DE COMPETENCIA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDO PROCESO PRINCIPIO DE LEGALIDAD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR GRADO DE BENEFICIO DE LA OBRA PÚBLICA CONDENA EN COSTAS RECURSO DE APELACIÓN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO COSTAS PROCESALES

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 42.548 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL BIEN PÚBLICO / BIEN INALIENABLE / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA Problema jurídico: ¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción? Respuesta al problema jurídico: No (…) [L]a Sala, en esta oportunidad, acogerá la línea de pensamiento del Tribunal debido a que en algunos pronunciamientos anteriores de esta subsección se ha considerado que los litigios sobre actos o contratos surgidos a partir de un bien imprescriptible o inajenable del Estado, “como ocurre con los contratos de concesión minera”, no prescriben. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imprescriptibilidad de los litigios sobre actos o contratos surgidos a partir de bienes inajenables del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, C. P. Alberto Montaña Plata, rad. 25000-23-36-000-2013-01639-01 (58710). CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si La caducidad, en este caso, por tratarse de un contrato liquidable, se debe computar de conformidad con las reglas del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. En este caso, (…) el contrato terminó el 5 de mayo de 2016 debido al silencio administrativo positivo; posteriormente, y en virtud de la disposición contractual contenida en la cláusula decimonovena del contrato, la ejecución contractual finalizó el 5 de mayo del 2017. A esta fecha deben adicionarse los seis meses para la liquidación del contrato, establecidos en la cláusula vigesimotercera del negocio analizado, es decir que la fecha máxima para la liquidación era el 6 de noviembre del 2017. Por ello, la caducidad debe computarse entre el 7 de noviembre del 2017, y el 7 de noviembre del 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda interpuesta el 14 de agosto del 2019 se presentó dentro del término legal. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J DESVIACIÓN DE PODER / NULIDAD DEL CONTRATO / CAUSA ILÍCITA / OBJETO ILÍCITO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / LICITACIÓN PÚBLICA / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Problema jurídico: ¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]sta Sala analizará si hubo desviación de poder, que justifique la nulidad por causa ilícita, o afrenta al principio de planeación, que motive la nulidad por objeto ilícito. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que la desviación de poder es un vicio que se presenta cuando una “autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario”. (…) En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que en el acervo probatorio no hay prueba alguna orientada a demostrar que la administración, concretamente el MME, hubiese expedido los actos administrativos que dieron lugar a la licitación con un propósito arbitrario o distinto del demarcado por el orden público. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la desviación de poder Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2013, rad. 13001-23-31-000-2007-00052-01 (2010512), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / BUENA FE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares? Respuesta al problema jurídico: No En referencia al deber de planeación, se debe recordar que desde el artículo 209 de la Constitución política establece que uno de los principios con base en los cuales debe desarrollarse la función administrativa es el de economía. En desarrollo de lo anterior, los estatutos de procedimiento administrativo (CCA y CPACA) han dispuesto que las actuaciones administrativas deben desarrollarse en observancia de los principios constitucionales, y han replicado el principio de economía como uno de los derroteros de la actuación administrativa. Concretamente, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado que el contenido del principio de economía, en el marco de la función administrativa, se relaciona con la agilidad en la toma de decisiones en los procedimientos de selección contractual, busca la celeridad de la actuación administrativa y la reducción de gastos económicos y trámites dispendiosos. Particularmente, en materia de contratación estatal, ha señalado que una de las manifestaciones esenciales del principio de economía yace en el deber de planeación, con base en el cual la administración debe “asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar”. (…) Así, para la Sala es claro que, si bien el Estado, en el marco de sus relaciones contractuales y particularmente en los procedimientos de selección, asume deberes de información sustentados en los principios de transparencia, buena fe y planeación —lo que implica comunicar a los interesados las circunstancias relevantes que puedan incidir en el cumplimiento de los fines del contrato—, ello no exonera a los particulares de sus propias cargas y obligaciones negociales. NOTA DE RELATORÍA: [Respecto del principio de economía y sus manifestaciones esenciales, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, rad. 1100-103-26-000-2005-000-50-01 (31447), C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B sentencia del 28 de mayo de 2012, rad. 07001-23-31-000-1999-00546-01 (21489), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.] [El deber de planeación está conjuntamente a cargo de las entidades estatales y de los oferentes en los procesos de selección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2024, rad. 25000-23-36-000-2018-00308-02 (69775), C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.] FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, DECRETO 01 DE 1984, LEY 1437 DE 2011 BUENA FE / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / RELACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El incumplimiento del deber de información por parte del Estado exonera a los particulares de su obligación de informarse en la etapa precontractual en virtud del principio de buena fe? Respuesta al problema jurídico: No (…) [D]el principio general de buena fe se derivan diversos deberes para la etapa precontractual, entre otros, el deber de información, que atañe a todas las partes de la relación contractual en formación. El paradigma del deber de información tiene su aposento en el ámbito de la contratación estatal, en donde la información resulta relevante para la determinación acerca de la participación, las condiciones de la oferta y la decisión final de con quién se contratará. Por ello, la información que las partes deben brindar debe ser precisa, veraz, autentica y completa. Sin embargo, no debe dejarse de lado que el deber de obrar de buena fe hace referencia a la denominada ‘buena fe objetiva’, esto es, una conducta activa y diligente de todas las partes, que no solo deben conformarse con la información provista por su contraparte, sino que, tienen a su cargo el deber de auto informarse de manera suficiente, de todo aquello que atañe al negocio a celebrar, sus derechos y obligaciones. Sin embargo, no debe dejarse de lado que el deber de obrar de buena fe hace referencia a la denominada ‘buena fe objetiva’, esto es, una conducta activa y diligente de todas las partes, que no solo deben conformarse con la información provista por su contraparte, sino que, tienen a su cargo el deber de auto informarse de manera suficiente, de todo aquello que atañe al negocio a celebrar, sus derechos y obligaciones. (…) No resulta admisible invocar la omisión estatal como argumento para relevarse de esta carga, pues no corresponde al principio de buena fe ni a la planeación contractual convertir tales deberes en un régimen de protección excesiva a favor del contratista. NOTA DE RELATORÍA: [Sobre el deber de información derivado del principio general de buena fe para la etapa contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de septiembre de 2013, radicado 25000-23-26-000-1999-00330-01(23827), C. P. Hernán Andrade Rincón.] [Sobre la relevancia de la información para la determinación acerca de la participación, las condiciones de la oferta y la decisión final de con quien se contratará, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.] [Respecto de la buena fe objetiva, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.] [No se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, rad. 05001233100020070327901 (56449). C. P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la vulneración del deber de planeación como causal de nulidad por objeto ilícito, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2021, radicado 25000-23-36-000-2015-02527-01(61583), C. P. Alberto Montaña Plata.] PROCESO DE LICITACIÓN / OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / RIESGO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD MINERA / CONCESIONARIO / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EXPERIENCIA TÉCNICA Problema jurídico: ¿La administración suministró información falsa u omitió información relevante en el proceso licitatorio que afectara la viabilidad del contrato de concesión minera? Respuesta al problema jurídico: No De antemano se debe indicar que, para la Sala no es de recibo la aseveración acerca de que los documentos licitatorios entregaron información falsa acerca de las actividades mineras en el área, pues, (…), en varios apartados de la documentación precontractual se puso de presente que las actividades mineras se llevaban a cabo mediante la disolución de sal y que en el área a conceder se desarrollaba un negocio en marcha. (…) De los (…) testimonios se puede concluir que el fenómeno de las subsidencias y la existencia de pozos anteriores que habían colapsado era conocido por los trabajadores que operaban en el área minera de Upín, que algunos de esos trabajadores continuaron prestando servicios en la operación del a cargo demandante y de quienes este recibió asesoría. Sin embargo, de los relatos de los testigos no se puede concluir, como lo pretende el actor, que las subsidencias en el área minera implicaran una situación de inusitada gravedad que hiciera inviable la operación, pues, los testimonios indican que las subsidencias eran conocidas, que la extracción de salmuera contribuía al hundimiento del terreno y que el área minera de Upín venía siendo productiva desde varias décadas atrás. Ahora bien, contrario a lo afirmado por el actor, la información presentada en el proceso licitatorio permitía conocer la situación geológica y la viabilidad de la actividad minera en la zona en concesión, así como los riesgos que se asumirían. (…) [E]l concesionario contaba con información relevante sobre las condiciones geológicas del área a concesionar y el riesgo que asumiría en relación con las características del área de explotación, sin perjuicio del especial conocimiento que le es exigible para acometer una actividad como la que era objeto del contrato celebrado, respecto de la cual debía contar con la suficiente y comprobada experticia y capacidad técnica. (…) En el expediente no se acredita que durante el periodo de operación a cargo del demandante se hubieren efectuado reparaciones tendentes a mitigar o superar dificultades técnicas derivadas de las condiciones de explotación previa del pozo, el cual, sin embargo, fue productivo en tal periodo. TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / RIESGO CONTRACTUAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / INTERVENTORÍA / PERITAJE / OBLIGACIONES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El concesionario desconocía los riesgos asociados a la subsidencia del terreno al momento de presentar su propuesta, de manera que se configure responsabilidad de la administración? Respuesta al problema jurídico: No (…) [D]e acuerdo con el contenido de los documentos que ya se han puesto de presente, esto es, los estudios previos, el pliego de condiciones, la minuta del contrato, el peritaje técnico y su confrontación en audiencia, el informe técnico de la interventoría del contrato, el informe de gestión rendido por el constructor del pozo ante su colapso, más los documentos que el MME puso a disposición de los proponentes en el proceso licitatorio, particularmente los planos de control de subsidencia en la superficie y los informes sobre las zonas de inestabilidad a lo largo del valle del río Upín, la Sala concuerda con las conclusiones a las que arribó el Tribunal y que lo llevaron a negar la prosperidad de las pretensiones de la demanda. (…) Así, de la valoración conjunta de la experticia y las pruebas aportadas, no se puede arribar a las conclusiones pretendidas por el demandante y, por lo tanto, el razonamiento del apelante carece de sustento probatorio suficiente. Al contrario, del acervo probatorio analizado se colige que, al momento de presentar su propuesta, el concesionario conocía, o debía conocer, los fenómenos de hundimientos del terreno, en tanto que los documentos puestos a su disposición en la etapa licitatoria así lo advertían y porque el método de extracción implicaba, en sí mismo, la posibilidad de hundimiento. De modo que para la Sala resulta evidente que el informe IFI del 2007 no era el único medio para conocer tal información. (…) Del mismo modo, tanto por la explotación objeto del contrato de concesión, como por las demás obligaciones a cargo del concesionario, es claro que el fenómeno de hundimiento del área fue o debió ser conocido por el concesionario. Concretamente, la Sala se remite a la cláusula séptima del contrato, de la cual se derivan las obligaciones, para el concesionario, de “tomar todas las medidas necesarias para lograr el adecuado funcionamiento del centro de producción” y de desarrollar las gestiones necesarias para la “estabilidad de las estructuras: monitoreo y control de subsidencia, convergencias y grietas”, dentro del primer año de ejecución. En ese sentido, además, corría por cuenta del concesionario llevar a cabo las actividades que, de acuerdo con el conocimiento que debía tener sobre el estado de las subsidencias, supusieran garantizar las condiciones de explotación del área concesionada. OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA / ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA / DEBER DE DILIGENCIA / OFERTA / MARGEN DE RENTABILIDAD EN ACTIVIDAD ECONÓMICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / PERITAJE / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿La eventual insuficiencia de la información suministrada por la administración en la etapa precontractual genera responsabilidad estatal por los perjuicios financieros alegados por el concesionario? Respuesta al problema jurídico: No De acuerdo con lo anterior, una vez valorados el informe presentado por Equity, el pliego de condiciones, el peritaje financiero, el informe financiero rendido por el MME y las respuestas del perito, esta Sala concluye que, si bien la falta de inclusión de información por parte de la Administración Pública no escapa de reproche, a pesar de las observaciones cualitativas que se puedan formular respecto de los detalles de la información que sí fue suministrada en el proceso de licitación, los elementos contenidos en ella —el precio promedio de la sal, la estimación futura de la producción con base en los datos disponibles, la proyección del precio y la utilidad esperada, incluyendo una previsión de la inflación—, así como las eventuales carencias, resultaban suficientes para que el oferente elaborara sus propios cálculos de utilidad, previsiones financieras, análisis de riesgos y demás consideraciones necesarias para decidir sobre la conveniencia del negocio, así como para estructurar y presentar su oferta. (…) En ese sentido, se observa que el proponente, y luego concesionario, contaba con la carga de diligencia de llevar a cabo las valoraciones financiera y de riesgos con la información provista por la administración, con el informe de la consultora Equity, con la información presentada por el concesionario anterior (teniendo en cuenta que era “un negocio en marcha”) y con la información histórica de producción, entre otros datos disponibles en ese momento, para concluir si el negocio le resultaba rentable o provechoso, si presentaría una oferta y si asumiría los riesgos propios de la actividad minera. Por tal razón, no resultan de recibo las alegaciones del actor referidas a que las eventuales carencias en la información suministrada en la etapa precontractual le causaron perjuicios financieros que no pudo prever por no contar con información suficiente y que sería atribuible un incumplimiento contractual a la demanda por estos aspectos. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CASO FORTUITO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DERRUMBE / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ÁREAS DE RESERVA MINERA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PERITAJE / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se configuró una afectación al equilibrio económico del contrato imputable a la administración, derivada de las condiciones iniciales del negocio o de la información suministrada? Respuesta al problema jurídico: No (…) [N]o existe, dentro de las pruebas aportadas al plenario, evidencia alguna que permita advertir que el concesionario, desde el inicio del contrato y hasta el colapso del pozo 4, lapso dentro del que se explotó el área objeto de concesión, hubiese manifestado pérdidas o quebrantos que permitieran advertir afectaciones al equilibrio económico del contrato o que permitieran anticipar la frustración en las finalidades del negocio. No obstante, resulta evidente que el escenario financiero fue distinto desde la ocurrencia del derrumbe del pozo 4 en agosto del 2012, pues, tal evento fortuito, sí afectó sustancialmente la estabilidad financiera del contrato, (…). Ahora bien, respecto de las discrepancias entre las reservas de sal proyectadas y las efectivamente accesibles al concesionario, no se acreditó que las diferencias entre las cantidades indicadas en los estudios previos y las estimaciones de reservas probables elaboradas por el peritaje técnico aportado por la parte demandante implicaran una modificación en las condiciones financieras del contrato. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / LEY 658 DE 2001 / OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es imputable a la administración la responsabilidad contractual por la supuesta insuficiencia de información y por el colapso del pozo, que habría afectado la viabilidad del contrato de concesión minera? Respuesta al problema jurídico: No Asimismo, no debe olvidarse que el artículo 56 de la Ley 685 del 2001, Código de Minas, establece que la administración no será responsable por la discrepancia entre la cantidad proyectada de minerales a explotar y la cantidad de minerales efectivamente encontrada. (…) [D]entro de la información puesta a disposición en la etapa precontractual, la Sala encontró la existencia de documentos técnicos con los datos históricos de producción de sal, antecedentes de los años previos, y estimaciones probables sobre el volumen de sal probable del área de Upín, todo lo cual evidencia la existencia de información relevante y suficiente para que el proponente valorara los márgenes de producción, de utilidad y los riesgos respecto de las reservas probables del mineral. (…) En conclusión, del análisis del material probatorio se puede colegir que, antes del colapso del pozo 4, el concesionario contó con información suficiente y relevante para considerar la viabilidad financiera y técnica sin que la información puesta a consideración lo indujera en error para efectos de sus valoraciones como experto. Tampoco resulta evidente la inviabilidad del proyecto en los términos planteados por el impugnante, razón por la cual no puede despacharse como favorable la pretensión tercera subsidiaria. En el mismo sentido, no se halla en el expediente prueba alguna que permita imputar a los demandados el colapso del pozo 4, o que, por acto u omisión suyos, coetáneos a la ejecución contractual, se haya hecho inviable financieramente la explotación minera. Por ello, no puede considerarse que haya existido incumplimiento contractual atribuible a la administración y, por lo mismo, no concurren los elementos necesarios para declarar de la responsabilidad contractual de los demandados. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 56 OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / DESVIACIÓN DE PODER / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / DEBER DE DILIGENCIA / BUENA FE / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LICITACIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN Problema jurídico: ¿Configura la omisión de un documento técnico en la etapa precontractual una causal de nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, especialmente cuando no se demuestra desviación de poder ni afectación determinante en la formación de la voluntad del proponente? Respuesta al problema jurídico: No (…) [L]a Sala concluye que no se configuran las nulidades por objeto ilícito ni por causa ilícita pretendidas por el actor, (…). En primer lugar, no se demostró la ocurrencia de desviación de poder, ni que la falta de inclusión del referido documento tuviese la entidad suficiente para impedir que el concesionario conociera el estado técnico y financiero del área minera a conceder, o del negocio minero en marcha que le fue entregado, por lo cual no se puede concluir que la omisión de tal documento en la etapa precontractual hubiese modificado las condiciones de la oferta presentada o la decisión misma de presentar una oferta. En segundo lugar, no se demostró que la ausencia de inclusión del documento comentado haya constituido una absoluta violación al deber de planeación, pues si bien es reprochable la falta de inclusión de toda la información en el proceso licitatorio, no es menos cierto que la información contenida en tal archivo no resultaba determinante para la decisión del aspirante a concesionario, que en la etapa precontractual hubo otros medios para conocer la información contenida en tal archivo y que sobre el actor pesaba también la carga de diligencia, de informarse de manera suficiente y solicitar adiciones o aclaraciones en la información presentada por la administración. En ese sentido, no se demostró que el actor hubiese hecho solicitud alguna en la etapa precontractual, ni que, ya en la etapa contractual, haya puesto de presente, o haya hecho esfuerzos por verificar o remediar, falencia alguna en el estado técnico del pozo 4 o de la marcha del negocio, antes de la ocurrencia del colapso del pozo 4 en agosto del 2012, lo cual también pone de presente las faltas del actor respecto del deber de planeación y de las cargas derivadas del principio de buena fe. En todo caso, como se anticipó, la afrenta al deber de planeación no es causal de nulidad absoluta del contrato al no haber sido consagrada como tal por el legislador. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / DERECHO DE PETICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Es el silencio administrativo positivo requiere de una previsión legal expresa y el cumplimiento de requisitos taxativos para su configuración? Respuesta al problema jurídico: No El silencio administrativo es una institución del procedimiento administrativo fundada en la garantía del derecho fundamental de petición (artículo 23 C. P.) y, en consecuencia, pretende salvaguardo de la relación, generalmente asimétrica, que existe entre la administración y los administrados. En esencia, con este instituto se asigna una consecuencia jurídica a la inactividad o morosidad del Estado y con ello, se procura una definición a las situaciones jurídicas particulares. Se trata, por lo mismo, de un mecanismo que pretende ofrecer seguridad jurídica a las relaciones de la administración pública, pues impide su indefinición en el tiempo. Esta figura administrativa impone una ficción legal definitoria de situaciones jurídicas ante la omisión del Estado en atender su resolución oportuna. En estas condiciones el ordenamiento jurídico, ante el transcurso de un plazo, sin que la administración resuelva una petición ante ella formulada, entiende que se ha negado o accedido a la petición, según el caso. Existen, por lo mismo, dos clases de silencio administrativo: el negativo y el positivo. En el primero, se asume que el Estado ha negado la petición y en el otro que la ha admitido. El silencio administrativo positivo solo opera de manera excepcional, pues requiere de previsión legal específica (CPACA, artículo 84) y “[s]u finalidad es agilizar la actividad administrativa bajo criterios de celeridad y eficiencia. Constituye no sólo una garantía para los particulares, sino una verdadera sanción para la administración morosa”. Para la configuración del silencio administrativo positivo se requiere, entonces, (i) que el ordenamiento jurídico haya establecido expresamente un término perentorio dentro del cual la autoridad administrativa debe emitir una decisión respecto de la petición o recurso interpuesto; (ii) que la disposición normativa prevea de manera explícita que la inobservancia de dicho término conlleva la configuración de un acto administrativo ficto, favorable a lo solicitado; y (iii) que la autoridad competente, al estar obligada a resolver, haya omitido pronunciarse dentro del plazo legalmente previsto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el silencio administrativo positivo como sanción para la administración morosa, ver: Corte Constitucional, sentencia C-328 del 27 de noviembre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 23, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / AUTORIDAD MINERA / TÉRMINO PERENTORIO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se configura el silencio administrativo positivo a favor del concesionario minero cuando la autoridad competente omite pronunciarse sobre su renuncia unilateral al contrato dentro del término legal de treinta (30) días? Respuesta al problema jurídico: Si De la disposición transcrita [artículo 108 de la Ley 685 de 2001] se resalta la consagración expresa del silencio administrativo positivo, cuya operatividad se supedita al cumplimiento de dos condiciones concurrentes: (i) la presentación por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y (ii) la omisión de la autoridad minera en emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación. La inobservancia de este plazo legal para atender la manifestación del concesionario genera, por ministerio de la ley, la configuración de un acto administrativo ficto presunto, favorable a lo solicitado, con los efectos jurídicos propios de la aceptación de la renuncia. Se trata, como se indicó previamente, de una sanción a la omisión de los deberes funcionales de la autoridad minera con consecuencias relevantes en relación con el contrato de concesión, pues determina su finalización y evita una indefinición de los derechos del concesionario. Ante la falta de regulación de un procedimiento para la efectividad del acto ficto producto de la omisión de la autoridad minera, serán aplicables las normas del procedimiento administrativo general previsto en el CPACA (artículos 83 y siguientes123) y en cuanto a su efectividad, el artículo 87.5 ibídem dispone que el acto quedará en firme “[d]esde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 87 NUMERAL 5, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 108 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / AUTORIDAD MINERA / PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR Problema jurídico: ¿La configuración del silencio administrativo positivo en materia minera exige que el concesionario se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones al momento de solicitar la renuncia? Respuesta al problema jurídico: No La Sala considera que, en materia minera, la procedencia del silencio administrativo positivo no tiene como requisito la demostración, por parte del concesionario, de encontrarse a paz y salvo con las obligaciones exigibles al tiempo de solicitar la renuncia, (…). En primer lugar, (…) el artículo 108 de la Ley 685 de 2001 solo dispone para la configuración del silencio administrativo que se haya presentado la petición y que no haya sido resuelta dentro de los treinta (30) días siguientes. La norma no establece como condición para la configuración del silencio administrativo que el concesionario se encuentre a paz y salvo. Esta exigencia se impone, únicamente, para efectos de la solicitud de renuncia, en el sentido de que el interesado debe aportar las pruebas que le permitan a la autoridad minera verificar su situación y, fundada en tal evidencia, tomar una decisión sobre el particular. Por lo mismo, la obligación de acreditar un paz y salvo no constituye un presupuesto para la configuración del silencio administrativo positivo, sino un requisito probatorio vinculado al análisis de la renuncia que debe adelantar la administración. Permitir que luego de transcurrido el plazo de treinta (30) días la autoridad minera pueda expedir un acto administrativo negando la solicitud de renuncia, por encontrar que el concesionario no se encontraba a paz y salvo, implicaría una interpretación que desnaturaliza los efectos del silencio administrativo positivo. Ello, porque si la administración conserva la facultad de expedir un acto posterior negando la renuncia, el silencio administrativo no habría producido efecto alguno. Así, por lo tanto, si la administración encuentra que el concesionario no se encontraba al día en sus obligaciones luego de producido el acto ficto, tendrá la carga de demandarlo conforme a lo previsto en el CPACA, en especial el artículo 97, relativo a los actos administrativos de carácter particular y concreto. Con este entendimiento la Sala acoge el criterio hermenéutico del efecto útil de la norma, privilegiando la interpretación que otorga plenos efectos a la disposición y no aquella que los restringe, en detrimento de los derechos e intereses de los administrados. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la no exigibilidad de la demostración el concesionario de encontrarse a paz y salvo con las obligaciones exigibles al tiempo de solicitar la renuncia, la sala no pierde de vista la posición contraria, contenida en la sentencia de Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2024, C. P. María Adriana Marín, rad. 05001-23-33-000-2016-00553 (66241). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 97, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 108 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATACIÓN ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es aplicable el régimen de silencio administrativo previsto en la Ley 80 de 1993 a los contratos de concesión minera regulados por la Ley 685 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No (…) [P]ara la procedencia del silencio administrativo previsto en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001 no resulta necesario acudir a la jurisprudencia de la Corporación sobre el silencio administrativo en materia de contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993, pues el silencio administrativo regulado en el artículo 25 de dicho cuerpo normativo goza de un marco de acción específico y cuenta con unas condiciones de procedencia también determinadas. Además, la Sala observa que en el ámbito minero existe una disposición especial de aplicación preferente —artículo 108 del Código de Minas—. Por otra parte, el artículo 53 de la Ley 685 de 20011 dispone que las normas de esta ley se aplican de manera prevalente respecto de las contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en asuntos relativos a la suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación de la concesión minera, por lo que resultaría impertinente la aplicación de las reglas del silencio administrativo previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 a asuntos como los que son objeto del presente litigio. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 108, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 53 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD Problema jurídico: ¿Los actos administrativos expedidos por la autoridad minera con posterioridad a la configuración del silencio administrativo positivo son nulos por falta de competencia? Respuesta al problema jurídico: No De las pruebas aportadas al proceso, la Sala advierte que el 17 de marzo de 2016 la demandante presentó ante la ANM renuncia al contrato con base en el artículo 108 del Código de Minas, (…) Ante el silencio de la ANM dentro de los 30 días que impone la ley para el pronunciamiento respecto de la renuncia, el concesionario protocolizó el silencio administrativo mediante escritura pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 de CPACA. Respecto de la renuncia, la ANM se pronunció hasta el 12 de julio de 2017, más de un año después de haber operado el silencio administrativo positivo, mediante la resolución demandada en el presente proceso, a pesar la existencia del acto ficto que surgió a la vida jurídica producto de su omisión. Lo antes advertido, permite concluir a la Sala que las resoluciones VSC 000731 de 12 de julio de 2017 y VSC 001138 del 1 de noviembre de 2017 expedidas por la ANM, en las cuales se adoptan decisiones sobre la renuncia al contrato de concesión y la terminación del contrato NOTA DE RELATORÍA: [Sobre la nulidad de actos administrativos por falta de competencia al momento de su expedición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 1999, exp. 10196, C. P. Ricardo Hoyos; y, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 12 de julio del 2012, exp. 850012331000199500174 01 (15024), C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 73001-23-31-000-2011-00512-01. C. P. Alberto Yepes Barreiro.] [Sobre la competencia como elemento de validez de los actos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 22 de julio de 2021, C. P. William Hernández Gómez, rad. 23001-23-33-000-2013-00163-02(478918)]. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / ÁREAS DE RESERVA MINERA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La terminación del contrato de concesión minera por silencio administrativo positivo exonera al concesionario del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la restitución del área? Respuesta al problema jurídico: No (…) [L]as reglas derivadas de la disposición contractual (…) se orientan a que, entre el momento de la terminación del contrato por renuncia del concesionario y el momento de la restitución del área minera en concesión, el contratista siga desarrollando la explotación minera y cumpliendo con las obligaciones contractuales correspondientes, pues interesa a la administración que los recursos minerales concedidos sean aprovechados al máximo. Si bien en este caso el efecto de la renuncia se dio por virtud del silencio administrativo positivo contemplado en la ley, ello no le resta efecto y validez al contenido de la disposición contractual. Así, a pesar de la terminación del contrato, el concesionario debía cumplir con las obligaciones principales del contrato, esto es, el pago de las contraprestaciones económicas en favor de la administración, hasta el momento de la restitución del área en concesión al concedente o en el término máximo de un año, periodo en el cual la administración debía seleccionar otro concesionario o clausurar las actividades mineras. De acuerdo con lo anterior, debe precisarse que, si bien las obligaciones principales del contrato se hallaban suspendidas entre el 29 agosto de 2012 y el 28 de agosto de 2016, por virtud de lo previsto en la cláusula 19 antes referida y de la indubitada legalidad de la resolución ANM VSC 000190 del 29 de marzo de 2017, antes referida, tales obligaciones fueron nuevamente exigibles entre el 29 de agosto de 2016 y el 5 de mayo de 2017, fechas comprendidas entre el levantamiento de la suspensión de las obligaciones y el término de un año para la restitución del área minera a la administración. Vale aclarar que esta última fecha se toma ante la ausencia de otra prueba sobre la fecha cierta de restitución y ante los indicios probatorios de que la restitución se dio en un momento posterior, debido a la renuencia de la ANM en recibir. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / INTERVENTORÍA / GRADO DE BENEFICIO DE LA OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede la liquidación judicial del contrato de concesión minera con base en las pruebas obrantes en el expediente? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [E]n tanto que no obra prueba en el expediente acerca de otras sumas dinerarias pendientes por pagar, la Sala procederá a liquidar el contrato de conformidad con lo probado. Para ello, resulta útil tomar en cuenta los cálculos llevados a cabo en Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017, (…). Así, al verificar tales cálculos, se encontró que en ellos se contempla un saldo a favor del concesionario referido en el concepto técnico 003 del 07 de abril de 20171, el cual corresponde al pago anticipado e incausado de la obligación de pago fijo anual y al pago por obras en beneficio del municipio de Restrepo respecto del periodo de suspensión del contrato entre agosto del 2012 y enero del 2013. No obstante, se corrobora que en tales los cálculos se resta el valor adeudado en favor del concesionario sin llevar a cabo la actualización monetaria correspondiente, por lo cual la Sala llevará a cabo dicha corrección y, posteriormente, hará la compensación con las sumas monetarias que el concesionario adeuda a la ANM. (…) Advierte la sala que los cálculos respecto del pago fijo anual y el pago por obras en beneficio común del Municipio de Restrepo para la vigencia 2017 deben ajustarse hasta la fecha establecida contractualmente para el término máximo de la restitución del área minera a la ANM, es decir, el 5 de mayo del 2017, lo cual se hará con base en la información provista por los informes técnicos de interventoría, (…). [L]a liquidación final del contrato arroja un balance general en favor de la ANM. En ese sentido, el actor adeuda a la ANM, con valor actualizado a enero del 2026, la suma de $70.400.577,07 de pesos por concepto del pago fijo anual total y $23.561.897,21 de pesos por el pago por obras en beneficio común del Municipio de Restrepo. De modo que el total adeudado por el actor a la ANM es de $93.962.474,28. Finalmente, (…) la planta de evaporación que remplazó al horno 5, es un activo que debe revertirse al proyecto. Como consecuencia de ello, y de la liquidación aquí elaborada, que corresponde a todos los conceptos relacionados con el contrato, procederá la Sala a declarar el contrato HIQL-01-Upin liquidado en tales términos. CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia cuando el recurso de apelación prospera parcialmente? Respuesta al problema jurídico: No Debido a que el recurso de apelación prosperó parcialmente, al declararse la ocurrencia del silencio administrativo positivo que puso fin al contrato y al concederse la liquidación judicial del contrato, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA y en el 365 del CGP, no se condenará en costas de esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900589031100103