Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: tampoco puede admitirse que el hecho de que la ESP tenga una mayoría pública conlleve inexorablemente aplicar la Ley 80
Regla de decisión
La cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación no conlleva ceder actos administrativos.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista cesionario no adquiere la potestad de expedir actos administrativos contractuales por la mera cesión de la posición contractual en regímenes regidos por el derecho privado o normatividades especiales. En la aclaración de voto se destaca que dicha facultad no constituye un beneficio inherente al negocio jurídico cedible conforme al artículo 895 del Código de Comercio, sino que emana directamente de la ley y de autorizaciones de poder público conferidas en virtud de competencias legales específicas que no dependen de la autonomía de la voluntad privada ni de la simple transferencia negocial entre las partes.
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Problema jurídico
¿Es jurídicamente viable considerar que la cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación conlleva la cesión de la facultad de expedir actos administrativos contractuales?
Respuesta: No
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Lo que dijo la Sala
La sentencia sostiene que un “beneficio legal” inherente al contrato, y por lo tanto objeto de la cesión, es la posibilidad de expedir actos administrativos contractuales. Sin embargo, se desconoce que el artículo citado preceptúa que la cesión de posición contractual no conduce la cesión de los beneficios fundados en la calidad de los contratantes. En materia comercial, el entendimiento de los beneficios legales cedidos se refiere a las acciones legales que tiene el cesionario en relación con el estado del contrato.… La posibilidad de expedir actos administrativos en medio de una relación contractual como aquella bajo estudio, no tiene su fundamento en el contrato sino en la autorización del legislador, en tanto que se trata del ejercicio de un poder público que no depende del acuerdo de voluntades.
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Titulación de la relatoría 7.085 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente viable considerar que la cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación conlleva la cesión de la facultad de expedir actos administrativos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a sentencia sostiene que un “beneficio legal” inherente al contrato, y por lo tanto objeto de la cesión, es la posibilidad de expedir actos administrativos contractuales. Sin embargo, se desconoce que el artículo citado preceptúa que la cesión de posición contractual no conduce la cesión de los beneficios fundados en la calidad de los contratantes. En materia comercial, el entendimiento de los beneficios legales cedidos se refiere a las acciones legales que tiene el cesionario en relación con el estado del contrato. (…) [L]a posibilidad de expedir actos administrativos en medio de una relación contractual como aquella bajo estudio, no tiene su fundamento en el contrato sino en la autorización del legislador, en tanto que se trata del ejercicio de un poder público que no depende del acuerdo de voluntades. Es, entonces, una regulación que no tiene su fuente en el tratamiento que le da la ley al contratante en atención a su calidad, como lo prescribe el artículo 895 del Código de Comercio. En tal sentido, no comparto los argumentos complementarios utilizados en la sentencia para considerar que se cedió la posibilidad de expedir actos administrativos. (…) Si bien es innegable que las facultades excepcionales buscan garantizar el cumplimiento de fines públicos, ello no significa que puedan entenderse incluidas cuando el contrato estatal no se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, a menos que así lo establezcan las leyes especiales. Tampoco puede admitirse que el hecho de que la ESP tenga una mayoría pública conlleve inexorablemente aplicar la Ley 80. Es cierto que esas empresas de servicios públicos con participación estatal superior al cincuenta por ciento (50%) son entidades estatales en los términos del artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, esa postura desconoce todo el desarrollo jurisprudencial de contratos estatales exceptuados del Estatuto General de la Contratación y, especialmente, lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 142 que establece expresamente cuándo se aplican las cláusulas excepcionales. Tampoco estoy de acuerdo con el argumento consistente en que se pueden expedir actos administrativos porque el contrato implica ejecución de recursos públicos. Al igual que lo anterior, esta postura desconocería los regímenes exceptuados en contratación estatal e ignoraría que el criterio de aplicación de la Ley 80 de 1993 no es la presencia de recursos públicos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 895, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
ACLARACIÓN DE VOTO / ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA CESIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DELEGACIÓN DE FUNCIONES
Problema jurídico:
¿La cesión del contrato es procedente por cuanto es producto de una delegación de funciones entre entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]uando el contrato sea celebrado por una empresa de servicios públicos, por regla general, no se aplica la normativa de Ley 80. (…) [L]a redacción original del artículo 31 de la Ley 142 fue modificada por la Ley 689 de 2001. Esta norma buscó superar problemas que se presentaron en vigencia del texto original, el cual indicaba que los “contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente Ley” (destacado fuera de texto). En ese sentido, en vigencia de la redacción original se discutía cuáles contratos tenían por objeto la prestación efectiva de servicios públicos y cuáles no, lo cual generaba complejos problemas prácticos ante las dudas interpretativas causadas por la identificación del régimen contractual aplicable. Adoptar la postura de acuerdo con la cual es necesario estudiar cuándo una empresa de servicios públicos domiciliarios sí presta efectivamente dichos servicios públicos y cuándo no lo hace, significaría revivir en la práctica el criterio derogado por la Ley 689 de 2001. En efecto, en el caso concreto implicaría estudiar el objeto contractual y deducir que no era la prestación de un servicio público domiciliario, sino “una mera ejecutora de recursos del Departamento de Cundinamarca”. (…) [C]omparto que el asunto sometido a consideración debe aplicarse el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública porque la cesión del contrato fue producto de la delegación de funciones realizada por el Departamento en la ESP, con base en un motivo diferente al expuesto por parte de la mayoría de la Sala. (…) [L]a cesión del contrato se realizó en el marco de un convenio interadministrativo previo. De acuerdo con sus consideraciones, se celebró con base en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, referente a la delegación de funciones entre entidades públicas. (…) [E]l régimen de los actos del delegatario es el igual a los de la entidad delegante. En el presente caso, como la cesión era producto de una delegación de funciones entre entidades públicas, el régimen de los actos expedidos por la ESP era el mismo que el Departamento, esto es, la Ley 80 de 1993. En conclusión, no estoy de acuerdo con que se haya señalado que la cesión de la posición contractual apareja la posibilidad de expedir actos administrativos en virtud del artículo 895 del Código de Comercio, ni que la aplicación del régimen de la Ley 142 de 1994 exija analizar si en un contrato una empresa de servicios públicos domiciliarios presta efectivamente dichos servicios públicos. No obstante acompaño la sentencia por la única y exclusiva razón de que la cesión tiene origen en una delegación de funciones públicas entre entidades, la cual no fue mencionada o estudiada en la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico de contratos celebrados por empresas de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de agosto de 2025, rad. 68815, C. P. Fredy Ibarra Martínez y sentencia del 9 de mayo de 2024, rad. 53962, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 410 DE 1971 - ARTÍCULO 895, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 689 DE 2001, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1