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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia

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Fecha
2025-03-07
Radicado
23001233300020150008901
Número interno
66556
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
GUSTAVO TAFUR MARQUEZ
Demandado
MUNICIPIO DE DE AYAPEL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia

Regla de decisión

Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, en virtud de su competencia funcional y conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de litigios originados en la actividad de las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Además, el Consejo de Estado considera que existe renuncia al pacto arbitral cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra omite proponer la excepción de cláusula compromisoria, en virtud del artículo 21 del Código de Arbitraje. Asimismo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante la conciliación previa, y la acción judicial contra un contrato estatal sometido a liquidación es válida si se presenta dentro del plazo de dos años desde la fecha límite para la liquidación unilateral, conforme al artículo 164 del CPACA. Finalmente, el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando su objeto es ilícito y contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 157

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el municipio de Ayapel (Córdoba).… También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA FUNCIONAL RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ENTIDAD PÚBLICA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PACTO ARBITRAL CLÁUSULA COMPROMISORIA RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA CONTRATO ESTATAL EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CONCILIACIÓN PREJUDICIAL SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN NULIDAD ABSOLUTA OBJETO ILÍCITO ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTROL DE LEGALIDAD ACTO DE APODERAMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONTRATO DE MANDATO CONTRATO DE TRABAJO ACTO JURÍDICO UNILATERAL REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL RELACIÓN CONTRACTUAL REVOCACIÓN DEL PODER DEL MANDANTE ACTIO IN REM VERSO ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CONTADOR PÚBLICO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL OBJETO DEL CONTRATO FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL PASIVO PENSIONAL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD TERRITORIAL NORMA IMPERATIVA REGALÍAS DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CONCEJO MUNICIPAL CAUSA ILÍCITA INTERÉS PÚBLICO REPETICIÓN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTRATISTA NULIDAD DEL CONTRATO TÉRMINO DEL CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ALCALDE MUNICIPAL FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CONDENA EN COSTAS DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad Prestaciones ejecutadas sin contrato Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 33.874 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MUNICIPIO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el municipio de Ayapel (Córdoba). (…) También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157 PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA Problema jurídico: ¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite proponer la excepción de cláusula compromisoria? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien en la cláusula décima del contrato objeto de la controversia se previó un pacto arbitral, se entiende renunciado por las partes, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, porque el señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUÉZ presentó demanda ante esta jurisdicción y el MUNICIPIO DE AYAPEL no formuló la excepción de cláusula compromisoria. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 21 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato, (…). De conformidad con los hechos de la demanda y pruebas allegadas se verifica que el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes de la litis requiere de liquidación porque expresamente lo estipularon las partes, (…). las partes establecieron un plazo de 4 meses para realizar la liquidación bilateral. Además, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo y pactarse la liquidación, la misma se rige por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme a los cuales el contrato debía ser liquidado de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación y, si ello no era posible, de manera unilateral por la entidad, lo cual debía llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral. (…) el contrato se suscribió el 12 de julio de 2012 y sobre su duración dispuso “El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la firma y dos (2) meses más”, esto significa que se extendió hasta el 12 de septiembre de 2012. Por tanto, el término para la liquidación bilateral previsto por las partes empezó a contar desde el día siguiente hasta el 13 de enero de 2013, por lo cual el término para la liquidación unilateral se extendió hasta el 14 de marzo de 2013 y a partir del 15 de marzo de 2013 empezó a correr el término de caducidad, el cual finalizaba el día 15 de marzo de 2015. (…) El día 21 de enero de 2015, (…) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos, fecha en la que operó la suspensión del término de caducidad, el cual se reanudó el día 10 de marzo de 2015, por expedirse constancia de audiencia fallida (…). [E]l término para demandar se extendió desde el 11 de marzo de 2015 hasta el 4 de mayo del mismo año, fecha en la cual finalizaron los dos años para demandar. En atención a que la demanda se interpuso el día 18 de marzo de 2015, se concluye que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal, (…). FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD Problema jurídico: ¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 80 de 1993 establece la regulación de la nulidad absoluta del contrato estatal en los artículos 44 y siguientes, precisando como causales “los casos previstos en el derecho común” y causales adicionales, dentro de las cuales se encuentran los contratos cuando “Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;”- núm. 2-. Además, el artículo 45 expresamente señaló que dicha nulidad “no es susceptible de saneamiento por ratificación”. Es el derecho común el que precisa el alcance de la causal de objeto ilícito.[E]l objeto contractual corresponde a un elemento de la esencia del contrato estatal que debe interpretarse conforme a lo prescrito en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. [L]as normas imperativas son las que se imponen sin posibilidad de pacto o decisión en contra, pues sus efectos deben producirse con independencia del querer de las personas. Estas pueden prohibir, mandar u ordenar; por tanto, se transgrede el ordenamiento jurídico cuando se viola la prohibición, no se observa o desatiende el mandato o disposición normativa conduciendo a la configuración de un objeto ilícito y, por tanto, a un supuesto de nulidad absoluta. El legislador, en el artículo 1742 del Código Civil, estableció la obligación del juez de declarar aún de oficio la nulidad absoluta del contrato cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato , disposición que se reafirma en los contratos estatales en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, (…) Esta facultad oficiosa del juez se establece como una obligación que responde a la necesidad de dotar al juez de la indispensable competencia para controlar la validez del negocio jurídico que le es presentado en el proceso como origen de las pretensiones contenidas en la demanda,(…). [D]e modo que, si el juez advierte la presencia de vicios que lo invalidan, mal puede resolver sobre la procedencia de las pretensiones sin pronunciarse sobre la nulidad absoluta que surge en relación con el acto o contrato que le sirve de fundamento. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 CONTRATO ESTATAL / ACTO DE APODERAMIENTO / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / CONTRATO DE MANDATO / CONTRATO DE TRABAJO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / REVOCACIÓN DEL PODER DEL MANDANTE / ACTIO IN REM VERSO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Problema jurídico: ¿Puede calificarse el poder otorgado para la representación judicial como un contrato estatal generador de derechos y obligaciones contractuales entre el poderdante y el apoderado? Respuesta al problema jurídico: No El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en el artículo 39 prescribe como imperativo del contrato estatal que este conste por escrito, y a continuación el artículo 41 estipula que (…) El acto de apoderamiento por su naturaleza unilateral no puede considerarse un contrato estatal, ya que no existe pacto sobre la contraprestación. Por tanto, las relaciones entre poderdante y apoderado se rigen por el contrato que suscriban para regir la gestión encomendada -contrato laboral, contrato de mandato, de prestación de servicios- o, por el vínculo legal o reglamentario que exista entre las partes. (…) La jurisprudencia es clara al diferenciar el poder de los vínculos negociales o contratos que pueden regir las relaciones derivadas del acto de apoderamiento, indicando que los poderes no son considerados contratos estatales, pero pueden concurrir con contratos estatales orientados a regir las relaciones de poderdante y apoderado. (…) [L]a Corte Constitucionalidad en la Sentencia C-1178 de 2001 abordó la constitucionalidad del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, que prescribía la terminación del poder, y declaró su exequibilidad. En este fallo se reafirma que los poderes para representación judicial no son en sí mismos contratos sino actos jurídicos unilaterales; además, precisó que las relaciones entre el poderdante y apoderado se rigen por el contrato de gestión que puede ser de mandato u otro tipo contractual o convencional, (…) La Corte Constitucional al diferenciar el acto de apoderamiento y el contrato de mandato, resalta el carácter unilateral del primero y la bilateralidad del segundo, destacando la independencia del acto de apoderamiento. En esta providencia, también precisó que si bien el poder podía terminar por renuncia o revocación eran dos situaciones diferentes para resaltar que la revocatoria no requería justificación, aún cuando las relaciones entre las partes y sus derechos se regían por el contrato de gestión. [E]s uniforme la posición de la Corporación al negar las pretensiones de demandas orientadas a declarar la existencia de un contrato estatal por la suscripción de un poder, reafirmando que conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 no se cumplen los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal. Esta Corporación ha precisado que el poder puede concurrir con un vínculo contractual encargado de regular las relaciones internas de las partes, (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de los poderes para representación judicial como actos jurídicos unilaterales, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-1178 de 2001, expediente D-3521, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis. Respecto a los contratos estatales orientados a regir las relaciones de poderdante y apoderado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 21.130; Sección Tercera, Sentencia del 1 de agosto de 2016, exp.34.562; sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 36.943; Sección Tercera, Sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 42.677. Sobre la negación de las pretensiones de la demanda frente al incumplimiento en los contratos derivados de la representación judicial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 21.130; Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 36.943. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 69, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CONTADOR PÚBLICO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ACTO DE APODERAMIENTO Problema jurídico: ¿Resulta jurídicamente viable atribuirle una naturaleza distinta al contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, cuando del análisis integral de su contenido y de la intención manifestada por los contratantes se deriva su tipología contractual? Respuesta al problema jurídico: No [E]l efecto jurídico del poder correspondiente a las relaciones entre las partes (términos de la gestión, obligaciones, honorarios, plazos y demás) se lo dan las partes en el contrato de gestión, en el sub judice, en el contrato de prestación de servicios. En el caso concreto, el 12 de julio de 2012, el MUNICIPIO DE AYAPEL y (…) suscribieron el contrato que denominaron desde el encabezado como “prestación de servicios profesionales”, tipología que se reitera tras referenciar las partes del contrato e iniciar con las consideraciones: (…) En el proceso también se acredita que el alcalde de Ayapel otorgó poder para que el demandante realizará las gestiones correspondientes al contrato de prestación de servicios , dicho poder suscrito en forma previa al contrato -9 de julio de 2012- se otorgó al contratista como profesional en contaduría pública para adelantar actuaciones administrativas, lo cual lo diferencia del poder contentivo otorgado a profesionales del derecho para adelantar gestiones judiciales, el cual se rige por la normativa procesal. Atendiendo a que el poder no constituye un contrato estatal ni mandato de representación judicial, es claro, que las relaciones entre poderdante y apoderado se rige por el contrato de gestión suscrito entre las partes, el cual se materializó en el sub judice mediante el contrato de prestación de servicios. En efecto, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad decidieron celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, y conforme a su intención (art. 1618 del Código Civil), que aparece claramente exteriorizada, a la interpretación armónica de las obligaciones pactadas (art. 1622 del C.C.), y a la naturaleza misma del negocio jurídico (art. 1621 del C.C.), se trata de un contrato de prestación de servicios. En consecuencia, quedan desvirtuados los argumentos de la parte demandante que en el marco del recurso de apelación pretendió atribuirle una naturaleza jurídica diferente al vínculo contractual, ya que se acredita expresamente la tipología contractual del negocio suscrito por las partes. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / PASIVO PENSIONAL / OBJETO ILÍCITO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Configura un objeto ilícito, en el marco de un contrato de prestación de servicios, la asignación a un particular de la gestión relacionada con el retiro de excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, el contrato de prestación de servicios tiene por objeto “verificar el cubrimiento del pasivo pensional y la recuperación de excedentes del pasivo cubierto del Municipio de Ayapel Departamento de Córdoba, con el FONPET Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Para la Sala es claro que la validez del objeto contractual se debe analizar en su integridad,(…) Si bien en el contrato se establecen obligaciones asociadas a gestionar la información para realizar la verificación del cubrimiento del pasivo no se puede interpretar esta obligación aislada de la causa y fin de la estipulación de las partes que se orienta a la recuperación - retiro como más adelante se precisará- del excedente de los recursos previstos como reservas en el FONPET para el pago del pasivo pensional. (…) en ningún apartado del contrato se referencian obligaciones de asesoría, tampoco que sea el ente territorial quien finalmente solicite en forma directa el retiro de excedentes. (…) las entidades territoriales no pierden los recursos que se le generan como excedentes en el FONPET, ni entran a una bolsa común, por lo que mal podría considerarse conforme al objeto contractual que es necesario recuperar lo que no se ha perdido, o, que es necesario recuperar los recursos que con certeza le pertenecen al ente territorial, al estar separados en una cuenta específica del FONPET para la entidad - Art. 7. Ley 549 de 1999-. (…) si bien estas razones podrían conducir a la aplicación de un objeto inexistente, al tener como presupuesto la pérdida o incertidumbre de recursos para la entidad, es pertinente aplicar el artículo 1620 del Código Civil que establece que “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”; en consecuencia, debe entenderse que el objeto contractual consistió en solicitar el retiro de los excedentes en el FONPET, función que es privativa del ente territorial por las razones previamente expuestas, por tanto, no es una función susceptible de delegación o atribución a los particulares mediante un vínculo contractual, razón suficiente para acreditar un objeto ilícito del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites negativos a las funciones administrativas que se pueden atribuir a los particulares, ver: Corte Constitucional, sentencia C-866 de 1999, exp D-2369, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. FUENTE FORMAL: LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 7, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620 OBJETO ILÍCITO / REPRESENTANTE LEGAL / ENTIDAD TERRITORIAL / PASIVO PENSIONAL / CONTRATO ESTATAL / NORMA IMPERATIVA / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Problema jurídico: ¿Se configura un objeto ilícito en un contrato estatal cuando, a través de dicho vínculo, se transfiere a un tercero una función privativa e indelegable del ente territorial, como lo es la gestión del retiro de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l representante legal del ente territorial deberá acreditar las condiciones del artículo 4 del Decreto 2918 de 2010, que establece varias alternativas para solicitar recursos al FONPET y, por tanto, la asunción de diferentes compromisos frente al cubrimiento del pasivo pensional y destinación de los recursos previstos en las cuentas del fondo. Esta disposición a la vez remite a los artículos 2 y 3 del mismo Decreto, que exigen la acreditación anual de los requisitos con certificaciones suscritas por el representante entidad, con corte a diciembre 31 de cada año, y la presentación de las mismas dentro de los dos meses siguientes a esas fechas. La expedición de una Circular en diciembre de 2013 , con posterioridad a la suscripción del contrato, que establece que para la devolución de recursos del FONPET no se requiere de ningún tipo de intermediación tiene un carácter informativo e ilustrativo de las gestiones administrativas y reafirma las competencias del ente territorial, por lo que no es de recibo el argumento de la apelación, que señala que la prohibición de transferir este tipo de funciones surge con posterioridad al contrato, dado que el objeto ilícito no se configura por el desconocimiento de dicha circular sino por la infracción a normas imperativas previstas al momento de la suscripción del contrato en julio del 2012. (…) En efecto, el objeto ilícito se configura por transferir mediante un vínculo contractual una función privativa de la entidad pública en atención a su naturaleza -retiro de recursos de una cuenta y los compromisos sobre su gestión-, conforme a la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 1519 y 1523 del Código Civil que establecen como objeto ilícito todo lo que contraviene el derecho público de la nación, todo contrato prohibido por las leyes y el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (…). FUENTE FORMAL: DECRETO 2918 DE 2010 - ARTÍCULO 2, DECRETO 2918 DE 2010 - ARTÍCULO 3, DECRETO 2918 DE 2010 - ARTÍCULO 4, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1523 OBJETO ILÍCITO / NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO ESTATAL / REGALÍAS DIRECTAS / SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / CONCEJO MUNICIPAL / FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / PASIVO PENSIONAL Problema jurídico: ¿Constituye objeto ilícito y, por ende, causal de nulidad absoluta, el contrato estatal que compromete recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), provenientes de regalías y del Sistema General de Participaciones, sin observar las destinaciones específicas establecidas legalmente ni la competencia constitucional de los concejos municipales para su asignación presupuestal? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 549 de 1999 en el artículo 6 establece el retiro de los excedentes del FONPET cuando los pasivos de la entidad estén cubiertos, precisando que los recursos a devolver de no atender el pasivo pensional de la entidad podrán ser destinados a los fines que correspondan, de acuerdo con las leyes que regulan las fuentes de estos recursos. El artículo 2 de esta ley establece los recursos previstos para cubrir el pasivo pensional, incluyendo recursos de la Nación y los aportes obligatorios de los entes territoriales, (…) En el proceso se acreditó que el municipio de Ayapel tras realizar nuevas peticiones de retiro de los excedentes del pasivo cubierto, recibió la emisión de dos resoluciones (…) que establecieron el giro de los recursos a favor de la entidad de sumas que correspondían a la reserva pensional con fuentes en las regalías directas (…) [E]l contrato en la cláusula de valor o remuneración está comprometiendo recursos que, mientras estén en el FONPET, tienen una destinación puntual -la inversión social para cubrir el pasivo pensional- y, en caso de retirarse, su destinación corresponde a la fuente de origen, que tratándose de recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías y el Sistema General de Participaciones debe atender los porcentajes y finalidades específicas, previstas por el legislador, para lo cual los presupuestos de las entidades efectuarán las asignaciones correspondientes. Estas finalidades específicas se consagran en la ley -art. 15 de la Ley 141 de 1994, Ley 715 de 2001 y Ley 863 de 2003- y si bien existen algunos porcentajes que corresponde a propósitos generales o son de libre destinación, es claro que las partes del contrato no tienen la competencia para asumir la función de las corporaciones públicas y establecer en el contrato de la litis el compromiso, modificación del presupuesto y la destinación de los recursos, desconociendo las autoridades que conforme a la normativa constitucional son las encargadas de expedir los presupuestos y definir la destinación de los recursos de la entidad -arts. 311, 312 y 313, núm. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política- conforme a las exigencias previstas para el retiro de excedentes en el FONPET. Desde la Constitución Política, artículos 360 y 361, se prioriza la inversión como finalidades específicas para los recursos de regalías y la ley materializa la destinación de las asignaciones directas que reciben los municipios. Así, el artículo 15 de la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 1283 de 2009 establece la destinación específica del 100% de las regalías,(…) Esta misma disposición prescribe que los municipios que no alcancen las coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, “asignarán por lo menos” el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos priorizándolos sobre los demás, pero sin desvirtuar la destinación de los recursos para los demás fines expresamente señalados. Por otra parte, la Ley 715 de 2001 modificada por la Ley 1176 de 2007 conforma el Sistema General de Participaciones con cuatro participaciones -tres con destinaciones específicas- y establece la distribución sectorial de los recursos entre ellas, (…) el contrato en la cláusula tercera estableció como remuneración un valor indeterminado, precisando que el municipio de Ayapel cancelará al Contratista uno a uno los éxitos obtenidos en porcentaje equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el saldo a favor de la entidad, una vez se realice la devolución real y efectiva de cuentas de dichos dineros o saldos . Esta cláusula contractual constituye una destinación de los recursos cuyo retiro se estableció en el objeto contractual contraviniendo las disposiciones de la Ley 549 de 1999, las normas constitucionales y legales que prescriben destinaciones específicas para los recursos de la entidad territorial. [L]os recursos asociados a regalías directas y Sistema General de Participaciones tienen unas destinaciones específicas, e incluso los componentes de propósito general tienen unas prioridades asignadas legalmente, en la que prevalece la inversión, siendo competencia de los concejos municipales la aprobación de los presupuestos que materializan la destinación de estos recursos. Lo anterior impone el deber de confirmar la decisión del a quo que declaró de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, de acuerdo con el artículo 1519 del Código Civil y artículo 44 de la Ley 80 de 1993 . Esta declaratoria de nulidad impide a la Sala pronunciarse acerca de las pretensiones de incumplimiento elevadas por el actor, por derivarse de un negocio jurídico nulo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 311, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 312, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 360, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 361, LEY 1176 DE 2007, LEY 1283 DE 2009, LEY 141 DE 1994 - ARTÍCULO 15, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 2, LEY 549 DE 1999 - ARTÍCULO 6, LEY 715 DE 2001, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 863 DE 2003 NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / INTERÉS PÚBLICO / REPETICIÓN / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATISTA / NULIDAD DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Resulta procedente el reconocimiento económico de las prestaciones ejecutadas en desarrollo de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícita, cuando se acredite que dichas prestaciones beneficiaron a la entidad estatal mediante la satisfacción de un interés público? Respuesta al problema jurídico: Si La declaratoria de nulidad absoluta del contrato implica su desaparición del mundo jurídico, esto es, como si nunca hubieran existido y, por lo tanto, los efectos que ellos produjeron entre las partes deben retrotraerse al estado en que se hallaban antes del momento de su surgimiento o expedición. (…) El artículo 1746 del Código Civil establece el derecho que les asiste a las partes afectadas con la decisión de nulidad de un acto o contrato, de restituirse entre sí aquello recibido como prestación del contrato anulado o en su defecto, de repetir en otra, salvo que se trate de la prestación o ejecución de un contrato con objeto o causa ilícita a sabiendas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1525 del mismo cuerpo normativo. El artículo 48 de la Ley 80 de 1993, dispone el “reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido”, beneficio que se entenderá probado en la medida en que “las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”. Así las cosas, la declaración de nulidad no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, haciendo especial énfasis que en los casos de nulidad por objeto o causa ilícita sólo será procedente cuando se pruebe un beneficio para la entidad contratante. De modo que, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a algún reconocimiento o pago . Por lo tanto, sólo procede el reconocimiento a favor del contratista del negocio jurídico absolutamente nulo, cuando cobijen prestaciones que hayan representado beneficio para la Administración, consistiendo éste, únicamente, en la satisfacción de un interés público. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la procedencia del reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicación No. 88001233300020190002001 (66.102), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INTERÉS PÚBLICO / TÉRMINO DEL CONTRATO / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / REVOCACIÓN DEL PODER DEL MANDANTE / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCALDE MUNICIPAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es jurídicamente viable el reconocimiento de alguna prestación a favor del contratista cuando, en el marco de un contrato de prestación de servicios, no se acredita ni la ejecución de las actividades convenidas ni la satisfacción del interés público durante el plazo contractual? Respuesta al problema jurídico: No En esta controversia el contrato de prestación de servicios que conforme a la Ley 80 de 1993 es un vínculo temporal que se celebra por el tiempo estrictamente necesario, en el cual las partes expresamente estipularon una duración de dos meses. Ahora bien, dentro del objeto contractual se estableció la “verificación del cubrimiento del pasivo pensional y recuperación de excedentes…”, frente a la primera parte del enunciado esta Corporación destaca que no se indica en los hechos de la demanda ni se acredita en el proceso gestiones orientadas a verificar el cubrimiento pensional, e incluso conforme al acervo probatorio se acredita que está gestión no se realizó por el contratista sino directamente por el ente territorial en forma previa o concomitante al inicio del contrato, (…). [N]o se acredita prestación de servicios por el componente de “verificación del cubrimiento del pasivo pensional”. En relación con el segundo enunciado que se desprende del objeto contractual “recuperación de excedentes” (…) en el plenario acreditado que el día 7 de septiembre de 2012 se presentó petición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando devolución de excedentes del pasivo pensional36, sin que dentro del plazo contractual se estableciera ninguna respuesta contentiva de la devolución de recursos para la entidad. Se acredita que el contratista reiteró la petición al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tras finalizar el contrato suscrito con el municipio, el día 15 de febrero de 2013, con fundamento en la cual se le informó que la petición fue devuelta al ente territorial por revocación del poder. La única petición realizada dentro del plazo contractual corresponde a septiembre del 2012, la cual se efectuó con soporte en certificaciones emitidas por la entidad territorial el día 12 de julio de 2012 (el mismo día de inicio del contrato). No se acreditó ni referenció actuaciones o gestiones adicionales durante el plazo contractual. La actuación administrativa iniciada ante el Ministerio no terminó dentro del plazo contractual ni con la devolución de los recursos. En cambio, lo que se acredita es que con posterioridad al plazo contractual, el ente territorial solicitó la devolución-retiro de recursos (…) y fue sobre estas dos últimas actuaciones que el Ministerio de Hacienda emitió las resoluciones que efectivamente autorizaron el retiro de los excedentes en los años 2013 y 2014. [N]o obra prueba alguna de que las prestaciones que el actor adujo como cumplidas hubieran materializado el interés público a cargo de la entidad -la devolución de excedentes del FONPET en el plazo contractual, o, durante el año 2012-, lo cual se evidencia en que no se logró la finalidad del contrato y el interés público que se pretendía satisfacer. Lo que se prueba en el plenario es que el retiro de los excedentes en el FONPET se realizó por actuaciones diferentes a las del contratista, presentadas directamente por el alcalde municipal. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 48 CONDENA EN COSTAS / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas procesales cuando la nulidad absoluta de un contrato es declarada de oficio por el juez y dicha decisión no beneficia a ninguna de las partes intervinientes en el proceso? Respuesta al problema jurídico: No Según el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”. Como la nulidad del contrato de prestación de servicios fue declarada de oficio y las consecuencias de ello no favorecen a ninguna de las partes, no se condenará en costas. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000201500089011100103