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¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial…¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación?¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
47001233300020170046801 de 20252026-02-03Sección TerceraRad. 47001233300020170046801
Sobre la irretroactividad de la Ley y la estabilidad jurídica en materia contractual NULIDAD ABSOLUTA POR DELEGACIÓN INDEBIDA DE POTESTADES tributarias –Contrato estatal – Ley 1386 de 2010 – Objeto ilícito – Fiscalización tributaria – Jurisprudencia del Consejo de Estado – Ley 1386 de 2010 – Potestades públicas En los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público, restituciones que, no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas.
También resuelve:Controversias contractuales: Artículo 141 del CPACA, liquidación judicial del contrato estatal, partes del contrato estatalCaducidad del medio de control contractual: cómputo del término de caducidad, liquidación del contrato estatal, plazo de dos (2) años, inicio del término de caducidadIrretroactividad de la ley en materia contractual: Ley vigente al momento de celebración, régimen jurídico del contrato, estabilidad jurídica contractual
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 celebrado el 31 de diciembre de 2012 entre La Nación – Ministerio de Transporte y la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (hoy en liquidación judicial)? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de estabilidad jurídica con la entidad estatal si el contrato de inversión que lo fundamenta es nulo por causa ilícita, ya que la estabilidad jurídica se basa en la existencia y validez de un contrato previo de inversión. La Sala determinó que el contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 es nulo por tener causa ilícita, ya que el contrato de concesión No. 01 de 2010, que lo fundamenta, fue declarado nulo por fraude y corrupción. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad del contrato principal irradia sus efectos sobre el contrato de estabilidad jurídica, comprometiendo su validez y eficacia. Esto implica que cualquier contrato de estabilidad jurídica que se base en un contrato de inversión viciado por corrupción será nulo.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reliquidarse la prima de estabilidad jurídica, liquidarse judicialmente el referido contrato de estabilidad jurídica y acceder a las restituciones mutuas?¿La DIAN tiene legitimación en la causa por activa para solicitar pretensiones diferentes a la de nulidad del contrato?
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para promover un medio de control de controversias contractuales cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a su existencia como persona jurídica. La entidad estatal, en este caso el municipio, y los particulares que suscribieron el acto constitutivo de la sociedad de economía mixta, sí ostentan dicha legitimación. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones, siempre y cuando éstas excedan los 500 SMLMV. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en este tipo de casos, ampliando su alcance en controversias contractuales de mayor cuantía.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial derivado de la suscripción de un acto constitutivo…¿Carece de legitimación en la causa por activa una sociedad de economía mixta cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a…¿Es requisito esencial para la constitución válida de una sociedad de economía mixta en Colombia contar con una autorización legal o reglamentaria previa…
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el contrato no adolecía de nulidad absoluta y, en cualquier caso, el arrendatario debía recuperar lo pagado por concepto de cánones de arrendamiento o se debe confirmar dado que el contrato de arrendamiento no solo es nulo por recaer sobre bienes de uso público, sino también por transgredir, entre otras, las disposiciones que obligaban a instrumentalizar el negocio a través de una tipología contractual específica? No
El arrendamiento de un terreno de uso público, como los terrenos de bajamar y playas, adolece de objeto ilícito y es absolutamente nulo, pero que la nulidad no impide reconocer las prestaciones ejecutadas por las partes, de modo que los pagos que la entidad recibió deben reconocerse. Una razón es que las evidencias mostraron que el puerto maderero tiene una parte construida en terrenos de bajamar, y que no era posible identificar con precisión una franja del arrendatario ajena a los bienes de uso público, de modo que la nulidad por objeto ilícito se mantiene. Otra razón es que aunque el contrato es nulo, se acreditó que la entidad recibió los cánones pagados por el arrendatario sin entregarle el predio, por lo que esas prestaciones ejecutadas deben reconocerse. En el caso, la Sala modificó el fallo solo en el reconocimiento de esas prestaciones y confirmó lo demás. Su consecuencia práctica es que la nulidad de un contrato sobre bienes públicos no impide recuperar lo efectivamente pagado a la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿La nulidad absoluta del contrato puede ser declarada cuando aparezca plenamente demostrada, siempre que en el proceso de que se trate intervengan las partes contratantes o sus causahabientes…¿Es posible sostener que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes es válido por el hecho de que el inmueble fuera arrendado en anteriores oportunidades?¿Se deberán reconocer y pagar las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la declaratoria judicial de nulidad absoluta del contrato?
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
Tal y como lo advirtió la ANM en el recurso de apelación, la decisión de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de concesión es incongruente respecto de las pretensiones y hechos expuestos en la demanda. En efecto:… La comunidad indígena U’wa no pidió en la demanda garantizar su derecho constitucional fundamental a la consulta previa, como lo entendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar la realización de la misma. Mucho menos solicitó analizar la idoneidad del proceso de consulta previa adelantado por el titular minero ante el Ministerio del Interior.… En la demanda, la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión GKT-081 porque no le solicitaron autorización para realizar un proyecto minero en su territorio ni le permitieron participar en el proceso administrativo adelantado para firmar el contrato.
También resuelve:¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
¿Caducó la acción de nulidad y restablecimiento en contra de la decisión de declarar la imposibilidad de celebrar el contrato expedida por la Aerocivil, sin embargo, las acciones de nulidad absoluta del contrato y la de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la decisión de adjudicar el contrato a un tercero, se presentaron en tiempo? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de treinta días previsto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se cuenta a partir de la ejecutoria del acto. Cuando el acto que decide sobre la adjudicación de un contrato no es susceptible de recurso, la caducidad corre desde su ejecutoria, y cuando sí procede el recurso de reposición, el término se cuenta desde la firmeza del acto que resuelve el recurso. Esta regla exige distinguir los distintos actos expedidos dentro de un mismo trámite contractual, pues cada uno tiene su propia fecha de ejecutoria y su propio término. En el caso concreto, la decisión de adjudicar el contrato a un tercero, que no admitía recurso, quedó ejecutoriada después de su notificación por edicto, y la demanda contra ella se presentó dentro del término. La decisión que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato sí fue recurrida, y su firmeza se determinó con la resolución que resolvió el recurso de reposición. Como consecuencia práctica, para establecer si la acción caducó debe identificarse cada acto del procedimiento y la fecha en que quedó en firme.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto de adjudicación a un tercero, cuando se presume la legalidad del acto que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato y que no fue demandado a tiempo, además que…¿Procede declarar la nulidad absoluta del contrato cuando, se trató de una pretensión consecuencial a las pretensiones primera y segunda que, no prosperaron, y, además…
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el acto de adjudicación no fue motivado, aunque no se pidió la nulidad del acto administrativo de adjudicación? No
El contratista no puede declarar la nulidad absoluta del contrato con base en la falta de motivación del acto de adjudicación si no ha solicitado previamente la nulidad del acto administrativo de adjudicación, ya que este es un requisito previo para que proceda la nulidad del contrato según el artículo 44 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal debe cumplir los actos administrativos mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción, dado que estos son ejecutorios y se presumen legales. Además, el interventor debe demandar los actos proferidos antes de la celebración del contrato dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Esta regla reitera y confirma precedentes sobre la necesidad de solicitar la nulidad del acto administrativo de adjudicación para invalidar el contrato y establece las caducidades para demandar actos administrativos relacionados con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común?¿Los ciudadanos tienen el deber de cumplir los actos administrativos mientras no hayan sido anulados o suspendidos?¿En vigencia del CCA, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación?