Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: precisó que el valor adeudado fue producto de la conducta omisiva de los funcionarios y exfuncionarios demandados
Regla de decisión
La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.
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Problema jurídico
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Titulación de la relatoría 10.696 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / SENA / PROCESO DE COBRO COACTIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / DECISIÓN ADMINISTRATIVA / DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / MORA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR / PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, interpuso acción de repetición con el fin de obtener el reembolso de las sumas pagadas con ocasión de la obligación que se hizo efectiva por el Instituto de Seguros Sociales mediante el mandamiento de pago dictado en el marco del proceso coactivo administrativo que incluye el valor de los aportes más los intereses, el pago de los gastos de representación y el respectivo impuesto al valor agregado. Precisó que el valor adeudado fue producto de la conducta omisiva de los funcionarios y exfuncionarios demandados, quienes no cumplieron sus funciones de liquidación y cancelación de los aportes, de manera oportuna. (…) Así, resulta lógico afirmar que ninguno de los documentos referidos pueda ser entendido como una condena impuesta a la Administración por parte de la jurisdicción contenciosa, o como una conciliación que haya finalizado con el pago de la indemnización por un daño antijurídico causado por uno, o varios, agentes del Estado, cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción incoada. Por el contrario, se trata de una decisión de la Administración, generadora de efectos jurídicos, mediante la cual se emitió una obligación de pago -clara, expresa y exigible- en cabeza de la entidad demandante, expedida en el marco de un proceso coactivo administrativo y que, por lo mismo, se materializa como una manifestación de la autotutela administrativa, siendo esto, la facultad de la Administración para hacer exigibles, por sí misma, sus decisiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autotutela declarativa de la administración, ver: Corte Constitucional, sentencia T 445 de 12 de octubre de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
PROCESO DE COBRO COACTIVO / FINALIDAD DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO / EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO / CRÉDITO A FAVOR DEL ESTADO / ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA / JURISDICCIÓN COACTIVA / COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN COACTIVA / MÉRITO EJECUTIVO EN EL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA / ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL / PROCESO EJECUTIVO CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO EN MATERIA TRIBUTARIA
Problema jurídico:
¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tratándose de la ejecución de créditos en favor del Estado, los cobros pueden hacerse dependiendo del origen del crédito, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la civil ordinaria o, a través de la llamada jurisdicción coactiva. La potestad de hacer efectivos los créditos a través de esta última, se encuentra establecida, de manera general, en el artículo 112 de la Ley 6 de 1992, que prevé que las entidades públicas del orden nacional, tales como ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de ellas mismas y de la Nación. En concordancia con lo previsto en el precitado artículo, la Resolución 336 de 1998 (modificada y adicionada por las resoluciones 2184 de 1998, 2422 de 2002 y 2013 de 2003), disponía que el Instituto de Seguros Sociales, mediante el ejercicio de las funciones de cobro coactivo en el nivel nacional, cobrará todos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional. (…) En estos eventos, el procedimiento de cobro coactivo sería el fijado en el Estatuto Tributario y los actos proferidos en desarrollo de este proceso, serían pasibles de ser controlados judicialmente.
FUENTE FORMAL:
LEY 6 DE 1992 - ARTÍCULO 112, RESOLUCIÓN 2013 DE 2003, RESOLUCIÓN 2184 DE 1998, RESOLUCIÓN 2422 DE 2002, RESOLUCIÓN 336 DE 1998
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FINALIDAD DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE CELERIDAD / EJECUCIÓN DEL COBRO COACTIVO / COMPETENCIA PARA EL COBRO COACTIVO / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / NULIDAD PROCESAL / PROCESO DE COBRO COACTIVO / PROCESO EJECUTIVO MIXTO
Problema jurídico:
¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las decisiones o la resolución de los recursos al juez contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Corte Constitucional puntualizó que el artículo 209 Superior dispone que la función administrativa está al servicio del interés general y se rige, entre otros, por los principios de eficacia, economía y celeridad, por lo que el ordenamiento jurídico le concedió la facultad de cobro coactivo a algunas autoridades públicas. (…) Es por lo anterior que en esa Corporación ha prevalecido la tesis de que su ejercicio implica la realización de actividades administrativas, por cuanto no están encaminadas a la definición y resolución definitiva de controversias, sino únicamente a la ejecución y materialización de los actos de la propia administración pública, sin perjuicio de que la legalidad de las decisiones que se adopten en el marco del procedimiento coactivo puedan ser controvertidas ante la jurisdicción contenciosa. (…) Sin perjuicio de lo anterior, a la luz de lo previsto en el artículo 133 del Código Contencioso Administrativo -vigente para la época en que se adelantó el proceso de cobro coactivo 651-, que atribuía el conocimiento, en segunda instancia, a los Tribunales Administrativos de las apelaciones contra el mandamiento de pago, la decisión de excepciones, el auto aprobatorio de la liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales y de los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación en un efecto distinto al que corresponda en los mismos asuntos, se ha entendido que el procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las decisiones o la resolución de los recursos a los funcionarios de esta índole.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el proceso administrativo de cobro coactivo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2006, rad. 14807, C. P. Alier Eduardo Hernández Enriquez; sentencia del 30 de mayo de 2002, rad. 12545, C. P. Germán Rodríguez Villamizar. Corte Constitucional, sentencia T 412 de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia C 666 de 2000, M. P. José Gregario Hernández Galindo.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 133
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONCILIACIÓN / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / APORTES AL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL / PROCESO DE COBRO COACTIVO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e cara a la acción de repetición, la jurisprudencia constitucional ha precisado que no es posible afirmar que una condena contenida en una decisión judicial constituya un requisito insoslayable de procedibilidad de la acción de repetición, puesto que pueden existir otros mecanismos equivalentes a la condena mediante sentencia e igualmente generadores de la posibilidad legítima de ejercer dicha acción, “tales como la conciliación y demás formas de solución de conflictos autorizadas por la Ley”. La consideración antes referida se soporta en el hecho de que en el ordenamiento vigente existen otras formas alternativas de terminación de conflictos, mediante los cuales los interesados puedan llegar a solucionar determinadas diferencias. Bajo ese tenor, es claro que un acto administrativo proferido en el marco de un procedimiento de cobro coactivo administrativo, mediante el cual se persiga el recaudo de una obligación legal, como lo es la de cancelar los aportes patronolaborales de seguridad social, no se asemeja a una condena judicial, ni a una conciliación u otro mecanismo alterno de solución de conflictos; por el contrario, obedece a una prerrogativa pública, adelantada por el Instituto de Seguros Sociales en ejercicio de funciones administrativas, por lo que no acredita el primer requisito objetivo de la acción de repetición. (…) Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala, que la acción incoada no cumple con el requisito objetivo contenido en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, por lo que las pretensiones de la demanda deben ser negadas y, como consecuencia, se confirmará la decisión apelada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la constitucionalidad de los artículos 2 y 8, parciales, de la Ley 678 de 2001 y 31, inciso 2 parcial de la Ley 446 de 1998, ver: Corte Constitucional, sentencia C 338 de 2006.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2