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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad

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Fecha
2026-10-05
Radicado
08001233300020200077001
Número interno
73724
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO PAVIMENTOS CANDELARIA 2015 - 2017
Demandado
MUNICIPIO DE CANDELARIA (ATLÁNTICO)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad

Regla de decisión

El principio de buena fe incorpora un deber de información recíproco, a partir del cual las partes deben suministrar información precisa, veraz y autentica que conlleva una carga de verificación y valoración por la parte interesada.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede alegar que la deficiente estructuración de costos por parte de la entidad estatal, al no incluir un impuesto municipal, configura un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que lo exima de conocer y asumir la carga tributaria aplicable, ya que el deber de planeación implica una colaboración activa del contratista con la administración para advertir y subsanar deficiencias en la planeación, y el principio de buena fe requiere que ambas partes suministren información precisa y veraz, con lo que el contratista debe desplegar una debida diligencia en el análisis de la información precontractual. Además, el contratista experto debe conocer y cumplir con las leyes y normas aplicables, incluyendo los impuestos, y no puede excusarse de su conocimiento por la falta de una adecuada estructuración de costos por parte de la entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el deber de colaboración y diligencia del contratista, reforzando que la mala planeación no constituye automáticamente un incumplimiento contractual o un desequilibrio económico, y que el contratista debe asumir la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de su actividad contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La deficiente estructuración de costos del contrato por parte de la entidad, al no incluir un impuesto municipal, configura por sí misma un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que releve al contratista experto de su deber de conocer y asumir la carga tributaria aplicable?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 153 de 1887, art. 9
no se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista
08001233300020200077001 · 2026-10-05

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La Sala considera relevante precisar que los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. En el presente caso, las falencias que se atribuyen al Municipio en la estructuración del contrato podrían eventualmente configurar un incumplimiento contractual, siempre que se demuestre que se concretaron en la inobservancia de una obligación a su cargo y que tuvieron incidencia en las obligaciones asumidas por el contratista. Ello, por cuanto los defectos en la planeación, considerados en abstracto, no constituyen un incumplimiento contractual autónomo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 14.741 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBER DE DILIGENCIA / IMPUESTO MUNICIPAL / IGNORANCIA DE LA LEY / OFERTA Problema jurídico: ¿La deficiente estructuración de costos del contrato por parte de la entidad, al no incluir un impuesto municipal, configura por sí misma un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que releve al contratista experto de su deber de conocer y asumir la carga tributaria aplicable? Respuesta al problema jurídico: No La Sala considera relevante precisar que los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. En el presente caso, las falencias que se atribuyen al Municipio en la estructuración del contrato podrían eventualmente configurar un incumplimiento contractual, siempre que se demuestre que se concretaron en la inobservancia de una obligación a su cargo y que tuvieron incidencia en las obligaciones asumidas por el contratista. Ello, por cuanto los defectos en la planeación, considerados en abstracto, no constituyen un incumplimiento contractual autónomo. En ese sentido, debe advertirse que el contrato no estableció una obligación específica a cargo del Municipio que se derivara del deber de planeación –como, por ejemplo, la entrega de determinados estudios al Consorcio–, por lo que no basta con acreditar una deficiencia en la estructuración del negocio para evidenciar un incumplimiento contractual. El deber de planeación impone al contratista un deber de colaboración activa con la Administración que comprende, entre otros aspectos, advertir a la entidad contratante las deficiencias en la planeación que identifique, con el fin de que puedan ser subsanadas. A su vez, el principio de buena fe incorpora un deber de información recíproco, a partir del cual las partes deben suministrar información precisa, veraz y autentica que, a su vez, conlleva una carga de verificación y valoración por la parte interesada. De esta manera, el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad durante la etapa precontractual. En este contexto, el argumento del Consorcio no resulta procedente, pues no puede excusar su falta de diligencia y sagacidad negocial bajo el entendido de que el Municipio no realizó una adecuada estructuración de costos del AIU al no incluir en debida forma un impuesto; en la medida en que, en atención a su calidad de experto, tenía el deber de examinar los documentos precontractuales incorporados al proceso –entre ellos, el presupuesto planeado–, y estructurar una propuesta que reflejara un AIU acompasado con la realidad de los impuestos municipales. De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el Consorcio manifestó en la carta de presentación de la oferta que conocía y aceptaba “en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual”. De esta manera, resulta claro que debía conocer los impuestos establecidos para el presente proceso contractual, y la exigencia de dicho conocimiento no resultaría desproporcionada, pues, como lo establece el artículo 9 del Código Civil, el Consorcio no puede alegar el desconocimiento de una norma como excusa para no sufragar los impuestos derivados de su actividad contractual. Si bien es cierto que el Consorcio afirmó que el tesorero municipal había certificado el porcentaje de los impuestos y deducciones aplicables; lo cierto es que dicha certificación no obra en el expediente y, en todo caso, su eventual existencia no lo eximiría de su deber de no solo contrastar la información suministrada; sino, también, conocer y cumplir la carga impositiva. Como lo ha precisado la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (se trascribe): “no se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista”. Por lo anterior, el argumento elevado en el recurso no está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de colaboración activa del contratista en la planeación, consistente en advertir a la entidad las deficiencias que identifique, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2026, exp. 65190; Subsección B, sentencia de 3 de abril de 2020, exp. 48676. Sobre el deber de información recíproco derivado de la buena fe y la debida diligencia del contratista en el análisis de la información precontractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2026, exp. 71667; Subsección C, sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 22043; Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, exp. 23827. Sobre la imposibilidad de confundir los principios de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2022, exp. 56449. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 9 MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MALA FE Problema jurídico: ¿Procede reconocer al contratista los perjuicios por mayor permanencia en obra cuando en el acta de suspensión y en sus prórrogas renunció de manera expresa a reclamar los gastos derivados de la suspensión, sin que se haya probado que la entidad incumplió una obligación a su cargo ni que actuó de mala fe? Respuesta al problema jurídico: No Cabe aclarar que el Consorcio pretende atribuir un desequilibrio económico a unos actos que, en ejercicio de la autonomía privada de las partes, generaron una mayor permanencia en obra. Sin embargo, esta circunstancia no se encuentra reconocida como un supuesto de ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales. Por ende, el análisis debe efectuarse desde la perspectiva de la responsabilidad derivada de la mayor permanencia en obra. Al respecto, en cada uno de los actos suscritos por las partes se estableció que la suspensión del plazo de ejecución contractual (se trascribe): “no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de [la] alcald[í]a del Municipio de Candelaria”. En atención a lo expuesto, se advierte que, tanto en el acta de suspensión como en sus sucesivas prórrogas, el Consorcio y el Municipio regularon los efectos económicos derivados de estos actos. En particular, pactaron de manera expresa e inequívoca la renuncia a reclamar cualquier gasto derivado de la suspensión del plazo de ejecución contractual. Esta renuncia no se encontraba supeditada a que el Municipio realizara los respectivos trámites para superar los motivos que dieron lugar a la suspensión. Por tanto, en aplicación del principio de buena fe y en respeto de las consecuencias de los términos del negocio jurídico celebrado, no resulta procedente acceder a la reclamación de los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra. Por esta razón, el argumento elevado en el recurso de apelación tampoco está llamado a prosperar con fundamento en tales conceptos. Cabe aclarar que el Consorcio aseguró que suscribió estos actos (se trascribe) “con el fin de que la entidad adelantara las actuaciones necesarias para superar [las causas que dieron lugar a la suspensión], de conformidad con el principio de buena fe; sin embargo (…) ello nunca ocurrió”. A partir de esta afirmación, se advierte que el reparo del apelante también se sustenta, en primer lugar, en un supuesto incumplimiento de una obligación que, a su juicio, estaba a cargo del Municipio, consistente en adelantar las gestiones y trámites necesarios para superar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato y, en segundo lugar, en que la entidad habría actuado de mala fe. Sin embargo, del análisis del contenido del contrato y de cada uno de los actos suscritos por las partes no se desprende la existencia de una obligación a cargo del Municipio relativa a lo señalado por el Consorcio. En consecuencia, no se encuentra acreditado el incumplimiento de una obligación contractual que no fue asumida por la entidad. Tampoco se encuentra demostrada la mala fe del Municipio. Si bien el Consorcio sostuvo que la entidad no adelantó las gestiones necesarias para superar las circunstancias que dieron lugar a las suspensiones, tal circunstancia, por sí sola, no permite concluir que estas hubiesen sido acordadas de manera deliberada con el propósito de prolongar injustificadamente la ejecución del contrato. La mala fe de las entidades estatales no puede presumirse a partir de la sola existencia de las suspensiones o de la falta de acreditación de determinadas actuaciones, sino que debe encontrarse debidamente demostrada a partir de elementos probatorios claros y concluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 769 del Código Civil. Así las cosas, en el presente caso, no se acreditó que el Municipio hubiese promovido o suscrito las suspensiones con la finalidad de mantener injustificadamente paralizado el contrato, ni que hubiera actuado de manera deliberada para impedir la superación de las causas que las originaron. Por consiguiente, el argumento elevado en el recurso de apelación no está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de las renuncias expresas a formular reclamaciones económicas en la suscripción de acuerdos modificatorios, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 15 de julio de 2026, exp. 74090, y de 4 de mayo de 2022, exp. 66291. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 769 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERÉS MORATORIO / JURAMENTO ESTIMATORIO / REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Problema jurídico: ¿Puede el juez de lo contencioso administrativo reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo expresado por el demandante en el juramento estimatorio? Respuesta al problema jurídico: No Conviene precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del CGP –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– la sentencia debe (se trascribe): “estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. Por lo anterior, no puede el juez reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda, pues el juramento estimatorio no tiene la potencialidad de introducir pretensiones que no hayan sido expresamente formuladas –con independencia de que se le entienda como un medio de prueba o no dentro de esta Jurisdicción. Lo contrario supondría desconocer el principio de congruencia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Debe revocarse la decisión del juez de primera instancia de abstenerse de condenar en costas a la entidad cuando las pretensiones prosperaron parcialmente, las costas no se encontraban causadas ni acreditadas y el juez expuso los fundamentos de su decisión? Respuesta al problema jurídico: No Esta Subsección ha precisado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, la imposición de costas se rige por un criterio objetivo derivado de la aplicación de las reglas previstas en el CGP. De modo que, su procedencia no depende de la valoración del comportamiento de las partes o de los demás sujetos procesales, sino de la verificación de los presupuestos objetivos relacionados con su causación, en los términos previstos por el CGP. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 5 y 8 del artículo 365 de dicho estatuto procesal, el juez de primera instancia decidió abstenerse de condenar en costas al considerar que las pretensiones de la demanda habían prosperado de manera parcial y que, además, no se encontraban causadas ni debidamente acreditadas. Cabe resaltar que la citada disposición faculta al juez para abstenerse de imponer una condena en costas cuando la demanda prospera parcialmente, siempre que exponga los fundamentos de su decisión. En el caso concreto, el juez de primera instancia sustentó su determinación en las razones antes señaladas, de modo que ofreció una justificación suficiente, comprendida dentro de los supuestos previstos por la norma. Por lo anterior, se advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud presentada por el Consorcio en su recurso de apelación. En consecuencia, la Sala confirmará la Sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el criterio objetivo para la imposición de la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. 63217. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / PARTE RECURRENTE / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante recurrente cuando la sentencia de primera instancia se confirma en todas sus partes? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante a favor de la parte demandada, pues esta Sentencia ha confirmado en todas sus partes la providencia recurrida. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 50.417 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 5 de octubre de 2026 Radicación: 08001-23-33-000-2020-00770-01 (73.724) Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017 Demandado: Municipio de Candelaria – Atlántico Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – diferencia entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el desequilibrio financiero del contrato estata l – incumplimiento derivado de la indebida planeación del contrato – buena fe – deber de información – debida diligencia – mayor permanencia en obra – juramento estimatorio – congruencia de la sentencia – condena en costas – criterio objetivo en la imposición de costas. Síntesis del caso: la parte demandante solicitó que se declare el incumplimiento del Municipio de Candelaria – Atlántico y el desequilibrio de la ecuación económica del contrato de obra pública LP 002-2015; que se ordene el pago de los perjuicios causados; y que se realice la liquidación judicial del contrato Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017 en contra de la Sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Atlántico1, mediante la cual se declaró el incumplimiento , se liquidó judicialmente el contrato, se ordenó al Municipio el pago de un saldo a favor del Consorcio y se negaron las demás pretensiones de la demanda. Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación y su trámite. 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 26 de noviembre de 2020, el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015- 2017 (en adelante el Consorcio) presentó una demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del Municipio de Candelaria – Atlántico (en adelante el Municipio), en la que solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe): 1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 2 Índice 1 en SAMAI del Tribunal. Radicación: 08001-23-33-000-2020-00770-01 (73.724) Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015 - 2017 Demandado: Municipio de Candelaria – Atlántico Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirmar la sentencia recurrida ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 16 “1. Que se Declare el incumplimiento contractual y desequilibrio de la ecuación contractual por parte del MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en desarrollo de las etapas contractuales respecto al CONTRATO DE OBRA LP 02 -2015 CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 10 Y 21, CARRERA 21 ENTRE CALLES 10 Y 15A EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" suscrito entre las partes el día 29 de octubre de 2015. 2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP 02-2015 (…) 3. Declarar la responsabilidad contractual del MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por los perjuicios causados al CONSORCIO PAVIMENTOS CANDELARIA 2015 -2017 debido al incumplimiento contractual en desarrollo de las etapas contractuales respecto al CONTRATO DE OBRA LP 02-2015 (…) 4. Consecuente con los numerales anteriores, CONDENE al MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO, representado por su señor Alcalde, el pago de las sumas de dinero dejados de cancelar conforme al acta de recibo final de la obra, y las correspondientes a las deduc ciones realizadas del valor del anticipo que causaron en primera instancia un desequilibrio de la ecuación contractual y todas aquellas correspondientes al pago de costos generados por mayores permanencias en la obra debido a la negligencia del contratante. 5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor”. 2. En el escrito de la demanda, la parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos: 3. 1) El 8 de septiembre de 2015, el Municipio realizó una invitación publica para participar en el proceso de contratación LP-002-2015. En virtud de lo anterior, el Consorcio solicitó al Municipio información respecto a las cargas tributarias del proceso contractual con el fin de realizar el estudio de factibilidad. El tesorero municipal certificó que los impuestos y deducciones eran: retención en la fuente (2%), fondo de seguridad ciudadana (5%), estampillas de orden departamental (5%), estampillas Pro -Deporte (0,5%), estampillas Pro Ancianidad (0,5%) y estampilla Pro-Cultura (0,7%). 4. 2) El 29 de septiembre de 2015, el Municipio publicó los pliegos definitivos del proceso de contratación . E l anexo correspondiente al presupuesto del contrato establecía (se trascribe): Radicación: 08001-23-33-000-2020-00770-01 (73.724) Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015 - 2017 Demandado: Municipio de Candelaria – Atlántico Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirmar la sentencia recurrida ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 16 5. 3) El 29 de octubre de 2015, el Municipio y el Consorcio suscribieron el contrato de obra pública LP -002-2015, cuyo objeto era realizar la (se trascribe): “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y 21 [Y LA] CARRERA 21 ENTRE LAS CALLES 10 Y 15A EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLÁNTICO”. Se pactaron un plazo inicial de 60 días para la etapa 1 –de pre-construcción– y 15 meses para la etapa 2 –de construcción– (contados a partir de l acta de inicio, la cual se dio el 18 de enero de 2016), y un valor inicial de $2.445.532.511,97 a precios unitarios. 6. 4) El 14 de diciembre de 2015, el Municipio manifestó que los tributos que debía pagar el Consorcio eran los siguientes (se trascribe): 7. El 21 de diciembre de 2015, el Consorcio consignó el valor descrito a l Municipio, que certificó que el Consorcio se encontraba a paz y salvo por concepto de impuestos municipales. 8. 5) Una vez finalizada la etapa 1 del contrato, el Consorcio presentó una cuenta de cobro por un valor de $39.734.640. El 26 de octubre de 2016, el Municipio realizó el pago de esta cuenta de cobro, pero descontó el valor de $1.198.890 por concepto de estampilla Pro Ancianidad. 9. 6) El 5 de noviembre de 2016, el Consorcio solicitó al Municipio que fuera exonerado de l pago de la estampilla Pro Ancianidad , pues est a afectaba la estructura presupuestal del contrato. El 11 de noviembre de 2016, el Municipio negó la solicitud presentada, sin hacer referencia a la posible afectación del presupuesto del contrato. 10. 7) El Consorcio solicitó al Municipio el primer desembolso , por concepto de anticipo, por un valor de $844.557.310. El 23 de noviembre de 2016, el Municipio pagó al Consorcio la suma de $760.162.563, pues descontó del anterior valor la suma de $84.394.757 por concepto de estampilla Pro Ancianidad. 11. 8) El 7 de febrero de 2017 , se suscribió el otrosí 2 , mediante el cual se modificó la cláusula quinta del contrato, referente a la forma de pago, cuya redacción quedó así (se trascribe): “[e]l contratista presentará un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor y/o Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no se podrán incluir gastos de legalización del contrato". Radicación: 08001-23-33-000-2020-00770-01 (73.724) Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015 - 2017 Demandado: Municipio de Candelaria – Atlántico Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirmar la sentencia recurrida ______________________________________________________________________________________________________________ 4 de 16 12. 9) Entre febrero y octubre de 2017 , las partes suscribieron 3 actas de suspensión y el otrosí 3, en los cuales pactaron una suspensión por 5 meses y 23 días , y una prórroga del plazo de ejecución contractual de 30 días , respectivamente. El Consorcio afirmó que los efectos económicos de dichos acuerdos contractuales fueron asumidos mediante el rubro destinado a imprevistos del AIU3 del contrato. 13. 10) El 20 de septiembre de 2017, el Municipio solicitó al Departamento de Prosperidad Social (en adelante el DPS) que adicionara al convenio interadministrativo 413 de 2015 , el cual tenía por objeto (se trascribe): “[aun]ar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de intervenci[ó]n social comunitaria e infraestructura, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS-FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL”, suscrito entre estos dos, el valor de $387.051.508, para poder adicionar ese mismo valor al contrato de obra LP- 002-2015. 14. 11) El 2 de diciembre de 2017, se suscribió el acta de suspensión 4 con el fin de realizar los trámites de “legalización” de las obras. 15. 12) El 12 de jun

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000202000770011100103