Titulación de la relatoría 44.825 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / CONTRATO BILATERAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
La excepción de contrato no cumplido (…), consagrada en el artículo 1609 del Código Civil, constituye un mecanismo de defensa propio de los contratos bilaterales que permite a una de las partes abstenerse legítimamente de cumplir sus obligaciones mientras la otra no haya cumplido las suyas o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos. El fundamento de esta figura radica en la interdependencia de las prestaciones recíprocas y en la buena fe, fijando que quien pretende exigir el cumplimiento del otro debe, a su vez, haber satisfecho sus deberes o estar en la posición real y seria de hacerlo. Por ello, este medio exceptivo solo procede cuando se acredita (i) un incumplimiento actual, relevante y jurídicamente imputable a la otra parte; (ii) una relación de causalidad directa entre ese incumplimiento y la imposibilidad o inexigibilidad del cumplimiento propio; y (iii) que quien la alega no se encuentre, a su turno, en una situación de incumplimiento grave que desdibuje la buena fe contractual. No se trata, entonces, de un mecanismo para suspender indefinidamente las obligaciones o para desconocer el acuerdo de voluntades, sino de una herramienta estricta de equilibrio, cuyo ejercicio debe ser proporcionado y coherente con la naturaleza y el momento de las prestaciones afectadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
Bajo esta óptica, la prosperidad de la excepción de contrato no cumplido exige verificar una relación de causalidad directa y actual entre el incumplimiento del demandante y la resistencia del demandado. De allí que no pueda edificarse sobre irregularidades pretéritas o históricas, sino que exige la demostración de incumplimientos actuales, concurrentes y de tal gravedad que hagan objetivamente inexigible la prestación propia en el momento en que esta debe ejecutarse. Por la misma razón, tampoco puede ser invocada por quien, con pleno conocimiento de esas faltas pretéritas, las ha tenido por superadas al suscribir modificaciones contractuales posteriores que redefinen los plazos, alcances y condiciones de ejecución, generando en la contraparte la legítima expectativa de que tales hechos no volverán a ser alegados como obstáculo para el cumplimiento de la prestación bajo las nuevas condiciones pactadas. En este sentido, salvo que se acredite la existencia de un vicio del consentimiento, o que los incumplimientos anteriores no fueron efectivamente superados por las renegociaciones y que, pese a la diligencia exigible, no era razonable conocer su subsistencia al momento de suscribir las modificaciones, las faltas anteriores de la contraparte no pueden servir de excusa para dejar de cumplir cuando se ha aceptado continuar la ejecución bajo otros términos, reconociendo que esas nuevas condiciones resultan suficientes para garantizar la prestación correspondiente. Finalmente, la Sala deja consignando que quien alega esta excepción, acepta que ha incumplido, pues justamente justifica esa omisión en su contraparte.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / BUENA FE CONTRACTUAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PERMISO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras, cuando los hechos alegados como incumplimientos corresponden a situaciones superadas mediante modificaciones contractuales aceptadas por las partes y no se acredita un incumplimiento actual imputable a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
La defensa de Azacán se cimentó en la invocación de la exceptio non adimpleti contractus para justificar la no entrega de las obras al vencimiento del plazo contractual. (…) En primer término, la denominada deficiente planeación del proyecto —particularmente en lo relativo a la inviabilidad inicial de las obras en Rionegro—, corresponde a hechos de la fase precontractual y de los primeros meses de ejecución, que fueron objeto de una reestructuración integral del negocio mediante las AMB 9 y 10. Una vez se constató la negativa del municipio de Rionegro a autorizar las intervenciones, las partes acordaron suprimir definitivamente esos 23 km de redes y compensar su alcance con nuevas obras en otros frentes (como El Retiro y Alto Palmas), con adiciones presupuestales, desembolsos de un nuevo anticipo y redefinición de plazos, dejando consignado que el contrato quedaba totalmente compensado y que el contratista renunciaba a reclamaciones futuras por la imposibilidad de ejecutar en ese municipio. En tales condiciones, Azacán no puede, sin desconocer la fuerza vinculante del negocio jurídico (art. 1602 C.C.) y el principio de buena que rige su ejecución, reabrir sus causas como una falta actual de EPM un asunto que con pleno conocimiento de causa tuvo por superado, para con ello, excusarse de terminar las obras en las condiciones bajo las cuales luego de comprometió. Algo similar ocurre con las supuestas deficiencias, ausencia y cambios constantes en planos y diseños. Si bien es cierto que durante la ejecución se presentaron ajustes técnicos y modificaciones de alcance que llevaron a la suscripción de varias de las AMB e, incluso, a una suspensión temporal por falta de tubería (periodo durante el cual EPM reconoció los costos administrativos al demandante), lo cierto es que el propio contratista aceptó que tales dificultades quedaban resueltas con la reconfiguración del contrato. (…) En tales condiciones, las referencias genéricas del contratista a “hitos por definir” o a instrucciones supuestamente tardías no bastan para demostrar que, al tiempo del AMB 12, persistía un incumplimiento actual de EPM de tal entidad que hiciera inexigible el cumplimiento del contratista, o que de haber existido, no era razonable que Azacán lo conociera. Las críticas relacionadas con la supuesta falta de gestión de permisos por parte de EPM tampoco consolidan la excepción, pues no se acreditó que para las obras que seguían a cargo del contratista al amparo del AMB 12, hubiera una falta de permisos o de disponibilidad del espacio público imputable a EPM que, en el periodo final de ejecución, hubiera impedido materialmente continuar los trabajos.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL PLAZO / ADICIÓN PRESUPUESTAL / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas, un incumplimiento de la entidad contratante que habilite la excepción de contrato no cumplido?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a asignación de tramos no previstos inicialmente y el cambio sustancial del objeto, derivados de las doce AMB, no configuran por sí mismos un incumplimiento de EPM que habilite la exceptio. Los contratos de obra a precios unitarios se caracterizan precisamente por la posibilidad de variar las cantidades y aún los frentes de trabajo dentro de un mismo proyecto, siempre que se respeten los parámetros económicos y técnicos pactados. En este caso, las modificaciones bilaterales no solo definieron nuevos tramos y tipologías de tubería (CCP, HD), sino que, además, determinaron prórrogas de plazo, adiciones al valor del contrato y anticipos adicionales para financiar la ejecución. El contratista no alegó vicios del consentimiento, ni acreditó que dichas modificaciones hubieran sido impuestas.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DICTAMEN PERICIAL / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / PROCEDENCIA DEL ERROR JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se configura la excepción de contrato no cumplido cuando no se acredita un incumplimiento actual, grave y concurrente de la entidad contratante que haga objetivamente inexigible la obligación del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco se demostró un incumplimiento actual, grave y concurrente de las obligaciones de EPM que hiciera objetivamente imposible o inexigible el cumplimiento de Azacán. Del acervo probatorio se desprende, más bien, que la causa real de la inejecución fue el deficiente desempeño que tuvo durante la toda la ejecución del contrato. En este sentido, la correspondencia da cuenta de los reiterados llamados de atención al contratista por atrasos, ocasionados principalmente por deficientes niveles de organización y baja disponibilidad de recursos, (…). (…) [L]a sentencia recurrida apoyó su exoneración de Azacán esencialmente en un dictamen pericial de parte donde se concluía que la imposibilidad de terminar la obra obedeció a los cambios de alcance y condiciones del contrato, no obstante, el mismo parte de una premisa fáctica equivocada, pues atribuye sin explicación a tales circunstancias un carácter determinante y una incidencia directa en la inejecución, cuando, a la luz del acervo probatorio y conforme a lo expuesto previamente, no se acreditó que ellas constituyeran un incumplimiento esencial, actual y atribuible a EPM capaz de tornar inexigible la prestación a cargo del contratista. En virtud de todo lo expuesto, se concluye que Azacán incumplió el contrato al no finalizar las obras en el plazo definitivamente pactado en el AMB 12, sin que concurran los elementos para la configuración de la excepción de contrato no cumplido, argumento nodal de defensa del demandado (quien no negó la inejecución total de las obras) y figura que el Tribunal acogió como sustento para negar las pretensiones de la demanda de la entidad contratante. Al confundir la disrupción general del contrato causada por problemas previos (por la cual, dicho sea de paso, Azacán recibió compensaciones económicas y las extensiones de plazo pactadas) con una supuesta imposibilidad de ejecución de las obras, la sentencia de primera instancia incurrió en un error, pues no se acreditó un impedimento material insalvable que excusara al demandado de cumplir lo acordado en los términos en que se comprometió conforme el AMB 12. En este escenario, y a la luz de los criterios generales expuestos sobre la excepción de contrato no cumplido, debe concluirse que no resultan jurídicamente válidos los argumentos de Azacán para excusar su incumplimiento posterior a la última prórroga convenida. (…) Atendiendo a lo expuesto prospera la apelación de EPM en este aspecto, debiéndose revocar la decisión absolutoria y declarar la responsabilidad contractual del contratista conforme a las pretensiones de la demanda principal.
LUCRO CESANTE / UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / REVOCATORIA DE LA CONDENA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Es procedente reconocer al contratista la utilidad dejada de percibir cuando se demuestra que la inejecución del contrato fue consecuencia de su propio incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
En primera medida, debe indicarse que al haberse desvirtuado la premisa de la sentencia apelada que situaba la causa de la inejecución en la esfera de la entidad contratante, se impone la revocatoria de la condena por concepto de la utilidad dejada de percibir que el a quo reconoció a su favor. El reconocimiento de dicho rubro indemnizatorio —propio del lucro cesante— se edificaba sobre el supuesto errado de que la terminación del negocio jurídico y la falta de culminación de las obras obedecían a causas imputables a EPM, escenario en el cual habría sido procedente reconocer al contratista el beneficio económico esperado del contrato frustrado. Sin embargo, al quedar demostrado en esta instancia que la causa eficiente y determinante de la parálisis y no entrega de las obras fue el incumplimiento de las obligaciones a cargo del reconviniente, desaparece el fundamento jurídico y fáctico para tal reconocimiento. Dado que el pago de la utilidad dejada de percibir por la inejecución del contrato se fundamenta en la certidumbre de la ganancia frustrada o provecho esperado, fruto de un incumplimiento contractual de la contraparte, al declararse la prosperidad de las pretensiones de EPM y la responsabilidad contractual de Azacán, se extingue cualquier derecho de este último a reclamar las utilidades proyectadas sobre el saldo no ejecutado del contrato, procediendo, en consecuencia, la revocatoria de la condena que por este concepto había sido impuesta a la entidad.
SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / JORNADA LABORAL NOCTURNA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / PROVISIÓN CONTABLE PARA CONTINGENCIAS / PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO / COSTOS INDIRECTOS / REVOCATORIA DE LA CONDENA / PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA
Problema jurídico:
¿Es procedente el reconocimiento de sobrecostos por trabajo en jornada nocturna cuando dicha contingencia fue prevista contractualmente, asignada como riesgo al contratista y no se acredita título jurídico que habilite su traslado a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [A] partir del contenido obligacional del negocio jurídico, la Sala encuentra que el reclamo de sobrecostos por implementación de trabajo en horario nocturno resulta improcedente, toda vez que no se acreditó un título jurídico que habilite su traslado a EPM. Aunque Azacán sustenta su pretensión en que Devimed —en su condición de concesionario del corredor— habría exigido que la intervención se ejecutara únicamente en jornada nocturna, con los consecuentes sobrecostos que ahora reclama, lo cierto es que esa eventual restricción horaria no constituye un hecho extraordinario o ajeno al marco obligacional del negocio jurídico, sino a una contingencia expresamente prevista, asignada y aceptada por el contratista, particularmente, bajo el Anexo Técnico. (…) [E]n la medida en que la eventual ejecución nocturna derivada del PMT corresponde a una contingencia prevista en el contrato y expresamente asignada al contratista como riesgo de ejecución y de gestión ante terceros, aun asumiendo que el concesionario (Devimed), otra autoridad competente o inclusive la interventoría hubieran restringido la intervención a un horario nocturno —que en el caso concreto, conforme a la demanda de reconvención, correspondió a la instalación de la tubería HD—, ello no configura un evento indemnizable a cargo de la entidad, pues las condiciones en las que el contratista se obligó, definieron explícitamente que los costos asociados a tales restricciones debían ser asumidos e incorporados por el oferente en su estructura económica (costos indirectos/A.I.U.), sin dar lugar a reconocimientos adicionales. Por consiguiente, al carecer de sustento contractual y probatorio el rubro reclamado por sobrecostos de trabajo nocturno, corresponde revocar la condena impuesta por este concepto en la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar la respectiva pretensión indemnizatoria formulada por Azacán.
OBLIGACIÓN DE HACER / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / CONTROL JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Puede la entidad contratante reclamar al contratista incumplido el mayor costo derivado de la ejecución de la obra por un tercero, cuando acredita el incumplimiento, la necesidad y razonabilidad de la contratación sustitutiva, la identidad del objeto y la existencia de un sobrecosto cierto y cuantificable?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al artículo 1610 del Código Civil, cuando la obligación del deudor consiste en una obligación de hacer, el acreedor no queda habilitado para imponer por su sola decisión la ejecución sustitutiva ni para trasladar unilateralmente su costo al incumplido. La norma prevé, precisamente, que el acreedor “puede pedir al juez: “1°) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 2°) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor; 3°) que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”. Así, la ejecución por un tercero con cargo al deudor presupone la intervención judicial, en cuanto corresponde al juez verificar la mora o incumplimiento del obligado, la fungibilidad de la prestación y la necesidad y razonabilidad de la contratación sustitutiva y de los costos reclamados. En el presente asunto EPM hace uso de la alternativa prevista en el numeral 3° citado, solicitando que se condene al contratista a indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento, los cuales se concretan —en lo pertinente— en el mayor costo asumido para obtener la ejecución de la obra por un tercero y corregir los defectos dejados por Azacán. En tal medida, la contratación sustitutiva no se invoca como un mecanismo de “ejecución por cuenta propia” con efectos autoimpuestos, sino como un hecho de mitigación y de continuidad del proyecto cuyo impacto patrimonial se reclama por equivalencia y bajo control judicial, mediante la acreditación de su relación causal con el incumplimiento y de la razonabilidad de los valores reclamados. No obstante, la procedencia del cobro de los sobrecostos aducidos por EPM no es automática, en tanto y en cuanto es preciso acreditar concurrentemente: (i) la certeza del incumplimiento; (ii) la necesidad y razonabilidad de la contratación del tercero; (iii) la identidad del objeto entre lo dejado de hacer y lo posteriormente contratado; y (iv) la realidad de un daño patrimonial consistente en un mayor costo (sobrecosto) para la entidad, que pueda cuantificarse con arreglo a criterios objetivos. (…) la actuación de EPM constituyó una medida razonable de mitigación, orientada a proteger el patrimonio público invertido, a asegurar el cumplimiento de las obligaciones frente a la concesión y, de manera principal, a salvaguardar el derecho de los usuarios a recibir el servicio de acueducto en condiciones de continuidad y seguridad. Esta conclusión resulta plenamente coherente con el deber de adoptar medidas razonables para mitigar el daño y de garantizar, en el caso específico de la demandante, la continuidad en la prestación de los servicios públicos. En consecuencia, la Sala encuentra que la gestión de EPM fue razonable y proporcionada, pues al aprovechar la capacidad instalada de un contratista en la zona, no solo protegió la inversión pública y aseguró la pronta prestación del servicio a los usuarios, sino que actuó en beneficio del propio deudor incumplido, minimizando el monto final de los perjuicios al evitar los mayores gastos y demoras inherentes a la movilización de una nueva empresa constructora.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1610
IDENTIDAD DE OBJETO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / GASTOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO
Problema jurídico:
¿Son imputables al contratista incumplido los sobrecostos asumidos por la entidad contratante al ejecutar por medio de un tercero las mismas obligaciones contractuales originalmente a su cargo, siempre que exista identidad sustancial de objeto y no se trate de ampliaciones o mejoras ajenas al alcance inicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [L]a Sala concluye que existe una identidad sustancial de objeto entre las obligaciones asumidas por Azacán en el Frente 7 y las labores que Acassa S.A.S. ejecutó para su terminación y para la recuperación del urbanismo en la vía intervenida, pues en todos los casos se trata de la misma infraestructura, en el mismo corredor, bajo las mismas especificaciones técnicas, encaminada a habilitar el servicio público de acueducto en el sector, incluyendo las pruebas hidrostáticas y la restitución de las condiciones de la vía. En consecuencia, los sobrecostos en que incurrió EPM con el contratista sustituto a través de los contratos CW51135 y CW17273, en la medida en que correspondan a cantidades de obra que debieron ser ejecutadas por Azacán o a reparaciones de trabajos por él mal ejecutados —y no a ampliaciones, mejoras o actividades ajenas al alcance contractual original— son, en principio, imputables al contratista incumplido dentro de los límites que se precisan a continuación, toda vez que constituyen el mayor gasto en que la entidad se vio obligada a incurrir para obtener, por vía de sustitución, el mismo resultado que contractualmente le era exigible a aquel.
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / DAÑO PATRIMONIAL / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / INFORME DEL INTERVENTOR / SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿En un contrato de obra a precios unitarios, el perjuicio derivado de la ejecución por un tercero se configura por el mayor costo unitario pagado por las actividades que debieron ser ejecutadas por el contratista incumplido, independientemente del valor global final del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [S]olo es jurídicamente procedente reconocer el diferencial de precios sobre la obra que le faltaba ejecutar a Azacán, por lo que el exceso de cantidades ejecutado por Acassa que corresponda a mejoras, ampliaciones o ajustes de diseño que no hacían parte del alcance original del contrato CT-2014-000386-A1, no es trasladable al demandado. Verificada la depuración realizada en el Informe de Interventoría y en los cuadros comparativos allegados con la reclamación del siniestro, se constata que el cálculo del perjuicio se limita a las cantidades de obra contempladas desde el inicio a cargo de Azacán, razón por la cual la Sala acoge la metodología empleada. (…) Frente a la tesis de la aseguradora, según la cual no habría daño si la suma pagada no supera el valor final del negocio, la Sala precisa que tal razonamiento es improcedente en contratos a precios unitarios. El perjuicio no depende del tope global del contrato, sino del mayor costo unitario que la entidad tuvo que asumir por cada ítem dejado de ejecutar. Habiéndose probado que EPM pagó a un tercero un precio superior al que habría pagado a Azacán por la misma unidad de obra, el daño patrimonial queda configurado y cuantificado en dicho diferencial, independientemente del techo presupuestal global original. En consecuencia, se reconocerá a favor de EPM, por concepto de sobrecostos en la terminación de la obra civil, la suma de $979’998.155, equivalente al diferencial de precios pagado al contratista sustituto por las actividades contractuales que debieron ser ejecutadas por Azacán.
DAÑO PATRIMONIAL / VALORACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL / NEGLIGENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / GASTOS / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe el contratista responder por los costos asumidos por la entidad para subsanar deficiencias técnicas imputables a su negligencia en la ejecución y custodia de la obra, cuando tales gastos fueron necesarios para poner en funcionamiento la infraestructura contratada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Un segundo grupo de perjuicios se refiere a las reparaciones necesarias para poner en servicio la tubería de 600 mm instalada por Azacán. (…) En este punto se reconocen dos conceptos principales. De una parte, la desobstrucción de la tubería HD: se probó que el tramo de tubería de 600 mm en el sector del Parque Los Salados fue dejado por Azacán “a boca libre”, permitiendo el ingreso de materiales extraños. El costo de $187’792.430 (incluido A.I.U.) pagado a Acassa para la limpieza y recuperación de la funcionalidad del ducto corresponde a un daño directo por negligencia en el deber de custodia de la obra, imputable totalmente al contratista. Respecto de los empalmes y termofusiones, la prueba técnica indica la existencia de tramos de tubería PEAD sin continuidad hidráulica, lo que exigió la ejecución de catorce empalmes por termofusión, contratados igualmente con Acassa por un valor de $4’450.292, corrección indispensable para la puesta en marcha del sistema. Como se indicó, en este rubro no se está ante un simple diferencial de precios, sino frente a un gasto adicional en el que EPM se vio obligada a incurrir para subsanar deficiencias imputables al contratista. (…) En tales condiciones, se accederá en su integridad a los valores reclamados por concepto de (i) desobstrucción y limpieza de la tubería HD 600 mm y (ii) empalmes y termofusiones necesarios para restablecer su continuidad, por las sumas históricas de $187.792.430 y $4.450.292, respectivamente.
SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MEDIO AMBIENTE / COSTOS INDIRECTOS / IDENTIDAD DE OBJETO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / CARGA DE LA PRUEBA / DAÑO / INTERVENTORÍA / DAÑO PATRIMONIAL
Problema jurídico:
¿Es procedente trasladar al contratista incumplido únicamente el sobrecosto real derivado de la contratación de un tercero para la ejecución del componente ambiental, previa deducción del A.I.U. que la entidad dejó de pagar, y negar aquellos rubros respecto de los cuales no se acredita su carácter estrictamente indemnizable?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte que no es jurídicamente admisible trasladar sin más a Azacán la totalidad de los costos ambientales y sociales pagados a Acassa, pues una parte de esos conceptos habría tenido que ser cubierta también si Azacán hubiese cumplido, a través de la retribución de los costos indirectos. Por ello, la reclamación de EPM ajustó el cálculo del perjuicio, partiendo del costo directo pagado a Acassa por el componente ambiental en los frentes de obra correspondientes al alcance de Azacán y deduciendo de ese valor la proporción del A.I.U. que la entidad dejó de pagar al contratista incumplido por las cantidades de obra no ejecutadas. El análisis financiero y técnico del contrato muestra que el costo directo asumido por EPM en el contrato CW51135 superó la proporción de A.I.U. que se habría pagado a Azacán por dicho componente, lo que permite identificar un sobrecosto real atribuible a la terminación de la obra mediante un tercero. En consecuencia, para efectos de reconocer únicamente el perjuicio efectivamente irrogado, se aprueba el valor diferencial calculado por la interventoría —costo ambiental directo de Acassa menos el ahorro correlativo en el A.I.U. de Azacán—, que aísla el sobrecosto imputable al incumplimiento del contratista. En tal virtud, se reconocerá a favor de EPM, por este concepto, el valor histórico de $133’310.895. Distinta suerte corre el rubro reclamado por EPM por valor de $101’314.229, asociado a sobrecostos en la recuperación de urbanismo y obras en la vía atendidos mediante el contrato CW17273. Si bien se probó que a través de dicho negocio jurídico se ejecutaron trabajos de reposición de andenes, calzadas y otros elementos de urbanismo en el corredor intervenido, no se encuentra acreditado que esas erogaciones constituyan un mayor costo frente al alcance original de Azacán ni que sea posible depurar, ítem por ítem, la porción estrictamente imputable a la inejecución o ejecución defectuosa del contratista, excluyendo las actividades de mantenimiento ordinario, mejoramiento o intervención complementaria propias del proyecto. A ello se suma que la propia demandante indicó que la pavimentación posterior a cargo de Procopal (contrato CW26696) no generó sobrecostos. En tales condiciones, al no demostrarse de manera suficiente la identidad y el carácter estrictamente indemnizable de las actividades de urbanismo reclamadas, se negará este concepto.
TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AJUSTE DE PRECIO / NEXO DE CAUSALIDAD / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS / EPM
Problema jurídico:
¿Debe el contratista asumir el pago del mayor valor generado por la extensión del contrato de interventoría?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]l acervo probatorio demuestra que la extensión del contrato y la consecuente permanencia del personal de supervisión (WSP) obedecieron a la ineficiencia de Azacán. (…) Si bien el cálculo bruto del mayor tiempo de interventoría generado por estos retrasos ascendió a la suma de $357’985.023,12, EPM reconoció a su vez que adeudaba al contratista la suma de $156.355.329 por concepto de ajuste de precios, de modo que solo reclamó el saldo neto resultante, esto es, $201.629.694. Así las cosas, habiéndose acreditado el nexo causal entre la conducta del contratista —quien aceptó en el AMB 11 asumir los costos derivados de estas prórrogas— y el detrimento patrimonial sufrido por la entidad al tener que remunerar una interventoría extendida en el tiempo, la Sala accederá al reconocimiento de la suma reclamada.
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / INDEXACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / IPC / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SINIESTRO / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ENTIDAD ASEGURADORA / CONTRATO ESTATAL / DANE
Problema jurídico:
¿Procede la indexación de las sumas reconocidas como condena cuando los valores reclamados corresponden a montos históricos pagados por la entidad, con el fin de garantizar la reparación integral del daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los valores antes indicados corresponden a montos históricos, esto es, a las sumas efectivamente pagadas por EPM a Acassa, en desarrollo de los contratos CW51135 y CW17273, y a la firma interventora WSP durante la etapa de terminación de la obra y de vigilancia de su ejecución. En armonía con el principio de reparación integral y con las reglas generales sobre actualización de condenas pecuniarias en la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala dispondrá la indexación de las sumas reconocidas, con base en la variación del índice de precios al consumidor –IPC– certificado por el DANE. (…) Teniendo en cuenta que los desembolsos se efectuaron en diferentes momentos entre los años 2018 y 2020, pero que la totalidad del daño se encontraba consolidado y cuantificado para la fecha de presentación de la reclamación de siniestro ante la aseguradora, se tomará como IPC Inicial el vigente para el mes de junio de 2020, fecha que marca el hito de consolidación del perjuicio reclamado. Como IPC Final, se utilizará el último índice certificado a la fecha de la presente sentencia, (…).
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / ASEGURADO / BENEFICIARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATO DE SEGURO / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / EPM
Problema jurídico:
¿Puede el contratista formular llamamiento en garantía contra la aseguradora cuando, según la póliza de cumplimiento, únicamente la entidad contratante ostenta la calidad de asegurado y beneficiario?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a Sala comparte el planteamiento de la aseguradora en cuanto a la improcedencia del llamamiento en garantía formulado por Azacán, pues de conformidad con las condiciones de la póliza, se tiene que el asegurado y beneficiario, es exclusivamente la entidad contratante, mientras que el contratista ostenta la calidad de garantizado sin que el clausulado le atribuya derecho autónomo alguno para exigir la cobertura. Por tanto, no existe una relación obligacional directa de la cual Azacán pueda derivar la acción de garantía, dado que la legitimación para exigir el pago de la indemnización corresponde únicamente al asegurado-beneficiario, esto es, a EPM, quien efectivamente la ejerció mediante las pretensiones de la demanda principal. Bajo este entendido, el llamamiento en garantía se declarará improcedente, sin perjuicio de que ello no afecta la posibilidad de imponer una condena a la aseguradora en su calidad de demandada principal, en atención a la responsabilidad que se deriva del contrato de seguro de cumplimiento.
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SINIESTRO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / PERJUICIO PATRIMONIAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO / EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO / ASEGURADOR
Problema jurídico:
¿Procede hacer efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza cuando se acredita el incumplimiento del contratista, el cumplimiento de las obligaciones del asegurado y la existencia de un perjuicio patrimonial cierto dentro del período de cobertura?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como se reconoció por la aseguradora en su contestación, existen tres presupuestos que deben acreditarse para que proceda la indemnización: la ocurrencia del incumplimiento; el cumplimiento de las obligaciones de EPM en su calidad de asegurado; y la existencia de un perjuicio patrimonial cierto y cuantificable dentro del período de cobertura. Como se expuso en los capítulos anteriores, la Sala concluyó, con base en el acervo probatorio, que: (i) Existió un incumplimiento objetivo imputable a Azacán respecto de las obligaciones de instalar y poner en servicio las redes, incluida la ejecución satisfactoria de las pruebas hidrostáticas y la adecuada custodia de la tubería instalada. (…) (ii) EPM cumplió sus obligaciones esenciales como contratante y asegurado. No se acreditó incumplimiento de la entidad que pueda exonerar a la aseguradora, ni se demostró la configuración de fuerza mayor o caso fortuito en los términos de las exclusiones de la póliza. (…) (iii) Se acreditó un daño patrimonial cierto y cuantificado, consistente en los mayores costos en que EPM debió incurrir para obtener, por vía de sustitución, el mismo resultado que estaba a cargo de Azacán, (…). En cuanto al requisito temporal, el incumplimiento del contratista se consolidó al vencimiento del plazo contractual —28 de septiembre de 2018—, fecha en la cual aún se encontraba vigente el amparo de cumplimiento de conformidad con las condiciones de la póliza y sus modificaciones según se ha expuesto. El hecho de que las erogaciones para culminar la obra y reparar las deficiencias se hayan efectuado en 2019 y 2020 no excluye la cobertura, habida cuenta de que, según la propia póliza, los efectos patrimoniales del incumplimiento pueden manifestarse con posterioridad a la vigencia, siempre que el incumplimiento haya ocurrido dentro de ella y se reclame dentro de los términos de prescripción. Está también acreditado que EPM notificó oportunamente el siniestro y formuló la reclamación dentro de los plazos legales, aspecto que tampoco es discutido por la asegurado y que de hecho admitió al referirse al aviso de siniestro y al trámite adelantado con los ajustadores. De este modo, debe concluirse que se encuentran satisfechos los presupuestos para hacer efectivo el amparo de cumplimiento.
DAÑO EMERGENTE / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / GESTIÓN AMBIENTAL / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDADES / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Problema jurídico:
¿Los distintos rubros de daño emergente asumidos por la entidad contratante como consecuencia del incumplimiento del contratista se encuentran amparados por el seguro de cumplimiento cuando constituyen perjuicios patrimoniales directos y no encajan en las exclusiones de la póliza?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [S]e observa que los distintos rubros de daño emergente reconocidos a EPM se enmarcan en el riesgo asegurado y no encajan en alguna de las exclusiones previstas en la póliza, (…) (i) Sobrecostos por terminación de obra civil (diferencial de precios). El mayor valor pagado a Acassa por ejecutar las mismas cantidades de obra que correspondían a Azacán constituye un perjuicio patrimonial directo para EPM, consecuencia inmediata del incumplimiento del contratista, que se ajusta al núcleo de protección del amparo de cumplimiento. No se trata de un lucro cesante ni de un perjuicio consecuencial remoto, sino de un gasto adicional en que la entidad se vio obligada a incurrir para obtener, por vía de sustitución, la ejecución de las obligaciones contractuales incumplidas. Nada en la póliza excluye este tipo de sobrecostos, sino que, por el contrario, son la expresión típica del riesgo asegurado en los contratos de obra. ii) Reparaciones y limpieza de la tubería de 600 mm (obra defectuosa). Los costos por desobstrucción, limpieza y ejecución de empalmes y termofusiones para restablecer la continuidad hidráulica de la red se originan en la ejecución defectuosa de la obra y en el incumplimiento de las obligaciones de custodia y adecuada terminación de la infraestructura a cargo de Azacán. Tales gastos son un daño emergente directo, imputable al contratista, que encaja plenamente en el incumplimiento “tardío o defectuoso” que el amparo de cumplimiento contempla. iii) Costos de pruebas hidrostáticas. La obligación de realizar pruebas hidrostáticas satisfactorias sobre la tubería instalada formaba parte del alcance contractual de Azacán y constituía una condición para el recibo a satisfacción de la obra. Al no ejecutarlas, EPM debió contratar con Acassa su diseño y realización. El diferencial de costos reconocido por la Sala no representa una mejora ni un gasto autónomo, sino el precio de una obligación técnica que el contratista estaba obligado a cumplir, por lo que al tratarse de daño emergente derivado de un incumplimiento técnico específico, se encuentra amparado por el seguro de cumplimiento. (iv) Gestión ambiental y social (cambio de modalidad de pago). Las actuaciones de gestión ambiental y social requeridas para la ejecución de la obra no constituyen un ítem extraño al contrato, sino un componente inherente a la correcta ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, que en el contrato inicial se remuneraban a través del A.I.U. y en el contrato de terminación con Acassa se pactaron como costos directos. El perjuicio reconocido por la Sala se limita al diferencial entre el costo directo asumido por EPM en el contrato CW51135 y lo que se habría pagado a Azacán por concepto de A.I.U., es decir, al sobrecosto efectivamente generado por el incumplimiento. Se trata, entonces, de un daño emergente directo que se inscribe en el amparo de cumplimiento. (v) Mayores costos de interventoría. (…) el contrato de seguro no limita la cobertura al costo directo de ejecución de la obra, sino que ampara “los perjuicios patrimoniales que le cause el contratista” a EPM por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dentro de esos perjuicios patrimoniales se encuentran, de manera evidente, los costos adicionales que el asegurado debe asumir para la supervisión técnica del contrato cuando el incumplimiento del contratista prolonga injustificadamente el plazo y obliga a extender la interventoría más allá de lo ordinariamente previsto. Aunque el contrato de interventoría es autónomo, el mayor costo no habría existido de no mediar el incumplimiento y constituye una consecuencia inmediata y directa del mismo, lo que lo ubica plenamente dentro del ámbito del daño indemnizable. (…) En consecuencia, la Sala concluye que todos los rubros de daño emergente reconocidos se encuentran comprendidos en el amparo de cumplimiento, y no están cobijados por las exclusiones de la póliza.
CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / COSTAS PROCESALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Cuando la sentencia de segunda instancia revoca totalmente la de primera instancia debe imponerse condena en costas de ambas instancias a la parte vencida?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta procedente la condena en costas en contra de las demandadas, en la medida en que prosperaron los cargos de apelación que formuló EPM contra la sentencia de primera instancia. Adicionalmente, el artículo 365 del CGP, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. En consecuencia, al revocarse totalmente la sentencia apelada, habrá lugar a condenar en costas de ambas instancias, con la precisión de que, en lo atinente a la demanda principal, la condena recae en Azacán S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A.; mientras que, en lo relativo a la demanda de reconvención, la condena recae exclusivamente en Azacán S.A.S., por ser la parte que promovió dicho libelo. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47
AGENCIAS EN DERECHO / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / PRIMERA INSTANCIA / DEMANDA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Deben fijarse agencias en derecho como parte de las costas procesales conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en contra de la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) En este caso, las agencias en derecho se fijan en: (i) tres (3) SMLMV por la segunda instancia, a cargo de cada uno de los demandados vencidos en la demanda principal (Azacán S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A.) en favor de la demandante principal (Empresas Públicas de Medellín E.S.P.); (ii) por la primera instancia respecto de la demanda principal, en el mínimo del rango aplicable (3% del valor reconocido), lo cual corresponde a $79’977.180, suma que será asumida por los demandados vencidos por mitades, esto es, $39’988.590 a cargo de Azacán S.A.S. y $39’988.590 a cargo de Seguros Generales Suramericana S.A.; y (iii) por la primera instancia respecto de la demanda de reconvención, en el mínimo del rango aplicable (3% de lo pretendido), valor que deberá ser asumido exclusivamente por dicha sociedad, por haber sido vencida en ese extremo del litigio, sin extensión a la aseguradora, que no participó como parte activa en esa acción.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366