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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada

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Fecha
2025-05-14
Radicado
05001233100019970183903
Número interno
49163
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSTRUCOTRA DE EDIFICIOS LTDA.
Demandado
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada

Lo que dijo la Sala

El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 del CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. De manera que como la actuación se inició y se surtió en vigencia de esta norma procesal, es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda.… Las pretensiones versan sobre i) la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte y ii) la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136
  • Decreto 1400 de 1970, art. 121
  • Ley 153 de 1887, art. 40

También resuelve

  • ¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?
  • ¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…
  • ¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPOSICIÓN DE LA MULTA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRESUPUESTO PROCESAL CLASES DE PRESUPUESTO PROCESAL DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PODER OFICIOSO DEL JUEZ DEMANDA EN FORMA REQUISITOS DE LA DEMANDA EN FORMA PRESUPUESTOS DE LA DEMANDA EN FORMA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVA DEL CONTRATO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPIO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE FALTA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INDEBIDA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA PROCEDENCIA PARCIAL DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA CONFIGURACIÓN PARCIAL DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA DICTAMEN PERICIAL PRUEBA PERICIAL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL TRÁMITE DE INCIDENTE DE OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL EXISTENCIA DEL CONTRATO CAUSA JURÍDICA DEL DAÑO IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA MULTA AL CONTRATISTA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO APELACIÓN DE LA SENTENCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR IMPROCEDENTE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestaciones ejecutadas sin contrato

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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 del CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. De manera que como la actuación se inició y se surtió en vigencia de esta norma procesal, es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. (...) Las pretensiones versan sobre i) la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte y ii) la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra. Por ello, la Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada. (...) Frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que impuso una multa, la demanda se interpuso en tiempo –21 de julio de 1997 (...)– porque la notificación de la Resolución nº. 873 del 25 de abril de 1995, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución nº. 16 del 4 de enero de 1995, a través de la cual se impuso una multa al contratista, se produjo el 19 de julio de 1995 (...). Al día siguiente inicio el conteo de los dos años, que vencían el 21 de julio de 1997, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art. 267 del CCA). (...) Tampoco se advierte extemporaneidad de cara a la pretensión segunda de la demanda, consistente en el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por los incumplimientos de la entidad contratante, en consideración a que la Resolución nº. 458 del 21 de marzo de 1996 –mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato n°. 956 de 1993 y el denominado por las partes contrato adicional nº. 1135 de 1994– fue notificada por edicto el 13 de mayo de 1996 (...), actuación que está íntimamente relacionada con la pretensión segunda de la demanda, toda vez que era este acto el que debía contener el pronunciamiento –favorable o no– de la entidad demandada frente a los reclamos del contratista. De ahí que, la demanda presentada el 21 de julio de 1997 (...) se interpuso antes de vencerse los dos años contados desde este supuesto –14 de mayo de 1998–. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 121, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624 PRESUPUESTO PROCESAL / CLASES DE PRESUPUESTO PROCESAL / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DEMANDA EN FORMA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN FORMA / PRESUPUESTOS DE LA DEMANDA EN FORMA Problema jurídico: ¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 164 del CCA prevé que la sentencia debe decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que el juez encuentre probadas, por ejemplo, la ineptitud de la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, al juez de segunda instancia le corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, sin perjuicio, como lo reconoció la jurisprudencia, «de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito». Dentro de estos últimos aspectos se encuentra la aptitud de la demanda o demanda en forma, la cual puede –y debe– ser declarada de oficio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la facultad del juez para declarar de oficio cualquier hecho exceptivo, consultar providencia de 17 de junio de 2004, Exp. 14988, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MUNICIPIO Problema jurídico: ¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable, además del derecho privado, es la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 –sin perjuicio de que el procedimiento de selección se hubiera adelantado antes de la entrada en vigencia de esa ley– se regirán por las normas de la Ley 80 de 1993. (...) El 25 de febrero de 1994, el municipio de Medellín –hoy Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– y Conedil Ltda. celebraron el contrato nº. 956 de 1993 para la construcción de las vías intermedia, inferior y calle 4 en el sector del Limonar II en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, y todos los demás trabajos complementarios para su realización (...). Como el municipio de Medellín fue parte del contrato y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, a sus contratos se aplica, además del derecho privado (artículo 13 de la Ley 80 de 1993), la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 78, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 81 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la normativa vigente? Respuesta al problema jurídico: Si Según la parte demandante, para la fecha de presentación de la demanda –21 de julio de 1997– el contrato n°. 956 de 1993 no se había liquidado bilateral ni unilateralmente [pretensión relacionada con el incumplimiento del municipio de Medellín]. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en la contestación de la demanda, adujo que en vista de que el contratista se abstuvo de firmar el acta de liquidación bilateral, la entidad procedió a liquidar unilateralmente el contrato mediante Resolución nº. 458 de 1996, decisión que, luego de ser notificada por edicto, no fue recurrida por la demandante. (...) Desde la perspectiva del objeto del contrato n°. 956 de 1993 y del régimen jurídico aplicable, es claro que este contrato –de donde surgen las pretensiones planteadas en la demanda– debía liquidarse, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. En efecto, se trata de un contrato de tracto sucesivo o de ejecución continua, porque las pretensiones del objeto contractual no se agotaron con una sola acción, sino que requirieron actividades diferidas en el tiempo para cumplir las obligaciones emanadas del objeto y así satisfacer las necesidades y responder al efecto querido por las partes. (...) Toda vez que el contrato n°. 956 de 1993 no previó un plazo para realizar su liquidación, el término para liquidar el contrato debió contarse luego de seis meses (los cuatro que la norma dispone en ausencia de un pacto al respecto para la liquidación bilateral –art. 60 de la Ley 80 de 1993– más los dos con los que cuenta la Administración para adelantar la liquidación unilateral –según la pauta jurisprudencial vigente al momento de la celebración del contrato, que era la regla aplicable a falta de legislación que regulara la materia–) transcurridos a partir de la finalización del contrato. (...) En este asunto, el contrato se terminó por un modo normal de extinción del vínculo jurídico: terminación del plazo contractual. En este orden de ideas, como el 5 de enero de 1995 venció el plazo del contrato (...), a partir del día siguiente inició el conteo de los cuatro meses para liquidación bilateral y los dos meses para la liquidación unilateral, que finalizaron el 6 de julio de 1995, sin que las partes hubieran llevado a cabo la liquidación bilateral. (...) [C]onforme al criterio jurisprudencial vigente para la época de celebración del contrato, no existía restricción alguna para que, antes de que operara la caducidad de la acción, la Administración liquidara unilateralmente el contrato. En otras palabras, la liquidación unilateral podía tener lugar en un plazo adicional a los dos meses que establecía la jurisprudencia siempre que aconteciera antes del término máximo para la interposición de la demanda. Así, entonces, la Sala encuentra que la Resolución nº. 458 del 21 de marzo de 1996 –mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato n°. 956 de 1993 y el denominado por las partes contrato adicional nº. 1135 de 1994– fue notificada por edicto el 13 de mayo de 1996 (,,,), es decir, 1 año, 3 meses y 8 días después del vencimiento del plazo contractual –5 de enero de 1995– (...) y, por ello, es forzoso concluir que el contrato –cuya declaratoria de incumplimiento se pretende en este caso– fue objeto de liquidación unilateral a través de la Resolución nº. 458 de 1996 antes de que operara el término de caducidad de la acción. Asimismo, valga precisar que la notificación del acto de liquidación –13 de mayo de 1996 (...)– sucedió con anterioridad a la presentación de la demanda –21 de julio de 1997 (...)–. En efecto, la notificación de dicho acto ocurrió 1 año, 2 meses y 8 días antes de que se presentara la demanda por el contratista. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las formas de terminación del contrato, consultar providencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Acerca del término para la liquidación del contrato estatal, consultar providencias de 29 de enero de 1988, Exp. 3615, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 10 de septiembre de 1987, Exp. 3711, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 11 de diciembre de 1989, Exp. 5334; de 6 de julio de 1995, Exp. 8126, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 30 de mayo de 1996, Exp. 11759, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 13 de julio de 2000, Exp. 12513, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 22 de febrero de 2001, Exp. 13682, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 16 de agosto 2001, Exp. 14384, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y concepto de 31 de octubre de 2001, Rad. 1365, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Acerca de la liquidación del contrato luego de vencido el término legal para tal efecto, consultar providencias de 1 de diciembre de 1989, Exp. 5334; de 22 de junio de 2000, Exp. 12723, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y conceptos de 6 de agosto de 2003, Rad. 1453, C.P. Augusto Trejos Jaramillo; de 28 de junio de 2016, Rad. 2253, C.P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / FALTA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEBIDA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA PARCIAL DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN PARCIAL DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, dado que el contratista demandó varios incumplimientos que, a su juicio, ocasionaron la ruptura del equilibrio económico del contrato, pero no formuló una pretensión de nulidad contra el acto de liquidación unilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El 25 de febrero de 1994, el municipio de Medellín –hoy Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– y la Constructora de Edificios Ltda.-Conedil celebraron el contrato de obra n°. 956 de 1993 para la construcción de las vías intermedia, inferior y calle 4 en el sector del Limonar II en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, y todos los demás trabajos complementarios para su realización. El municipio de Medellín impuso una multa al contratista por el retraso en la entrega de las obras y liquidó unilateralmente el contrato. El contratista demandó varios incumplimientos del contrato (...). [L]a Sala encuentra que al presentar la demanda tendiente a obtener reconocimientos derivados del contrato nº. 956 de 1993, la parte demandante acumuló en una sola pretensión i) el incumplimiento por la entrega de diseños, ii) el desequilibrio económico del contrato y iii) el supuesto incumplimiento por ausencia de liquidación. Es decir que, en esencia, ató el reconocimiento de los perjuicios a una aparente omisión en la liquidación del contrato, en la que debieron hacerse los reconocimientos respectivos sobre esos aspectos, puesto que en esta etapa se deben hacer los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Esta omisión del municipio demandado –no liquidar el contrato y, por ende, no equilibrarlo ni reconocer los perjuicios reclamados– es el fundamento de la demanda en este aspecto. (...) A pesar de lo anterior, (...) el contrato sobre el cual versan las pretensiones de la demanda fue objeto de liquidación unilateral por parte de la Administración, lo que implica que, por una parte, la pretensión así formulada –desequilibrio por incumplimiento ligado a una supuesta ausencia de liquidación en la que debieron hacerse los reconocimientos económicos que reclamaba– se contradice con las pruebas que obran en el expediente y, por otra parte, supone que la demandante debió formular una pretensión de nulidad contra el acto de liquidación proferido, lo cual era indispensable para proceder con el estudio de fondo de las pretensiones relativas a la ruptura del equilibrio económico del contrato que, afirma, fueron omitidas por la Administración. En efecto, para obtener un fallo favorable en este caso era indispensable que se declarara la nulidad del acto de liquidación que se produjo y que la demandante pretendió desconocer, ya que en la pretensión antes transcrita y en los fundamentos de la demanda (...) ligó el desequilibrio económico con una supuesta ausencia de liquidación del contrato, aspecto –este último– que quedó ampliamente desvirtuado. Por ello, habiéndose liquidado unilateralmente el contrato por la entidad demandada, la declaratoria de ilegalidad de aquel acto era un requisito esencial para restablecer el derecho afectado, porque, se reitera, así se formularon las pretensiones en las que se exigió que se incluyeran en esa liquidación los perjuicios reclamados. (...) A pesar de que la demandante no recurrió dicho acto, formuló una pretensión de desequilibrio ligada a una presunta ausencia de liquidación del contrato, aspecto que, de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, quedó desvirtuado. Esta circunstancia, (...) impide el estudio de las pretensiones indemnizatorias, por cuanto la demandante ligó el presunto desequilibrio económico a la inexistencia del acto de liquidación del contrato, pero que, probada su existencia en contravía de lo afirmado en la demanda, no puede desconocerse mientras la presunción de legalidad que lo cobija no haya sido desvirtuada. Así las cosas, mientras no se declare la nulidad del acto de liquidación, este mantiene su validez, respaldado por la presunción de legalidad, lo que impide un pronunciamiento de fondo frente al desequilibrio económico del contrato, puesto que, como acaba de verse, dicho aspecto conforma una sola pretensión con la liquidación del contrato. (...) Valga precisar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para solicitar que se declare la nulidad del acto de liquidación. En ejercicio de esta acción, la parte demandante debió formular una pretensión expresa en ese sentido, con la identificación e individualización del acto demandado y la manifestación de los fundamentos de derecho de la demanda, constituidos por las normas violadas y el concepto de la violación. (...) En consecuencia, la Sala concluye que la parte actora dejó de lado la discusión que surgía a partir de las pruebas aportadas por la demandada y que implicaba desvirtuar lo que de estas se podía inferir. Su silencio, por tanto, no puede interpretarse como el desconocimiento del acto de liquidación del contrato – desconocimiento que, en cualquier caso, no podía extenderse más allá de su incorporación al expediente–, sino como la falta de voluntad o razones para controvertir su existencia. En este contexto, la Sala concluye que, para hacer valer sus pretensiones en esta acción contractual, la demandante debió formular una pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. La Sala reitera que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 y 138 del CCA, la demanda debe contener lo que en estricto sentido se pretende y, tratándose de la nulidad de actos administrativos, se requiere su individualización, porque, de lo contrario, se configura la ineptitud sustantiva de la demanda, que impide un pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones formuladas por la demandante. Así las cosas, resolver los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos a la entidad demandada o la supuesta ruptura del equilibrio económico implicaría desconocer la validez y firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral, el cual no fue demandado. Esto vulnera el artículo 66 del CCA, que establece que los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...) En definitiva, la Sala modificará el fallo de primera instancia para declarar la ineptitud de la demanda en lo relativo a la pretensión de incumplimiento contractual (...). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la oponibilidad de los actos administrativos, consultar providencia de 20 de septiembre de 2007, Exp. 29285, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 138, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 44, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 45, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / TRÁMITE DE INCIDENTE DE OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿El Tribunal a quo omitió darle trámite a la objeción por error grave presentada contra el dictamen pericial? Respuesta al problema jurídico: No La demandante, en el recurso de apelación, sustentó los perjuicios derivados del incumplimiento contractual a partir del dictamen pericial que fue decretado y practicado en el proceso, el cual fue objetado por error grave sin que el Tribunal, a su juicio, tramitara la objeción. La Sala observa que el Tribunal ordenó correr traslado de la objeción por error grave (...) y, posteriormente, en providencia del 6 de diciembre de 2004 (...), negó el decreto de pruebas solicitado por la parte demandante para sustentar la objeción por error grave, razón por la cual este cargo de la apelación no prospera. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO / CAUSA JURÍDICA DEL DAÑO / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente declarar el enriquecimiento sin causa cuando el desplazamiento patrimonial alegado en la demanda tiene origen en una causa jurídica, esto es, el contrato de obra pública, que fue perseguida a través de la acción contractual? Respuesta al problema jurídico: No [L]a demanda adujo, como pretensión subsidiaria, que la entidad se había enriquecido injustamente. La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial. Dado que el supuesto desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato de obra n°. 956 de 1993 entre las partes–, que fue perseguida a través de la acción contractual, no es procedente la reclamación por enriquecimiento sin causa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del enriquecimiento sin causa, consultar providencias de 4 de septiembre de 1986, Exp. 3785, C.P. Jorge Valencia Arango; de 25 de noviembre de 2004, Exp. 25560, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 7 de junio de 2007, Exp. 14669, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de noviembre de 1936. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MULTA AL CONTRATISTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR IMPROCEDENTE / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Debe confirmarse la decisión de primera instancia en lo relativo a la declaratoria de nulidad de los actos que impusieron una multa y actualizar los valores allí reconocidos, dado que el recurso de apelación interpuesto contra el fallo en este asunto, fue rechazado por improcedente? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien la parte demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia en lo relativo a la declaratoria de nulidad de los actos que impusieron una multa, aquel fue rechazado por improcedente y contra esa decisión la parte demandada no interpuso recursos. Por lo tanto, la suma reconocida en favor del demandante, así como el estudio que el Tribunal realizó en primera instancia sobre la naturaleza jurídica y régimen aplicable a los actos contentivos de las multas, son aspectos que escapan del objeto de la decisión en esta instancia, puesto que, se reitera, no fueron asuntos que hayan quedado comprendidos dentro del marco del recurso de apelación. (...) En la sentencia de primera instancia se dispuso que la suma a pagar a favor del contratista –como restablecimiento por la nulidad de los actos que impusieron una multa– correspondía a $5´191.319. En consecuencia, el monto de la condena debe actualizarse desde que la entidad realizó el descuento de la multa, es decir, desde la orden de pago del acta nº. 09R –11 de septiembre 1995 (...) – hasta la fecha de la presente sentencia (...).

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199701839031100103