Titulación de la relatoría 45.151 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LA DEMANDA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. En el presente caso el litigio versa sobre un contrato celebrado por Metrolínea S.A., entidad de aquellas expresamente mencionadas por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, por lo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de presentación de la demanda. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia del 20 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dada la vocación de doble instancia del proceso, el cual versa sobre un contrato celebrado entre Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda., toda vez que la cuantía de la pretensión mayor excede los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el 2012, año en el cual se presentó la demanda. Lo anterior, según lo establecido en los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del CCA Administrativo -norma aplicable al caso concreto-.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la demanda, momento en el que la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la renuncia tácita del pacto arbitral?
Respuesta al problema jurídico: No
Se advierte que en la cláusula 72 del contrato de concesión M-LP-001-2008 suscrito entre Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda., las partes acordaron el pacto arbitral con el fin de dirimir las controversias surgidas del contrato ante un tribunal de arbitramento; sin embargo, Estaciones Metrolínea Ltda. presentó la demanda y Metrolínea S.A. compareció al proceso y en la oportunidad legal no propuso la excepción de falta de jurisdicción. Sobre el particular, la Sala destaca que para la fecha de presentación de la demanda se encontraba vigente la tesis jurisprudencial que aceptaba la renuncia tácita de la cláusula compromisoria cuando se presentaba la demanda ante esta jurisdicción y la parte demandada, en la oportunidad procesal pertinente, no proponía la excepción de falta de jurisdicción y competencia, como consecuencia de la existencia de pacto arbitral. Al respecto, la Sala reconoce la existencia de una posición unificada por la Sección Tercera de esta Corporación en providencia del 18 de abril de 2013 que descartó la posibilidad de renuncia tácita de la cláusula compromisoria; sin embargo, también es cierto que esta Sección ha privilegiado la tesis vigente al momento de presentación de la demanda -en este caso 24 de abril de 2012-, con el fin de determinar la Jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del asunto puesto a su consideración, esto con el fin de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia de las partes del litigio. (...) Así las cosas, como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal al pacto arbitral -criterio que solo vino a ser cambiado en la sentencia de unificación del 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito-, se aplicará la misma en este caso y, por ello, se conocerá el asunto sometido a decisión no obstante la cláusula compromisoria pactada por las partes en el contrato subjudice. Al respecto, la Sala no pierde de vista que la parte demandada, en sus alegatos de conclusión de primera instancia, puso de presente la existencia de cláusula compromisoria y solicitó declarar la falta de jurisdicción y, como consecuencia, decretar la nulidad de todo lo actuado. Con todo, la Sala aclara que, si bien en la primera instancia no se realizó ningún pronunciamiento sobre la petición del demandado, ello no es óbice para indicar, en este momento, que la petición de la parte demandada fue extemporánea debido a que el escrito de alegatos de conclusión no es el pertinente para presentar excepciones en contra de la demanda y, como tal, en este caso ya para ese momento había operado la renuncia tácita de la cláusula compromisoria. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la Jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la renuncia tácita de la cláusula compromisoria, consultar providencias de 18 de abril de 2013, Exp. 17859, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 10 de diciembre de 2021, Exp. 55481, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto el demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución N.° 501 del 12 de septiembre de 2011 y de la Resolución N.° 568 del 7 de diciembre de 2011, por medio de las cuales se impuso una multa al contratista por valor de $527’566.000, durante la ejecución del contrato M-LP-001-2008 para la construcción de la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, y que, como consecuencia, se condene a Metrolínea S.A. al pago de los perjuicios causados. Así las cosas, de acuerdo con las pretensiones y el fundamento fáctico de la
demanda, la controversia sometida a decisión es, sin duda, un conflicto surgido
entre las partes contratantes con ocasión de la ejecución del contrato estatal por
ellas celebrado, correspondiendo, por tanto, la acción de controversias
contractuales prevista en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso sub examine, está acreditado que el 18 de noviembre de 2008 Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda. suscribieron el Contrato de Concesión para la construcción de la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga (...). Bajo el anterior contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del CCA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que Estaciones Metrolínea Ltda., -demandante- y Metrolínea S.A. -demandada- están legitimadas por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
El inciso primero del numeral 10 del artículo 136 del CCA, vigente para el momento en el que comenzó a correr el término para el ejercicio oportuno de la acción y que, por tal motivo, resulta aplicable al caso concreto, establecía que el cómputo del término de caducidad de la acción contractual era dos (2) años contados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; además, contemplaba varias hipótesis dependiendo de si el contrato requería o no de liquidación y de si esta se efectuaba o no . En este caso, la Sala considera que, como las resoluciones demandadas son totalmente independientes y separables del balance final de cuentas contenido en la liquidación del negocio jurídico, el computo de la caducidad inició a correr desde la ocurrencia de los motivos de hecho que sirvieron de fundamento para presentar la demanda, es decir, desde el momento en que quedaron ejecutoriadas las decisiones por medio de las cuales se impuso la multa al contratista. En línea con lo anterior, resulta pertinente destacar que la Resolución 501 de 2011 quedó ejecutoriada al día siguiente de la notificación de la Resolución 568 de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial; en ese sentido, la Resolución 568 de 2011 fue notificada mediante edicto fijado el 19 de diciembre de 2011 y desfijado el 30 del mismo mes y año, por lo que la Resolución 501 de 2011 quedó ejecutoriada el 2 de enero de 2012. Por lo tanto, la Sala encuentra que el término de caducidad inició a correr desde el 3 de enero de 2012, por lo que, en principio, el término para interponer la demanda vencía el 3 de enero de 2014, y como la misma fue radicada el 24 de abril de 2012, es claro que su presentación fue oportuna. Adicionalmente, se precisa que la parte actora agotó el requisito de conciliación extrajudicial, según constancia expedida el 8 de marzo de 2012, por el Procurador Judicial 17 para asuntos Administrativos de Bucaramanga.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la determinación de la regla de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas, consultar providencia de 2 de julio de 2021, Exp. 66495, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
CONTRATO DE CONCESIÓN / SOCIEDAD ANÓNIMA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA DE TRANSPORTE / EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿El contrato de concesión celebrado por Metrolínea S.A. como sociedad anónima sujeta al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, para la fecha de su suscripción, se encontraba sometido a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública previsto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de concesión M-LP-001-2008 fue suscrito el 18 de noviembre de 2008, entre Metrolínea S.A., en calidad de concedente, y Estaciones Metrolínea Ltda., en calidad de concesionario. Sobre el particular, se precisa que Metrolínea S.A. está constituida como sociedad anónima sujeta al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado -EICE-, de conformidad con el Acuerdo 037 de 2002, acto mediante el cual el Concejo de Bucaramanga dispuso su creación, por lo que el régimen jurídico del contrato objeto de examen en esta instancia judicial dependerá de la norma vigente a la fecha en que se suscribió el negocio jurídico, es decir, el 18 de noviembre de 2008. (...) De igual modo, para el caso concreto, mediante el contrato de concesión suscrito la mencionada entidad pretendió suplir necesidad de construir la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, por lo que el negocio hizo parte integral del desarrollo del objeto social de la empresa, definido en sus estatutos sociales (...). De conformidad con lo anterior, el régimen jurídico aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, para la fecha de celebración del contrato -18 de noviembre de 2008-, es el previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 previo a la modificación consagrada en el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 expedida el 12 de julio de 2011. (...) Al respecto, esta Subsección, en un caso análogo, concluyó que la actividad desarrollada por las empresas públicas constituidas para la gestión y organización del transporte público en los municipios, no se encuentran en competencia al desarrollar su objeto social. (...) De conformidad con lo anterior, se concluye que la controversia objeto de estudio se encuentra ligada a las decisiones adoptadas por Metrolínea S.A., mediante las resoluciones 501 y 568 de 2011, en el marco de la relación contractual con Estaciones Metrolínea Ltda., que para la fecha de celebración del contrato -18 de noviembre de 2008-, se encontraba sometido a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública previsto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Por tanto, este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis de las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la normativa aplicable a la contratación de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, consultar providencias de 23 de septiembre de 2009, Exp. 24639, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 27 de mayo de 2015, Exp. 38600, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 16 de julio de 2015, Exp. 31683, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre el régimen contractual aplicable para las empresas públicas constituidas para la gestión y organización del transporte público en los municipios, consultar providencia de 31 de mayo de 2022, Exp. 52636, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 6, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 1 LITERAL M, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Metrolínea S.A se encontraba facultada para declarar el incumplimiento del contrato de concesión e imponer multas al contratista, en caso de encontrar acreditado un incumplimiento grave durante el plazo de ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 -vigente para el momento de suscripción del contrato-, las entidades públicas se encuentran facultadas para declarar el incumplimiento del contrato estatal, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando hubieren sido pactadas por las partes y se garantizara, mediante un procedimiento administrativo, el respeto al debido proceso y derecho de defensa del contratista, en concordancia con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. (...) Ahora bien, a partir de lo indicado por esta Corporación, la cláusula penal de apremio o multa constituye una sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual y, además, se constate que los sujetos negociales pactaron la posibilidad de la entidad de imponer multas al contratista, tal como aquí ocurre, toda vez que las partes estipularon la facultad de la entidad concedente de imponer multas al concesionario, en diferentes supuestos consagrados en la cláusula 55 del contrato de concesión que suscitó la presente controversia. Así las cosas, la Sala concluye que, en el caso concreto, Metrolínea S.A se encontraba facultada, previo agotamiento un procedimiento administrativo que garantizara el debido proceso y el derecho de defensa, para imponer multas al contratista, en caso de encontrar acreditado un incumplimiento grave durante el plazo de ejecución del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la facultad para declarar el incumplimiento contractual e imponer multas al contratista, consultar providencias de 23 de junio de 2010, Exp. 16367, C.P. Enrique Gil Botero; de 10 de septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tienen un vínculo laboral con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omo los (...) testimonios provienen de personas que tuvieron un vínculo laboral con la sociedad demandante y ocuparon los cargos de director de obra y profesional -sin especificación-, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil se trata de testigos que se encuentran en circunstancias que pueden afectar su credibilidad o imparcialidad y, por lo tal motivo, su declaración será valorada con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCIÓN
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista y se le impuso multa, por vulnerar el debido proceso al no haberse aplicado el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, esto es, un proceso reglado que el contratista conociera previamente?
Respuesta al problema jurídico: No
Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda., suscribieron el contrato de concesión M-LP-001-2008 cuyo objeto consistió en “La construcción de la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga”. Por medio de la Resolución N.º 501 del 12 de septiembre de 2011, Metrolínea S.A. declaró el incumplimiento de Estaciones Metrolínea Ltda. y le impuso una multa por valor de $527’566.0000. Esta decisión fue confirmada en su totalidad mediante Resolución N.º 568 del 7 de diciembre de 2011. (...) La parte recurrente acusó las Resoluciones N° 501 del 12 de septiembre de 2011 y 568 del 7 de diciembre de 2011, porque, a su juicio, los actos expedido incurrieron en (i) violación al debido proceso (...). En el marco de la competencia otorgada a las entidades estatales por cuenta de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales podían imponer las multas mediante decisiones que debían adoptarse con estricto rigor al debido proceso, en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a todas las actuaciones administrativas desplegadas por las entidades del Estado. Posteriormente, a partir de la expedición de la Ley 1474 de 2011 por la cual se expidió el Estatuto Anticorrupción, se reguló de manera específica el trámite y el procedimiento a seguir para la declaratoria de incumplimiento, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal. En el caso sub examine, la parte actora considera que se le vulneró el debido proceso por no haberse aplicado el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, a pesar, de encontrarse vigente la normatividad para el momento en que se impuso la sanción. Sobre la aplicación de normas al régimen de contratos de la Administración Pública, la regla de vigencia de la ley en el tiempo impone la determinación de la disposición aplicable, según lo dispuesto en artículo 38 de la Ley 153 de 1887, norma que en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 se refiere al derecho sancionador, respecto del cual aplica la ley vigente para la fecha en que se hubiere cometido la infracción, en este caso el incumplimiento parcial -conducta sancionada-. (...) En ese orden de idas, (...) se evidencia que el incumplimiento endilgado al contratista -conducta sancionada-, por la cual se impuso la multa, ocurrió desde el mes de enero de 2011 es decir, en vigencia de la Ley 1150 de 2007, previo a la promulgación de la Ley 1474 de 2011. En ese orden de ideas, le asiste razón a Metrolínea S.A. en relación con que la Ley 1150 de 2007, artículo 17, es la norma que facultó a la entidad para la imposición de la multa y aplicable al procedimiento sancionatorio. (...) Bajo la claridad normativa, la Sala destaca que el procedimiento administrativo sancionatorio inició, a partir de los informes de interventoría, desde enero de 2011, en los que se informó sobre los incumplimientos y atrasos de obra evidenciados durante la ejecución de las obligaciones del contrato M-LP-001-2008 y recomendó imponer las medidas conminatorias establecidas en la cláusula 55 del contrato. Ante el conocimiento de estos informes por parte de Estaciones Metrolínea Ltda., la concesionaria presentó sus descargos ante las imputaciones realizadas y ejerció su derecho de defensa (...). Con posterioridad a la presentación de los descargos del concesionario, se realizó una audiencia en la que se permitió a Estaciones Metrolínea Ltda., pronunciarse nuevamente sobre el incumplimiento imputado y ejercer su derecho de defensa. Metrolínea S.A., una vez adelantado el procedimiento administrativo, mediante Resolución N° 501 del 12 de septiembre de 2011, se pronunció sobre los argumentos de defensa esgrimidos por Estaciones Metrolínea Ltda., declaró e incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato de concesión e impuso una multa al concesionario por valor de de quinientos veintisiete millones quinientos sesenta y seis mil pesos ($527’566.000). En contra de la decisión adoptada mediante la Resolución N° 501 del 12 de septiembre de 2011, Estaciones Metrolínea Ltda. tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto definitivamente mediante Resolución N° 568 del 7 de diciembre de 2011, en la que se resolvieron los argumentos esbozados por el concesionario sancionado. De conformidad con lo anterior, la Sala considera acertada la decisión del Tribunal a quo respecto a la norma que reguló el procedimiento administrativo sancionatorio y la no vulneración del debido proceso y derecho de defensa de Estaciones Metrolínea Ltda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el debido proceso sancionatorio, consultar providencia de 23 de junio de 2010, Exp. 16367, C.P. Enrique Gil Botero. Acerca del principio de legalidad como presupuesto para el ejercicio de la potestad sancionatoria, consultar providencia de 22 de octubre de 2012, Exp. 20738, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 135, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OMISIÓN DE LA PRUEBA / OMISIÓN EN LA PRÁCTICA DE PRUEBA / TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista y se le impuso multa, por vulnerar el debido proceso al no resolver sobre el decreto de una prueba testimonial?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n cuanto a la supuesta prueba testimonial no decretada en el procedimiento administrativo sancionatorio, el Tribunal de primera instancia consideró que dicha afirmación del demandante no se encontraba probada en el sublite. El recurrente, en oposición a lo decidido en la primera instancia, reiteró en su recurso de apelación que estaba demostrada la vulneración al debido porque Metrolínea S.A. se negó a decretar una prueba testimonial. Sobre el particular, la parte recurrente se limitó a afirmar que la petición de la prueba y la negativa a decretarla estaban probadas, sin embargo, no especificó mediante que medió probatorio se acreditaban los hechos alegados al respecto. Al respecto, la Sala destaca que, ni en el escrito de descargos, ni en el recurso de reposición presentado por Estaciones Metrolínea Ltda., en el trámite del proceso administrativo sancionatorio se evidenció una petición en tal sentido y, tampoco, en los demás documentos contractuales arrimados al proceso. Así las cosas, se precisa que lo aducido por la parte demandada en su recurso de apelación, no se encuentra demostrado en el caso concreto, en ese sentido, debido a que las partes tienen la carga de probar los supuestos de hecho alegados, no es posible analizar la supuesta vulneración al debido proceso por la supuesta negativa de Metrolínea S.A. a decretar una prueba testimonial solicitada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ORDEN JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INEXISTENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista y se le impuso multa, por el decaimiento de los actos derivado de la pérdida de fuerza ejecutoria al no cumplir con la finalidad pretendida, dada la supuesta imposibilidad del contratista de cumplir con la totalidad del objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte actora señaló que el Tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que las resoluciones demandadas no cumplieron con su finalidad -apremiar al Estaciones Metrolínea Ltda. para cumplir el contrato- debido a que, por la orden emitida por el Juzgado 9 Administrativo de Bucaramanga, el contratista debía abstenerse de ejecutar actividades en uno de los predios donde se desarrollaban trabajos, por lo que, por lo máximo podría ejecutar el 55% de la obra contratada. Al respecto, la Sala encuentra que la Resolución N° 501 del 12 de septiembre de 2011, confirmada mediante Resolución N° 568 del 7 de diciembre de 2011, impuso multa al contratista por los incumplimientos evidenciados en los informes de interventoría (...). [S]e encuentra demostrado que, la medida cautelar decretada por el Juzgado 9 Administrativo de Bucaramanga, no ordenó la paralización total de la obra sino que conminó a las partes a suspender actividades en un predio determinado, (...) por no contar con licencia de construcción, además, se demostró que el concesionario incumplió el contrato al decidir de manera unilateral paralizar totalmente la ejecución de obras en el marco del contrato de concesión. Ahora bien, (...) la parte actora alegó como fundamento de la pretensión de nulidad, el decaimiento del acto administrativo por pérdida de fuerza ejecutoria debido a la imposibilidad de ejecutar el 100% de la obra. (...) De todo lo anterior, es claro, que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo no ataca la legalidad de la decisión adoptada sino su eficacia, es decir, la capacidad de seguir produciendo efectos hacía el futuro. En todo caso, la Sala destaca que, en relación con la Resolución N° 501 del 12 de septiembre de 2011, confirmada mediante Resolución N° 568 del 7 de diciembre de 2011, no sufrió pérdida de su fuerza ejecutoria porque los motivos de hecho o de derecho en que se fundó, no han desaparecido. En primer lugar, se advierte que la imposición de la sanción se fundó en el incumplimiento parcial de las obligaciones al momento en que se inició el proceso sancionatorio -enero de 2011-, situación fáctica que está comprobada en el sub lite y no fue desvirtuada por la parte actora. En segundo lugar, los fundamentos jurídicos para la imposición de la multa al contratista derivaron de la facultad legal consagrada en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y, de conformidad con el pacto contractual establecido en la cláusula 55 del contrato M-LP-001-2008. Así las cosas, se corrobora la tesis del Tribunal a quo en cuanto a que el decaimiento del acto administrativo por pérdida de fuerza ejecutoria no afecta la legalidad del acto administrativo sino su eficacia, en relación, con la producción de efectos hacía el futuro. Asimismo, se precisa que en el caso concreto, no ocurrieron los supuestos de decaimiento por pérdida de fuerza ejecutoria, debido a que no han desaparecido los fundamentos de hecho y derecho en que se fundaron los actos demandados. Como conclusión, la Sala confirmará lo decidido en la sentencia de primera instancia y despachará desfavorablemente lo alegado en el recurso de apelación con respecto al decaimiento de la decisión por perdida de fuerza ejecutoria, por la supuesta imposibilidad de cumplir con el objeto contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el decaimiento de los actos administrativos por pérdida de fuerza ejecutoria, consultar providencia de 16 de mayo de 2019, Exp. 62351, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ORDEN JUDICIAL / ALCANCE DE LA ORDEN JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL / HECHO IRRESISTIBLE / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista y se le impuso multa, por desconocer que el contrato se encontraba suspendido por orden de una autoridad judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a parte actora afirmó que la Resolución 501 del 12 de septiembre de 2011, confirmada mediante la Resolución 568 del 7 de diciembre de 2011, son evidentemente ilícitas porque impusieron una multa al contratista por no cumplir con el objeto de un contrato que se encontraba suspendido por orden de una autoridad judicial, lo cual sustentó en la medida cautelar decretada por el Juzgado 9 Administrativo de Bucaramanga. (...) [E]s evidente que, para el momento de imposición de las multas, el objeto del contrato M-LP-001-2008 podía ejecutarse, según el programa de trabajo y el reajuste de los diseños ordenado por el Juzgado 9 Administrativo de Bucaramanga, sin que esta circunstancia fuera constitutiva de un hecho irresistible para las partes que impidiera ejecutar el contrato. Si bien, existió una diferencia de criterios en cuanto a la forma de avance de la obra, ninguna de las partes comprobó la imposibilidad de ejecutar las obras requeridas para cumplir con el objeto contractual. En este orden de ideas, para la Sala, la Resolución N° 501 de 2011, confirmada mediante la Resolución N° 568 del 7 de diciembre de 2011, son completamente licitas y, en ese momento, eran idóneas para conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones contractuales. Cuestión diferente es que, posteriormente, las partes hubieran pactado de mutuo acuerdo la terminación anticipada del contrato M-LP-001-2008.
CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGO DE NULIDAD NO ESTUDIADO EN PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada, por lo que, dada la ausencia de carga argumentativa de la impugnación, la Sala debe abstenerse de pronunciarse sobre los nueve argumentos legales expuestos por los cuales son nulos los actos contractuales de imposición de multas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a parte demandante alegó que en la sentencia de primera se “ignoró los nueve argumentos legales expuestos por los cuales son nulos los actos contractuales de imposición de multas” sin especificar a que cargos se refería. La Sala evidencia que el recurso de apelación, en este cargo, adolece de argumentos concretos de disenso frente a la decisión apelada y, por ende, la parte actora no cumplió con la carga de sustentación del recurso y de la observancia al principio de congruencia, por lo que se procede a explicar. Esta Corporación, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar de acuerdo con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. De ese modo, la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. (...) Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior funcional confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”. (...) De lo anterior se advierte que el reparo expresado en contra de la decisión del Tribunal a quo no atacó directamente la fundamentación de sus conclusiones, pues el recurrente se basó en afirmar, de manera genérica, que no se resolvió sobre nueve argumentos legales planteados en la demanda, sin especificar cuáles fueron los aspectos dejados de resolver en la sentencia de primera instancia. (...) Así las cosas, es claro que el recurrente, respecto a este cargo de apelación, simplemente se limitó a indicar que hubo argumentos legales no resueltos, pero que no identificó ni planteó según los términos esbozados en el escrito inicial, dinámica argumentativa que devela la inexistencia de cargos concretos de inconformidad frente a los argumentos expuestos por el a quo en el fallo apelado. Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del del 20 de septiembre 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la carga procesal de sustentar el recurso de apelación, consultar providencias de 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 14 de mayo de 2014, Exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín; de 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén.