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13001233300020130049101 de 20262026-11-13Rad. 13001233300020130049101
El contratista no puede celebrar contratos estatales sin la debida habilitación legal, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que limita la delegación de competencias a servidores públicos que ocupen cargos directivos o ejecutivos en la entidad. Si el delegatario no cumple con estos requisitos, la celebración del contrato constituye una contravención del derecho público, lo que configura la nulidad absoluta del negocio jurídico conforme al artículo 1519 del Código Civil. La Sala reitera que el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta cuando el vicio sea manifiesto y las partes concurren al proceso, relevando así al tribunal del examen de otros cargos de apelación que presuponen la validez del contrato. Esta regla implica que cualquier celebración contractual por parte de un delegatario que no cumple con los requisitos legales para ejercer la competencia estatal será nula de pleno derecho, sin posibilidad de ratificación.síntesis automática
También resuelve:Nulidad absoluta del contrato: declaratoria oficiosa, estudio preferente de la validez del negocio jurídico, orden de análisis de los cargos de apelación, el artículo 1746 del Código Civil –Contrato AnuladoContrato estatal: nulidad absoluta, Artículo 44 de la Ley 80 de 1993, Artículo 1741 del Código Civil –Ilicitud del ObjetoNulidad absoluta: facultad de declaratoria de oficio, artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, inexistencia de exigencia de pretensión autónoma de nulidad, límites de la facultad judicial
66001233300020160067204 de 20262026-11-13Rad. 66001233300020160067204
El desequilibrio económico del contrato… no es un eximente de responsabilidad y, en consecuencia, no excusa a las partes del incumplimiento del contrato” Las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos.
También resuelve:Desequilibrio económico del contrato: nociónIncumplimiento del contrato: declaratoria unilateral, competencia, administración, notificaciónIncompetencia de la entidad contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento: sustraen dicha competencia demandas notificadas antes de la firmeza de declaratoria de incumplimiento, literal C Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
54001233300020200005202 de 20262026-11-13Rad. 54001233300020200005202
El contratista no puede exigir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés público impiden temporalmente su ejecución, por lo que la suspensión del contrato, como medida excepcional, procede por acuerdo de las partes y debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición razonables y proporcionales, excluyendo su imposición unilateral. Además, el lucro cesante no se identifica con el valor bruto de la porción del contrato no ejecutada, sino con la utilidad que el contratista habría obtenido de haber podido cumplir con sus obligaciones, lo que requiere que la parte demandante demuestre la estructura económica de la oferta y la utilidad prevista, aportando pruebas suficientes para establecer su causación. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo criterios más precisos para la suspensión del contrato y el cálculo del lucro cesante en casos de inejecución.síntesis automática
También resuelve:Suspensión del contrato: postura del Consejo de Estado, medida excepcional, procedencia, elementosLucro cesante: metodología, cálculo, prestaciones no ejecutadas, ganancias dejadas de percibir
76001233100020050412205 de 20262026-11-12Sección TerceraRad. 76001233100020050412205
La enajenación de los productos correspondía, conforme al régimen vigente para la fecha de celebración del contrato, a una de las actividades comprendidas en el monopolio rentístico de licores. Así pues, dado que la explotación de los licores constituye un monopolio rentístico reservado a los Departamentos (sic), que a su vez se erige como fuente de financiación de servicios públicos inherentes a la función social del Estado y puesto que, según el numeral 2º, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos celebrados con el objeto de ejercer esas actividades imperativamente y por ministerio de la ley se entenderán incluidas las diversas cláusulas excepcionales, entre ellas la de caducidad administrativa contractual, resulta obligado concluir que en el contrato No. 013 de 1996, a pesar de no haberse pactado dicha exorbitancia expresamente, se deba entender incluida, toda vez que es propia de ese tipo de convenios.
También resuelve:Régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado: Ley 489 de 1998 artículo 85, derecho privado, evolución normativa, Ley 80 de 1993 artículo 2Régimen jurídico del contrato: Ley aplicable en el tiempo, Ley 489 de 1998 artículo 93, actos y contratos, sala de consulta y servicio civilCláusulas excepcionales en contratos regidos por el derecho privado: caducidad no pactada, Ley 80 de 1993 artículo 14 numeral 2, contenido material del negocio, monopolio rentístico
SUJ-025-CE-S2-2021 de 20212026-11-10Sala PlenaRad. 0088-15
El contratista no genera relación laboral ni prestaciones sociales en un contrato estatal de prestación de servicios, salvo que se demuestren los elementos configurativos de una relación laboral, en cuyo caso la realidad prevalece sobre la forma y la entidad debe reconocer y pagar las prestaciones sociales. Este contrato debe celebrarse por un término estrictamente indispensable para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, no puede cubrir necesidades permanentes y el contratista debe mantener un alto grado de autonomía en la ejecución del trabajo. La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unifica jurisprudencia al establecer que la existencia de una relación laboral no confiere la calidad de empleado público, a menos que se cumplan los requisitos de nombramiento o elección y posesión. Esta regla ofrece certeza jurídica a las autoridades y garantiza el derecho a la igualdad en la justicia contencioso-administrativa.síntesis automática
También resuelve:Sentencia de unificación: alcance de la unificación, temporalidad, solución de continuidad, efectosRelación laboral: elementos, artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, marco jurídico aplicable, ausencia de estatuto del trabajoContrato estatal de prestación de servicios: características, contrato típico, objeto, funciones ocasionales
El contratista no puede interponer una acción de tutela contra una providencia judicial salvo que se cumplan requisitos excepcionales que garantizan la efectividad de los derechos fundamentales sin menoscabo de la seguridad jurídica y la autonomía judicial. Estos requisitos incluyen la legitimación en la causa, la subsidiariedad, la inmediatez, la identificación razonable de los hechos, la relevancia constitucional, la irregularidad procesal y la no cuestión de providencias judiciales en acciones constitucionales. En el caso de decisiones de altas cortes, la Corte ha establecido un estándar más riguroso que exige una argumentación calificada que demuestre una anomalía que requiere la intervención del juez constitucional. En este caso, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes debe ser restrictiva y excepcional, lo que implica que el juez de tutela debe limitar su análisis a los argumentos del accionante y no puede reabrir debates meramente legales. Esto limita significativamente el uso de la acción de tutela en estos casos, protegiendo así la estabilidad y la uniformidad del sistema judicial.síntesis automática
También resuelve:Acción de tutela contra providencias judiciales: requisitos generales de procedencia, carácter excepcional, juicio de validez y no de corrección, Artículo 86 de la Constitución PolíticaAcción de tutela: legitimación en la causa por activa, personas jurídicas, representación legal o apoderamiento judicial, titularidad de derechos fundamentalesArbitraje: relevancia constitucional de la competencia de los árbitros, Artículo 116 de la Constitución Política, habilitación de las partes, remisión a la Ley
18001233300020210004901 de 20262026-11-06Rad. 18001233300020210004901
La administración no tiene la facultad de declarar a su arbitrio desierto un proceso de selección, decisión que solo resulta procedente cuando medien las causales y circunstancias contempladas en la Ley, entre ellas, que no exista una propuesta susceptible de ser escogida objetivamente conforme a las condiciones establecidas en el pliego, evento en el cual la entidad debe culminar el procedimiento con una decisión motivada y contraria a la adjudicación. La sola inhabilitación del otro proponente convierta a la demandante, por descarte, en la única oferta del proceso, pero no en la mejor como parece sugerirlo el recurso al ubicarla en el primer orden de elegibilidad, pues ese razonamiento presupone como condición lógica inexcusable que respecto de la oferta de quien lo invoca no subsistiera impedimento alguno para acceder a la asignación de puntaje.
También resuelve:Seguridad jurídica otorgada por el pliego de condiciones en los procesos contractuales: es la norma principal del proceso, vinculante para las partes, no se puede modificar una vez finalizada la etapa correspondiente, herramientas de interpretación del pliego en caso de vacíos o ambigüedadesSelección objetiva: adjudicación, declaratoria de desierta, causales que impiden la escogencia objetiva, Artículo 23 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993Declaratoria de desierta de un proceso de selección: no es una decisión arbitraria de la administración, procedencia
66001233300020140025001 de 20262026-11-05Rad. 66001233300020140025001
El juez administrativo tiene la facultad legal de declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando esté plenamente demostrada en el proceso y las partes contratantes o sus causahabientes intervengan, lo que constituye una excepción al carácter rogado de la jurisdicción y al principio de congruencia. La Sala establece que la nulidad absoluta por objeto ilícito se configura cuando el contrato nace contrariando normas imperativas de la contratación estatal, especialmente aquellas que garantizan la selección objetiva del contratista, y que la licitación pública simulada o aparente puede llevar a la nulidad absoluta del contrato, independientemente de la existencia de una pretensión autónoma contra el acto de adjudicación. Esta decisión reitera y matiza precedentes, permitiendo al juez analizar la licitación y declarar la nulidad absoluta si se vulneran principios fundamentales como la publicidad y la libre concurrencia, lo que implica que el contrato nace con un vicio congénito que afecta su formación misma.síntesis automática
También resuelve:Nulidad absoluta del contrato: facultad del juez administrativo para declararla de oficio, presupuestos de procedencia, excepción al carácter rogado de la jurisdicción y al principio de congruenciaNulidad absoluta del contrato estatal: licitación pública simulada o aparente, procedencia de la declaración de nulidad absoluta sin pretensión autónoma contra el acto de adjudicación, vulneración de los principios de selección objetiva, publicidad y libre concurrencia, objeto ilícito
08001233300020190004601 de 20262026-11-05Rad. 08001233300020190004601
El contratista debe cumplir con las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) en el proceso de selección, salvo que la entidad estatal tenga un régimen especial. En el caso del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la naturaleza jurídica de la entidad y los documentos que soportan el procedimiento precontractual determinan que se apliquen las normas del EGCAP. La Resolución que adjudica la licitación pública constituye un acto administrativo precontractual sometido al control de legalidad. La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un fenómeno jurídico de orden público que el juez debe declarar de oficio, sin considerar la voluntad de las partes. La Sala reitera que, aunque la acción de nulidad puede caducar, el juez puede examinar la validez del contrato de manera autónoma, siempre que se verifiquen los presupuestos legales. Esto implica que los jueces deben ser cautelosos al declarar la nulidad absoluta del contrato estatal, considerando las causales específicas previstas en la ley.síntesis automática
También resuelve:Aplicación del estatuto general de contratación: licitación pública, proceso de selección del contratista, naturaleza jurídica de la entidad estatal, distrito especialMedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: caducidad del medio de control, alcance del recurso de apelación, poder oficioso del juez, límitesCaducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: término de caducidad, cómputo del término de caducidad, acto administrativo precontractual, procedencia del medio de control
Sentencia — Salida - sentencia segunda instancia2026-11-03JUZGADO ADMINISTRATIVODESPACHO 05 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILARad. 41001333300920210024301ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales cuando la entidad demandante no demostró los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 ni aportó las piezas procesales necesarias para precisar las obligaciones incumplidas y el período de causación de los intereses moratorios? No
El contratista no acredita la culpa grave de los agentes estatales cuando no demuestra los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 ni presenta las piezas procesales necesarias para precisar las obligaciones incumplidas y el período de causación de los intereses moratorios, ya que la entidad demandante debe probar la existencia de dicha conducta para prosperar en sus pretensiones de repetición. Además, la recomendación del Comité de Conciliación no atribuye competencias de ordenación del gasto al jefe de la oficina jurídica, quien carecía de dichas facultades y no omitió una actuación que le correspondía desplegar. Asimismo, la falta de radicación de las cuentas de cobro ante la entidad impide establecer un nexo causal entre las funciones del ordenador del gasto y la generación de los intereses moratorios reclamados, por lo que no se puede atribuirle culpa grave. Esta sentencia reitera la necesidad de acreditar la existencia de la culpa grave y la precisión de los hechos que la sustentan para que prosperen las acciones de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La recomendación del Comité de Conciliación de realizar acercamientos con un acreedor permite atribuir culpa grave al jefe de la oficina jurídica por el no pago de la obligación…¿Puede atribuirse culpa grave al ordenador del gasto por el no pago oportuno de una obligación cuando las cuentas de cobro necesarias para activar el procedimiento interno de pago no fueron radicadas…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-11-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 68001233300020150064202Repetición
¿La fijación de las agencias en derecho en un porcentaje del 3 % del valor de las pretensiones se ajusta a los parámetros previstos en el Acuerdo 1887 de 2003 y a las reglas sobre condena en costas de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP? Sí
La fijación de las agencias en derecho en un porcentaje del 3% del valor de las pretensiones se ajusta a los parámetros previstos en el Acuerdo 1887 de 2003 y a las reglas sobre condena en costas de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, ya que la liquidación realizada por el Tribunal Administrativo de Santander cumple con los límites establecidos en la normatividad aplicable, incluyendo el Acuerdo 1887 de 2003, y se considera equitativa y justa en relación con el valor de las pretensiones solicitadas.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2026-10-29SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334305920200014401ACCION DE REPETICION
¿En el presente asunto está acreditado que los exfuncionarios […] y […] actuaron de manera gravemente culposa al adjudicar el concurso de méritos IDRD STC-CM-010-2013 al Consorcio Interventoría 2014, adjudicación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si eso generó la condena a cargo del IDRD? Sí
El contratista debe responder por la condena asumida por la entidad estatal si se demuestra que actuó con culpa grave al adjudicar un contrato, lo que incluye violar manifiestamente las normas de derecho o cometer una omisión inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el subdirector técnico de construcción del IDRD, en ejercicio de las facultades de contratación delegadas, resolvió un empate en un concurso de méritos sin asesoramiento jurídico adecuado, desconociendo los criterios de desempate previstos en la normativa vigente, lo que llevó a la anulación del acto de adjudicación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala confirmó que esta conducta constituye una actuación gravemente culposa, mientras que no se probó la culpa grave del otro exfuncionario involucrado, quien no dio visto bueno formal al acto de adjudicación y no se demostró que hubiera incumplido sus funciones como asesor. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en la adjudicación de contratos estatales para evitar responsabilidades futuras.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2026-10-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020230067202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, fundada en el presunto incumplimiento de una providencia del superior relacionada con el llamamiento en garantía, ante la falta de legitimación del solicitante, la ausencia de identificación de una causal de nulidad y la falta de acreditación de una actuación contraria a una providencia ejecutoriada del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que la apelación del auto que rechazó el llamamiento tuvo efecto devolutivo y que la orden del superior no dispuso la vinculación automática del tercero? Sí
El Despacho rechaza la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, fundada en el presunto incumplimiento de una providencia del superior relacionada con el llamamiento en garantía, debido a la falta de legitimación del solicitante, la ausencia de identificación de una causal de nulidad y la falta de acreditación de una actuación contraria a una providencia ejecutoriada del Consejo de Estado. La apelación del auto que rechazó el llamamiento tuvo efecto devolutivo, y la orden del superior no dispuso la vinculación automática del tercero, lo que implica que no se puede considerar que el Tribunal haya desatendido deliberadamente lo ordenado por el Consejo de Estado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2026-10-28Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 47001233300020230015801Repetición
¿Procede la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Magdalena, en el medio de control de repetición, por encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación? Sí
Por cumplir con las exigencias a que se refiere el artículo 247-1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y reunir los demás requisitos legales, se ADMITE el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
También resuelve:¿Se debe notificar la admisión del recurso de apelación al Ministerio Público y a las partes del proceso?
05001233300020200021301 de 20262026-10-23Rad. 05001233300020200021301
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) en un contrato de administración del servicio educativo, salvo en aspectos específicos regulados por normas del sector educativo, conforme al artículo 200 de la Ley 115 de 1994. Esta regla se mantiene incluso si el contrato remite convencionalmente a otras leyes como la 80 de 1993 y la 1150 de 2007, ya que estas no transforman el régimen legal establecido por la ley. Además, las manifestaciones de la entidad contratante en desarrollo del contrato no constituyen actos administrativos, sino actos jurídicos contractuales sujetos a lo pactado y a las normas del derecho privado, careciendo de presunción de legalidad y siendo inaplicables las causales de nulidad propias de los actos administrativos. Esto implica que controversias contractuales en este tipo de contratos se resuelven desde el cumplimiento del contrato y las reglas del incumplimiento contractual, sin recurrir a las causales de nulidad ni al deber legal de restablecimiento del equilibrio económico.síntesis automática
También resuelve:Contrato de administración del servicio educativo: régimen jurídico aplicable, Artículo 200 de la Ley 115 de 1994, sometimiento a las reglas de contratación entre particulares, exclusión del egcap salvo en los aspectos regulados por las normas del servicio educativoContrato estatal regido por el derecho privado: manifestaciones de la entidad contratante, actos jurídicos contractuales y no actos administrativos, facultades unilaterales de origen convencional, carecen de presunción de legalidadControversias contractuales: calificación jurídica formulada por el demandante, no vincula al juez, examen de la controversia desde el cumplimiento del contrato, contrato estatal regido por el derecho privado
17001233300020230026701 de 20262026-10-23Rad. 17001233300020230026701
En consecuencia, el operador judicial no puede fallar de fondo sin verificar y encontrar el cumplimiento de los presupuestos procesales y, en ese contexto, cuando no se acredita el agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, el ordenamiento jurídico exige, expresamente, que se rechace de plano la demanda. Si esto último no ocurre, el juez no está habilitado para dictar una sentencia de mérito. En cuanto a que el requisito de procedibilidad del trámite conciliatorio constituye, a lo sumo, la excepción previa de ineptitud formal de la demanda, y que el CPACA solo habilita al juez a declarar oficiosamente las de mérito, debe señalarse que el Tribunal no estaba relevado del deber de pronunciarse al respecto en el fallo, en tanto el trámite de la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad de la demanda y un presupuesto procesal de la sentencia de mérito.
También resuelve:Conciliación extrajudicial: requisito de procedibilidad en el medio de control de controversias contractuales y demás asuntos conciliables, requisito de procedibilidad como presupuesto procesalAgotamiento del trámite conciliatorio extrajudicial: requisitos de procedibilidad, presupuesto procesal, ineptitud formal de la demanda, debido proceso
25000232600020100014401 de 20262026-10-23Rad. 25000232600020100014401
El contratista debe someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para procesos de selección destinados al mantenimiento de infraestructura pública, ya que la excepción del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que permite la aplicación del derecho privado, se aplica solo a actividades desarrolladas en competencia o en mercados regulados o monopolísticos, no a la conservación de bienes de uso público esencial para servicios públicos. Además, una vez celebrado el contrato, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar perjuicios por actos precontractuales caduca si no se ejerce dentro de los 30 días siguientes a la comunicación, notificación o publicación de dichos actos, salvo la pretensión de nulidad del contrato, que puede ser examinada dentro del medio de control contractual incluso después de vencido este plazo.síntesis automática
También resuelve:Sociedades de naturaleza publica: aplicación del derecho privado, excepciones al Estatuto General de Contratación de la Administración PúblicoRégimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado: excepciones, Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, aplicación del derecho privado en actividades desarrolladas en competencia, excepciones según la finalidad contractualActos precontractuales: impugnación judicial, término de caducidad, efectos de la celebración del contrato, reconocimiento de perjuicios o
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2026-10-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 85001233300020150021502Controversias contractuales
¿Admite apelación el auto que rechaza una solicitud probatoria por extemporánea? No
El recurso de queja se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace, o se declare desierta la apelación. La finalidad del recurso de queja radica en controvertir la decisión que niegue la concesión del recurso de apelación; así, su sustentación debe estar encaminada a explicar las razones por las que resulta procedente el trámite de la alzada. El artículo 243 del CPACA consagró una lista de decisiones susceptibles de apelación y admitió la procedencia del recurso contra aquellas expresamente previstas como apelables en ese mismo cuerpo normativo o en norma especial. En el presente caso, no milita una norma que prevea la procedencia de la apelación contra las decisiones adoptadas en el auto recurrido, como rechazar una solicitud probatoria por extemporánea. La decisión que rechaza una solicitud probatoria por extemporánea no corresponde a un pronunciamiento que materialice negar el decreto de la prueba, pues no es cierto que todas las determinaciones adversas que se emitan entorno a aquellas, necesariamente, hagan parte del concepto referido a la negación de su decreto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas cuando la providencia resuelve desfavorablemente el recurso de queja?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2026-10-20Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020220039301Controversias contractuales
¿Procede la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el medio de control de controversias contractuales, por encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación? Sí
Corresponde al Despacho decidir sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto por la Imprenta Nacional de Colombia contra la sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. Por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, ADMITIR el recurso de apelación referido.
También resuelve:¿El expediente ingresa para fallo si no se solicitan pruebas en segunda instancia?
¿El procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual adelantado por el IDU con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista por el tratamiento probatorio del informe de CIG Ingenieros, la falta de traslado autónomo del último informe de interventoría, la precisión de la consecuencia contractual durante la audiencia y la ausencia de una etapa adicional para presentar alegatos de conclusión? No
El contratista no puede alegar la violación de sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción cuando la entidad estatal, en el procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual basado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, trata adecuadamente la prueba técnica presentada, garantiza la oportunidad de controvertir los informes de interventoría y permite el conocimiento y la contradicción de los elementos que sustentan la imputación de incumplimiento. En este caso, el IDU valoró correctamente el informe de CIG Ingenieros, no delegó en la interventoría la valoración de la prueba y permitió al contratista conocer y controvertir los informes de interventoría, incluso cuando no se trasladaron de manera autónoma. Además, el contratista tuvo oportunidad de presentar descargos y alegatos durante el procedimiento, y la diferencia entre la consecuencia inicial y final no implicó una nueva oportunidad de defensa. Este precedente confirma que la entidad estatal cumple con sus obligaciones procesales cuando garantiza el debido proceso y la contradicción efectiva del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal interpretó de forma adecuada el alcance de las obligaciones del contratista y valoró la prueba técnica conforme a su contenido, fundamentación y alcance demostrativo?¿Proceden las reclamaciones económicas del Consorcio JHG por la variación de las cantidades de obra, los mayores costos, las obras ejecutadas y no recibidas y los precios unitarios no previstos?¿Procede la revocatoria de la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia cuando las partes intervinieron de forma activa y se acreditó su causación?