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APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
– Licitación pública
– Proceso de selección del contratista
– Naturaleza jurídica de la entidad estatal
– Distrito especial
– Distrito portuario e industrial de Barranquilla
– Acto de adjudicación de licitación pública
– Control de legalidad del acto administrativo
– Acto administrativo precontractual
La determinación del marco legal que gobierna el proceso de selección
sub judice
deviene necesario con el propósito de decantar si le son aplicables las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y sus demás normas concordantes, o si se trata de un régimen exceptuado o especial.
En el presente asunto, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ostenta la condición de entidad de orden territorial razón por la cual, en principio, su régimen contractual se rige por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—.
La licitación pública […] adelantada por la demandada tuvo como sustento, entre otros documentos, el pliego de condiciones definitivo, en cuyo literal H, denominado “Modalidad del Proceso de Selección y su Justificación” señaló que las normas del EGCAP (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, así como lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que complementen, modifiquen o reglamenten el objeto de la licitación pública) conformarían el régimen jurídico aplicable al proceso de selección, así como el del posterior contrato.
[…] Con fundamento en la naturaleza jurídica de la entidad demandada, en su régimen sustantivo y en los documentos que soportaron el procedimiento precontractual, se concluye que al Distrito le resultan aplicables las disposiciones antes enunciadas.
Por otro lado, se colige que la Resolución […] – mediante la cual se adjudicó la licitación pública […] a la sociedad […] y derivó en la suscripción del contrato de suministro […] – constituyó una manifestación unilateral de voluntad de la administración, revestida de fuerza vinculante, que ostenta la naturaleza de acto administrativo de carácter precontractual y, como tal, está sometida al control de legalidad conforme a las disposiciones del CPACA.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– Caducidad del medio de control
– Alcance del recurso de apelación
– Poder oficioso del juez
– Límites
– Declaración de oficio de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
– Presupuesto procesal
– Concepto de caducidad de la acción
– Características
Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Subsección ha explicado que la caducidad caducidad corresponde a una figura jurídica a través de la cual el legislador define bajo parámetros razonables el límite temporal en que toda persona puede ejercer su derecho de acción, y evita, a su vez, que situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, tiñendo de incertidumbre las relaciones del conglomerado social.
En segundo lugar, en relación con su función y alcance, este instituto determina los plazos extintivos que el ordenamiento jurídico prevé para la formulación judicial de ciertas demandas, de forma que, sólo en dichos lapsos es posible promover la acción, evitando la pugnacidad que implicaría autorizar, de forma ilimitada, la posibilidad de iniciar un debate judicial sin horizonte de tiempo; en esa medida, si los plazos previamente establecidos por la ley son superados, no es posible constituir una relación jurídico-procesal válida y, por ende, de cara a sus efectos, la figura de la caducidad se revela como medio de fenecimiento del referido derecho -el de acción- en el caso concreto.
Este fenómeno jurídico, de orden público, se caracteriza por ser indisponible e irrenunciable, es decir, que cuando el juez encuentre probados los supuestos fácticos que conducen a su configuración, debe declararla de oficio y sin considerar la voluntad, aquiescencia o pedido de las partes, o la instancia en que avanza el proceso. Además, por su naturaleza objetiva (dado que opera por el solo transcurso del tiempo) se explica que su término sea perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y se suspende, entre otros eventos, con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo prescrito en la Ley 640 de 2001.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– Término de caducidad
– Cómputo del término de caducidad
– Acto administrativo precontractual
– Procedencia del medio de control
– Controversias contractuales
[…] es necesario destacar que en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos precontractuales, el artículo 141 del CPACA dispone que estos podrán ser demandados en los términos de los artículos 137 y 138 del mismo código, según el caso, es decir, a través del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según corresponda.
En relación con el término para demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 164, numeral 2, literal d ibidem indica que la demanda debe presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso. Así mismo, el numeral 2, literal c ejusdem establece que los actos precontractuales podrán ser demandados dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso.
DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– Contrato de suministro
– Pretensión consecuencial
– Nulidad absoluta del contrato
– Requisitos de la declaración de oficio de la nulidad absoluta del contrato estatal
– Facultad oficiosa del juez
– Prescripción extraordinaria del contrato estatal
– Límites de la facultad oficiosa del juez
[L]a caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, configurada en el sub examine, no constituye óbice para que la Sala se pronuncie sobre la validez del contrato de suministro […], no con sustento en la pretensión consecuencial planteada por el actor (quien la invocó como efecto derivado de la nulidad de la Resolución […]), sino con base en sus facultades oficiosas, las cuales cuentan con una única limitación temporal: la prescripción extraordinaria del artículo 1742 del Código Civil, término ajeno al de caducidad predicable frente al demandante, pues mientras esta última opera como presupuesto procesal de la acción, aquella constituye el único límite a dicha potestad oficiosa.
En consecuencia, aunque la nulidad del contrato fue planteada como consecuencia directa de la nulidad de la citada resolución, ello no impide a la Sala examinar de manera autónoma la validez del negocio jurídico, con independencia de la suerte de la pretensión consecuencial, siempre que se verifiquen los presupuestos que la ley estipula. Por lo que se despacha afirmativamente el segundo problema jurídico.
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
– Causales de nulidad absoluta del contrato
– Objeto ilícito del contrato estatal
– Causa ilícita
– Principio de la autonomía de la voluntad
– Selección objetiva del contratista
– Proceso de selección del contratista
– Características de la selección del contratista
– Principio de transparencia
[…] Es pertinente precisar que, conforme el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales serán absolutamente nulos, además de los casos previstos en el derecho común, V.gr. el objeto ilícito, cuando: (i) se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) contra expresa prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y, (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 del EGCAP.
En punto de la causal de nulidad por objeto ilícito el artículo 6 del Código Civil dispone que “en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa”, asimismo, el canon 1519 ejusdem consagra que “[h]ay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación”, en igual sentido, el precepto 1741 ibidem señala que la sanción derivada de objeto o causa ilícita reviste carácter absoluto.
A partir de este marco normativo, la Subsección de manera prolija ha reiterado que la causal de objeto ilícito tiene lugar, entre otros, cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional o por inobservancia de las previsiones de orden público, esto es, de aquellas disposiciones que, por mirar al interés general y no al simplemente individual de los contratantes, no son susceptibles de renuncia o modificación por su sola voluntad, a contrario sensu de lo previsto en el artículo 15 del Código Civil.
Bajo esa lógica, aun cuando la Administración se encuentra investida de la potestad de perfeccionar los negocios jurídicos que resulten necesarios para la satisfacción de sus fines, la autonomía de la voluntad que le permite contraer obligaciones con los particulares (y con otras entidades públicas) no es ilimitada, sino que se halla acotada por normas imperativas y de forzosa aplicación, las cuales no pueden ser desconocidas, según lo disponen los artículos 6 y 16 del Código Civil.
[…] de manera reciente la Subsección destacó que el desconocimiento de la selección objetiva derivaba en la configuración de objeto ilícito bajo el entendido que “en materia de contratación estatal, el legislador prohibió a las autoridades eludir los procedimientos de selección objetiva previstos en el EGCAP, de manera que se colige que un acuerdo de voluntades celebrado en contravención de este mandato está viciado de objeto ilícito, y de esa forma debe ser declarado”.
En esa línea, cuando se desconoce los principios de selección objetiva y de transparencia en la contratación estatal y, en general, todas aquellas disposiciones que regulan los procesos de selección de contratistas redundan de forma ineludible en un vicio de origen en el nacimiento mismo del negocio jurídico, al convertir en ilícito uno de sus elementos de validez […].
[…] El anterior razonamiento se encuentra condensado en el artículo 1523 del Código Civil, según el cual: “[h]ay así mismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes”. Si, en materia de contratación estatal, el legislador prohibió eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el EGCAP, en aplicación del principio de transparencia (numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993), se colige que un acuerdo de voluntades celebrado en contravención de este mandato está viciado de objeto ilícito, y así debe ser declarado.
SUBSANACIÓN DE LA OFERTA
– Reglas
– Término
– Régimen jurídico
– Puntaje asignado
– Corrección de la propuesta del proponente
– Principio de igualdad
– Aclaración de la oferta
– Evaluación de propuestas
– Valoración de la propuesta del proponente
– Principio de selección objetiva
[…] [E]l régimen normativo que disciplina la subsanación y/o aclaración de las ofertas dentro de los procesos de selección, el cual, es de orden público, en tanto sus reglas no obedecen a la mera conveniencia particular de quienes concurren al proceso, sino que se erigen en garantía de la selección objetiva del contratista.
Con la promulgación del EGCAP […] en el artículo 30 numeral 7 se dispuso que, en el lapso de la valoración de las propuestas, la entidad podrá “solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables”. A su turno, el inciso segundo del numeral 8 de la misma disposición, preceptúa que “los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas”.
Por su parte, con la expedición de la Ley 1150 de 2007, el parágrafo 1. º del artículo 5 (en su redacción original) dispuso que eran subsanables aquellos aspectos de la oferta relacionados con requisitos que no incidieran en la asignación de puntaje. En la misma línea, se facultó a las entidades para requerir al proponente la subsanación de dichos aspectos, posibilidad que podía ejercerse “en cualquier momento, hasta la adjudicación”. De esta manera, el legislador consagró la regla prohibitiva en desarrollo del principio de igualdad, conforme a la cual, una vez presentada la oferta, esta deviene intangible para el proponente, en cuanto no le es dable alterarla, complementarla o perfeccionarla con posterioridad a su radicación.
La Ley 1882 de 2018 modificó y adicionó la referida disposición y señaló que lo subsanable no correspondía a los requisitos, si no a la prueba de ellos, y que, en todo caso, el proponente no podía acreditar circunstancias ocurridas de manera posterior al cierre del proceso. Adicionalmente la norma determinó que el límite máximo para realizar la subsanación de la oferta correspondía al vencimiento del término de traslado del informe de evaluación.
La jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado la necesidad de diferenciar entre el régimen jurídico de la subsanación y el de las aclaraciones o explicaciones de las ofertas, pues si bien persiguen una finalidad coincidente (adecuar la propuesta al pliego de condiciones), comportan actuaciones distintas.
(…) [L]a posibilidad de realizar la aclaración “no supone una modificación de las condiciones del oferente o de la oferta misma”, porque tiene por finalidad despejar ambigüedades o precisar el alcance de aspectos que, aun estando contenidos en la oferta, susciten duda en cuanto a su comprensión o correspondencia con el pliego de condiciones, por ende, no parte de una omisión, sino de la necesidad de hacer inteligible, manifiesto o coherente lo ya propuesto. Difiere sustancialmente de la subsanación en la medida que, este último tópico se refiere a la posibilidad de allegar la prueba de aquellos aspectos que sean acreditables (que no afecten la asignación de puntaje), dentro del límite temporal máximo del traslado del informe de evaluación.
Es preciso enfatizar que, se trata de garantías radicadas en cabeza del proponente, que imponen a la administración un deber correlativo durante la etapa de evaluación. En esa medida, la entidad no actúa en ejercicio de una facultad discrecional y/o unilateral, sino en cumplimiento de una obligación legal orientada a asegurar la participación efectiva de los oferentes y la adecuada valoración de las propuestas.
Con todo, estas reglas responden, precisamente, a la necesidad de preservar la igualdad de trato entre los participantes y garantizar la objetividad de la selección. De admitirse modificaciones con incidencia en la calificación de las ofertas, se abriría la posibilidad de favorecer a un determinado proponente mediante la flexibilización o adecuación posterior de los criterios de valoración, o, en sentido opuesto, de excluir o perjudicar a quien no recibió un tratamiento similar. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado sería incompatible con los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, pues la decisión final dejaría de fundarse en reglas predeterminadas y comunes para todos los participantes para depender de criterios introducidos o aplicados de manera diferenciada durante el curso de la evaluación.
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO POR OBJETO ILÍCITO DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DESPUÉS DEL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN
– Corrección de la propuesta
– Selección de la propuesta
– Valoración
– Evaluación
– Factores
– Proceso de selección del contratista
– Principio de igualdad
– Violación del principio de igualdad
– Violación del principio de transparencia
– Violación del principio de selección objetiva
[…] [L]a Subsección advierte, ab initio, que la intervención de la entidad contratante, una vez clausurada la etapa de presentación de ofertas, excusada en la idea de que era necesario realizar una aclaración, comportó una alteración sustancial del contenido económico de la propuesta presentada por […], aspecto que, por constituir un factor objeto de evaluación y asignación de puntaje, revestía carácter intangible dentro del proceso de selección. Actuación que resulta incompatible con las normas imperativas del EGCAP y con los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, que constituyen el régimen legal y constitucional de la contratación estatal, así como con el postulado de inmutabilidad de las propuestas.
Este proceder comporta, de manera ineludible, la configuración de un objeto ilícito en el germen del negocio jurídico y genera per se su anulación.
[…] [L]a actuación desplegada por la administración no puede subsumirse en la noción de corrección aritmética en los términos del pliego, cuyo alcance se contraía a requerir aclaraciones al proponente y, con fundamento en la información por él suministrada, verificar la exactitud de las operaciones matemáticas de su oferta (v.gr., la correspondencia entre valores unitarios y totales, o la adecuada traslación de cifras a los cuadros consolidados), siempre a partir de los datos originalmente consignados.
A ello se suma que el impuesto al valor agregado no constituye un mero detalle accesorio, sino un elemento estructural del precio ofertado que, conforme al pliego de condiciones, debía ser expresamente incluido por el proponente dentro del valor total. Su incorporación ex post por parte de la administración no correspondió a la constatación de un error matemático objetivo, sino a la sustitución de la voluntad del oferente en un aspecto sustancial de su propuesta, con incidencia directa en el puntaje asignado, pues repercutía en la media geométrica y la consecuente puntuación de la oferta económica. En esa medida, la intervención de la entidad no fue un acto de corrección numérica, sino de modificación material del precio, que alteró las condiciones de comparación entre oferentes y desconoció el mandato de orden público de inmutabilidad de las ofertas una vez clausurado el proceso licitatorio.
[…] [L]a ilicitud del objeto no deriva, en abstracto, de cualquier anomalía ocurrida durante un procedimiento de selección, sino de aquellas que (como la aquí acreditada) desconocen normas imperativas llamadas a disciplinar la escogencia del contratista y que, además, inciden directamente en la adjudicación y posterior celebración del contrato. Tal es el caso de la alteración, por la propia Administración, de una condición sustancial de la oferta destinada a servir de base para la comparación objetiva de los proponentes: circunstancia que determinó el resultado mismo del proceso de selección y, con él, el contenido del negocio jurídico perfeccionado.
[…]en los artículos 1519 y 1523 del Código Civil, pues la modificación de la propuesta después de su cierre, al recaer sobre un factor determinante para su ponderación y ser utilizada para la adjudicación, compromete la formación misma del contrato, en tanto fue el resultado de una escogencia contraria a las reglas imperativas y de orden público que condicionaban su celebración. Por consiguiente, se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito, de conformidad con los artículos 6, 1519, 1523 y 1741 del Código Civil, en concordancia con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, lo que hace procedente declarar de oficio la nulidad del contrato de suministro […].
DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
– Efectos
– Alcance
– Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
– Declaración de oficio de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
– Acto administrativo de adjudicación
– Improcedencia de la indemnización de perjuicios
– Facultad oficiosa del juez para declarar la nulidad absoluta
[…] [L]a declaración oficiosa de nulidad absoluta del contrato no comporta, en el presente asunto, el restablecimiento del derecho pretendido por el demandante. Ello es así porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido contra el acto de adjudicación se encuentra caducada, circunstancia que impide efectuar un pronunciamiento de mérito respecto de la legalidad de dicha decisión y, por consiguiente, reconocer las consecuencias indemnizatorias que de su eventual anulación se hubiesen podido derivar.
En ese sentido, aunque la Sala se encuentra facultada para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, dicha determinación tiene por objeto retirar del ordenamiento un negocio jurídico afectado por una causal de invalidez y no para reabrir, por vía consecuencial, una pretensión resarcitoria respecto de un acto administrativo cuya impugnación judicial no resulta procedente por haber operado el fenómeno de la caducidad. Por consiguiente, la nulidad del contrato que aquí se declara no genera a favor del demandante un derecho al restablecimiento de la situación jurídica que afirma lesionada, ni habilita a la Sala para acceder a las pretensiones consecuenciales derivadas de la anulación del acto de adjudicación.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
– Contrato estatal de ejecución sucesiva
– Pago del contrato
– Ejecución del contrato
– Objeto ilícito
– Interés público
– Utilidad del contrato estatal
– Negocio jurídico
– Nulidad del negocio jurídico
– Restituciones mutuas
Teniendo en cuenta que se declarará de oficio la nulidad del negocio jurídico de suministro […], con base en el principio de congruencia, a la Sala le corresponde determinar lo relativo a los efectos patrimoniales de la anulación.
Para el caso de los contratos estatales de ejecución sucesiva (como el examinado), el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece que la configuración de la nulidad absoluta no constituye un motivo para desconocer, en principio, el pago de las prestaciones ejecutadas a satisfacción o de forma idónea por el contratista hasta el momento de su declaratoria. Sin embargo, agrega que, en los casos en que la nulidad se funde en objeto o causa ilícitos, aquel reconocimiento no procede a menos que se acredite un beneficio para la entidad estatal […].
[…] [C]uando la nulidad absoluta del contrato estatal de ejecución sucesiva obedece a la ilicitud del objeto o de la causa, el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas no opera conforme a la regla general antes señalada, sino de manera excepcional: solo procede si se demuestra que la entidad estatal obtuvo un beneficio con ocasión de su ejecución, y únicamente hasta el monto de dicho beneficio, el cual se entiende configurado en la medida en que las prestaciones cumplidas hubieren servido para satisfacer un interés público.
Asimismo, se ha interpretado que el canon dispuesto en el artículo 1525 del CC en punto del “a sabiendas” no se aplica “cuando el juez, en ejercicio de sus facultades, declara oficiosamente la nulidad, pues en esta hipótesis no puede afirmarse que una de las partes busca la repetición de lo pagado con pleno conocimiento de la invalidez del acuerdo”.
En punto de lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha decantado que el concepto de beneficio al que alude el artículo 48 plurimencionado no comprende el reconocimiento de utilidad alguna a favor del contratista, pues el interés público no se ve satisfecho cuando quien contrató con la Administración en el marco de un negocio jurídico oneroso viciado de objeto ilícito obtiene una ganancia neta, una vez deducidos los costos de producción de los ingresos percibidos en su ejecución.