Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: es esta negativa definitiva la que consolida la controversia contractual sometida a examen
Relevancia
Matiza la jurisprudencia.
Lo que dijo la Sala
… a) La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. b) El artículo 164 del CPACA, establece varios momentos desde los cuales se debe contabilizar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. c) A modo enunciativo, se recuerda que el literal j del artículo 164 del CPACA, establece: (i) se tendrán dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que motivan las pretensiones, para ejercer la acción contenciosa administrativa a través del medio de control de controversias contractuales; (ii) cuando los contratos no requieran liquidación…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede invocar la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la controversia surge de un contrato de seguro derivado de garantías para contratos estatales, ya que el término de caducidad se computa desde el momento en que la aseguradora niega el reconocimiento del siniestro o rechaza la reclamación formal, no desde el conocimiento preliminar de posibles inconsistencias. La Sala establece que la demanda presentada dentro del plazo desde la negativa definitiva de la aseguradora no opera la caducidad, matizando la jurisprudencia anterior sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de contratos. Esto implica que el contratista tiene un plazo claro para presentar la acción contenciosa administrativa a partir de la negativa de la aseguradora, protegiendo así sus derechos en controversias contractuales derivadas de seguros.
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Problema jurídico
¿Operó la caducidad de la acción contenciosa administrativa ejercida a través del medio de control de naturaleza contractual?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 164
También resuelve
- ¿El Fondo de Adaptación, pese a encontrarse exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, declaró unilateralmente el incumplimiento contractual y el siniestro amparado…
- ¿Las pruebas acreditan la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza No. 21-44-101140963 y el cumplimiento de la carga probatoria prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio?
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Titulación de la relatoría 13.224 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Operó la caducidad de la acción contenciosa administrativa ejercida a través del medio de control de naturaleza contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
“(...) a) La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. b) El artículo 164 del CPACA, establece varios momentos desde los cuales se debe contabilizar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. c) A modo enunciativo, se recuerda que el literal j del artículo 164 del CPACA, establece: (i) se tendrán dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que motivan las pretensiones, para ejercer la acción contenciosa administrativa a través del medio de control de controversias contractuales; (ii) cuando los contratos no requieran liquidación, el término de caducidad se contabilizará desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa y; (iii) cuando los contratos requieran liquidación, la caducidad se computará desde el día siguiente al de la fecha en que se efectúe la liquidación, o en su defecto, si no se realiza, desde el momento en que finalice el plazo para liquidar el contrato. (...) d) En asuntos relacionados con contratos de seguro derivados de garantías constituidas para amparar contratos estatales, la jurisprudencia ha precisado que el término de caducidad no corre desde el simple conocimiento preliminar de posibles inconsistencias o incumplimientos, sino desde el momento en que surge el conflicto jurídico concreto susceptible de control judicial, esto es, desde la negativa del asegurador al reconocimiento del siniestro o desde el acto que define la reclamación. (...) En el caso concreto, la Sala advierte que, la controversia sometida a consideración judicial no versa propiamente sobre la ejecución del contrato 094 de 2013 ni sobre la fecha en que pudieron advertirse observaciones técnicas a los diseños, sino sobre la alegada obligación indemnizatoria derivada del contrato de seguro y el incumplimiento atribuido a la aseguradora por la negativa de pago. (...) Bajo este contexto, el término de caducidad debe contabilizarse a partir del momento en que se configuró la negativa de Seguros del Estado a reconocer la indemnización derivada del amparo de calidad, esto es, desde cuando el Fondo de Adaptación tuvo certeza que la reclamación presentada para hacer efectiva la póliza, no fue aceptada. (...) la Sala observa que, la reclamación formal ante la aseguradora fue presentada el 15 de diciembre de 2017; posteriormente, Seguros del Estado objetó el reclamo mediante oficio del 15 de enero de 2018 y negó la solicitud de reconsideración mediante comunicación 1397 del 18 de abril de 2018. 4.7. Es esta negativa definitiva la que consolida la controversia contractual sometida a examen, habida cuenta que, solo desde entonces surgió de manera cierta y exigible el desacuerdo respecto del alcance del contrato de seguro y de la procedencia de la indemnización reclamada. 4.8. En esa medida, el conflicto jurídico susceptible de control judicial surgió, cuando menos, con la objeción formal formulada por Seguros del Estado o, en criterio más favorable al demandante, con la decisión que resolvió la reconsideración presentada frente a dicha negativa. (...) En consecuencia, aun tomando como referencia la negativa definitiva emitida en abril de 2018, la demanda presentada el 13 de diciembre de 2019 fue instaurada dentro del término legal correspondiente (...) (...) Por consiguiente, la excepción de caducidad no está llamada a prosperar.”
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia del medio de control contractual para reclamar el incumplimiento del contrato de seguro cuando la aseguradora objeta la reclamación, ver: Consejo de Estado, jurisprudencia citada por la Sala respecto del artículo 1053 del Código de Comercio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿El Fondo de Adaptación, pese a encontrarse exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, declaró unilateralmente el incumplimiento contractual y el siniestro amparado por la póliza?
Respuesta al problema jurídico: No
“(...) el Fondo de Adaptación para el momento de los hechos, se trataba de entidad exceptuada del régimen de contratación estatal de acuerdo con lo señalado en el artículo 7º del Decreto 4819 de 2010 (...) Posteriormente, la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, estableció en su artículo 155 “que los contratos que celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los recursos destinados al programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos se regirán por el derecho privado”. (...) Lo anterior, sin desconocer que a partir del 1º de enero de 2020 los trámites y procesos contractuales que adelante el Fondo de Adaptación se rigen por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019 (...) Cuando se trata de relaciones de derecho privado, el trámite para la reclamación del siniestro se encuentra expresamente regulado en los artículos 1075 a 1081 del Código de Comercio (...) Al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa, respecto a esta temática se presentaron diversas tesis: (i) una que sostenía que no existía competencia de la administración para declarar el siniestro y por consiguiente, debía acudir a la jurisdicción y agotar el trámite establecido para las relaciones entre privados y (ii) otra, que bajo la interpretación del numeral 4° y 5° del artículo 68 del anterior CCA, argumentaba que la administración sí tenía competencia para proferir el correspondiente acto administrativo de declaratoria de siniestro, que constituía título ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 4.19. Esa controversia jurídica, finaliza con la promulgación de la Ley 1150 de 2005, que de manera expresa consagró en su artículo séptimo, la competencia de las Entidades públicas contratantes para declarar el siniestro, mediante acto administrativo con carácter ejecutivo (...) tratándose de contratación estatal, el legislador colombiano se apartó por completo del trámite previsto para el reclamo del siniestro, expresamente regulado en el código de comercio y por el contrario, consagró unas prerrogativas y un trámite especial que deben adelantar las Entidades públicas, a efectos de: (i) declarar el incumplimiento contractual; (ii) consecuencialmente declarar el siniestro y (iii) ordenar el pago del valor amparado en una garantía contractual. 4.24. Lo evidenciado hasta el momento, permite advertir: (i) que a diferencia de lo que sucede en las relaciones entre particulares, en el marco de las relaciones contractuales, las entidades públicas tienen la potestad de declarar ellas mismas, mediante acto administrativo motivado y expedido con observancia del debido proceso, el incumplimiento contractual, y con ello a su vez declarar el siniestro y (ii) que esa facultad para declarar el incumplimiento contractual, según la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, debe ser ejercida dentro del término con el que cuentan los extremos contratantes, para liquidar el contrato. 4.25. Sin embargo, respecto a si las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación Pública están facultadas para declarar o no el siniestro, la jurisprudencia del Consejo de Estado no tiene una postura uniforme. (...) Al respecto, la Sección Tercera, subsección B, del Consejo de Estado, en Sentencia del 19 de junio de 2019 (39800), señaló: “… un sujeto de derecho privado debe acudir a las disposiciones especiales sobre el contrato de seguros, contenidas en el Código de Comercio, en especial, al artículo 1077 (...) y no ampararse en un acto administrativo, para derivar de allí (...) su presunción de legalidad, y declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro de incumplimiento (...). En conclusión, una entidad estatal cuyos actos y contratos se rijan por el derecho privado, deberá realizar las mismas actuaciones que el resto de los sujetos de derecho privado; así, para el caso del contrato de seguros, deberá acudir a la aseguradora a demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los perjuicios”. (...) En el presente asunto, conviene señalar que, el Fondo Adaptación no profirió acto administrativo declarando el siniestro; por el contrario, acudió directamente a formular reclamación ante la aseguradora y posteriormente promovió el presente medio de control frente a la negativa de reconocimiento. De manera que no se observa que en el asunto se desconoció la jurisprudencia en cita.” (...) Ahora bien, la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido reiterada en señalar que, en material de contratación estatal, si es dable aplicar el término previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las facultades de las entidades estatales para declarar el siniestro y hacer efectivas las garantías contractuales ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de marzo de 2007, exp. 29102; sentencia de 19 de junio de 2019, exp. 39800; sentencia de 8 de septiembre de 2021, exp. 59378; y sentencia de 4 de mayo de 2022, exp. 55015.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 4819 DE 2010 - ARTÍCULO 7, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE SEGURO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / INDEMNIZACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO
Problema jurídico:
¿Las pruebas acreditan la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza No. 21-44-101140963 y el cumplimiento de la carga probatoria prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
“Valorados en conjunto los medios de convicción allegados al proceso, estima la Sala que los mismos no resultan suficientes para tener por acreditada la ocurrencia del siniestro en los términos exigidos por el artículo 1077 del Código de Comercio (...) (...) La Sala observa que el material probatorio orienta principalmente a describir diferencias técnicas, modificaciones de diseño, ajustes de obra y mayores costos asociados dentro de los contratos de obra. No obstante, tales circunstancias, por sí solas, no constituyen prueba suficiente de la materialización del siniestro en los términos definidos por la póliza que amparó el contrato de consultoría. (...) Se destaca que, las pruebas incorporadas al proceso ofrecen distintas explicaciones acerca del origen de las diferencias entre las cantidades inicialmente previstas y las finalmente ejecutadas. (...) En estas condiciones, la prueba recaudada no permite concluir de manera inequívoca que se hubiera materializado el riesgo asegurado consistente en la deficiente calidad del servicio prestado por el consultor. (...) Quiere significar la Sala que, en el presente asunto, persisten dudas respecto de las causas que dieron lugar a las modificaciones, adiciones y mayores cantidades de obra reportadas durante la ejecución del proyecto. Lo que impide concluir que el riesgo asegurado se hubiera materializado en los términos exigidos por la póliza y por el artículo 1077 del Código de Comercio. (...) Por consiguiente, al no encontrarse acreditado uno de los elementos esenciales exigidos por el artículo 1077 del Código de Comercio para la prosperidad de la reclamación, esto es, la ocurrencia del siniestro, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la aseguradora ni a ordenar el pago de la indemnización pretendida. (...) En consecuencia, al no encontrarse acreditada la ocurrencia del siniestro en los términos exigidos para la efectividad del contrato de seguro, se negarán las pretensiones de la demanda.”
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, 1080