Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE BIEN MATERIAL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2026-02-27
Radicado
25000233600020190020200
Ponente
CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS
Sección / Sala
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B)
Corporación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
EXPLOTACIONES CARBONIFERAS YERBABUENA SAS
Demandado
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

… existe incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida, además si esa insatisfacción es imputable al deudor o, por el contrario, si una vez se cumpla con la obligación por parte de quien está sometido a dicho cumplimiento, la parte a quien se le brinde el servicio se abstenga de responder por su compromiso.… contrato de concesión minera es de naturaleza administrativa, regulado por ese estatuto y se perfecciona con la inscripción del contrato en el respectivo registro minero.… En estos contratos no se aplican los principios de modificación, terminación e interpretación unilaterales regulados para los contratos administrativos ordinarios.… tiene prevalencia el interés general sobre el particular, lo que se materializa con el ejercicio del principio de precaución en materia ambiental; por ello, ante la eventual suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede declarar nula la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero emitida por la ANM, ni la resolución que la confirma, ya que dichas decisiones se fundamentan en la protección del interés general y en el principio de precaución en materia ambiental, que prevalecen sobre los derechos adquiridos del contratista. La suspensión se basa en la superposición del área del título minero con una zona de reserva ecológica y en la falta de licencia ambiental, lo que no constituye un incumplimiento por parte de la ANM del contrato de concesión minera, sino el ejercicio de una facultad constitucional que se ajusta a los principios de buena fe y confianza legítima. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la prevalencia del interés general en asuntos mineros y ambientales, lo que implica que las autoridades pueden modificar las condiciones contractuales en función de la protección del medio ambiente, incluso durante la vigencia del contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 685 de 2001, arts. 34 y 36
  • Ley 1753 de 2015, art. 173
  • Resolución 1769 de 2016, arts. 1 y 2

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C)
El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio.
Consejo de Estado 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B)
Con la suscripción de dicho contrato se transgredió sin justificación ni autorización alguna el artículo 34 de la Ley 685 de 2001
Consejo de Estado 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B)
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998?
Consejo de Estado 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B)
¿La zona declarada mediante decreto expedido por la CAR como zona de reserva forestal se superpone con el área objeto del contrato de concesión minera para la explotación de carbón?
Consejo de Estado 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B)
En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA
Consejo de Estado 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 8.778 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE APORTE / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / ACTO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DERECHO ADQUIRIDO / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / EXPLOTACIÓN MINERA / SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS / AUSENCIA DE LICENCIA AMBIENTAL / CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN MINERA / INTERÉS GENERAL / ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA / PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados? Respuesta al problema jurídico: No "(...) existe incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida, además si esa insatisfacción es imputable al deudor o, por el contrario, si una vez se cumpla con la obligación por parte de quien está sometido a dicho cumplimiento, la parte a quien se le brinde el servicio se abstenga de responder por su compromiso. (...) contrato de concesión minera es de naturaleza administrativa, regulado por ese estatuto y se perfecciona con la inscripción del contrato en el respectivo registro minero. (...) En estos contratos no se aplican los principios de modificación, terminación e interpretación unilaterales regulados para los contratos administrativos ordinarios. (...) tiene prevalencia el interés general sobre el particular, lo que se materializa con el ejercicio del principio de precaución en materia ambiental; por ello, ante la eventual suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado en aplicación de este principio, no se configura el desconocimiento de derechos adquiridos, sino en el ejercicio de una facultad constitucional, que se ajusta a los postulados de buena fe y confianza legítima, dado que quien pretenda ejercer actividades de minería, tiene pleno conocimiento de las obligaciones constitucionales a cargo de las autoridades ambientales. (...:) La Constitución Política dio prevalencia a la protección de los recursos naturales y a la preservación de un medio ambiente sano como intereses generales, armoniza con la previsión legal del Código Minero que exige la aplicación inmediata de la reglamentación que las autoridades ambientales profieran en asuntos mineros en atención al propósito que persiguen, por lo que las relaciones jurídicas consolidadas bajo reglamentaciones anteriores no configuran derechos adquiridos. (...) en asuntos de naturaleza minera, las disposiciones que se profieran posteriormente al perfeccionamiento del contrato tienen la virtualidad de modificarlo, puesto que el objeto contractual recae sobre bienes públicos “de propiedad estatal”, en relación a los cuales prevalece el interés general, lo que por mandato legal, el Estado puede intervenir en la explotación de los recursos naturales y uso del suelo, en la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de cumplir los deberes y lograr los fines de la Constitución Política en esa temática. (...) el régimen de transición según el cual, las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que contaran con contrato y licencia ambiental o con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, otorgados antes de 9 de febrero de 2010, podrían seguir ejecutándose, fue excluido del ordenamiento jurídico. En consecuencia, a partir de la este fallo, no existe excepción alguna frente a la prohibición general de ese tipo de actividades mineras en las áreas delimitadas como páramo. (...) Del análisis de este material probatorio, la Sala encuentra que por medio de los actos administrativos atacados, la Agencia Nacional de Minería ordenó al titular Explotaciones Carboníferas Yerbabuena S.A.S., suspender las labores de explotación adelantadas en el área del título minero 1987T, tras acreditarse que el área de dicho título se encuentra sobrepuesta en un 78.60%, con el área delimitada del Páramo Guerrero y por no contar con licencia ambiental. Esa autoridad fundamentó su decisión en los mandatos de los artículos 34 y 36 del Código de Minas, en concordancia con las leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015, que ordenan que en los contratos de concesión se entenderán excluidas o restringidas de pleno derecho y que las zonas, terrenos y trayectos en los cuales, está prohibida la actividad minera, esa exclusión no requerirá ser declarada por autoridad alguna. Además, argumentó que por virtud de la Sentencia C035 de 2016, proferida por la Corte Constitucional y de la Resolución No. 01769 de 2016, del Ministerio de Ambiente, esa área del título minero 1987T, esa excluida de explotación minera. Pues bien, las disposiciones expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión para la exploración y explotación minera gozan la virtualidad de alterar las condiciones contractuales, puesto que el objeto recaen sobre bienes públicos relacionados con la explotación de recursos naturales, lo que supone la primacía del interés general sobre los intereses del particular, en este caso del titular minero Explotaciones Carboníferas Yerbabuena S.A.S. Así, los contratos de concesión de esa naturaleza pueden verse afectados por la prohibición de la actividad minera, incluso durante la vigencia del negocio jurídico. (...) la Sala concluye que los actos administrativos acusados tienen la capacidad de producir efectos jurídicos frente al Contrato de Concesión No. 1987T, ello en aplicación de la prevalencia del interés público frente al particular cuando se trata de la protección y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, que hace tangible la relación jurídica frente al objeto contractual en lo concerniente al área estipulada para la exploración y explotación del yacimiento de carbón. Aunque ese negocio jurídico fue celebrado con arreglo a la normativa minera y a las disposiciones ambientales vigentes en esa época, posteriormente con Resolución No. 1769 del 28 de octubre de 2016, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se delimitó el área del Páramo Guerrero, situación que afectó el área concesionada definida en el objeto del contrato, porque gran parte de su extensión (78.6%) se superpone con la delimitada en el acto administrativo general, circunstancia que produce efectos jurídicos frente a ese elemento del negocio jurídico por recaer sobre un bien público protegido por la autoridad ambiental. (...) En conclusión, en el Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la Agencia Nacional de Minería ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y en la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, se materializó el principio de precaución, dirigido a la protección de un área que tiene las características de páramo, por lo que no son de recibo las pretensiones de nulidad expuestos en la demanda. (...) la parte actora no acreditó la configuración de un vicio de forma alguno que suponga la violación del debido proceso administrativo, susceptible de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que este cargo tampoco prospera. (...) la parte actora no aportó los elementos probatorios con la entidad suficiente para acreditar que la demandada incumplió el Contrato de Concesión No. 1987T, situación que implica que debe asumir las consecuencias de tal omisión, es decir, una sentencia adversa a esa pretensión; en consecuencia, será negada. (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la pretensión de declaración del incumplimiento del contrato de concesión, porque posteriormente a su perfeccionamiento, la zona objeto de ese negocio fue excluida de minería, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), rad. 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523), Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34, 36, LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 173, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, RESOLUCIÓN 1769 DE 2016 - ARTÍCULO 1, 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900202002500023