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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

ACCION DE NULIDAD: el segundo señala que cuando se pretende la nulidad simple de un acto administrativo

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Fecha
2025-02-17
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202505201617570.DOCX

Síntesis del concepto

ACCION DE NULIDAD: el segundo señala que cuando se pretende la nulidad simple de un acto administrativo

Regla de decisión

El segundo señala que cuando se pretende la nulidad simple de un acto administrativo de carácter general la demanda se puede presentar en cualquier tiempo.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Resolución 0437 de 2021
  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1437 de 2011

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Esta tenía por objeto: “La prestación del servicio para la implementación del programa de alimentación escolar en los 57 municipios no certificados del departamento de Nariño, conforme a los lineamientos técnicos administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y/o Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender”. ii) Declarar la nulidad de la Resolución 0632 de 23 de abril de 2021 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 0437-2021 del 30 de marzo de 2021, por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de licitación pública No. 001 de 2021” la cual se aclaró mediante Resolución 637 de 26 de abril de 2021. Por tanto, no existe interés directo para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o el de controversias contractuales.

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Texto del documento 44.542 caracteres
ACCION DE NULIDAD-Acto de adjudicación de la licitación pública para: “[L]a prestación del servicio para la implementación del programa de alimentación escolar en los 57 municipios no certificados del departamento de Nariño CAUSALES DE NULIDAD-Fundamento legal causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, específicamente las de: i) infracción de las normas en que debía fundarse, ii) expedición con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, iii) falsa motivación, o iv) desviación de las atribuciones propias de quien los profirió ACCION DE NULIDAD-Consideraciones previas sobre la procedencia del medio de control de nulidad simple contra el acto de adjudicación de un contrato estatal El Ministerio Público considera necesario hacer un pronunciamiento sobre la procedencia del medio de control de nulidad simple contra el acto de adjudicación de un contrato estatal sometido al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Esto con el fin de indicar que tal medio de control es procedente, por tanto, cuando se acude al mismo la legitimación en la causa por activa la tiene cualquier persona y puede presentar la demanda en cualquier tiempo. Esto dado que en las contestaciones de demandada del departamento de Nariño y de la Productos de la Villa S.A.S., se cuestionó la procedencia de este medio de control. CONTRATO ESTATAL-Procedencia del medio de control de nulidad simple en contra del acto de adjudicación de un contrato estatal, en su condición de acto de contenido particular y precontractual, encuentra sustento en lo previsto en los artículos 137 y 164 del CPACA. El primero establece la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad para debatir la legalidad de los actos administrativos de contenido particular, como lo es el acto de adjudicación de un contrato estatal, estos son: i) “Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero”; ii) “Cuando se trate de recuperar bienes de uso público”; iii) “Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico”; y iv) “Cuando la ley lo consagre expresamente”. El segundo señala que cuando se pretende la nulidad simple de un acto administrativo de carácter general la demanda se puede presentar en cualquier tiempo. ACTO DE ADJUDICACION DE LICITACION-Como lo sostuvo el a quo, el proceso debe tramitarse conforme a las reglas de la nulidad simple, motivo por el cual el medio de control podía ejercerse por el demandante y en cualquier tiempo En el presente caso el actor no persigue el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a su favor o de un tercero. La demanda se dirige a cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, por tanto, como lo sostuvo el a quo, el proceso debe tramitarse conforme a las reglas de la nulidad simple, motivo por el cual el medio de control podía ejercerse por el demandante y en cualquier tiempo. Esta afirmación se sustenta en que en la demanda se cuestiona la legalidad de la Resolución 0437 de 2021 mediante la cual se adjudicó la licitación 001 de 2021, pero no se pretende el restablecimiento automático de un derecho subjetivo, y en el proceso no se acredita interés del demandante que permita afirmar que la declaratoria de nulidad del acto mencionado genera el restablecimiento de un derecho subjetivo del demandante. LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA-El demandante está legitimado conforme lo previsto en el artículo 137 del CPACA, puesto que toda persona puede solicitar directamente o a través de apoderado la nulidad de actos administrativos de carácter general En cuanto a la legitimación en la causa por activa del demandante, este está legitimado conforme lo previsto en el artículo 137 del CPACA, puesto que toda persona puede solicitar directamente o a través de apoderado la nulidad de actos administrativos de carácter general y excepcionalmente de los actos de carácter particular, como sucede en este caso, siempre y cuando de la demanda o de la sentencia no se produzca o genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, tal y como ocurre en este caso. FALSA MOTIVACION-La causal de nulidad de falsa motivación, no está llamada a prosperar porque no se acreditó que la expedición del acto de adjudicación haya sido producto de una razón engañosa, contraria a la ley o a la realidad por parte del departamento de Nariño La adjudicación al único oferente tiene sustento en el informe definitivo de evaluación de la oferta y en que esta cumple con todos los requisitos de la licitación 001 de 2021. El oferente subsana aquello susceptible de subsanarse como ya se expuso y de esa forma no se incurre en la prohibición del numeral 8° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993., en la medida en que la oferta no se complementa, adiciona, modifica o mejora, lo que se subsana son requisitos habilitantes relacionados con capacidad técnica y equipo de trabajo. PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Concepto N° 018/2025 Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2025 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref.: Proceso 52001-23-33-000-2021-00207-01 (72107) Nulidad simple – Art. 137, Ley 1437 de 2011. Demandante: Francisco Fajardo Angarita Demandado: Departamento de Nariño Trámite: Apelación primera instancia Aspectos de especial atención: Procedibilidad del medio de control de nulidad en contra del acto de adjudicación de un contrato estatal. Legitimación para demandar en nulidad simple el acto de adjudicación. Subsanabilidad de las ofertas en la contratación estatal. Cordial saludo: En mi condición de agente del Procurador General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, rindo concepto dentro del proceso de nulidad simple de la referencia, así: ANTECEDENTES Demanda El demandante: i) Declarar la nulidad del acto de adjudicación de la licitación pública 001 de 2021, Resolución 0437 del 30 de marzo de 2021. Esta tenía por objeto: “[L]a prestación del servicio para la implementación del programa de alimentación escolar en los 57 municipios no certificados del departamento de Nariño, conforme a los lineamientos técnicos administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y/o Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender”. ii) Declarar la nulidad de la Resolución 0632 de 23 de abril de 2021 “[P]or medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 0437-2021 del 30 de marzo de 2021, por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de licitación pública No. 001 de 2021” la cual se aclaró mediante Resolución 637 de 26 de abril de 2021. En cuanto a las razones que sustentaron la petición de nulidad de los actos administrativos antes mencionados, la parte actora expuso varios argumentos los cuales se sintetizan a continuación: - Se acudió al medio de control de nulidad simple en la medida en que la nulidad de los actos precontractuales debe entenderse al servicio del interés general. Con fundamento en lo expuesto por el Consejo de Estado argumentó que estos actos pueden atacarse en ejercicio del medio de control de nulidad simple con independencia de la celebración o no del negocio jurídico. A su juicio, se configuraron varias causales de nulidad: violación de la Constitución Política y de los principios de la contratación estatal, la configuración de la indebida motivación del acto administrativo y la expedición de este mediante la desviación de poder. Así como el desconocimiento del precedente administrativo. - En cuanto a la violación a la Constitución Política señaló que la adjudicación de la licitación 001 de 2021 infringió el derecho al debido proceso y de contradicción por adjudicarse el contrato a un oferente cuya propuesta no cumplía con los requisitos habilitantes y se violaron las reglas de subsanabilidad de las ofertas. El departamento de Nariño permitió al único oferente, Productos la Villa S.A.S., “[S]ubsanar irregularidades e incluso omisiones que presentó en su propuesta inicial”. - Sobre la violación a los principios de la contratación estatal, específicamente los de transparencia, responsabilidad y economía, expuso que el departamento de Nariño no tuvo en cuenta las razones por las cuales debía rechazar al único oferente. A su vez, en la audiencia de adjudicación se impidió la participación ciudadana. Así mismo, el departamento de Nariño permitió al oferente mejorar y complementar su oferta después de la etapa de cierre de presentación de ofertas. - El único proponente no acreditó varios de los requisitos habilitantes, entre los cuales estaba contar con una bodega de almacenamiento principal en el departamento de Nariño y tener 57 personas en calidad de coordinadores en los 57 municipios que eran objeto del contrato, así como otros requisitos relacionados con temas técnicos de los productos. Estas falencias eran insubsanables porque el oferente no podía “[A]portar documentos nuevos toda vez que implicaría un mejoramiento a la propuesta”. - Según el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018 y el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el proponente no podía modificar, adicionar o mejorar su oferta con aspectos que no acreditó al cierre del proceso. - Se configuró el vicio de desviación de poder porque el departamento de Nariño adjudicó el contrato sin tener en cuenta las observaciones realizadas en la audiencia de adjudicación por parte de varios ciudadanos. - Los actos administrativos demandados adolecen de falsa motivación porque el departamento de Nariño calificó en forma errónea los hechos que fueron puestos en su conocimiento a través de observaciones, los cuales impedían la adjudicación del contrato. - El departamento de Nariño no respetó el precedente administrativo en la medida en que en otros procesos de selección ante la no acreditación de los requisitos habilitantes rechazó las ofertas. - Se solicitó bajó el título “XI. Solicitud Especial” la declaratoria de nulidad del contrato que debía suscribirse entre el departamento de Nariño y Productos la Villa S.A.S. Esto con fundamento en la facultad oficiosa que le asiste al juez conforme lo señalado en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 y teniendo en cuenta que la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. - Se vulneró el derecho a participar en la audiencia de adjudicación por cuanto el departamento de Nariño impidió la participación de veedurías e interesados en el proceso. - El oferente presentó el registro único de proponentes, RUP que aceptó el departamento de Nariño desconociendo que en 2020, la sociedad Productos la Villa S.A.S., solicitó varias inscripciones en el RUP y presentó estados financieros diferentes, con el fin de alterar la información financiera para poder participar en procesos de selección como lo fue el que originó esta demanda. Esto fue denunciado ante la Fiscalía por la ciudadanía. Contestación de la demanda Departamento de Nariño El apoderado del departamento de Nariño se opuso a todas las pretensiones con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación: - El medio de control era improcedente porque el demandante no presentó “[P]ropuesta dentro del proceso de licitación que culminó con la expedición del acto de adjudicación demandado”. Por tanto, no existe interés directo para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o el de controversias contractuales. - El departamento de Nariño permitió al oferente subsanar requisitos que si eran subsanables conforme al marco legal y jurisprudencial por cuanto: i) en relación con la bodega el proponente disponía de esta en los “[T]érminos exigidos desde antes de la presentación de la oferta, y con la subsanación que presentó, así se acreditó y no era un requisito o factor que otorgase puntaje”; y ii) en cuanto a la hoja de vida de los coordinadores municipales “[T]al defecto o error, (…) quedó subsanado y era objeto de subsanación, pues los coordinadores municipales existían desde antes de la presentación de la propuesta, y lo que se corrigió fue la forma de acreditarlos en el proceso, de allí que no se trate de una adición o mejoramiento de la propuesta”, así mismo se presentaron los documentos relacionados con las fichas técnicas de los alimentos y los protocolos de bioseguridad. - En cuanto a la indebida subsanación de los errores por el oferente, el departamento de Nariño solicitó aclaraciones al oferente, lo cual era válido de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y con fundamento en las respuestas que dio el oferente se subsanaron los errores. - En relación con el desconocimiento del precedente administrativo, tal argumento no era válido por cuanto el demandante no acreditó que en los procesos de selección a los cuales hizo mención en la demanda, los supuestos sean iguales a los del proceso de selección que dio lugar a la presentación de la demanda. - En lo que tiene que ver con las inconsistencias en el RUP, la administración no podía desconocer la firmeza de este registro, a pesar de haberse presentado denuncia penal por supuestas inconsistencias en dicho. Esta situación no alteró la presunción de legalidad del RUP y para la época de la adjudicación este acto estaba en firme. - La presunta violación al derecho de participación no tenía sustento en la medida en que quienes asistieron a la audiencia no tenían la calidad de oferentes, salvo el oferente único, no obstante, se garantizó la “[A]sistencia de cualquier persona, que es diferente, y es lo que garantiza en el caso sub examine el debido cumplimiento del debido proceso”. - No se configuró la desviación de poder porque todo el proceso de selección se llevó a cabo a través de la plataforma SECOP II y de esa manera se cumplió con el principio de publicidad, por tanto, los terceros y el oferente tuvieron acceso al proceso. - Se propusieron las siguientes excepciones: Falta de legitimación en la causa por activa: La parte demandante carecía de legitimación en la medida en que no fue oferente en el proceso de selección y no tenía un interés directo para promover el medio de control de nulidad. Ausencia de vicios en la etapa de formación del acto de adjudicación: Ninguno de los vicios que se mencionaron en la demanda son causales de nulidad de los actos administrativos enjuiciados. Legalidad del acto de adjudicación: No se acreditó la existencia de vicios de nulidad del acto de adjudicación y se demostró que su expedición fue producto del agotamiento de la etapa de selección del oferente. Productos la Villa S.A.S. El apoderado [NOMBRE TACHADO] S.A.S., se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente: - El medio de control de nulidad simple no es al que debía acudir la parte demandante puesto que las presuntas vulneraciones al derecho al debido proceso se derivan de una supuesta actuación “[R]eprochable de la entidad al no permitir la participación de las veedurías ciudadanas y otros interesados en el proceso durante la audiencia de adjudicación”, lo cual perseguía el restablecimiento de un derecho subjetivo, que era participar en la audiencia, razón por la cual “[L]a demanda debía tramitarse mediante el medio de Nulidad y Restablecimiento del Derecho”. - Las presuntas irregularidades del RUP fueron temas puestos en conocimiento de las autoridades penales a las cuales les corresponde decidir sobre esos asuntos y ello no es causal de nulidad de los actos demandados. - La licitación pública 001 de 2021, fue objeto de constantes observaciones “[T]emerarias, injustificadas, e irresponsables por parte de interesados en busca de incorporar requisitos e interpretaciones subjetivas que atentaban contra la selección objetiva, lo cual constituyó el común denominador en desarrollo del proceso (…), en el cual la entidad debió responder innumerables observaciones que no contaron con fundamentos claros y que parecían dirigirse más bien a entorpecer el proceso contractual”. - En cuanto al principio de legalidad, se señaló que este no se vulneró porque la interposición de una denuncia penal no es causal para declarar desierto un proceso de selección y las actuaciones de la administración gozan de presunción de legalidad. Por otra parte, las actuaciones relacionados con el RUP son propias de las Cámaras de Comercio y por ello no compete a las entidades territoriales revisar dichas actuaciones. - No se vulneraron los principios de la contratación estatal con la expedición de los actos cuya legalidad se cuestionó. La selección objetiva se garantizó durante todo el proceso como puede observarse en la plataforma SECOP II. En cuanto a la transparencia durante todo el proceso se garantizó la participación de todos los interesados desde la publicación del aviso de convocatoria hasta la adjudicación. En relación con la igualdad el demandante no tuvo la condición de oferente y la demandante fue la única proponente por tanto no existe violación de este mandato. - En relación con el derecho de audiencia y de defensa durante la audiencia de adjudicación se garantizó la participación de los interesados, e incluso debido a las observaciones presentadas, se suspendió la audiencia para analizarlas, luego de ello la entidad verificó que se trataba de las mismas observaciones que se habían presentado con anterioridad sobre las cuales se pronunció antes de la audiencia de adjudicación. Por esa razón no se violó el derecho a participar de ningún interesado. - En cuanto a la subsanabilidad de requisitos, el numeral 7° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, permite a las entidades solicitar aclaraciones y explicaciones a los proponentes cuando tengan dudas sobre las ofertas que estos presentan. El proponente presentó la subsanación de su oferta y ninguno de los aspectos que fueron objeto de esa subsanación “[H]acía referencia a condiciones que no se cumplieran con anterioridad al cierre del proceso o que fueran un punto de comparación con otras ofertas, no solamente porque era la única oferta sino porque los requisitos habilitantes así lo permiten”. - En lo que tiene que ver con los coordinadores de los departamentos, el proponente en el “[A]portó dos certificaciones en cada uno de los 73 coordinadores municipales para acreditar el cumplimiento del requisito señalado”, lo cual se hizo en el término previsto para subsanar. - La presunta falsedad de los documentos que presentó el oferente para obtener el RUP, es un asunto que debía ser probado, lo cual no se hizo en la demanda. Adicional a esto la entidad tenía el deber de respetar el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia del proponente. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión con sentencia del 1° de marzo de 2024 negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la demanda se rechazó respecto de la nulidad de las Resoluciones 0632 del 23 de abril de 2021 y 0637 del 26 de abril de 2021, con fundamento en que dichos actos administrativos no crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica respecto a lo determinado en la Resolución 0437 de 2021. Entre las razones expuestas por el Tribunal para negar las pretensiones de la demanda se encuentran las siguientes: - El medio de control de nulidad simple era procedente por la configuración de la causal prevista en el numeral 1° del inciso cuarto del artículo 137 del CPACA, según el cual, de manera excepcional, puede solicitarse la nulidad simple de un acto administrativo de contenido particular, cuando la demanda no persiga o no genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. - La presentación de documentos por parte del oferente en la etapa de subsanación no significó que se completara la oferta que este presentó al inicio del proceso de selección. Productos la Villa S.A.S.. - Las observaciones frente a la subsanación de los requisitos de oferta, a las cuales se refirió el demandante para sustentar la no acreditación de los requisitos habilitantes, se presentaron de manera extemporánea según lo que se expuso en el acta de evaluación final suscrita por el Comité evaluador. Además, la parte demandante se limitó a “[E]nlistar lo que considera como inconsistencias en los requisitos e imputa una presunta falsedad en los documentos, sin hacer la comparación de lo requerido en los pliegos de condiciones frente a las hojas de vida, las certificaciones y capacitaciones, comparación que le hubiera permitido a la Sala analizar si en realidad de verdad el proponente Productos La Villa SAS no subsanó en forma correcta su propuesta”. - La presunta falsedad de los documentos aportados por el proponente es un tema que debía ser investigado por la justicia penal, motivo por el cual la entidad oferente no podía rechazar la oferta con fundamento en las acusaciones formuladas por una ciudadana durante el proceso de selección. - El oferente podía subsanar “[L]a propuesta en cuanto a las observaciones hechas en el informe del Comité Evaluador, teniendo en cuenta que éstas recayeron en requisitos no necesarios para la comparación de la propuesta y que no incidían en la asignación de puntaje”. - No se desconoció el precedente administrativo por varias razones: i) en la licitación pública 007 de 2016 la discusión tuvo lugar sobre la incertidumbre frente a un dictamen pericial presentado por el oferente, por tanto, se trataba de un supuesto de hecho diferente al del proceso de selección objeto de estudio. ii) En la licitación pública 002 de 2018, el supuesto de hecho también era diferente en la medida en que en este proceso el tema era la existencia “[D]e dos actas de liquidación con diferente información y otros documentos contentivos de informaciones diferentes”. Aún, en el evento de considerarse que el precedente administrativo no se respetó, ello no era causal de nulidad del acto de adjudicación de la licitación 001 de 2021. - En cuanto a la tacha de falsedad frente a la ficha técnica de la panela marca Geñita, está se presentó de manera extemporánea por el ciudadano Luis Hernando Caicedo, motivo por el cual la administración no podía tener en cuenta la tacha. Esto en la medida en que los tiempos del proceso de selección son preclusivos y perentorios. - La denuncia penal interpuesta por presuntas inconsistencias en la obtención del RUP, específicamente por el tema de la información relacionada con los estados financieros de Productos de la Villa S.A.S., se presentó como una observación extemporánea y de acuerdo con las pruebas aportadas, en la audiencia de adjudicación celebrada el 30 de marzo de 2021, la ciudadana que denunció los hechos señaló que interpuso ese día, solicitud para la suspender el proceso de selección por inconsistencias en la inscripción en el RUP. Motivo por el cual la denuncia la conoció la entidad. A lo anterior se suma que la misma no permitía acreditar las supuestas irregularidades en la medida en que es la autoridad judicial penal a quien le corresponde determinar ello. - No se desconoció el deber de publicidad y transparencia dado que la entidad demandante si bien publicó el informe final de evaluación de la propuesta el 30 de marzo de 2021, es decir, un día después de la terminación de la reunión del Comité asesor, ello no genera causal de nulidad del proceso de selección. - No se desconoció el derecho de participación en la audiencia de adjudicación en la medida en que la demandada concedió la palabra en la audiencia al único proponente, es decir, a quien tenía interés en la audiencia y de esa manera los demás eran asistentes más no intervinientes, esto con fundamento en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Sin embargo, la entidad demandada, debido a las intervenciones de los ciudadanos, decidió suspender la audiencia por 20 minutos con el fin de estudiar lo expresado por estos y reanudó la audiencia. - No se configuró falsa motivación ni desviación de poder, en la medida en que la entidad demandada podía considerar los documentos aportados por el único oferente los cuales no eran “[N]ecesarios para la comparación de las propuestas y no incidían en la asignación de puntajes”. Tampoco se acreditó el supuesto favorecimiento al único oferente porque la administración resolvió de fondo todas las observaciones que ponían de “[P]resente falencias y supuestas ilicitudes en los que estaba incursa la propuesta de Productos de la Villa S.A.S.”, adicional a esto el demandante no señaló cuáles fueron los documentos que la demandada no publicó en el SECOP II, lo que se demostró es que en la plataforma se publicaron las observaciones y las repuestas a las mismas. Recurso de apelación. La apoderada del demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos: - Reiteró que el único oferente no reunía los requisitos habilitantes al momento de presentar la oferta por cuanto al no contar con bodega de almacenamiento, no presentó los documentos de 31 coordinadores municipales y tenía inconvenientes con los requisitos técnicos exigidos en los pliegos de condiciones. - Sostuvo que los requisitos habilitantes no podían ser objeto de subsanación por el oferente conforme a la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado. - Insistió en la violación del precedente administrativo dado que el departamento de Nariño en otros procesos de selección (licitaciones públicas 007 de 2016, 002 de 2018 y 02 de 2021) tomó decisiones diferentes a la adoptada en la licitación objeto del presente asunto, puesto que en esos procesos no permitió subsanar requisitos habilitantes a los oferentes. - Señaló que la denuncia penal presentada ante la Fiscalía por inconsistencias en el RUP era suficiente para no adjudicar el contrato a Productos de la Villa S.A.S. - Solicitó que el juez de segunda instancia, con fundamento en las competencias oficiosas que le corresponden, dirima aspectos que no fueron expuesto en la demanda con fundamento en su facultad oficiosa. Sobre este punto señaló que durante “[E]l proceso se advirtió serias irregularidades que no fueron anunciadas directamente en la demanda, pese a que en el libelo genitor se le puso en conocimiento al juez una serie de hechos irregulares, y se le pidió que ejerza sus facultades oficiosas para un control de legalidad integral”. - Se acreditó que los actos administrativos enjuiciados son nulos porque no se cumplió con lo señalado en los literales b) y d) del artículo 7° de la Ley 2046 de 2020. Sobre este punto se insistió en que en los alegatos de conclusión se expuso el desconocimiento de la Ley 2046 de 2020, lo cual justificaba la causal de nulidad por desconocimiento de las normas en que debió fundarse el acto de adjudicación. CONSIDERACIONES Problema jurídico Para este agente del Ministerio Público el problema jurídico a resolver consiste en: ¿La Resolución 0437 de 2021, mediante la cual se adjudicó la licitación pública 001 de 2021, incurre en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, específicamente las de: i) infracción de las normas en que debía fundarse, ii) expedición con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, iii) falsa motivación, o iv) desviación de las atribuciones propias de quien los profirió? Consideraciones previas sobre la procedencia del medio de control de nulidad simple contra el acto de adjudicación de un contrato estatal El Ministerio Público considera necesario hacer un pronunciamiento sobre la procedencia del medio de control de nulidad simple contra el acto de adjudicación de un contrato estatal sometido al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Esto con el fin de indicar que tal medio de control es procedente, por tanto, cuando se acude al mismo la legitimación en la causa por activa la tiene cualquier persona y puede presentar la demanda en cualquier tiempo. Esto dado que en las contestaciones de demandada del departamento de Nariño y de la Productos de la Villa S.A.S., se cuestionó la procedencia de este medio de control. La procedencia del medio de control de nulidad simple en contra del acto de adjudicación de un contrato estatal, en su condición de acto de contenido particular y precontractual, encuentra sustento en lo previsto en los artículos 137 y 164 del CPACA. El primero establece la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad para debatir la legalidad de los actos administrativos de contenido particular, como lo es el acto de adjudicación de un contrato estatal, estos son: i) “Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero”; ii) “Cuando se trate de recuperar bienes de uso público”; iii) “Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico”; y iv) “Cuando la ley lo consagre expresamente”. El segundo señala que cuando se pretende la nulidad simple de un acto administrativo de carácter general la demanda se puede presentar en cualquier tiempo. En el presente caso el actor no persigue el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a su favor o de un tercero. La demanda se dirige a cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, por tanto, como lo sostuvo el a quo, el proceso debe tramitarse conforme a las reglas de la nulidad simple, motivo por el cual el medio de control podía ejercerse por el demandante y en cualquier tiempo. Esta afirmación se sustenta en que en la demanda se cuestiona la legalidad de la Resolución 0437 de 2021 mediante la cual se adjudicó la licitación 001 de 2021, pero no se pretende el restablecimiento automático de un derecho subjetivo, y en el proceso no se acredita interés del demandante que permita afirmar que la declaratoria de nulidad del acto mencionado genera el restablecimiento de un derecho subjetivo del demandante. En cuanto a la legitimación en la causa por activa del demandante, este está legitimado conforme lo previsto en el artículo 137 del CPACA, puesto que toda persona puede solicitar directamente o a través de apoderado la nulidad de actos administrativos de carácter general y excepcionalmente de los actos de carácter particular, como sucede en este caso, siempre y cuando de la demanda o de la sentencia no se produzca o genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, tal y como ocurre en este caso. La no acreditación de las causales de nulidad alegadas en la demanda en relación con el acto de adjudicación de la licitación 001 de 2021 El Ministerio Público considera que el demandante no acreditó la configuración de las causales de nulidad alegadas en la demanda en contra de la Resolución 0437 de 2021 mediante la cual se adjudicó la licitación pública 001 de 2021, motivo por el cual se solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. Esto encuentra sustento en lo siguiente: - El actor no acreditó la vulneración de las normas constitucionales y legales a las cuales hizo alusión en la demanda. Por el contrario, en el proceso se demuestra que la expedición del acto de adjudicación se ajustó a la realidad fáctica y jurídica del proceso de selección y que el único oferente cumplió con los requisitos señalados en el pliego de condiciones a partir de la subsanación de los requisitos de capacidad técnica y equipo de trabajo, es decir, de requisitos habilitantes. - Para el demandante el no cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica y equipo de trabajo era causal de rechazo de la oferta, motivo por el cual el departamento de Nariño no podía adjudicarle el contrato. Frente a este punto, se considera que el departamento de Nariño actuó conforme al marco jurídico que regula los procesos de selección, esto porque la ley consagra como deber legal que las entidades contratantes soliciten a los oferentes los requisitos (información y documentación) que no afecten la asignación de puntaje, los cuales deben ser entregados durante el término de traslado del informe de evaluación, así lo dispone el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018. - Por lo anterior, el departamento de Nariño debía solicitar al oferente único los documentos e información necesaria relacionada con aquellos requisitos que no asignaran puntaje, como lo eran en el caso de la licitación 001 de 2021, los requisitos relacionados con capacidad técnica y equipo de trabajo. - Entre los requisitos que otorgan puntaje previstos en el pliego de condiciones definitivo en el Capítulo V “Factores de ponderación”, se encuentran los siguientes: i) propuesta económica, ii) compras locales, iii) bodega adicional, iv) personal adicional, y iv) apoyo a la industria nacional, los cuales sumados otorgaban un puntaje de 1000. Adicional a esto se incluyó como factor de puntaje adicional contar con personal con discapacidad (10 puntos). Esto quiere decir, que los requisitos relacionados con capacidad técnica y equipo de trabajo no son parte de los que asignan puntaje. - Los requisitos subsanados por el oferente único, eran habilitantes y por tanto no otorgan puntaje. De esta manera el departamento de Nariño tenía el deber de solicitar información y documentación adicional sobre para verificar si el proponente estaba o no habilitado para participar en el proceso de selección. - El marco jurídico vigente sobre el tema de la subsanabilidad de las ofertas en la contratación estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1882 de 2018), permite fijar algunas reglas para las entidades contratantes, las cuales expone la doctrina de la siguiente manera: Los requisitos que no asignen puntaje son considerados habilitantes y pueden ser subsanados. La posibilidad de subsanar es un derecho del oferente y ello obliga a que la entidad contratante solicite información o documentación sobre estos. Si la entidad no solicita los documentos o la información sobre los requisitos habilitantes no puede rechazar la oferta. La posibilidad de subsanar debe ejercerse dentro del término de traslado del informe de evaluación. La subsanación recae sobre aspectos de la oferta inicial, por tanto, no está permitido que a través de ella se modifique, adicione la oferta para mejorarla. - El Consejo de Estado, antes de la modificación a la Ley 1150 de 2007 por la Ley 1882 de 2018, señaló que las entidades contratantes no pueden rechazar las propuestas alegando la omisión de requisitos habilitantes. Por tanto, lo subsanable es aquello que, “[A] pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993”. -En el caso de la licitación pública 001 de 2021 en el pliego de condiciones definitivo se establecieron los requisitos habilitantes, entre los cuales están los que la parte demandante denomina como no subsanables, los cuales, contrario a esa afirmación, son subsanables de acuerdo con el marco legal y a lo señalado por el Consejo de Estado, dado que no otorgan puntaje, de tal forma que ese cargo de nulidad no está llamado a prosperar. - El demandante sostiene que Productos la Villa S.A.S., mejora su oferta mediante la subsanación de varios requisitos habilitantes, lo cual está prohibido. Este agente del Ministerio Público no comparte esa afirmación porque los requisitos subsanados fueron los de capacidad técnica y los de experiencia, requisitos que como se acredita en el expediente son habilitantes y no otorgan puntaje, es decir, no son factores de ponderación de las ofertas. Esto tiene respaldo en lo expuesto en las Actas del Comité Asesor del departamento de Nariño que hizo la evaluación de la oferta del único oferente. - El Comité Asesor del departamento de Nariño mediante Acta No. 05 del 9 de marzo del 2021, señaló que Productos de la Villa S.A.S., no cumplía con los requisitos de capacidad técnica y equipo de trabajo. Luego del periodo de subsanación, el mencionado comité, en Acta No. 11 del 26 de marzo del 2021 sostuvo que el oferente subsanó los requisitos mencionados y estaba habilitado. - Las consideraciones transcritas en la cita anterior fueron expuestas por el Comité Asesor del departamento de Nariño para aprobar el informe de subsanación y señalar que el oferente único, Productos la Villa S.A.S., subsanó defectos relacionados con la capacidad técnica y el equipo de trabajo, es decir, requisitos habilitantes y no requisitos que otorgaran puntaje. - En cuanto al tema de la subsanación de la bodega, debe señalarse que lo que otorga puntaje de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo es contar con capacidad instalada mayor, es decir, con bodegas adicionales a la principal. En este caso Productos la Villa S.A.S., con la subsanación aporta documentos para acreditar que tiene la mencionada bodega. Esto acredita que el oferente subsana el requisito habilitante relacionado con contar con bodega de almacenamiento principal en el departamento de Nariño y no subsana algún requisito que otorgue puntaje. - En relación con la subsanación de otros requisitos a los cuales se refiere el demandante como requisitos que no podían subsanarse, el oferente único en el escrito de subsanación aporta información relacionada con los protocolos de bioseguridad, las fichas técnicas de los alimentos ofertados, así como las hojas de vida de los coordinadores municipales que se exigían en el pliego de condiciones. Todos estos requisitos hacen parte de los habilitantes de acuerdo con lo señalado en el capítulo IV “De los proponentes y los requisitos habilitantes” del pliego de condiciones definitivo. De tal manera que lo subsanado es susceptible de ello y no hubo mejora o adición de la oferta. - En cuanto a la vulneración del derecho de participación se acreditó que el departamento de Nariño da respuesta a las observaciones presentadas por los ciudadanos en contra de la propuesta y posterior adjudicación al oferente Productos la Villa S.A.S.. Que dicho sea de paso fueron varias observaciones que se presentaron. - La causal de nulidad de falsa motivación, que el demandante sustenta en que el departamento de Nariño calificó en forma errónea los hechos que fueron puestos en conocimiento mediante observaciones, no está llamada a prosperar porque no se acreditó que la expedición del acto de adjudicación haya sido producto de una razón engañosa, fingida, simulada, contraria a la ley o a la realidad por parte del departamento de Nariño. La adjudicación al único oferente tiene sustento en el informe definitivo de evaluación de la oferta y en que esta cumple con todos los requisitos de la licitación 001 de 2021. El oferente subsana aquello susceptible de subsanarse como ya se expuso y de esa forma no se incurre en la prohibición del numeral 8° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en la medida en que la oferta no se complementa, adiciona, modifica o mejora, lo que se subsana son requisitos habilitantes relacionados con capacidad técnica y equipo de trabajo. - En lo que tiene que ver con el desconocimiento de las observaciones presentadas por la ciudadanía, conforme al material probatorio aportado se acredita que el departamento de Nariño tuvo en cuenta las mismas, al punto que luego de la subsanación de la oferta, el Comité Asesor del departamento mediante Acta 009 del 19 de marzo de 2021, con ocasión de las observaciones presentadas por la ciudadanía sobre las certificaciones de experiencia del personal ofertado, ordenó al oferente aclarar algunos puntos sobre la veracidad de dichas certificaciones antes de decidir si la oferta estaba o no habilitada. Adicional a ello como ya se mencionó el departamento dio respuesta a las observaciones que se presentaron oportunamente. - La causal de nulidad de desviación de las atribuciones propias de quien profirió el acto de adjudicación o desviación de poder, tampoco se configura porque el departamento de Nariño al expedir el acto de adjudicación no favoreció al oferente en perjuicio del interés general. El departamento adjudica el contrato una vez estudia la subsanación, las observaciones y adelanta todas las fases del proceso de selección, incluso la adjudicación la realiza en audiencia pública en donde participan todos los interesados incluido el único oferente como se demostró en el proceso. De esta manera el argumento del demandante según el cual el proceso se adjudicó a un oferente cuya propuesta no cumple con las exigencias del pliego de condiciones no encuentra respaldo en el material probatorio que obra en el expediente. - Un aspecto adicional tiene que ver con la supuesta violación de la Ley 2046 de 2020 y con la facultad oficiosa del juez para declarar la nulidad de un acto administrativo cuando a partir de la demanda evidencia que se vulneran normas a las cuales no se refiere el demandante en la demanda. Sobre este punto, el demandante en los alegatos de conclusión sostiene que en el expediente se acredita que el acto de adjudicación es nulo porque la licitación pública 001 de 2021 no cumplió con lo previsto en los literales b) y d) del artículo 7° de la Ley 2046 de 2020. - El Ministerio Público considera que el medio de control de nulidad simple no impone a los jueces de la especialidad contencioso-administrativa confrontar el acto demandado con todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el demandante tiene la carga de acreditar las causales de nulidad que alega y ello incluye el concepto de la violación en el cual se deben señalar las normas que el actor considera vulneradas con la expedición del acto cuya legalidad cuestiona. Por tanto, no es de recibo que en los alegatos de conclusión se incluyan normas adicionales a las mencionadas en la demanda como vulneradas para que el juez haga el estudio de legalidad. - No obstante, si se considera viable incluir argumentos nuevos sobre violación de normas en los alegatos de conclusión como lo hizo el demandante en este caso, no se evidencia que se haya vulnerado la Ley 2046 por cuanto en los pliegos definitivos se ordena al oferente “[G]arantizar las compras locales de conformidad a lo establecido en la Ley 2046 de 2020”. El porcentaje mínimo de tales compras se fija así: *Cuadro tomado del pliego de condiciones definitivo. - El tema de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía por la supuesta alteración del RUP, es un asunto sobre el cual ese órgano, mediante respuesta aportada al proceso, señala que efectivamente existe una denuncia por el delito de fraude procesal que se encuentra en etapa de indagación y se adelanta ante la Unidad de Administración Pública y de Justicia General de Pasto. De tal manera que es esa autoridad la que decidirá sobre la configuración o no del delito. La presunción de legalidad de los actos administrativos es una característica intrínseca a las actuaciones de la administración por tanto las denuncias penales no son causales de nulidad de los actos de esta. - Por último, dado que no se acreditó causal de nulidad alguna del acto de adjudicación de la licitación 001 de 2021, no está llamada a prosperar la solicitud denominada “especial” por la parte actora relacionada con declarar la nulidad del contrato celebrado como consecuencia de la adjudicación del proceso de selección a Productos la Villa S.A.S. 3. CONCLUSIONES Este agente del Ministerio Público considera que en el caso concreto debe confirmarse la sentencia del 1° de marzo de 2024, del Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, porque no se acreditaron causales de nulidad del acto de adjudicación de la licitación pública 001 de 2021 tal como se expuso en este concepto. Del H. Magistrado, JULIÁN FERNÁNDEZ Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa JF/JSCF

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