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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

ACTOS PRECONTRACTUALES: ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales

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Fecha
2022-09-13
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202212291012530.DOCX

Síntesis del concepto

ACTOS PRECONTRACTUALES: ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales

En resumen

ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales ACTOS PRECONTRACTUALES-Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal ACCION CONTRACTUAL-Procedencia contra actos precontractuales cuyo contrato se adjudica 30 días siguientes al acto precontractual En consecuencia, el IDU adjudicó el contrato al Consorcio Pro-3, quedando en segundo orden de elegibilidad el CONSORCIO URBANO 2009, por tener también un integrante MIPYME. Arguyó inconsistencias en la certificación de experiencia especifica presentada por la empresa Proeza Consultores Ltda., miembro del Consorcio Pro-3, por cuanto el documento fue emitido y suscrito por el contratista [NOMBRE TACHADO] – Girardot y no por el INCO que era la sociedad contratante.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 43 de 1990

Puntos que trata

  • Intervención: Se debe confirmar sentencia que declaró caducidad de las pretensiones indemnizatorias en proceso de controversias contractuales contra el IDU por contrato de interventoría de 2008
  • Caducidad: De las pretensiones indemnizatorias por acto ejecutado en la actividad precontractual a la celebración del contrato estatal
  • Actos precontractuales: Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales
  • Actos precontractuales: Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Texto del documento 77.840 caracteres
INTERVENCIÓN-Se debe confirmar sentencia que declaró caducidad de las pretensiones indemnizatorias en proceso de controversias contractuales contra el IDU por contrato de interventoría de 2008 CADUCIDAD-De las pretensiones indemnizatorias por acto ejecutado en la actividad precontractual a la celebración del contrato estatal ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales Los actos proferidos antes a la celebración del contrato estatal son susceptibles de debatir ante la jurisdicción de los contencioso administrativo por medio de la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación; pues una vez celebrado el contrato estatal, la ilegalidad de aquellos actos previos solo puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato a través de la acción de controversias contractuales, esto debido a que los actos de celebración en la etapa precontractual, una vez suscrito el contrato estatal, se tornan en inseparables de aquél acuerdo de voluntades, dada su dependencia en el ordenamiento jurídico para su valides y eficacia, lo que hace ineludible que su control judicial se efectúe mediante la acción de controversias contractuales como un mecanismo procedente para escrutar la presunción de legalidad de los actos previos y contractuales. ACTOS PRECONTRACTUALES-Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal ACCION CONTRACTUAL-Procedencia contra actos precontractuales cuyo contrato se adjudica 30 días siguientes al acto precontractual “Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la correspondiente acción contractual con posterioridad al vencimiento de los mencionados 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de nuevo que en este específico contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse paso serán (sic) aquellas encaminadas a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y la consiguiente o consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que resulte posible para el Juez de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún estimar las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la no adjudicación del contrato estatal correspondiente ” (Texto destacado nuestro).” ACTOS PRECONTRACTUALES-Acción contractual se presentó 30 días posteriores al acto de adjudicación por tanto no deben considerase pretensiones indemnizatorias CONCEPTO No. 091 / 2022 Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022. SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ E. S. D. EXPEDIENTE: 25000-23-26-000-2010-00607-02 (68.406) MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEMANDANTE: INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A. - CONSORCIO URBANO 2009 Y OTROS DEMANDADO: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU Sentido del concepto: Se debe CONFIRMAR la sentencia recurrida. / Se presento el fenómeno de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias en el presente caso derivadas de la adjudicación mediante la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 del Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 para el Grupo 3 al Consorcio Pro-3. / No se probó en el plenario desconocimiento a las reglas de evaluación previstas en el pliego de condiciones elaborado, que se deriven en la nulidad de la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 que adjudico al Consorcio Pro-3 el Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 para el Grupo 3 y del Contrato de Interventoría No. IDU-93 del 31 de diciembre de 2008. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos: ANTECEDENTES Objeto del litigio: Las sociedades Ingeniería y Consultoría INGECON S.A., Diconsultoria S.A., y Geotecnia y Cimientos INGEOCIM Ltda., integrantes del CONSORCIO URBANO 2009, a través de apoderado judicial, radicaron medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU- y el Consorcio Pro 3, conformado por Prointec S.A. y Proyteco S.A. y Proeza Consultores Ltda, con el fin de que mediante sentencia de fondo se ordene a la accionada acceder a las siguientes pretensiones, las cuales fueron expuestas por el actor en su escrito petitorio en el siguiente sentido: “DE DECLARACIÓN PRIMARIA PRIMERA. - Que se declare la nulidad del acto administrativo de adjudicación del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, contenido en la Resolución No. 5923, de 30 de diciembre de 2008. SEGUNDA. - Que como consecuencia de la anterior pretensión, se declare la nulidad absoluta del Contrato de InterventoríaIDU-93 de 2008 suscrito entre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- y el CONSORCIO PRO 3. TERCERA. - A. Que se declare que con ocasión de la adjudicación y celebración ilegal del contrato Estatal de que trata la presente demanda no se le adjudicó y no se pudo celebrar el contrato Estatal de interventoría con el CONSORCIO URBANO 2009. B. Que por lo mismo, se declare que de no haber existido los actos administrativos anulados el adjudicatario del contrato Estatal de interventoría hubiese sido el CONSORCIO URBANO 2009. C. Que se declare que de lo anterior se desprenden las respectivas, indemnizaciones, compensaciones, reparaciones y condenas de parte de la entidad demandada a las sociedades demandantes. CUARTA. - Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de la totalidad de los perjuicios materiales causados a mis mandantes miembros del CONSORCIO URBANO 2009, con la expedición irregular de los actos acusados, consistente en (i) costos directos invertidos en la elaboración y presentación de la propuesta, (ii) así como el valor de lo que habrían recibido de haber ejecutado el contrato por concepto de lo que se conoce como gastos de administración, imprevistos y utilidad (A.I.U. que en el presente caso NO SE DESAGREGARON, como lo anotamos) más la actualización monetaria correspondiente y los intereses comerciales desde la fecha de la entrada en firme de la resolución de adjudicación hasta la sentencia definitiva y/o los perjuicios que se prueben en el proceso. QUINTA. - Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de la totalidad de los perjuicios inmateriales o morales causados a mis mandantes miembros del CONSORCIO URBANO 2009, con la expedición irregular e ilegal de la resolución y contrato acusados. SEXTA. - Que a título de restablecimiento del derecho, se disponga, como consecuencia de las declaraciones realizadas, compensar y/o reparar todos los menoscabos a las situaciones jurídicas tuteladas a favor de los demandantes de todo orden que del incumplimiento en el proceso precontractual y contractual le hayan sido vulneradas a mis poderdantes, así como todos aquellos perjuicios materiales e inmateriales que se prueben en el proceso. PRETENSIONES GENERALES COMUNES. PRIMERA. - Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el proceso o lo que disponga el Honorable fallador. SEGUNDA. - Que se condene a la entidad demandada (como entidad convocante en el Concurso de Méritos y como contratante) al pago de las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine el H. fallador. TERCERA. - Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. CUARTA. - Que para el caso en que la entidad demandada no diere cumplimiento inmediato a la sentencia que ponga fin al proceso que se inicia, se le condene al pago de los intereses sobre el monto de la condena líquida, señalados en el artículo 177 del C.C.A.” Hechos del caso. El Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante IDU, mediante la Resolución No. 3932 del 7 de noviembre de 2008 ordenó la apertura del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008 para contratar la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación norte, centro, suroriente, sur, suroccidente y occidente, en la ciudad de Bogotá D.C.”; el concurso se dividió en 6 grupos, con el fin de seleccionar un contratista por cada uno de los distritos objeto del concurso. El IDU emitió los pliegos de condiciones, los cuales fueron objeto de 5 adendas. El día 25 de noviembre de 2008, el CONSORCIO URBANO 2009 presentó propuesta para el grupo 3 correspondiendo a los distritos de Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal y Rafael Uribe. En audiencia pública celebrada el 30 de diciembre de 2008, el IDU adjudicó el contrato por el grupo 3 al Consorcio Pro-3; en la diligencia, se asignaron los puntajes correspondientes a los factores de experiencia especifica del proponente, formación y experiencia del personal clave y protección a la industria nacional. Se presentó empate entre 12 oferentes en primer orden de elegibilidad, por lo cual, el IDU aplicó lo previsto en el pliego de condiciones, numeral 3.9. de desempates, el criterio para el desempate tuvo en consideración, para oferentes plurales, que el integrante que tuviera mayor porcentaje de participación y acreditara condición MYPIME. En consecuencia, el IDU adjudicó el contrato al Consorcio Pro-3, quedando en segundo orden de elegibilidad el CONSORCIO URBANO 2009, por tener también un integrante MIPYME. 1.1.2. La postura de la PARTE DEMANDANTE integrada por el CONSORCIO URBANO 2009 es que el acto de adjudicación es ilegal, porque existían inconsistencias en la información financiera consignada en el anexo 3 del integrante PROINTEC S.A. y la certificación suministrada como experiencia específica no fue emitida por la entidad contratante, sino por el contratista concesionario. Precisó que la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 que adjudico el proceso contractual y el Contrato de Interventoría IDU-93 de 31 de diciembre de 2008 son ilegales, por cuanto se emitieron y suscribieron con violación de normas superiores y de los pliegos de condiciones. Que respecto de la violación de normas superiores, indicó que la propuesta presentada por el Consorcio Pro-3 registraba inconsistencias entre la información financiera contenida en el anexo 3 y la del registro único de proponentes. Que el anexo No. 3, sobre la información financiera de la sociedad PROINTEC S.A. debía estar suscrito por el revisor fiscal; y en cuanto a la violación del pliego de condiciones refirió que la certificación aportada para acreditar experiencia especifica no fue suscrita por el contratante sino por el contratista, lo cual se opone a lo establecido en el numeral 2.1.11.2 del pliego de condiciones. Señaló que la demanda formulada fue oportuna, en tanto que se pretende la nulidad del acto de adjudicación contenido en la Resolución 5923 de 30 de diciembre de 2008, como la del contrato en que derivó, por lo cual, el término para accionar es el de dos años contados desde la suscripción del negocio jurídico. Que entonces, como el contrato se perfeccionó el 31 de diciembre de 2008 y la demanda se radicó el 30 de agosto de 2010, el derecho de acción se ejerció dentro del límite temporal fijado por el legislador. Que en cuanto a los cargos de nulidad, insistió en que la sociedad Prointec S.A., integrante del Consorcio Pro-3, debió presentar el anexo financiero No. 3 con firma del revisor fiscal, pues al ser una sociedad por acciones, según lo consagrado en el Código de Comercio, estaba obligada a contar con esa figura, indistintamente de sus activos o ingresos brutos con corte a 31 de diciembre del año anterior. Que la información reportada por la mentada sociedad en el anexo No. 3, no coincidía con la contenida en el RUP, lo cual daba lugar al rechazo de la propuesta por inconsistencias en la información. Arguyó inconsistencias en la certificación de experiencia especifica presentada por la empresa Proeza Consultores Ltda., miembro del Consorcio Pro-3, por cuanto el documento fue emitido y suscrito por el contratista [NOMBRE TACHADO] – Girardot y no por el INCO que era la sociedad contratante. El IDU se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el anexo No. 3 de información financiera de Prointec S.A., sociedad de origen español, fue suscrito por su representante, [NOMBRE TACHADO], apoderado domiciliado en Colombia, facultado para presentar la propuesta, y por el contador público Marco Antonio Fernández de la Rosa, por lo cual se cumplieron los requisitos del pliego de condiciones. En esta línea, aseveró que “La obligatoriedad de la firma del Revisor Fiscal, de acuerdo con el artículo 203 del Código de Comercio, es para las Personas Jurídicas Nacionales, de tal manera que para la firma PROINTEC S.A., no aplicaba”. Destacó que las disposiciones de la Ley 43 de 1990, no eran aplicables a PROINTEC S.A. por cuanto no era una sociedad de origen colombiano. Respecto a la certificación de experiencia adicional, manifestó que un entendimiento adecuado de los pliegos de condiciones permitía colegir que la certificación debía ser emitida por la entidad contratante, fuera esta de naturaleza pública o privada, pues el término “entidad” empleado en los pliegos de condiciones no limitaba el concepto a entidades estatales. Como excepciones propuso las que denominó “ineptitud sustantiva de la demanda por inconsistencias entre la solicitud de conciliación prejudicial en lo atiene en la estimación de cuantía – objeción de perjuicios- e indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción” y “falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo atacado” La entidad demandada argumento que la ineptitud sustantiva de la demanda obedece a la diferencia del valor reclamado como perjuicio en la solicitud de conciliación y el peticionado en la demanda, lo cual, en su sentir implica el indebido agotamiento del requisito de procedibilidad. Preciso que los cargos de ilegalidad invocados respecto de la Resolución de adjudicación No. 5923 de 30 de diciembre de 2008, no tienen vocación de prosperidad, en tanto que no se especificaron las normas superiores presuntamente vulneradas. Que además, la sociedad Prointec S.A., integrante del adjudicatario, reunía las exigencias previstas en los pliegos de condiciones en cuanto al aspecto financiero y de experiencia especifica, de lo cual se dejó constancia en la respuesta a las observaciones formuladas por los oferentes. La PARTE DEMANDADA integrantes Consorcio Pro-3 pese a ser notificada en debida forma guardaron silencio durante las etapas procesales. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, despacho que mediante sentencia de primera instancia de fecha 25 de noviembre de 2021 declaró de oficio la caducidad de las pretensiones resarcitorias formuladas en la demanda por los integrantes del CONSORCIO URBANO 2009 a título de restablecimiento del derecho y negó las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 1.2.1 El fallador de primera instancia abordó inicialmente el tema de la procedibilidad y caducidad de la acción; al respeto destaco que en este litigio se pretende la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación, Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 y la nulidad del contrato No. IDU-93 de 31 de diciembre de 2008, frente a lo cual determinó el fallador que la demanda se formuló en ejercicio del artículo 87 del CCA, particularmente el inciso segundo. Que en cuanto a la oportunidad de la demanda incoada, señaló que en dos asuntos de contornos fácticos similares a los discutidos en el presente evento, derivados del mismo proceso de selección contractual, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la caducidad de la pretensión indemnizatoria, debido a que las demandas no se formularon dentro de los 30 días siguientes a la notificación de los actos administrativos que adjudicaron el Concurso de Méritos, sino dentro de los dos años siguientes a la celebración del contrato. Que en consecuencia, como en este asunto la Resolución No. 5923 de adjudicación del Concurso de Méritos fue emitida el 30 de diciembre de 2008, el contrato de consultoría IDU-93 fue suscrito entre el IDU y el Consorcio Urbano Pro 3 el 31 de diciembre de 2008 y la demanda tan solo se presentó hasta el 30 de agosto de 2010, resulta forzoso concluir que las pretensiones indemnizatorias formuladas son extemporáneas, por cuanto no se ejercieron dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, por ende, se declaró su caducidad de las pretensiones en comento. 1.2.2. Que en cuanto a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda formulada por el IDU que sustenta en el indebido agotamiento del requisito de procedibilidad como quiera que la cuantía indicada en la solicitud de conciliación no guarda correspondencia con lo pretendido en la demanda como restablecimiento del derecho, señaló, que la diferencia en los montos solicitados en la convocatoria de conciliación prejudicial y el libelo inicial no conlleva la configuración de la excepción invocada por la apoderada de la entidad demandada, como quiera que, según se advierte en la constancia de no acuerdo obrante a folio 614 del cuaderno de pruebas, la conciliación extrajudicial se solicitó para “solucionar el conflicto relacionado con el Concurso de Méritos identificado con las siglas y números IDU-CM-DG-013-2008 y sus respectivos contratos adjudicados y celebrados”, es decir, existe congruencia entre lo ventilado en sede prejudicial y las pretensiones de este proceso, por lo que a juicio del Tribunal se cumplió con el requisito de procedibilidad. Que además el monto del perjuicio pretendido en sede de conciliación y su diferencia con el reclamado en esta instancia judicial no resulta relevante, como quiera que sobre las pretensiones incoadas a título de restablecimiento del derecho no se pronunciará de fondo esta Corporación, por haber sido interpuestas vencida la oportunidad procesal para ese efecto. 1.2.3. En cuanto a la obligatoriedad de suscripción del Anexo No. 3 “Información financiera” de la sociedad PROINTEC S.A. por revisor fiscal, el fallador de primera instancia señaló que la parte demandante invocó la violación de lo previsto en el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990, por cuanto el anexo No. 3 de información financiera de la integrante del Consorcio Pro-3, sociedad PROINTEC S.A, tenía que estar suscrito por revisor fiscal, y no solo por el representante legal con acompañamiento de contador público, debido a que es una empresa constituida por acciones. Al respecto destacó el Tribunal que lo antes referido fue expuesto en la etapa pre-contractual por el CONSORCIO URBANO 2009 como una observación al informe de evaluación del anexo No. 3 de Prointec S.A. y frente a lo cual fue respondida por el IDU indicando que por ser la sociedad una empresa extranjera no le aplicaba el artículo 203 del Código de Comercio. Que bajo la anterior premisa, considero el Tribunal que efectivamente la sociedad Prointec S.A., de origen español y con porcentaje de participación del 40% en el Consorcio Pro-3, se presentó al proceso de selección en virtud del poder general que le fue conferido al señor [NOMBRE TACHADO], sin que conste que para cumplir el objeto del apoderamiento el representante haya domiciliado o constituido sucursal de la sociedad en el país. Que luego entonces, PROINTEC S.A. acudió al proceso de selección contractual como sociedad de origen extranjero, sin sucursal, ni domicilio en Colombia, y no estaba obligada a tener revisor fiscal en los términos del artículo 203 del Código de Comercio y del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Por lo cual el Tribunal encontró que el aludido documento cumple con los requisitos formales para su presentación y validez dentro del proceso de selección contractual, por cuanto se ajustó a los requerimientos del pliego de condiciones y no vulneró o transgredió el ordenamiento legal, y en consecuencia determinó que los argumentos que sustentaron su cargo de nulidad en este aspecto no tienen vocación de prosperidad. 1.2.4. Respecto a la inconsistencia entre la información consignada en el Anexo No. 3 y el Registro Único de Proponentes de PROINTEC S.A., destacó el Tribunal que el actor adujo que la propuesta presentada por el Consorcio Pro-3 debió ser rechazada por el IDU, por cuanto la información reportada presentaba inconsistencias en las cifras consignadas en el anexo No.3 de PROINTEC S.A. con las contenidas en el Registro Único de Proponentes de esa misma sociedad. Al respecto se señaló que tal afirmación fue efectuada en la etapa de evaluación de las propuestas y resuelta por el IDU al precisar que el Registro Único de Proponentes fue solicitado para calcular la capacidad residual de contratación y verificar la inscripción en las actividades, especialidades y grupos solicitados por la entidad en el pliego de condiciones, mientras que el anexo No. 3 se requirió para corroborar la capacidad financiera en los términos del numeral 3.4.3. del pliego, por lo cual, la entidad no estaba obligada a comparar las cifras de uno y otro documento, por tener una naturaleza y finalidad diferente, además que la sociedad PROINTEC S.A. acreditó su capacidad financiera, conforme lo previsto en el párrafo 11 del numeral 2.1.7. del pliego de condiciones por ser una empresa extranjera. Sobre este cargo expreso el Tribunal que las sociedades extranjeras que no tienen domicilio, ni sucursal en Colombia, no están obligadas a estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, y como la sociedad PROINTEC S.A., empresa de origen español, que manifestó su interés de participar en el Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, como integrante del Consorcio Pro-3, no estaba obligada a estar inscrita en el RUP, su idoneidad y capacidad financiera para la ejecución del objeto contractual podía acreditarse con el anexo No. 3, establecido en el numeral 2.1.7. del pliego de condiciones, siempre y cuando, efectivamente no estuviera inscrita en el Registro Único de Proponentes, pues en caso contrario la entidad pública debía evaluar los requisitos habilitantes con fundamento en la información contenida en esa documental. Que revisado en detalle el acervo probatorio advirtió el Tribunal que al proceso no se aportó certificado de inscripción, clasificación y calificación de la sociedad PROINTEC S.A. en el Registro Único de Proponentes, por lo cual el cargo de nulidad invocado no está llamado a prosperar. 1.2.5. Referente a la certificación de experiencia específica de la sociedad Proeza Consultores Ltda, el Tribunal destaco que en la demanda las sociedades demandantes acusan la violación de los pliegos de condiciones, en lo establecido en el numeral 2.1.11.2., sobre acreditación de experiencia específica del proponente, por cuanto la certificación allegada por la firma Proeza Consultores Ltda., integrante del Consorcio Pro-3, estaba suscrita por el consorcio contratista y no por la entidad contratante; al respecto estimó el Tribunal que ello no implica el incumplimiento de lo consagrado en el pliego de condiciones, pues tal como lo indicó el IDU en la contestación de la demanda, la alusión a “entidad” no se circunscribe a entidad estatal sino a la entidad a la cual se prestaron los servicios, sea de carácter público o privado. Que no es posible exigir que la certificación de la prestación de servicios contractuales por Proeza a la Concesión Autopista Bogotá – Girardot, en el marco del contrato de concesión GG-040-2004, fuera emitida por el Instituto Nacional de Concesiones -INCO- por la sencilla razón que no fue la persona a la cual se le prestaron los servicios de interventoría de forma directa. 1.2.6. En cuanto a la nulidad absoluta del Contrato de InterventoríaIDU-093 de 31 de diciembre de 2008, refirió el Tribunal que como en este caso no se acreditó que el acto de adjudicación del Concurso de Méritos haya sido expedido con desconocimiento de las normas en que debería fundarse, ni con transgresión de lo reglado en el pliego de condiciones, resulta forzoso concluir que la pretensión de nulidad del Contrato de Interventoría IDU-93 de 31 de diciembre de 2008 no está llamada a prosperar. Que en tal virtud se impone negar las pretensiones declarativas de la demanda, en la medida que la parte activa del litigio no acreditó la configuración de las causales de nulidad invocadas frente al acto administrativo de adjudicación del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008, y al Contrato de InterventoríaIDU-093 de 31 de diciembre de 2008. 1.2.7 Aclaración de voto. El magistrado Juan Carlos Garzón Martinez presento aclaración de voto en cuanto a la declaratoria de caducidad de las pretensiones resarcitorias en los siguientes términos: “1. El artículo 87 del Decreto 01 de 1984, consagró un término de treinta días para demandar por control objetivo (nulidad simple) o por control subjetivo (nulidad y restablecimiento del derecho), los actos proferidos antes de la celebración del contrato estatal, entre ellos, el acto de adjudicación del contrato. 2. Sin embargo, el referido artículo 87 del CCA, también consagró que una vez celebrado el contrato estatal, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato, esto es, disponía que celebrado el contrato estatal, ya no procedía la solicitud de nulidad del acto de adjudicación, de manera independiente y autónoma, a la solicitud de nulidad del propio contrato. 3. En ese orden de ideas, consideró que una vez celebrado el contrato estatal, bajo las disposiciones del CCA, se podía cuestionar la nulidad del mismo dentro de los dos años siguientes (término previsto para solicitar la nulidad del contrato estatal), y fundamentar la nulidad en las irregularidades que provenían del propio acto de adjudicación del contrato, como sucedió en el caso concreto. 4. El anterior planteamiento, encuentra mayor respaldo y coherencia en un caso como el presente, en el cual, tal y como se encuentra acreditado, la celebración del contrato estatal tuvo ocasión un día después de la expedición del acto de adjudicación, puesto que al haberse suscrito el contrato a tan solo un día de la expedición del acto de adjudicación, tanto la entidad estatal como el adjudicatario del contrato, cercenaron la posibilidad que los otros proponentes, demandaran de manera autónoma e independiente, dentro del término de 30 días, el acto de adjudicación. 5. Corolario de lo expuesto, considero que en el caso concreto aun cuando no había lugar acceder a las pretensiones de la demanda, al no encontrarse evidenciadas las causales de nulidad alegadas por la demandante, no se debió haber declarado probada de oficio la excepción de caducidad, frente a las pretensiones resarcitorias.” (Subrayado fuera de texto) 1.3. Del recurso de apelación interpuesto: Inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A proferida el 25 de noviembre de 2021, la defensa de la SOCIEDAD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A. y del CONSORCIO URBANO 2009 presento escrito de alzada en el cual expuso: 1.3.1 Que varias son las razones que ponen en evidencia que el fallo apelado, además de apartarse del precedente judicial, interpretó de manera restrictiva el fenómeno de caducidad de la acción de controversias contractuales, comprometiendo de manera grave e inadmisible valores, principios y disposiciones constitucionales superiores cuya prevalencia y efectividad constituyen una prioridad para todo juez de la República. Señala el apelante que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de junio de 2011, sentó una posición reinante al momento de la presentación de la demanda, la cual sirvió de fundamento para que, a su turno, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 18 de abril de 2013, concluyera de manera categórica que no había ocurrido el fenómeno de la caducidad de la acción contractual. 1.3.2 Respecto a la violación al pliego de condiciones consistente en la obligación de suscripción del anexo 3 de la SOCIEDAD PROINTEC S.A. por el revisor fiscal, destaco el apelante que la posición expuesta por el Tribunal es errada, pues el artículo 203 del Código de Comercio indicó en el numeral primero que las sociedades por acciones deben contar con un revisor fiscal. Así pues, el análisis que se debe hacer del referido artículo no corresponde frente al numeral segundo sino frente al primero. Que en este sentido, tal como se afirmó en la demanda y se reiteró en los alegatos de conclusión, la sociedad PROINTEC S.A., integrante del Consorcio Pro-3, por el simple hecho de ser sociedad por acciones aun cuando se trata de una sociedad extranjera, le es obligatorio tener Revisor Fiscal. Que de tal manera que como la sociedad tenía Revisor Fiscal, éste ha debido firmar el Anexo Financiero Anexo No. 3, tal y como lo establecen los pliegos de condiciones en el numeral 2.1.7. 1.3.3. En cuanto a la violación al pliego de condiciones al no estar inscrita en el RUP la sociedad PROINTEC S.A., destaco la parte recurrente que el RUP es un elemento indispensable para poder llevar a cabo procesos de contratación de manera transparentes y que de certeza que la información del contratista es verídica; que así, el RUP es un registro público, con lo cual el Tribunal podía consultar el RUP de PROINTEC S.A. para concluir que el Anexo de Información Financiera y la registrada en el RUP no coinciden. Que en consecuencia, el IDU tenía la obligación de rechazar de plano la propuesta del Consorcio PRO-3 al no encontrar concordancias entre la información financiera presentada por uno de sus integrantes y la consignada en el RUP. 1.3.4. En cuanto a la violación de los pliegos de condiciones en lo referente al error en la certificación de experiencia específica, preciso el apelante que a lo largo del proceso la certificación de experiencia específica entregada por PROEZA CONSULTORES Ltda., integrante del Consorcio Pro-3, no era idónea ya que el documento lo emitió el [NOMBRE TACHADO] – Girardot y no el INCO como entidad contratante; por lo cual, dentro del proceso se demostró que la certificación presentada por PROEZA CONSULTORES Ltda. fue una certificación errónea, pues la expidió el contratista y no la entidad contratante de conformidad con lo leído, por lo tanto, el IDU erró al considerar que dicho certificado fue presentado, ya que debió considerar que la certificación no fue presentada por lo tanto la propuesta debió ser rechazada. 1.3.4. Señaló que la mejor propuesta del grupo 3 era del CONSORCIO URBANO 2009, y por ello el contrato IDU-93 del 31 de diciembre de 2008, debió ser celebrado con este consorcio. Que al aplicar el criterio de desempate de MIPYME se pudo corroborar que el CONSORCIO URBANO 2009 tenía la mejor propuesta, pues contaba con una MIPYME con el 50% de participación. Que el CONSORCIO URBANO 2009, estaba el segundo orden de elegibilidad y en consecuencia, el CONSORCIO URBANO 2009, no solamente presentó propuesta dentro del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008 y la misma fue evaluada y admitida por el IDU, sino que además quedó en el segundo orden de elegibilidad luego de la propuesta adjudicataria, por lo que queda plenamente demostrado su interés serio y legítimo. Que adicionalmente se probó que la propuesta de CONSORCIO URBANO 2009 era favorable para la entidad como quiera que, de no ser adjudicatario y contratado el Consorcio Pro-3 cuya propuesta vulneró el ordenamiento jurídico, el contrato debió haber sido adjudicado y celebrado, sin viso de duda, al CONSORCIO URBANO 2009. 1.3.5. Que con ocasión a la celebración del contrato IDU-93 de 2008 con evidentes vicios de nulidad, resulta claro que se ocasionaron perjuicios. Por daño emergente, relativo a los gastos de la elaboración de la propuesta el CONSORCIO URBANO 2009 en cuantía de $25.296.789,00. Y sobre el lucro cesante, resaltó que en los pliegos de condiciones no se discriminaron los ítems Administración, Imprevistos y Utilidad; de manera que, a efectos de determinar el valor del lucro cesante se establecieron los valores promedios de las propuestas económicas presentadas en el grupo 3 del Concurso de Méritos, la cual da una cuantía de $6.965.168.965, oo, por el concepto en comento. 1.4. Alegatos de conclusión en segunda instancia: El Consejo de Estado mediante auto de fecha 08 de agosto de 2022 corrió traslado a las partes, por el término de diez (10) días, para que presenten alegatos de conclusión, término durante el cual los extremos procesales no presentaron escrito de alegaciones finales en segunda instancia. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en los recursos de apelación, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Se presento el fenómeno de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias en el presente caso derivadas de la adjudicación mediante la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 del Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 para el Grupo 3 al Consorcio Pro-3? En el proceso de evaluación de la propuesta presentada por el Consorcio Pro-3 para el Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 ¿se presentó desconocimiento a las reglas de evaluación previstas en el pliego de condiciones, que se derivan en la nulidad de la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 que adjudico al Consorcio Pro-3 el Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 para el Grupo 3 y del Contrato de Interventoría No. IDU-93 del 31 de diciembre de 2008 suscrito entre el IDU y el Consorcio Pro-3? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. Una vez revisado este material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.2.1. Resolución No. 3932 de 7 de noviembre de 2008, de la Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU- en la cual se ordenó la apertura del Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 para la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación norte, centro, suroriente, sur, suroccidente y occidente, en la ciudad de Bogotá D.C.”. En virtud del principio de economía, dispuso que el concurso se tramitara y adjudicara en 6 grupos, cada uno correspondiendo a un Distrito de conservación. El grupo 3 se estableció para el Distrito Sur-Oriente, con cobertura en Santa Fe – Candelaria – San Cristóbal – Rafael Uribe, con un presupuesto de $8.079.595.999. 2.2.2. Carta de presentación de la propuesta de fechas 25 de noviembre de 2008, del Consorcio Urbano Pro-3 allegó al IDU, Anexo No. 1 para participar en el Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 por los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2.2.3. Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008, mediante la cual el IDU adjudicó el Grupo 3, el cual comprende la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación suroriente (Santa Fe – Candelaria – San Cristóbal – Rafael Uribe)” del concurso público IDU-CM-DG-013-2008 al proponente Consorcio PRO-3, conformado por Prointec S.A. 40%, Prointeco S.A. 50% y Proeza Consultores Ltda 10%, por la suma $8.078.717.127, incluido IVA. En el Concurso de Méritos por el grupo 3 se presentaron 17 propuestas, de las cuales 12 quedaron empatadas en primer orden de elegibilidad, razón por la que el IDU debió acudir a los criterios de desempate establecidos en el numeral 3.9. del pliego de condiciones. Teniendo en cuenta que el proponente plural cuyo integrante acreditó mayor porcentaje de participación (50%) MIPYME fue el Consorcio Pro-3 y dado que su propuesta económica se ajustaba a los requerimientos del pliego de condiciones, la entidad consideró que se encontraba en el primer orden de elegibilidad, luego de aplicar criterios de desempate, por lo cual, le adjudicó el Concurso de Méritos por el Grupo 3. 2.2.4. Contrato de InterventoríaIDU-93 de 2008 de fecha 31 de diciembre de 2008, suscrito por el IDU y el Consorcio PRO-3, cuyo objeto según lo previsto en la cláusula primera consistió en ejecutar la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá, D.C., correspondiente al Grupo No. 3”, por un valor total de hasta $8.078.717.127. 2.2.5. El Contrato de InterventoríaIDU-093 de 2008 fue objeto de 2 adiciones. La adición No. 1 se suscribió el 10 de noviembre de 2009, con el fin de adicionar la interventoría de las obras en el corredor correspondiente a la Avenida Santa Lucía (TV 72), sentido sur-norte y viceversa desde la Avenida Jorge Gaitán Cortés (AK 33) hasta la Avenida General Santander (DG 39a sur), por un valor de $510.358.027. La adición No. 2, perfeccionada el 28 de diciembre de 2009, incrementó el valor del contrato en $86.696.878. 2.3. Análisis jurídico. Procede esta delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2021 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección A, en la cual se declaró de oficio la caducidad de las pretensiones resarcitorias formuladas en la demanda por los integrantes del CONSORCIO URBANO 2009 a título de restablecimiento del derecho y negó las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El IDU-mediate la Resolución No. 3932 de 7 de noviembre de 2008, ordenó la apertura del Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 para la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación norte, centro, suroriente, sur, suroccidente y occidente, en la ciudad de Bogotá D.C.”, para tal efecto, se dispuso que el concurso se tramitara y adjudicara en 6 grupos, cada uno correspondiendo a un Distrito de conservación. En el grupo 3 se estableció para el Distrito Sur-Oriente, con cobertura en Santa Fe – Candelaria – San Cristóbal – Rafael Uribe, con un presupuesto de $8.079.595.999. Para tal grupo el día 25 de noviembre de 2008 el Consorcio Urbano Pro-3 presento ante el IDU carta de presentación de la propuesta Anexo No. 1 para participar en el Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 por los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El IDU, emitió evaluación final para las propuestas que se presentaron dentro del Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008, por el grupo 3, en la cual se presentaron 17 propuestas, de las cuales 12 quedaron empatadas en primer orden de elegibilidad, razón por la que el IDU debió acudir a los criterios de desempate establecidos en el numeral 3.9. del pliego de condiciones. En aplicación del criterio de desempate, el IDU estimó que teniendo en cuenta que el proponente plural cuyo integrante acreditó mayor porcentaje de participación (50%) MIPYME fue el Consorcio Pro-3 y dado que su propuesta económica se ajustaba a los requerimientos del pliego de condiciones, la entidad consideró que se encontraba en el primer orden de elegibilidad, luego de aplicar criterios de desempate, por lo cual, le adjudicó el Concurso de Méritos por el Grupo 3. Mediante Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008, el IDU adjudicó el Grupo 3, el cual comprende la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación suroriente (Santa Fe – Candelaria – San Cristóbal – Rafael Uribe)” del concurso público No. IDU-CM-DG-013-2008 al proponente Consorcio Pro-3, conformado por Prointec S.A., Prointeco S.A. y Proeza Consultores, por la suma $8.078.717.127, incluido IVA. El 31 de diciembre de 2008, el IDU y el Consorcio Pro-3 suscribieron el Contrato de Interventoría No. IDU-93 de 2008, el cual se derivó del proceso precontractual adelantado con ocasión del Concurso de Méritos antes referido. 2.3.1. En cuanto al fenómeno de caducidad analizado en el fallo de primera instancia. Resulta pertinente precisar que el fenómeno de caducidad del cual se ocupó el fallo de primera instancia no se dirigió a advertir la presencia del mismo respecto a la acción de controversias contractuales o de las pretensiones que se deriven de esta acción, como equivocadamente refiere el recurrente, se debe destacar que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 25 de noviembre de 2021 declaró la caducidad, únicamente, respecto de las pretensiones indemnizatorias derivadas de la adjudicación del Concurso de Méritos No. ICU-CM-DG-013-2008 que se efectuara a través de la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008, comprendido este acto como ejecutado en la actividad precontractual a la celebración del contrato estatal. Para analizar la postura del Tribunal se debe hacer atenta lectura del artículo 87 del C.C.A que dispone: “Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil.” De este precepto normativo debe colegir que los actos proferidos antes a la celebración del contrato estatal son susceptibles de debatir ante la jurisdicción de los contencioso administrativo por medio de la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación; pues una vez celebrado el contrato estatal, la ilegalidad de aquellos actos previos solo puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato a través de la acción de controversias contractuales, esto debido a que los actos de celebración en la etapa precontractual, una vez suscrito el contrato estatal, se tornan en inseparables de aquél acuerdo de voluntades, dada su dependencia en el ordenamiento jurídico para su valides y eficacia, lo que hace ineludible que su control judicial se efectúe mediante la acción de controversias contractuales como un mecanismo procedente para escrutar la presunción de legalidad de los actos previos y contractuales. Para determinar el alcance del artículo transcrito en las diferentes circunstancias que acontezca en el terreno factico, el máximo órgano de cierre de lo contencioso administrativo ha desarrollado una línea jurisprudencia que ha precisado las acciones que se pueden emprender en contra de los actos previos a la celebración del contrato, y en las cuales se han distinguido tres hipótesis, así: “- La primera hipótesis se refiere a aquellos casos en los cuales el contrato estatal no se ha celebrado aun para la fecha en que, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del correspondiente acto administrativo de adjudicación, se demanda ese acto administrativo previo en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, caso en el cual y sin mayor discusión se tiene que el interesado podrá pretender e incluso obtener tanto la declaratoria judicial de nulidad del aludido acto administrativo, como el restablecimiento de sus derechos, cuestión ésta que de ordinario se concreta en el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el acto nulo y la consiguiente condena para repararlos. “- Una segunda hipótesis dice relación con aquellos casos en los cuales hubiere transcurrido el término de 30 días sin que se hubiere celebrado el correspondiente contrato estatal pero igual sin que se hubiere formulado demanda contra el acto administrativo previo dentro de ese mismo término, cuestión que, como resulta apenas natural, da lugar a la configuración de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual priva definitivamente al interesado de la posibilidad de revivir ese plazo y/o de acudir en una nueva oportunidad ante la Jurisdicción en procura de obtener el reconocimiento de los derechos que le habrían sido desconocidos con la expedición del correspondiente acto administrativo. “(…) “- La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad estatal y el adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire el término de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa fecha el proponente vencido hubiere ejercido la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto previo, situación que si bien determina que el interesado ya no podrá ejercer la mencionada acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley expresamente le dejó abierta la opción para ejercer válidamente la acción contractual, dentro de la cual deberá pretender la nulidad del contrato estatal y la declaratoria de ilegalidad de los actos previos, pretensión que –según ya se indicó– incluso servirá de fundamento para que prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación de que en estos casos y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del mencionado término de 30 días, el interesado también estará legitimado para solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida adjudicación, puesto que resultaría ilógico y contrario a los más elementales conceptos de justicia y de equidad, que se asumiere que dicho interesado no pudiere ya formular pretensiones económicas o resarcitorias dentro de la acción contractual que será la única que en este caso tendrá a su disposición, aunque la ejerza dentro del plazo que inicialmente se le fijó para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuya desaparición sobrevino por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal. “Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la correspondiente acción contractual con posterioridad al vencimiento de los mencionados 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de nuevo que en este específico contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse paso serán (sic) aquellas encaminadas a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y la consiguiente o consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que resulte posible para el Juez de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún estimar las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la no adjudicación del contrato estatal correspondiente” (Texto destacado nuestro).” Al respecto, coincidiendo el Ministerio Público con la tesis señalada por el Tribunal en el fallo recurrido, ya que al caso en comento debe aplicársele la tercera hipótesis definida por la jurisprudencia transcrita, en la medida que en curso de los 30 días posteriores a la notificación del acto de adjudicación (Resolución No. 5923 de fecha 30 de diciembre de 2008), se suscribió el Contrato de Interventoría No. IDU-93 el 31 de diciembre de 2008, lo cual implica, atendiendo la hipótesis referida, que el actor por este hecho debía acudir dentro de los 30 días posteriores a la notificación del acto de adjudicación a la acción de controversias contractuales si su pretensión era, entre otras, solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida adjudicación, término que no fue atendido dado que la demanda se presentó hasta el 30 de agosto de 2010, lo cual resulta evidente, y no permite que se acceda, o si quiera, que se estudien la pretensión indemnizatoria que se derivaran de la indebida adjudicación. En este punto conviene señalar, en cuanto a la aplicación del anterior precepto jurisprudencial, que el Consejo de Estado en pronunciamientos judiciales sobre casos análogos al debatidos en el presente proceso y que versan sobre inconformismos de proponentes en el proceso precontractual de adjudicación del Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 que fuera aperturado a través de la Resolución No. 3932 de 7 de noviembre de 2008, y que inclusive fueron promovidos por el mismo extremo activo de la presente litis, ha señalado que: “En el marco de lo expuesto, como el contrato se celebró antes del cumplimiento de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, el caso que se estudia se ubica en la tercera hipótesis reseñada en la jurisprudencia de esta Corporación; por tanto, la acción procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del negocio jurídico derivado de aquél era la contractual, como ocurrió en el sub judice; así, y dado que la demanda se interpuso vencidos los 30 días antes mencionados, comoquiera que se presentó 13 meses después de la expedición del acto de adjudicación, se concluye que las pretensiones incoadas para reclamar el restablecimiento patrimonial de los derechos aducidos por el demandante no estaban disponibles para ser esgrimidas en procura de obtener un resarcimiento económico”. En idéntica posición el Consejo de Estado nuevamente señalo: 25. Esta Corporación se ha pronunciado, de manera amplia, sobre la oportunidad para ejercer la acción consagrada en el artículo 87 del CCA. De la mano de las consideraciones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha identificado las diversas posibilidades que se desprenden del referido artículo, y ha individualizado algunas hipótesis relacionadas con el momento en el que se realiza la respectiva adjudicación, se celebra el contrato y se presenta la demanda. En el presente caso nos encontramos en la tercera de las hipótesis a las que ha hecho mención la Corporación, como quiera que la adjudicación se efectuó el 30 de diciembre de 2008 y que el contrato se celebró, casi, de manera inmediata, esto es, el 31 de diciembre de 2008. 26. En efecto, en el asunto en consideración de la Sala el actor presentó su demanda pasado un año luego de la adjudicación del contrato, cuando ya se había vencido el término de los 30 días siguientes a la fecha en que se le comunicó la adjudicación. Así las cosas, toda vez que el actor presentó la demanda en contra del acto administrativo cuando había vencido el término de caducidad de 30 días, sus pretensiones indemnizatorias, relativas al restablecimiento del derecho, habían caducado. Sin embargo, en todo caso resulta procedente adelantar el estudio de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación, habida cuenta de que la demanda se presentó dentro de los 2 años siguientes a la comunicación del acto de adjudicación”. En tal medida y no perdiendo de vista el precedente jurisprudencial que predomina en la materia, no advierte el Ministerio Público que la postura sentada por el fallador de primera instancia en el fallo recurrido, al declarar la caducidad de las pretensiones indemnizatoria derivadas de la adjudicación del Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 a través de la Resolución No. 5923 de fecha 30 de diciembre de 2008, sea caprichosa o alejada del ordenamiento jurídico, pues aquel resulta ser la aplicación estricta de la postura que el Consejo de Estado ha hecho de casos con identidad fáctica. Sin embargo, siguiendo la misma línea jurisprudencial y teniendo presente que la acción impetrada es la de controversias contractuales buscando la nulidad del contrato, resulta conducente examinar los motivos de nulidad expuestos por la parte activa de la Litis. 2.3.2. Respecto a la violación al pliego de condiciones consistente en la obligación de suscripción del anexo 3 de la SOCIEDAD PROINTEC S.A. por el revisor fiscal. No se puede perder de vista, que el asunto objeto de reproche se debe dirigir a establecer si las condiciones precontractuales previstas en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 establecían como un requisitos que el anexo 3 fuera suscrito por el revisor fiscal o si al tratarse de una sociedad extranjera, a aquella, se le imponía un requisito diferente para tal efecto; así que para determinar lo anterior nos debemos trasladar a lo que taxativamente se exigió en el proceso precontractual del Concurso de Méritos. Al respecto el pliego de condiciones previó en cuanto a la información financiera: “INFORMACIÓN FINANCIERA (ANEXO No. 3) Para suministrar la información financiera se debe diligenciar el ANEXO No. 3 ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal bien sea persona natural o jurídica, deberá adjuntar el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, el cuál debe contener la siguiente información tomada de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2007. No es necesario aportar Estados Financieros. Las cuentas definidas para obtener el Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Mediano y Largo Plazo, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Antes de Impuestos y Utilidad Neta deberán ser extractadas de los Estados Financieros, y así mismo corresponder a la codificación del Plan Único de Cuentas. Las Personas Naturales y Jurídicas, deben registrar en la Utilidad Neta del ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA el valor resultante de descontar a la Utilidad Antes de Impuestos del Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2007, la provisión del Impuesto de Renta y Complementarios del Año Gravable de 2007, esta Utilidad Neta debe ser la misma que se registre como Utilidad del ejercicio en el Patrimonio del Balance General del mismo año. Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior al 31 de Diciembre de 2007, deben presentar la información financiera del ANEXO DE INFORMACION FINANCIERA con corte al último día del mes anterior a aquel en que se abre este Concurso. Este Anexo deberá contener la información correspondiente al plazo comprendido entre la fecha de constitución de la sociedad y el último día del mes anterior a la apertura de este Concurso. El ANEXO INFORMACIÓN FINANCIERA debe venir en original y debidamente firmado por el Representante Legal, el Contador y, si lo requiere por el Revisor Fiscal, quienes tienen la obligación legal de hacerlo de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995 y el decreto 2649 de 1993, cuyas firmas implican que el contenido de esta información garantiza: - Que las cifras que se consignan en el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA han sido tomadas de los Estados Financieros, preparados conforme a las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y además por las establecidas por la Contaduría General de la Nación para el caso de las entidades públicas. Se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal que firmen el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, acompañada del Certificado de Vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores. Dicho Certificado deberá estar vigente a la fecha de cierre de este Concurso. Se deberá además adjuntar fotocopia legible de la Declaración de Renta del año 2007, con su respectiva Conciliación Fiscal de Renta y Patrimonio, en caso de ser necesaria. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 583 del Estatuto Tributario, la Declaración de Renta deberá ser presentada en sobre cerrado, con la respectiva propuesta. Cuando las cifras financieras del Anexo INFORMACIÓN FINANCIERA correspondientes al Balance General (Total Activo, Total Pasivo, Patrimonio) y al Estado dé Resultados a 31 de diciembre de 2007 (Utilidad antes de Impuestos y/o Utilidad Neta) presenten diferencias respecto a las cifras de la Declaración de Renta de 2007 (Patrimonio Bruto, Total Pasivo, Patrimonio Líquido, Renta Líquida), deberán ser conciliadas. Las personas naturales y jurídicas extranjeras, deberán presentar el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA firmado por el Representante Legal de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de la información financiera, avalados con la firma de contador público acompañado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia. Cuando el proponente no haya tenido que declarar renta con anterioridad, en reemplazo de este documento debe anexar: A) Una certificación indicando la causal de no declarante, firmada por el Representante Legal, si se trata de persona jurídica, o firmada por la persona natural proponente, si se trata de persona natural. B) El certificado de ingresos y retenciones de 2007, si su condición fue la de asalariado. (Artículos 22 y 598 del Estatuto Tributario. Las Personas Naturales Extranjeras residentes y no residentes en Colombia, estarán obligadas a presentar declaración 'de renta de conformidad con los artículos 90 y 100 del Estatuto Tributario o certificado de ingresos y retenciones, del último año fiscal. Las Personas Jurídicas Extranjeras deberán tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto Tributario. La omisión del ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA y los errores en él contenidos serán subsanables”. (Subrayado fuera de texto) Visto lo anterior y si bien la norma exige que las sociedades por acciones deben tener un revisor fiscal, como lo señala el apelante y el artículo 203 del Código de Comercio, en el Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008, para la suscripción del anexo 3 correspondientes a la información financiera no se previó como exigencia para las sociedades extrajeras que concurrieran al proceso, que su revisor fiscal firmara el anexo 3, ya que el proceso precontractual de forma diáfana estableció que aquel únicamente debería ser suscrito por el representante legal de la empresa y de un contador, requisito que no se aprecia de la probanza realizadas en primera instancia fuera desatendido por la sociedad PROINTEC S.A., integrante del Consorcio Pro-3. Por lo cual en el presente caso no es útil debatir sin la sociedad PROINTEC S.A. integrante del Consorcio Pro-3, debía o no tener revisor fiscal por su calidad de sociedad por acciones, pues si bien es claro que toda sociedad por acciones lo debe tener en acatamiento del artículo 203 del Código de Comercio, lo que resulta relevante establecer en el presente acápite, es si aquel debía o no suscribir el anexo 3 correspondientes a la información financiera, y en vista de lo probado en el expediente, y como acertadamente lo señalo el fallador de primera instancia, la exigencia que estableció en el Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 para la suscripción del anexo 3 fue acatada por la sociedad PROINTEC S.A. integrante del Consorcio Pro-3, sin que aquellos fuera desvirtuado a través de algún medio de prueba; por lo cual el reproche que al respecto aduce el apelante en este asunto no está llamado a prosperar dado que la exigencia impuesta en el proceso precontractual fue acatada. 2.3.3. En cuanto a la violación al pliego de condiciones al no estar inscrita en el RUP la sociedad PROINTEC S.A. Se debe destacar que la sociedad PROINTEC S.A. integrante del Consorcio Pro-3, como se resalta en el acápite anterior, es una persona jurídica extranjera y no cuenta con domicilio o sucursal en Colombia, y en tal condición concurrió al Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008. En tal coyuntura se debe precisar que el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 establece como obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar un contrato con el Estado estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, de tal manera que se debe interpretar, sin mayor esfuerzo, que aquella exigencia no aplica para las sociedad que no cuentan con sucursal o domicilio en el territorio Colombiano, como es el caso de la sociedad PROINTEC S.A. integrante del Consorcio Pro-3. Resulta pertinente señalar que el cuestionamiento que nos ocupa en este acápite ya había sido expresado como una observación realizada por la parte actora, en la oportunidad correspondiente a la evaluación de las propuestas realizadas dentro del Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008, y el cual fue resuelto por el IDU, en los siguientes términos: “12.4.1. Existe diferencia en la información financiera consignada en el Anexo No. 3 del integrante PROINTEC S.A., folio 114 y la registrada en el Registro Único de proponentes, folio 65, a pesar que el Registro Único de Proponentes fue actualizado el día 11 de Junio de 2008. Además el Anexo no viene firmado por el Revisor Fiscal, siendo obligación contar con Revisor Fiscal de acuerdo a la Ley 43 de 1990 del 13 de Diciembre en el Artículo 3 parágrafo 1 y 2, además actualizado el monto a 2007 sobre el cual toda empresa debe tener Revisor es $2.040.000.000. RESPUESTA: Es importante aclarar al observante que la entidad solicita el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, para calcular la Capacidad Residual de Contratación KRC, en el caso que nos ocupa en consultoría y de igual manera verificar que las firmas se encuentren inscritas en las actividades, especialidades y grupos solicitaos por la entidad en el numeral 2.1.3. del Pliego de Condiciones. De otra parte es importante mencionar que para verificar la capacidad financiera solicitada en el numeral 3.4.3. del pliego de condiciones, la entidad utiliza el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, que no es otra cosa que la extracción de las cifras utilizadas para calcular los indicadores financieros, provenientes de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2007 (Balance General y Estado de Resultados). Ahora bien, es importante manifestar que el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA presentado por los proponentes debe venir firmado por quienes tienen la obligación legal de hacerlo, en el caso que nos ocupa el Representante Legal y Contador este último dando Fe Pública de lo allí expresado, como lo establecido el artículo 10 de la Ley 43 de 1990. En ese orden de ideas, no es dable para la entidad hacer comparaciones y por ende conciliaciones de las cifras presentadas en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES y el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ya que son documentos con finalidades diferentes, el primero es de carácter informativo y el segundo muestra la situación financiera de la empresa en un periodo de tiempo determinado,(sic) De otra parte, es preciso mencionar al observante que la firma PROINTEC S.A., es una firma extranjera con domicilio en España, la cual envió los documentos para acreditar la capacidad financiera de acuerdo a lo establecido en el párrafo 11 del numeral 2.1.7. del pliego de condiciones: “Las personas naturales y jurídicas extranjeras, deberán presentar el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA firmado por el representante Legal de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de la información financiera, avalados con la firma de un contador público acompañado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia.” En tal medida se debe decir que la información financiera que debía valorar el IDU respecto de la sociedad PROINTEC S.A. integrante del Consorcio Pro-3, atendiendo su calidad de sociedad extranjera y sin domicilio o con sucursal en Colombia, debía ser la plasmada en el anexo 3 de la información financiera según lo exigido en el numeral 3.4.3. del pliego de condiciones, pues en lo pertinente a la expresada en el RUP aquella no le era exigible, dada que la calidad en que compareció al proceso no le exigía estar inscrita en el RUP. Argumento que resulta ser análogo al expresado por el fallador de primera instancia en los siguientes términos: “Sin embargo, como regla general admite excepciones, caso particular de las sociedades extranjeras que no tienen domicilio, ni sucursal en Colombia, las cuales no están obligadas a estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, circunstancia que no las exime de acreditar su capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización como requisitos habilitantes para participar en el respectivo proceso contractual, pues estos aspectos deberán acreditarse conforme las exigencias del pliego de condiciones. Así, en principio advierte la Sala que la sociedad PROINTEC S.A., empresa de origen español, que manifestó su interés de participar en el Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, como integrante del Consorcio Pro-3, no estaba obligada a estar inscrita en el RUP. Por ende, su idoneidad y capacidad financiera para la ejecución del objeto contractual podía acreditarse con el anexo No. 3, establecido en el numeral 2.1.7. del pliego de condiciones, siempre y cuando, efectivamente no estuviera inscrita en el Registro Único de Proponentes, pues en caso contrario la entidad pública debía evaluar los requisitos habilitantes con fundamento en la información contenida en esa documental. Ahora, revisado en detalle el acervo probatorio advierte la Sala que al proceso no se aportó certificado de inscripción, clasificación y calificación de la sociedad PROINTEC S.A. en el Registro Único de Proponentes, omisión probatoria que impide tener como demostrado que el procedimiento de evaluación de los requisitos habilitantes en la etapa de selección contractual se hizo de forma irregular por el IDU, así como que entre la información reportada en el Anexo No. 3 y en el RUP de PROINTEC S.A. existían incongruencias. Finalmente, tampoco se acreditó por el demandante como esas presuntas inconsistencias en la información de PROINTEC S.A. afectaron la habilitación por el factor financiero del Consorcio PRO 3, por lo cual, el cargo de nulidad invocado no está llamado a prosperar, máxime si se tiene en cuenta que el inciso final del numeral 2.1.7. del pliego de condiciones expresamente señaló que “La omisión del ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA y los errores en él contenidos serán subsanables”.” (texto subrayado nuestro) En tal medida resulta evidente que la sociedad PROINTEC S.A. integrante del Consorcio Pro-3, acredito su estado financiero y su solides económico según las exigencias referidas en el pliego de condiciones de la Concurso de Méritos IDU-CM.DG-013-2008 para comparecer al mismo conforme las exigencias realizadas, pues al ser una sociedad extranjera no se le debía requerir que sus estados financieros fuera comparados con el RUP, pues al ser una sociedad de tal carácter sin sucursal o domicilio en Colombia no tenía que estar inscrita en aquel. 2.3.4. En cuanto a la violación de los pliegos de condiciones en lo referente al error en la certificación de experiencia específica. El reproche que se aborda en este acápite se cierne sobre el inconformismo del actor en cuanto a la expedición de la certificación de experiencia específica entregada por PROEZA CONSULTORES Ltda. integrante del Consorcio Pro-3, pues en el decir de la parte activa, no era idónea ya que el documento lo emitió el [NOMBRE TACHADO] – Girardot y no el INCO como entidad contratante; al respecto en el numeral 2.1.11.2. de los pliegos de condiciones se precisó que en el anexo No. 7 debían reportarse los contratos de interventoría ejecutados, facturados o en ejecución que se procurara hacer valer para acreditar la experiencia específica del proponente, en aquel se precisó que las certificaciones que se aportarían para tal efecto debían: “Entidad contratante, contratista (% de participación y miembros del Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de contratistas plurales), Objeto, Actividades efectuadas en desarrollo del contrato, Plazo y Valor ejecutado o facturado. En caso de aportar certificación, la misma deberá ser emitida por la Entidad contratante. En caso de tratarse de un contrato mixto (p. ej. Estudio, diseño y construcción) debe certificarse por parte del proponente el valor correspondiente a cada una de las actividades por separado”. En tal marco precontractual la certificación que se reprocha por el apelante señaló: “Que la firma PROEZA CONSULTORES LTDA. (…) ejecutó para la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ-GIRARDOT, el contrato de “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO URBANO COMPRENDIDO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA HASTA LA TE DEL SALTO”, en el marco del contrato de concesión No. GG-040-2004 celebrado entre Instituto Nacional de Concesiones – INCO y La Concesión Autopista Bogotá – Girardot S.A. Fecha de Iniciación: 6 de Enero de 2006 Fecha de Terminación: 24 de Junio de 2008 Valor Total de la Interventoría: $1.520.000.000.oo” Precisado lo anterior, estima el Ministerio Público, llegando a una conclusión idéntica a la expuesta por el fallador de primera instancia en el fallo recurrido, que si bien la certificación en comento fue suscrita por el representante legal de la Concesión Autopista Bogotá – Girardot y no por el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, aquello no puede ser de otra forma por cuanto fue a aquel consorcio en el marco del Contrato de Concesión No. GG-040-2004 a quien PROEZA CONSULTORES Ltda. integrante del Consorcio Pro-3 le presto el servicio de interventoría de manera directa, conforme a lo probado y no desvirtuado en el proceso. Conclusión a la cual en términos similares llego el IDU en la respuesta que realizó a la observación que sobre los mismos hechos realizó la parte actora en la etapa previo del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, así: “RESPUESTA: Revisando nuevamente la propuesta presentada por CONSORCIO PRO-3, se encuentra que entre folios 172 y 175 de su propuesta relaciona y soporta los contratos Nos. 834 de 2006 y 835 de 2006, cuyos objetos son “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y CONTABLE DE LA RENOVACIÓN URBANA SECTOR CENTRAL y INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCION AVENIDA SAN LUIS – VIA UREÑA. PUENTE GAITAN DURA, respectivamente. En los soportes relacionados a folios 172 y 173 de la propuesta se observa que en los contratos señalados se efectuó la pavimentación, reparcheo, diseño geométrico de vías y estructura de pavimento, entre otras actividades propias de proyectos de infraestructura vial. Por otra parte las obras de renovación urbana y obras de arte contempladas en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, son parte esencial del mismo y en tal sentido, para efectos de acreditación de experiencia, no se discriminan y mucho menos se descuentan del valor total del contrato. En cuanto a la certificación del contrato de obra relacionado como de orden 3 en el ANEXO No. 7, dado que la firma PROEZA CONSULTORES LTDA., ejecuto los trabajos para la Concesión Autopista de Bogotá Girardot, es precisamente a esta Concesión a quien corresponde certificar los trabajos. De otra parte la certificación es clara en definir que la obra en la construcción de un tramo urbano, razón por la cual el contrato se encuentra debidamente soportado y cumple con la experiencia solicitada (sic) De otra parte, en lo referente a la experiencia acreditada por el profesional Juan Ramón Jiménez, propuesto para el cargo de Ingeniero Residente, se manifiesta al observante que el pliego de condiciones no restringe la experiencia de dichos profesionales a la adquirida en proyectos de infraestructura vial urbana. De acuerdo a lo anterior, se tiene que la observación presentada en este sentido no procede”. (fs. 526-528, c. pruebas)” (Subrayado fuera de texto) Por lo anterior, dadas las exigencias que para la certificación de experiencia específica se requería en el numeral 2.1.11.2. de los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, no advierte el Ministerio Público que aquella no cumpliera las exigencias previstas en la etapa previa. Asimismo esta Delegada resalta, en igual sentido que lo hiciera el fallador de primera instancia, que el tenor literal del numeral 2.1.11.2. de los pliegos de condiciones, no realiza ninguna discriminación en el sentido de exigir que la certificación de experiencia especifica solo podía ser emitida por una “entidad” de carácter pública, pues nada al respecto estipula el clausulado de forma taxativa, de modo que si el pliego no hace diferenciación no le es dable al interprete hacerla, siguiendo un principio básico de la interpretación legal, por lo que en criterio del Ministerio Publico, la certificación de experiencia dada por el concesionarios es válida para acreditar la experiencia requerida para el contrato. Atendido la línea argumentativa antes planteada y descartadas las irregularidades antes abordadas, y enrostradas al Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008 por la parte actora a través del recurso de apelación que nos ocupa; estima el Ministerio Público que se torna en innecesario abordar los argumentos expuesto por el apelante referentes a la mejor propuesta que en su criterio fue la presentada por el CONSORCIO URBANO 2009 para el grupo 3 del proceso precontractual en comento y lo pertinente a su estimación de los perjuicios ocasionados, pues, como ya se refirió, el material probatorio da cuenta que la evaluación para la adjudicación a través de la Resolución No. 5923 de 2008 que se efectuara por el grupo 3 del Concurso de Méritos al Consorcio Pro-3, atendió los parámetros contractuales exigidos en el pliego de condiciones que gobernó el proceso precontractual, y el cual escogió al proponente que quedó en el primer lugar de elegibilidad, sin advertir que su adjudicación se haya realizado de manera caprichosa o injustificada, por lo cual, como bien lo señala el apelante en su escrito de alzada, es evidente que el CONSORCIO URBANO 2009 estaba el segundo orden de elegibilidad y por tal razón no le fue adjudicado en Contrato de Interventoría IDU-93 de 31 de diciembre de 2008, razón por la cual resulta improcedente declara la nulidad del Contrato de Interventoría en comento. CONCEPTO Con base en todo lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, conceptúa que la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2021 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debe ser CONFIRMADA en cuanto declarar la caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda por los integrantes del CONSORCIO URBANO 2009 derivadas de la adjudicación del Concurso de Méritos No. ICU-CM-DG-013-2008 que se efectuara a través de la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 y negar las pretensiones de nulidad contractual expuestas en la demanda. De la Honorable Magistrado. CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

Fuente original

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