Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (audiencia efectiva de adjudicacion) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2026-02-05
Radicado
85001233300020240010501
Número interno
207
Ponente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Sección / Sala
Sección Primera
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Actor
KIRSTY YIREH VILLALBA PIRIACH
Demandado
GIOVANNY ROA CHAPARRO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida en que esta permite que los Estados, mediante ley, impongan limitaciones a los derechos políticos e igualmente que sean los jueces, con independencia de su especialidad, los que impongan limitaciones a los derechos políticos, siempre que brinden las garantías del debido proceso. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al accionado se encuentra prevista en la ley, específicamente, en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, el cual establece que los concejales municipales y distritales perderán su investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos.

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 136 de 1994, art. 55 núm. 2
  • Ley 1881 de 2018, art. 22
  • Ley 617 de 2000, art. 48 núm. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTROL DE CONVENCIONALIDAD RESTRICCIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS COMPETENCIA DEL JUEZ JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA NATURALEZA DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO HECHO PUNIBLE DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL DIFERENCIA ENTRE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Y ACCIÓN PENAL COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCESO JUDICIAL CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONCEJAL SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES ALCANCE DEL CONFLICTO DE INTERESES SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL APROBACIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO INTERÉS MORATORIO BENEFICIO TRIBUTARIO ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL CONCEJAL MUNICIPAL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONFLICTO DE INTERESES CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN PRINCIPIO DE IGUALDAD INTERÉS DIRECTO FALTA DE PRUEBA IMPROCEDENCIA DEL IMPEDIMENTO INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉSES FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA IMPROCEDENCIA DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN REVOCATORIA DE LA SENTENCIA

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2026-10-08 Sección Primera
La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.
Consejo de Estado 2025-10-06 Sección Tercera (Subsección B)
No debe la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer una controversia relacionada con un contrato celebrado
Consejo de Estado 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A)
No procede la adición de una sentencia cuando ya se ha emitido pronunciamiento sobre el punto alegado como omitido.
Consejo de Estado 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C)
La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas
Consejo de Estado 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A)
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales
Consejo de Estado 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección B)
El Consejo de Estado es competente para dirimir el conflicto negativo de competencia surgido entre juzgados
Titulación de la relatoría 14.433 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / RESTRICCIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS / COMPETENCIA DEL JUEZ / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / NATURALEZA DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / HECHO PUNIBLE / DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL / DIFERENCIA ENTRE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Y ACCIÓN PENAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO JUDICIAL / CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL / VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. Respuesta al problema jurídico: No El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida en que esta permite que los Estados, mediante ley, impongan limitaciones a los derechos políticos e igualmente que sean los jueces, con independencia de su especialidad, los que impongan limitaciones a los derechos políticos, siempre que brinden las garantías del debido proceso. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al accionado se encuentra prevista en la ley, específicamente, en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, el cual establece que los concejales municipales y distritales perderán su investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses. Asimismo, conforme al parágrafo del artículo 48 de la citada ley, el conocimiento de los procesos de pérdida de investidura de concejales, diputados y miembros de las juntas administradoras locales, se encuentra en cabeza de esta jurisdicción, bajo el procedimiento previsto en la Ley 1881, esto es, a cargo de autoridades que formal y sustancialmente tienen la calidad de jueces. Resulta conforme al artículo 23, numeral 2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que esta jurisdicción conozca del medio de control de pérdida de investidura y que, una vez surtido el procedimiento previsto en la ley que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, pueda imponer limitaciones a los derechos políticos declarando la pérdida de investidura, aplicando para el efecto las causales que la Carta Política y la ley establecen, de tal forma que no es imperativo, como lo señala el apelante, que el juez de este medio de control deba adecuar el juicio de reproche a la conducta de la parte accionada como un hecho punible. Como lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación, la restricción al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos que se muestra acorde con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es aquella que proviene de los jueces de la República y no solamente de los jueces penales. Se suma a lo expuesto que se ha considerado que el medio de control de pérdida de investidura, por regla general, es autónomo en relación con otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos, entre estos, el penal. […] Resulta improcedente que el juez contencioso administrativo realice la adecuación del juicio de reproche propuesta por el apelante, en la medida en que el medio de control de pérdida de investidura posee una naturaleza y características propias, distintas del ordenamiento jurídico penal, de las cuales emana la autonomía que se le ha atribuido. […] El cargo, en consecuencia, no tiene vocación de prosperidad. NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena y Secciones Primera y Quinta, del 15 de noviembre de 2017, C. P. César Palomino Cortés, Radicación núm.: 11001-03-25-000-2014-00360-00(IJ); del 2 de diciembre de 2021, C. P. Oswaldo Giraldo López, Radicación núm.: 05001-23-33-000-2020-00302-01; del 11 de febrero de 2020, C. P. María Adriana Marín, Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00911-01; y del 16 de mayo de 2019, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicación núm.: 11001-03-28-000-2018-00084-00; y de la Corte Constitucional, C-146 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger; y SU-516 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo. FUENTE FORMAL: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE 1969 - ARTÍCULO 23 NUMERAL 2, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 55 NUMERAL 2, LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 22, LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 1 PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEJAL / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL / VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES / ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES / CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES / ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES / ALCANCE DEL CONFLICTO DE INTERESES / SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL / APROBACIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / IMPUESTO PREDIAL / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO / INTERÉS MORATORIO / BENEFICIO TRIBUTARIO / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / CONCEJAL MUNICIPAL / PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / CONFLICTO DE INTERESES / CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN / PRINCIPIO DE IGUALDAD / INTERÉS DIRECTO / FALTA DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL IMPEDIMENTO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉSES / FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / IMPROCEDENCIA DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: [D]eterminar si debe revocarse la sentencia de 3 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Giovanny Roa Chaparro, concejal del municipio de Paz de Ariporo, período 2024-2027, por violar el régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, toda vez que no se encuentran reunidos los elementos objetivo y subjetivo para la configuración de la causal atribuida. Respuesta al problema jurídico: Si Las pruebas que obran en el expediente acreditan que: El señor Giovanny Roa Chaparro era propietario de un establecimiento de comercio denominado Agrocercas del Norte y, asimismo, deudor del impuesto de industria y comercio de los años gravables 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Fue expedido, por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo, el Acuerdo núm. 500.02 – 001 de 9 de abril de 2024, “[…] “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”. […]”, en el cual se establecieron beneficios a los deudores de los impuestos predial y de industria y comercio respecto de los intereses moratorios y las sanciones correspondientes. El Acuerdo núm. 500.02 – 001 de 9 de abril de 2024 fue aprobado en dos debates y contó, en el segundo debate, con la participación y el voto favorable del concejal Giovanny Roa Chaparro. Frente a los argumentos del apelante consistente en que no obtuvo beneficio personal, particular o directo con la votación y aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 pues no se acogió a los alivios tributarios que estableció y que el citado acuerdo municipal era de carácter general y afectaba a la ciudadanía en general, se precisa que el artículo 48 de la Ley 617 establece que: “[…] No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]” […] Si bien está acreditado que el concejal accionado participó y dio su voto positivo para la aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 y que, a su vez, era deudor del impuesto de industria y comercio para los años gravables 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, le asiste razón al apelante al indicar que los beneficios tributarios concedidos en ese acuerdo cobijaban al concejal en igualdad de condiciones a la ciudadanía del municipio de Paz de Ariporo. La situación juzgada, como lo indicó la Sala en la decisión citada anteriormente -reiterada posteriormente-, encaja en la excepción legal prevista en la segunda parte del numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general, si se tiene en cuenta que el Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 estableció un beneficio temporal para todos aquellos deudores de intereses moratorios y sanciones respecto de los impuestos predial y de industria y comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo. El Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, como lo destacó la Sala, tenía como objetivo permitirles a los habitantes del municipio de Paz de Ariporo, que eran deudores de los impuestos predial y de industria y comercio y no al concejal accionado, cancelar dichas obligaciones tributarias, con una rebaja en los intereses moratorios y sanciones, por lo que no puede afirmarse que se dirigía a un grupo minoritario de ese municipio. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo que dio al Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 permite evidenciar que su propósito era materializar una política pública en beneficio de los habitantes del Municipio de Paz de Ariporo, en la medida en que tenía como objetivo impulsar la recuperación de la cartera adeudada para efectos de generar mayor liquidez en las finanzas del ente territorial y generar mayor disponibilidad de recursos para funcionamiento e inversión, incentivando a los contribuyentes a estar al día en sus obligaciones tributarias. Adicionalmente, se advierte que los beneficios tributarios otorgados por el Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 no eran inmediatos, esto es, no operaban de manera automática, teniendo en cuenta que para acceder a ellos se debían cumplir los requisitos allí señalados, entre ellos, el pago de la totalidad del impuesto adeudado por cada período gravable, de tal forma que, como lo subrayó la Sala en la sentencia citada, el interés resulta ser hipotético y aleatorio en la medida en que, en este caso, se constató que el concejal acusado no cumplió dichos requisitos en la medida en que no se acogió a los beneficios establecidos en el citado acto. Como consecuencia de lo expuesto, no se evidencia que el concejal accionado, al participar en el trámite y aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, haya actuado sin consultar la justicia y el bien común, en detrimento de la comunidad o con desconocimiento del interés general, privilegiando su interés personal, de tal forma que no estaba obligado a manifestar impedimento alguno. La Sala, ante la prosperidad de este argumento del recurso de apelación y evidenciar que, en el presente asunto, el accionado no incurrió objetivamente en la violación del régimen de conflicto de intereses, por encontrarse en la excepción descrita en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, se abstendrá de estudiar los demás argumentos formulados por el apelante. […] La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró acreditados los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses, lo cual impide continuar con el análisis del elemento subjetivo de culpabilidad, razón por la que revocará la sentencia de 3 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, denegará la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el señor Giovanny Roa Chaparro, concejal del municipio de Paz de Ariporo, período 2024 – 2027. NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena y Sección Primera, del 28 de enero de 2020, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-02135-01; del 31 de marzo de 2023, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, Radicación núm.: 05001-23-33-000-2022-01141-01; del 20 de enero de 2023, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación núm.: 05001-23-33-000-2022-00968-01; del 28 de agosto de 2025, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón, Radicación núm.: 23001-23-33-000-2024-00197-01; del 12 de diciembre de 2024, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón, Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00047-01; del 15 de mayo de 2025, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón, Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00122-01; del 28 de agosto de 2025, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00062-01; y del 7 de noviembre de 2025, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01; y de la Corte Constitucional, SU-501 de 2024. M. P. Juan Carlos Cortés González. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2009 - ARTÍCULO 5, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, 133, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 55 NUMERAL 2, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 70, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, 328, LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 21, LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000202400105011100103