Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-12-09
Radicado
68001233300020170021401
Número interno
72623
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
Demandado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., UNIVERSIDAD NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos

Lo que dijo la Sala

La liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos. No se limita a un mero cruce de cuentas, sino que comporta un verdadero ejercicio de verificación de lo que aconteció durante la ejecución a nivel técnico, económico y administrativo, con miras a establecer un balance económico y jurídico del pacto concluido.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista y la entidad estatal quedan jurídicamente vinculados por el carácter declarativo y liberatorio del acta de liquidación bilateral, presumiéndose la inexistencia de inconformidades y limitándose la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma, siempre que no se incluyan salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos. La liquidación del contrato no solo implica un cruce de cuentas, sino un ejercicio de verificación técnica, económica y administrativa que establece un balance económico y jurídico del pacto concluido, con efectos vinculantes y liberatorios cuando las partes logran un acuerdo. Dado que el acta de liquidación es un negocio jurídico, las salvedades deben quedar expresas y concretas en el documento para revelar aspectos no objeto de acuerdo, y su ausencia implica el acatamiento al contenido y efectos del finiquito suscrito. Esta exigencia de orden material se alza frente a sucesos posteriores desconocidos por las partes al celebrar el acta, permitiendo reclamaciones jurisdiccionales únicamente por eventos posteriores e inicialmente desconocidos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 84 de 1873, arts. 1602 y 1603

También resuelve

  • ¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación…
  • ¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación…
  • ¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL DOLO CULPA GRAVE CONTRATISTA DEBERES DEL CONTRATISTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONSULTOR INTERVENTOR ASESORÍA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PREDIO USO DEL PREDIO AFECTACIÓN DEL PREDIO AGUA FAUNA PROTECCIÓN DE LA FLORA LINDEROS HECHO PROBADO SUPERVISOR DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ASESORÍA TÉCNICA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONFIRMACIÓN DEL FALLO CONFIRMACIÓN DEL FALLO ABSOLUTORIO CONDENA EN COSTAS CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C)
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
Consejo de Estado 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Consejo de Estado 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección C)
El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación
Consejo de Estado 2022-12-12 Sección Tercera (Subsección A)
El fenómeno de la caducidad y su eventual configuración corresponde a un presupuesto del derecho de acción
Consejo de Estado 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B)
La liquidación bilateral del contrato corresponde al balance económico de lo ejecutado y en esta se define la situación de los contratantes en relación con el estado de sus obligaciones para poder declararse a paz y salvo; en principio no es posible volver sobre lo allí acordado a menos que se consignen salvedades.
Titulación de la relatoría 20.135 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación de los contratos constituye la fase de cierre integral y definitiva de éstos. No se limita a un mero cruce de cuentas, sino que comporta un verdadero ejercicio de verificación de lo que aconteció durante la ejecución a nivel técnico, económico y administrativo, con miras a establecer un balance económico y jurídico del pacto concluido. De este ejercicio puede resultar el reconocimiento del cumplimiento cabal y completo de todas las obligaciones originadas en la relación negocial con carácter liberatorio, o la existencia de reclamaciones pendientes o saldos en contra y/o a favor de las partes; de ahí que se predique respecto de tal acta un carácter declarativo, omnicomprensivo del estado en el que culmina la relación negocial, con efectos vinculantes y liberador de responsabilidad en los aspectos en que los contrayentes manifiestan haber logrado un acuerdo frente a las divergencias presentadas en curso de la ejecución del contrato. A la misma se puede llegar de manera convencional o en ejercicio de una prerrogativa del poder público –esta última fase reservada a los contratos regidos por el EGCAP–. Cuando se arriba a través de un acuerdo de voluntades, por ser contenedora de los designios de los sujetos negociales y de conformidad con los efectos asignados por ley, emerge un negocio jurídico al que se le atribuyen las secuelas derivadas de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil), de modo que los pactos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales, respectivamente. Dado su alcance definitorio de la relación contractual y su carácter de negocio jurídico, en el acto de finiquito de mutuo acuerdo deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos, pues de lo contrario se entenderá que el contrato se cerró en el estado que declara el acta, es decir, sin reparo o conflicto sobre los puntos que no fueron excluidos expresamente de la negociación. De esta forma, el estudio de las pretensiones está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades, no porque éstas constituyan un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, sino porque revelan un presupuesto de orden material en punto a establecer cuáles aspectos no fueron objeto de acuerdo, o respecto de los cuales se mantienen criterios de inconformidad o autonomía, incidiendo de manera directa en la prosperidad de las pretensiones formuladas. Por tanto, tales manifestaciones (i) deben quedar expresas en el acta de liquidación, por estar referidas a un contrato estatal donde la forma escrita es requisito ad substantiam actus; y (ii) deben tener contenido, esto es, suministrar un mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no quedan comprendidos en el acuerdo bilateral; en otras palabras, no puede tratarse de una expresión genérica de salvedad o vacía de contenido. Por ende, si las partes se declaran a paz y salvo sin manifestación concreta de reserva sobre algún aspecto, se entiende que no existe inconformidad, por lo que deben acatar al contenido y efectos del finiquito que suscribieron de mutuo acuerdo. Dicha exigencia de orden material se alza frente a aquellos sucesos o situaciones que las partes conocían o que, razonablemente, se podían advertir al suscribir el acta, lo que conlleva que ésta no se precisa en punto de las circunstancias posteriores, nuevas o desconocidas al celebrar el corte de cuentas bilateral. Se configura así una excepción al deber – carga de las partes de consignar observaciones o salvedades al suscribir el acta de liquidación, como presupuesto material para el examen de sus reclamaciones en sede judicial, pues no es lógico exigirles la manifestación particular sobre un suceso o evento posterior y desconocido por estos, al celebrar el corte de cuentas del negocio jurídico. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL / DOLO / CULPA GRAVE / CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CONSULTOR / INTERVENTOR / ASESORÍA Problema jurídico: ¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación, y dado que las inconformidades alegadas surgieron con posterioridad a su firma, el finiquito conserva plena validez y efectos vinculantes, sin perjuicio de que la parte afectada pueda reclamar jurisdiccionalmente únicamente por aquellos eventos posteriores e inicialmente desconocidos? Respuesta al problema jurídico: Si Las manifestaciones acabadas de transcribir no revelan la inclusión de una salvedad frente al corte de cuentas logrado, en tanto no enuncian los problemas surgidos con ocasión del contrato o los motivos concretos de inconformidad de alguno de los sujetos negociales de cara al acuerdo plasmado. La nota registrada no supera el nivel de una afirmación que anuncia que el recibo de los productos contratados no exime del examen de responsabilidad al contratista que participó en la relación negocial, aserto que no hace más que reiterar aquel principio, el de responsabilidad, que orienta la actividad contractual del Estado y que se consagró en el art. 26 de la Ley 80 de 1993. La mencionada normativa determina que la responsabilidad no solo se ve comprometida con el actuar del Estado, también se proyecta respecto de la conducta de los servidores públicos y contratistas que participan en las relaciones negociales. Respecto de estos últimos, así como a los asesores, consultores e interventores que participen en los procesos contractuales, el Legislador previó que deben responder, incluso civil y penalmente, por las conductas dolosas o culposas en que incurran en su actuar contractual o precontractual, específicamente cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. Los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 –referidos en el acta de finiquito– consagran la especificidad de la responsabilidad personal en que pueden incurrir los contratistas, consultores, interventores y asesores en virtud de las obligaciones derivadas de su vínculo negocial. La exposición de motivos de esta normativa destacó que de la mano de los principios de eficiencia, autonomía y agilidad que inspiraron dicho estatuto, se erigió “un cambio en la concepción de la conducta y de las facultades de los sujetos que intervienen en la contratación, eliminando la presunción de mala fe que parece informar al estatuto vigente”, sin que ello los exima, correlativamente, de la sujeción a un régimen de responsabilidad personal que verifique el cumplimiento de los cometidos estatales que directa o indirectamente se les ha encomendado en el devenir de la actividad contractual. Con tal perspectiva, los artículos anunciados ampliaron “el marco de dicha responsabilidad a cualquier hecho u omisión que, habiendo sido cometido por el contratista con dolo o culpa grave o con ocasión de su intervención en la contratación, cause daño” y contemplaron la responsabilidad penal y civil que podía derivar de una negligente conducta de los asesores, consultores e interventores. De modo que el aserto en punto a la configuración de la responsabilidad de que tratan los arts. 52 y 53 de la Ley 80 de 1993, ratifica aquellos mandatos previstos por el legislador al respecto. La ulterior aseveración en el acta de liquidación consistente en que su suscripción no libera al contratista de sus obligaciones “hasta el término de vigencia de la póliza de calidad del contrato”, atañe a la hipótesis de que surjan falencias posteriores con ocasión de los productos suministrados, lo cual evidencia la indefinición sobre la posible existencia de discrepancias frente al acto de finiquito negocial. De modo que este último, al tratarse de un contrato enteramente saldado, de común acuerdo por las partes, no puede ser desconocido por quienes lo suscribieron. Sin embargo, la Sala debe precisar que la controversia realmente no se centra en la ausencia de salvedades en el corte de cuentas o en la inclusión de una inconformidad genérica y abstracta en éste, toda vez que la unidad fue expresa en admitir que le fue imposible manifestar, en el acta de liquidación, los defectos que ahora reclama, en tanto surgieron con posterioridad la suscripción de ésta. Como se explicó en apartes previos, si la causa de la demanda obedece a circunstancias posteriores y desconocidas para las partes, al momento de firmar el corte de cuentas, es viable que puedan reclamarse jurisdiccionalmente los derechos en su favor, siempre que se demuestre que se trató de eventos de tal naturaleza y, por tanto, que eran imposibles de conocer por la parte que se vio afectada con ellos. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 53 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PREDIO / USO DEL PREDIO / AFECTACIÓN DEL PREDIO / AGUA / FAUNA / PROTECCIÓN DE LA FLORA / LINDEROS / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / HECHO PROBADO / SUPERVISOR DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ASESORÍA TÉCNICA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO ABSOLUTORIO Problema jurídico: ¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación bilateral suscrita? Respuesta al problema jurídico: No El recuento de las falencias advertidas en punto al predio utilizado en el diseño del centro penitenciario de mediana seguridad muestra que esos defectos consistieron en: (a) la existencia de un cauce de agua en el terreno que no coincide en la localización y profundidad aludidos por la universidad, (b) el hallazgo de flora y fauna en el terreno a intervenir, y (c) la implantación del diseño en un área fuera de los linderos del lote dispuesto para el efecto. La Sala anticipa que estas falencias no consistieron en hechos nuevos o que no pudieran ser percatados por la unidad, al suscribir el acta de liquidación el 23 de diciembre de 2014. Si bien es cierto que la necesidad que motivó a la suscripción del contrato con la universidad se afincó en que la USPEC carecía del personal y la experiencia suficiente para adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos de ingeniería tendientes a ampliar y optimizar la infraestructura de los centros penitenciarios y carcelarios del país, también lo es que la unidad se comprometió a “designar el supervisor del contrato, [para] la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del mismo, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para la ejecución del mismo”. Esa designación no se limitó a un encargo formal o meramente enunciativo. La tarea del supervisor, a voces del art. 83 de la Ley 1474 de 2011, versa sobre el seguimiento que la propia entidad contratante efectúa respecto del objeto convenido, en sus aristas técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, en aras de proveer una vigilancia permanente a la ejecución del negocio y, con ello, propender por el logro del propósito perseguido. De modo que el control y verificación de las prestaciones pactadas no se limita a la simple recepción física o cuantitativa de los productos o servicios encargados al contratista –contrario a lo manifestado por la USPEC en el escrito 150-DINFRA-5358 del 31 de marzo de 2016– Su revisión implicaba, la constatación de los aspectos técnicos del objeto pues, de lo contrario, carecería de razón de ser la existencia de dicha figura en la actividad contractual, en tanto se reduciría al cotejo superficial de lo contratado, sin comprobar su despliegue sustancial. Aunque la contratante no cuente con personal de planta suficiente con el nivel de experticia, en algún área de conocimiento que motivó la contratación efectuada, sí está llamada a designar un supervisor que cuente con las calidades necesarias para cumplir adecuadamente con sus labores de control y vigilancia, de cara a la naturaleza y características del contrato objeto de verificación. Lo anterior no significa que el supervisor deba ostentar la misma calificación profesional que, por ejemplo, se exige al consultor contratado, pero sí denota que aquel debe tener la idoneidad suficiente para hacer una valoración del objeto estipulado, sin que ello constituya una barrera para posteriores reclamaciones derivadas de la calidad del servicio prestado o la estabilidad de la obra construida, pues aunque se trata de una revisión cualificada de las prestaciones contempladas, ello no conlleva que el objeto examinado no sea susceptible de actuaciones frente a defectos en el futuro, que no eran posibles de apreciar, pese al correcto ejercicio del control realizado. En el contrato sub-lite, se convino que la supervisión estaba a cargo del director de infraestructura o del funcionario que éste designara, razón por la cual el servidor encargado de la labor de verificación no era ajeno al área relacionada con el objeto contratado, en tanto la dependencia designada se relaciona con el diseño de productos arquitectónicos; lo que vislumbra que el funcionario designado contaba con los conocimientos profesionales que permitían comprender los avances y gestiones encomendadas y, en caso de requerirlo, pedir información, y hacer observaciones. A la USPEC, con base en la normativa reseñada, no le correspondía señalar que recibió los productos elaborados por la universidad a “manera de inventario”, como si la tarea del supervisor se ciñera al mero repaso de una lista de chequeo. Ello muestra que la tarea de vigilancia contractual no acató el contenido que la comprendía, al limitarse a la llana recepción cuantitativa de los productos, como si la inclusión de la nota sobre el alcance exclusivamente físico de tal recepción fuera suficiente para despojarse de sus deberes funcionales asociados al contrato, y pudieran liberarlo de constatar su contenido. Por ello, la manifestación introducida en el acta de entrega y recibo de productos –soporte del acta de liquidación de bilateral del negocio–, en punto al recibo de los productos entregados por la universidad, no se alza como un soporte suficiente que avale la completa labor del supervisor del acuerdo y que, por tanto, ostente el mérito requerido para probar que las falencias constitutivas de las reclamaciones traídas a juicio no eran susceptibles de ser conocidas por la unidad, al celebrar el finiquito de mutuo acuerdo del contrato. (…) Ante la evidencia de que las reclamaciones traídas a juicio no se fundan en hechos nuevos o que las partes no estaban en capacidad de advertir al suscribir el acta de liquidación del contrato, las mismas debieron ser incorporadas como salvedades de dicho pacto, a efectos de dar cabida a su examen en sede jurisdiccional. De modo que la existencia de un finiquito del contrato por mutuo acuerdo de las partes y sin salvedades expresas y concretas, impide el estudio de las pretensiones incoadas, como acertadamente lo definió el Tribunal de primer grado, en atención a la fuerza vinculante del contenido del acta bilateral, “… porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él….”; por consiguiente, esta Sala confirmará la decisión objeto de apelación, en cuanto negó las súplicas incoadas, por las razones ya expresadas en esta providencia. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso, por haber resultado vencida en la apelación, sin que sea necesaria la valoración de conducta temeraria, y adelantarse su liquidación ante el Tribunal de primera instancia según el artículo 366 del mismo código? Respuesta al problema jurídico: No Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida que su recurso de apelación no pudo prosperar. Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala fijará las agencias en derecho para esta instancia, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– en el monto de un (1) SMLMV y a favor de la Universidad Nacional de Colombia y Seguros Generales Suramericana S.A. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201700214011100103