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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia

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Fecha
2025-09-17
Radicado
68001233100020050170301
Número interno
71951
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado
JOSE RAFAEL ROHENEZ ACOSTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Regla de decisión

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los procesos de repetición promovidos por entidades públicas contra servidores por actuaciones dolosas o culposas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las demandas promovidas por entidades públicas condenadas al pago de perjuicios por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores o exservidores públicos, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados conforme al artículo 129 del CCA, el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En el presente proceso, la corporación determinó su competencia funcional en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo dentro de la acción de repetición, confirmando la decisión denegatoria de las pretensiones de la demanda al no acreditarse los requisitos de responsabilidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 129
  • Ley 446 de 1998, art. 37
  • Ley 678 de 2001, art. 7

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DOBLE INSTANCIA CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDENA JUDICIAL SERVIDOR PÚBLICO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO LEY 678 DE 2001 FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LLAMAMIENTO EN GARANTÍA LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN CULPA GRAVE DOLO CARGA DE LA PRUEBA PRESUNCIÓN LEGAL MEDIDA CAUTELAR PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL PAGO DE CONDENA JUDICIAL ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA SENTENCIA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO INEFICACIA DEL TESTIMONIO CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE CONDUCTA DEL AGENTE VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONCEPTO DE CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE CONCEPTO DE DOLO ELEMENTOS DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ALCANCE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA AUSENCIA DEL DOLO

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Titulación de la relatoría 24.836 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La acción de repetición es procedente para que la entidad pública busque la recuperación de las sumas de dinero a las que fue condenada por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a [un servidor público] patrimonialmente responsable del pago de $161.179.418, realizado en cumplimiento de la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. (…) [E]l derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 28 de mayo de 2003 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998 y ordenó pagarle a [NPQ] los salarios y emolumentos dejados de percibir, quedó ejecutoriada el 25 de junio de 2003, según da cuenta la constancia expedida por el secretario del referido Tribunal ; ii) que el 6 de octubre de 2004, EDASABA E.S.P. realizó el último pago de la condena, tal y como consta en el comprobante de egreso No. 13143, expedido por la tesorera de dicha entidad el cual se encuentra signado como “recibido” por [NPQ]; iii) que el 16 de diciembre de 2004 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la sentencia condenatoria a cargo de EDASABA E.S.P.; y, v) que la demanda se presentó el 27 de mayo de 2005 , esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la caducidad de la acción, cita: de la Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1998 y C-394 de 2002. Acerca de la aplicación del Código General del Proceso, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 16 de diciembre de 2020, rad. 51252, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la ejecución de las condenas judiciales y la caducidad de la acción de repetición, cita: sentencia C-832 de 2001. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Las partes se encuentran legitimadas para acudir al proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El Distrito de Barrancabermeja como sucesor procesal de EDASABA E.S.P. se encuentra legitimado en la causa por activa, toda vez que esta última entidad fue condenada mediante sentencia del 28 de mayo de 2003 al pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir por [NPQ], desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro, en cuyo efecto afirma que pagó la suma de $161.179.418. [JRRA] está legitimado en la causa por pasiva, pues está acreditado que ejerció el cargo de gerente de EDASABA E.S.P. del 5 de enero al 29 de octubre de 1998, según da cuenta copia del acta de posesión y la certificación expedida por la Jefe de Recursos Humanos de la referida empresa de servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, la demanda señala que el mencionado exgerente, con su conducta dolosa dio lugar a la condena impuesta en contra de la entidad. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2021, rad. 48436, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 25 de julio de 2019, rad. 54527, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; de la Sección Segunda, sentencia del 8 de octubre de 2020, rad. 1760-18, C. P. César Palomino Cortés y auto del 10 de septiembre de 2020, rad. 0736-18, C. P. César Palomino Cortés. LEY 678 DE 2001 / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DOLO / SERVIDOR PÚBLICO / CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN LEGAL / MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿Debe aplicarse el régimen previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. al ejercicio de la acción de repetición por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de EDASABA E.S.P. ocurrieron en el año 1998, esto es, cuando se expidió la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, que posteriormente fue anulada, el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Se cumplen los presupuestos de carácter objetivo para la procedencia de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño por el cual se condenó al Estado. (…) El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que, a través de sentencia del 28 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, se condenó EDASABA E.S.P. a pagar a [NPQ] todos los emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro a esa entidad. (…) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o exservidor público, o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (…) [E]stá demostrado que el demandado tenía la calidad de funcionario público y, en ejercicio de sus funciones expidió la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, que posteriormente fue anulada a través de sentencia del 28 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. (…) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos.(…) [S]e tiene acreditado [con los comprobantes de egreso y la certificación de la tesorera de la entidad] el pago de la condena impuesta a EDASABA E.S.P. mediante sentencia del 28 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 12 de diciembre del 2007, rad. 27006; C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero y sentencia del 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la condena en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA / SENTENCIA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / INEFICACIA DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Es procedente la valoración de las pruebas documentales trasladadas desde un proceso judicial previo, en el marco de un proceso de repetición, cuando fueron solicitadas, decretadas y conocidas por ambas partes? Respuesta al problema jurídico: Si [S]egún el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara copia auténtica del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 98-1564 promovido por [NPQ] y otros contra EDASABA E.S.P. La prueba fue decretada de esta manera mediante auto del 3 de diciembre de 2008 y allegada al proceso. Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales trasladadas de la actuación contencioso administrativa atrás referidas, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el plenario y de ellas se corrió traslado al demandado, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas. No obstante, las pruebas testimoniales insertas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no serán valoradas, pues el aquí accionado no fue vinculado a ese trámite y esas declaraciones no fueron ratificadas en este proceso de repetición. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185 CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE DOLO / ELEMENTOS DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Para la configuración de la responsabilidad patrimonial del agente del estado vía repetición se debe acreditar que la comisión de la conducta fue con culpa grave o dolosa? Respuesta al problema jurídico: Si [S]egún lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, la “culpa” es la conducta reprochable de un agente que generó un daño, no querido por él pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Y reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario. Al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, nociones que, aunque propias del ámbito del derecho común deben ser acompasadas con la órbita del servicio público, esto es, a la luz del principio de legalidad. En atención a lo anterior, es el juez de la acción de repetición el que debe evaluar la conducta del agente público a la luz de las nociones de culpa grave o dolo para determinar si hay lugar a atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta. En efecto, no cualquier conducta, así fuere errada o ajena al derecho, compromete la responsabilidad de los servidores públicos, sino que se exige que ésta haya estado dirigida a causar daño, o sea, cuando menos, producto de una negligencia que excluye toda justificación, situación que no se evidencia en el demandado de la presente acción de repetición. (…) [P]ara que prospere la acción de repetición, además de los restantes requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. De allí que, al no ser aplicables las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, el operador tenga que acoger las definiciones consagradas en el artículo 63 del Código Civil y la posibilidad de condena se restrinja a dos supuestos: acreditar la intención positiva del agente estatal o probar que éste no desarrolló las funciones y competencias propias de su cargo con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpabilidad del servidor público en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de marzo de 2017, rad. 42603, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 18 de julio de 2012, rad. 40678, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 27 de agosto de 2015, rad. 48016, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 3 de agosto de 2020, rad. 51021, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DEL DOLO Problema jurídico: ¿Puede declararse la responsabilidad del agente estatal demandado en una acción de repetición cuando no se acredita la existencia de dolo o culpa grave en su actuación, a pesar de la nulidad del acto administrativo que suscribió? Respuesta al problema jurídico: No [N]o está probada la conducta dolosa que se le endilga [al demandado], en tanto no se demostró, por un lado, que no tenía la facultad para declarar insubsistente a la jefe de la división de contabilidad, tesorería y presupuesto de la empresa EDASABA E.S.P. o que su intención era contravenir el ordenamiento jurídico o causar daño a [NPQ]. En otras palabras, no se demostró en el marco de este proceso la configuración de la desviación de poder ni que la desvinculación de la señora [NPQ] obedeciera a intereses particulares del demandado. Con todo, la Sala precisa que no se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia que impuso la condena a EDASABA E.S.P. en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en su contra, pues el objeto de dicha acción es la determinación de la responsabilidad del Estado como consecuencia del daño causado con un acto administrativo, juicio en el que se busca determinar la oposición del acto a la ley, el cual puede provenir de la conducta antijurídica o no del agente que lo expide, mientras que en la acción de repetición la antijuridicidad de la conducta del agente en tanto dolosa o gravemente culposa es el elemento fundamental de la responsabilidad de ese agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige la acción , elemento huérfano de prueba en estas diligencias. Además, la cosa juzgada exige identidad entre las partes, aspecto que no se presenta entre el juicio de repetición y el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que en el de repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que en el de nulidad y restablecimiento del derecho lo son el Estado y el supuesto afectado con el acto cuya nulidad se demanda. En conclusión, la anulación del acto administrativo bajo el presupuesto de la existencia del vicio de desviación de poder no lleva consigo, para casos como el sub examine, la conclusión automática de que se obró con dolo, toda vez que el hecho objetivo de que se haya declarado la nulidad de la resolución suscrita por el demandado, no da lugar per se a deducir la responsabilidad del servidor público que lo profirió. (…) [E]n el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la parte demandada. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la independencia en las determinaciones en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la condena judicial y la del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 50424, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 9 de julio de 2021, rad. 56856, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000200501703011100103