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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2025-05-05
Radicado
54001233100020100012801
Número interno
70122
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL SEVIMAGEN, DUMIAN MEDICAL S.A.S, COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA
Demandado
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La terminación del contrato que suscita la controversia se produjo de manera sobreviniente ante la imposibilidad de la ESE de continuar su ejecución debido al proceso de liquidación forzosa a la que fue sometida, por lo que la causa a la que se atribuye el daño por la parte demandada estuvo determinada por un evento externo, toda vez que la decisión de suprimir y liquidar la entidad corresponde adoptarla al Presidente de la República en ejercicio de una facultad discrecional que está en cabeza suya y en la que no tiene injerencia la entidad a la que se impone la medida, quien no puede oponerse o resistirse a ella.… En consecuencia, como está probado que la causa que determinó la terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, se debe concluir que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones cuando la terminación del contrato se debe a un evento de fuerza mayor, como la liquidación forzosa de la entidad estatal, ya que esta medida es adoptada por el Presidente de la República en ejercicio de facultades discrecionales que no pueden ser impugnadas por la entidad afectada. En este caso, la entidad estatal no puede oponerse a la liquidación forzosa, lo que implica que tanto la entidad como el contratista quedan exonerados de sus obligaciones contractuales sin que exista responsabilidad indemnizatoria por parte de la entidad estatal, salvo que se demuestre la existencia de deudas específicas no contempladas en el proceso. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y liquida el contrato sin saldos a favor de ninguna de las partes, reiterando la jurisprudencia sobre la terminación justificada por fuerza mayor en contratos de asociación que presentan características similares a los contratos de concesión.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Si la terminación del contrato obedece a un evento de fuerza mayor, como lo es la liquidación de la entidad oficial, los contratantes quedan liberados del cumplimiento de sus obligaciones?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 254 de 2000
  • Decreto 810 de 2008
  • Ley 57 de 1887, arts. 1604 y 1616

También resuelve

  • ¿Resulta fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social?
  • ¿Resulta fundada la excepción de cláusula compromisoria, propuesta por Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso?
  • ¿Resulta fundada la excepción de indebida escogencia de la acción?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE CONCESIÓN CONTRATO DE ASOCIACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA FUERZA MAYOR RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ORDEN NACIONAL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL SERVICIO DE SALUD PROCESO LIQUIDATORIO POR INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARTES DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA TERCERO PROCESAL APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL REQUISITOS DEL PRECEDENTE JUDICIAL CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL EXCEPCIONES PROCESALES INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROCESO LIQUIDATORIO COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO PAGO DE LA OBLIGACIÓN FUNCIÓN DEL LIQUIDADOR FACULTADES DEL LIQUIDADOR OBLIGACIONES DEL LIQUIDADOR IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS COMPETENCIA DEL JUEZ NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PROCESO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR PARTES DEL CONTRATO HECHO IRRESISTIBLE AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL

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Liquidación del contrato Terminación unilateral Nulidad del contrato estatal

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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / FUERZA MAYOR / RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Si la terminación del contrato obedece a un evento de fuerza mayor, como lo es la liquidación de la entidad oficial, los contratantes quedan liberados del cumplimiento de sus obligaciones? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a terminación del contrato que suscita la controversia se produjo de manera sobreviniente ante la imposibilidad de la ESE de continuar su ejecución debido al proceso de liquidación forzosa a la que fue sometida, por lo que la causa a la que se atribuye el daño por la parte demandada estuvo determinada por un evento externo, toda vez que la decisión de suprimir y liquidar la entidad corresponde adoptarla al Presidente de la República en ejercicio de una facultad discrecional que está en cabeza suya y en la que no tiene injerencia la entidad a la que se impone la medida, quien no puede oponerse o resistirse a ella. […] En consecuencia, como está probado que la causa que determinó la terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, se debe concluir que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones, y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1604 del Código Civil y del inciso segundo del artículo 1616 ibidem, la entidad demandada no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieren generado como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado, que fue lo solicitado por la parte actora, representado en la pérdida de la utilidad proyectada y en las mejoras y adecuaciones como inversiones que no pudo recuperar. Se advierte que el acuerdo celebrado entre las partes y denominado como “de asociación”, contempló especificaciones propias de un contrato de concesión mercantil de espacios […], pues lo convenido fue la entrega de una zona ubicada en las instalaciones de la ESE contratante –concedente– con el fin de que la UT – concesionaria– adaptara y prestara los servicios de imágenes diagnósticas, a cambio del pago por parte de esta última de una suma fija mensual y un porcentaje sobre la facturación de los servicios prestados, negocio jurídico atípico al que no le aplican elementos normativos que apunten a considerar reglas distintas de los contratos de tracto sucesivo, frente a los cuales, aplican de manera plena las premisas de terminación justificada por fuerza mayor. […] Por otra parte, aunque en el recurso de apelación se indicó que en la liquidación del contrato deberían incluirse los valores adeudados por la UT a la ESE, lo cierto es que, con excepción de esa manifestación, en el trámite del proceso la entidad demandada no afirmó la existencia de alguna deuda a favor de la ESE, como tampoco se allegaron pruebas sobre el particular, por lo que tampoco resulta procedente tal reconocimiento. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar: (i) declarará no probadas las excepciones de cláusula compromisoria, indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada y ausencia de pretensiones anulatorias frente a los actos que definieron las reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa; (ii) liquidará el contrato sin saldos a favor de ninguna de las partes, y; (iii) negará las demás pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características del contrato de asociación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de agosto de 2022, rad. 58485, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 254 DE 2000, DECRETO 810 DE 2008, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1604, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1616 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER / ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ORDEN NACIONAL / MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / SERVICIO DE SALUD / PROCESO LIQUIDATORIO POR INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES / LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿Resulta fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social? Respuesta al problema jurídico: No La ESE Francisco de Paula Santander fue creada mediante el Decreto Ley 1750 de 2003, como entidad pública descentralizada del nivel nacional, adscrita al entonces Ministerio de la Protección Social, para la prestación de los servicios de salud como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. Mediante el Decreto 810 de 2008, se suprimió a la ESE y se ordenó su liquidación, estableciendo en su artículo 2 que el procedimiento estaría sujeto a las disposiciones del Decreto 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y las especiales del citado decreto. […] [D]ado que a la finalización del proceso liquidatorio aún existían actividades remanentes, el liquidador de la ESE suscribió con la Fiduciaria Popular S.A. el contrato de fiducia mercantil [...], en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes, cuyo objeto consistió en la administración de los activos transferidos por la ESE al cierre del proceso liquidatorio, a efectos de realizar los pagos con cargo a dichos recursos, administrar los procesos judiciales, contratos y reservas cedidos por la liquidación. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, confirmada por la Sección Quinta de esta Corporación, se ordenó al Gobierno Nacional dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el sentido de disponer expresamente sobre la subrogación de las obligaciones de la extinta ESE, en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, por cuanto el acto que suprimió y ordenó la liquidación omitió hacer un pronunciamiento sobre el particular. En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 415 del 24 de marzo de 2022, el cual dispuso que el pago de las sentencias derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada ESE, deberán ser asumidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. […] Por tanto, corresponde a la entidad demandada asumir las obligaciones en materia contractual de la extinta ESE y el pago de las sentencias derivadas de éstas, por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva en el sub judice. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la subrogación de las obligaciones de la extinta ESE, cita: Consejo de estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, rad. 54001-23-33-000-2020- 00616-01, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra. FUENTE FORMAL: DECRETO 254 DE 2000, DECRETO 415 DE 2022, DECRETO 810 DE 2008, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 194, LEY 1105 DE 2006, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 52 PARÁGRAFO 1 CONTRATO DE ASOCIACIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / PARTES DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / TERCERO PROCESAL / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / REQUISITOS DEL PRECEDENTE JUDICIAL / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Problema jurídico: ¿Resulta fundada la excepción de cláusula compromisoria, propuesta por Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso? Respuesta al problema jurídico: No [L]as partes acordaron que las controversias surgidas durante la ejecución del contrato se solucionarían de manera directa entre las partes, y en caso de no llegar a un acuerdo intentarían la conciliación y ante el eventual fracaso de este mecanismo, acudirían a un Tribunal de Arbitraje. La Sala constata que la entidad demandada, no propuso la excepción de cláusula compromisoria ni se opuso a que el litigio fuera decidido por esta jurisdicción. Fue Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso, quien propuso tal excepción. Esta entidad fiduciaria carece de interés para proponer la excepción de cláusula compromisoria por cuanto no la vinculaba, toda vez que no fue parte en el negocio jurídico que la contenía, y aunque hizo parte del consorcio liquidador, no sustituyó ni fungió como sucesor patrimonial de la ESE, posición que solamente fue adjudicada al ministerio […]. El 18 de abril de 2013, fecha para la cual la entidad demandada ya había contestado la demanda, la Sección Tercera recogió la tesis sostenida hasta ese momento respecto de la renuncia tácita del pacto arbitral. No obstante, como ha señalado esta Subsección en casos análogos, en este tipo de situaciones no es atendible aplicar retroactivamente la decisión judicial que cambió el precedente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral. Por lo anterior, la Subsección aplicará el precedente vigente al momento de la contestación de la demanda. La Sala constata, que: (i) las partes vinculadas al pacto arbitral, al no oponerse expresamente a la competencia y jurisdicción del Tribunal Contencioso Administrativo, actuaron movidas por el entendimiento de que sus actos procesales implicaban una renuncia al pacto arbitral; (ii) el derecho al acceso a la administración de justicia comprende no solo la posibilidad de acudir al juez sino también la garantía de acceder a una decisión de fondo en un término razonable, y en este caso, las partes han esperado por más de catorce años la expedición de la sentencia que ponga fin al proceso, de manera que prorrogar la adopción de esa decisión afectaría desproporcionadamente ese derecho y defraudaría la confianza legítima que suscitó el precedente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral; finalmente, (iii) esta determinación no se opone al auto de unificación reseñado, dado que éste no estableció expresamente una subregla relativa a su aplicación temporal y por cuanto el mismo no se había expedido al momento de contestarse la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 18 de abril de 2013, rad. 17859, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la aplicación retroactiva de la decisión judicial que cambió el precedente respecto a la renuncia tácita al pacto arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. 48746, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 10 de septiembre de 2021, rad. 51219, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; auto de 14 de septiembre de 2018, rad. 53392, C. P. Guillermo Sánchez Luque; auto de 25 de septiembre de 2017, rad. 50892, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Con relación al derecho de acceder a la administración y la garantía de una decisión de fondo en un término razonable, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2018, rad. 38098, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. EXCEPCIONES PROCESALES / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCESO LIQUIDATORIO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta fundada la excepción de indebida escogencia de la acción? Respuesta al problema jurídico: No Afirma la entidad demandada que la acción procedente para pretender la nulidad del acto que terminó anticipadamente el contrato, es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto fue proferido por cuenta del proceso liquidatorio de la ESE en atención a las previsiones propias de ese trámite. Conforme a lo establecido por el artículo 357 del CPC, la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con los aspectos del fallo de primera instancia que le son desfavorables. La Sala constata que el a quo negó la pretensión de nulidad del acto de terminación del negocio jurídico al haberlo encontrado ajustado al ordenamiento jurídico. En esa medida, como lo afirmado por la entidad apelante no tiene por finalidad ni efecto impugnar un aspecto de la sentencia de primera instancia que sea contrario a sus intereses, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el particular. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 PROCESO LIQUIDATORIO POR INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA / ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / FUNCIÓN DEL LIQUIDADOR / FACULTADES DEL LIQUIDADOR / OBLIGACIONES DEL LIQUIDADOR / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / COMPETENCIA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Resulta fundada la excepción relativa a que el demandante debía demandar los actos que negaron sus reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa, como presupuesto de las pretensiones indemnizatorias? Respuesta al problema jurídico: No En lo que concierne a las reclamaciones de los acreedores frente a la exigibilidad y pago de las obligaciones del ente suprimido, las funciones del liquidador están encaminadas a calificarlas y graduarlas con el fin de llevar a buen término la liquidación definitiva de la entidad, y como parte de este encargo, puede transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente en los procesos y reclamaciones que se presenten en el curso de la liquidación, pero no está habilitado para resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su existencia, toda vez que la ley no le confirió tal prerrogativa. Consecuencialmente, el liquidador solo está autorizado para reconocer aquellas obligaciones respecto de las cuales no existe duda acerca de su existencia y exigibilidad. […] [A]l revisar las resoluciones proferidas en el proceso de liquidación, en ellas se expresó que el liquidador carecía de competencia para resolver la reclamación de la parte actora, precisamente, por cuanto no se refería a la exigibilidad de una obligación preexistente y, en consecuencia, su reconocimiento correspondía al juez. […] De esta forma y contrario a lo indicado por la entidad apelante, en las resoluciones […] no existió un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de reconocimiento de perjuicios por cuenta de la terminación unilateral y anticipada del contrato del demandante […] En consecuencia, el reconocimiento pretendido en este asunto no dependía de que los demandantes solicitaran la nulidad de los actos que rechazaron sus reclamaciones en el proceso liquidatorio. NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROCESO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATANTE / HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PARTES DEL CONTRATO / HECHO IRRESISTIBLE / FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL Problema jurídico: ¿El proceso administrativo de liquidación forzosa libera a sus partes de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, impide acceder al reconocimiento de las reclamaciones de indemnización de perjuicios que de ello se pudieran derivar? Respuesta al problema jurídico: Si [E]sta Subsección ha concluido que la imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de un contrato como consecuencia del advenimiento del proceso administrativo de liquidación forzosa de la entidad pública contratante, constituye un evento de fuerza mayor que, salvo pacto en contrario, libera a sus partes de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, impide acceder al reconocimiento de las reclamaciones de indemnización de perjuicios que de ello se pudieran derivar. Esta premisa se eleva en forma general, pues, frente a cada caso, las particularidades de este pueden conducir a respuestas diversas. […] [E]l proceso administrativo de liquidación forzosa corresponde a un hecho irresistible para la entidad pública sometida a dicho procedimiento, así como externo a ésta, toda vez que la determinación de su supresión y disolución corresponde al Presidente de la República y frente a ello la entidad no tiene injerencia ni puede resistirse u oponerse, en tanto se trata de un acto emitido por una autoridad pública investida de competencia para proferirlo y frente al cual, la ley no prevé mecanismo de oposición que lo impida. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de continuar con la ejecución de un contrato como consecuencia del proceso de liquidación forzosa de la entidad pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de agosto de 2022, rad. 58485, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 254 DE 2000, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 291 NUMERAL 14, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 52, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1604

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000201000128011100103