Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no puede perderse de vista la naturaleza de la garantía expedidas en favor de las entidades estatales

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-12-01
Radicado
25000233600020210062101
Número interno
73138
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
LIBERTY SEGUROS S.A.
Demandado
MUNICIPIO DE SOACHA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no puede perderse de vista la naturaleza de la garantía expedidas en favor de las entidades estatales

Regla de decisión

No es admisible estimar que se trata de una simple decisión declarativa de la efectividad del seguro que puede adoptarse de plano, interpretación contraria a la Constitución y a la ley.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007, arts. 17 y 7
  • Ley 1437 de 2011, art. 86
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

El artículo 29 de la Constitución dispone que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, su respeto comporta la aplicación de las formas propias de cada procedimiento y el derecho de audiencia y de defensa de los involucrados, por lo cual no es cierto que solo sea aplicable cuando el Estado ejerce una facultad sancionadora o punitiva; en materia de contratación estatal el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente respecto del procedimiento para declarar el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Garantía única y efectividad de la póliza Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas
Consejo de Estado 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A)
El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente
Consejo de Estado 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C)
Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Consejo de Estado 2025-05-09 Sección Tercera (Subsección C)
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A)
Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.
Consejo de Estado 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 9.109 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ELEMENTOS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SINIESTRO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / ENTIDAD ASEGURADORA / CONTRATISTA / DERECHO DE DEFENSA / ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRÁCTICA DE PRUEBA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Problema jurídico: ¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 29 de la Constitución dispone que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, su respeto comporta la aplicación de las formas propias de cada procedimiento y el derecho de audiencia y de defensa de los involucrados, por lo cual no es cierto que solo sea aplicable cuando el Estado ejerce una facultad sancionadora o punitiva; en materia de contratación estatal el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente respecto del procedimiento para declarar el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria (…). Contrario a lo que estima el apelante, esa consagración expresa de la garantía del debido proceso en casos de declaración de incumplimiento previa a la imposición de la cláusula penal del contrato y de multas no constituye negación de su aplicación a otras actuaciones administrativas contractuales ni de dicha garantía a las aseguradoras del cumplimiento de los contratos estatales. Aunque en algunos antecedentes jurisprudenciales se ha sostenido la necesidad de diferenciar entre las actuaciones que conllevan un carácter sancionatorio de aquellas puramente administrativas encaminadas a hacer efectiva la garantía del contrato y el hecho de que la exigibilidad del amparo de buen manejo del anticipo no conlleva necesariamente la declaración de incumplimiento contractual, la Sala se aparta de esas conclusiones; por el contrario, estima que la disposición del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 según la cual “el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare” no es habilitación legal para hacer efectiva la garantía del contrato sin que la aseguradora pueda y deba ser previamente oída y se le permita controvertir las pruebas y presentar las que estime pertinentes para la defensa de sus intereses. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 despejó cualquier duda en relación con la aplicación del debido proceso en favor de la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal cuando se profieren decisiones que involucren al asegurador del contrato porque, en forma inequívoca, hizo extensiva la obligación de citarla a un procedimiento reglado (…). No puede perderse de vista la naturaleza de la garantía expedidas en favor de las entidades estatales, que corresponde a un seguro de cumplimiento en el cual la aseguradora afianza la ejecución de las obligaciones del contratista de la administración; de este modo, la efectividad de la póliza comporta, en forma inescindible, un pronunciamiento sobre la debida ejecución de las obligaciones afianzadas y, por lo tanto, no puede adoptarse de plano, a espaldas del tomador y de su garante. En esa línea de argumentación, a juicio de la Sala, la efectividad de la garantía única de cumplimento del contrato estatal lleva ínsita la declaración de incumplimiento con el fin de configurar el siniestro que sustenta cada uno de los amparos otorgados, todos ellos ligados con la ejecución de las obligaciones derivadas del negocio. En ese contexto, no es admisible estimar que se trata de una simple decisión declarativa de la efectividad del seguro que puede adoptarse de plano, interpretación contraria a la Constitución y a la ley. Por consiguiente, el ejercicio del derecho fundamental del debido proceso comporta la posibilidad de presentar argumentos, conocer y controvertir los cargos y pruebas que se aducen en contra del administrado y solicitar las práctica de aquellas que se consideren necesarias para la defensa de los propios intereses, lo cual descarta la posibilidad de que la decisión sobre la efectividad de la garantía que, se insiste, lleva ínsito un pronunciamiento sobre la inejecución de lo pactado en el contrato, sea declarada de plano, pues el contratista tiene la obligación contractual de correcto y buen manejo del anticipo y esta es justamente la que se declara incumplida para afectar el amparo correspondiente. En este caso, la violación del debido proceso tiene la entidad suficiente para derruir la presunción de legalidad del acto administrativo y el administrado no tenía la carga de demostrar que habría podido obtener un resultado diferente en la actuación -como lo pretende la apelante-, cuando fue precisamente la administración quien lo privo de la posibilidad de defenderse e imposibilitó conocer el resultado de un debate jurídico y probatorio acorde con el procedimiento legal previsto para tal efecto. Por tal motivo, la sola notificación de la decisión y la posibilidad de presentar recursos en su contra no basta para entender garantizado el debido proceso porque se desconoció el procedimiento reglado para la adoptación de la decisión y la sujeción a este hace parte del núcleo de la garantía violada. Para efecto del caso concreto basta analizar el contenido de la Resolución 881 de 15 de julio de 2019 (índice 57 SAMAI archivo resolución 881) que se demanda para concluir, en forma inequívoca, que esta comporta una declaración de incumplimiento de las obligaciones del contratista de las obligaciones relacionadas con el manejo del anticipo por el hecho de estimar que no se invirtió, conclusión que se sustentó en un informe de incumplimiento que la aseguradora demandante no tuvo la oportunidad de controvertir. En la Resolución 102 de 15 de octubre de 2019 (ibidem, archivo resolución 1402) se rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora por insuficiencia del poder conferido al apoderado que dijo obrar en nombre de Liberty Seguros SA; sin embargo, se mantuvo la decisión de incumplimiento en el manejo del anticipo por no inversión cuando se resolvió el recurso del contratista y se redujo el valor por el cual se hizo efectivo el amparo producto de un descuento que se realizó a este último por la suma de $577.576.925. De otra parte, los demás argumentos del recurso relacionados con la indebida representación de Liberty Seguros SA al momento de recurrir la Resolución 881 de 2019, la valoración del informe de incumplimiento en el que se fundó y de la supuesta obligación de terminar los procedimientos administrativos iniciados antes de la expedición de las resoluciones demandadas no fueron objeto de análisis por el tribunal y, por lo tanto, no hay lugar a pronunciarse sobre los reparos relacionados con estos ni a revisar aspectos en favor de quien no recurrió. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 86 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó? Respuesta al problema jurídico: Si El tribunal de primera instancia se abstuvo de imponer condena en costas, decisión que no fue recurrida por la demandante afectada con esta y, por ende, se mantiene; por su parte, se condenará en costas de segunda instancia al municipio de Soacha cuyo recurso no prosperó, en los términos del numeral 1 del artículo 365 del CGP. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 366 ibidem estas se tasarán por el tribunal de primera instancia, incluido el valor de las agencias en derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100621011100103