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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: tanto la imposición de la multa como su confirmación tienen sustento en la convención

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Fecha
2023-06-02
Radicado
25000233600020210024901
Número interno
68996
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UB SAS
Demandado
FIDUCIARIA LA PREVISORA, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: tanto la imposición de la multa como su confirmación tienen sustento en la convención

Lo que dijo la Sala

En el caso concreto, como el contrato de compraventa No. 9677-MECOVID19-540- 2020 se celebró con cargo a la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID 19, se puede concluir que ese negocio se regía por el derecho privado y así lo manifestaron las partes de forma expresa en la cláusula vigésimo cuarta del acuerdo que suscribieron20, cláusula en la que, además, las partes convinieron su ejecución con arreglo a lo dispuesto en el Manual de Contratación del Fondo21, el que, a su turno, dispuso que el procedimiento sancionatorio podía hacerse con observancia de las etapas previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando un contrato se celebra con cargo a un fondo de emergencia y las partes pactan de forma expresa que se rige por el derecho privado, ese régimen se aplica a su ejecución y a las consecuencias de su incumplimiento. La regla se apoya en la cláusula en que las partes manifestaron ese régimen y en el manual de contratación del fondo, que dispuso la ejecución conforme a sus reglas, así como en las sanciones pactadas, entre ellas la multa frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, que podía descontarse del saldo a favor o cobrarse judicialmente. Ese acuerdo convencional define la forma en que el fondo puede hacer efectivas las consecuencias del incumplimiento. En el asunto, el contrato de compraventa suscrito con cargo a la subcuenta de mitigación de emergencias se sometió al derecho privado, y la Sala confirmó la decisión sobre la naturaleza del negocio y sus consecuencias. En la práctica, el régimen aplicable a un contrato con cargo a fondos de emergencia depende de lo que las partes pactaron expresamente en el clausulado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los actos demandados y del contrato de compraventa suscrito por UB S.A.S. y el FNGRD, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del fondo, con cargo a la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID 19 y cuáles son las consecuencias jurídicas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1474 de 2011, art. 86

También resuelve

  • ¿Está configurada la falta de competencia de la UNGRD para adelantar el procedimiento sancionatorio para la imposición de multas, previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011…
  • ¿En relación con la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, cuál es el régimen de contratación de la entidad y la naturaleza de los actos expedidos?
  • ¿En los contratos que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden estipularse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes (cláusulas…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado? Condena en costas y agencias en derecho

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Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales
Titulación de la relatoría 19.694 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE COMPRAVENTA / COVID 19 / FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACUERDO DE VOLUNTADES OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los actos demandados y del contrato de compraventa suscrito por UB S.A.S. y el FNGRD, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del fondo, con cargo a la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID 19 y cuáles son las consecuencias jurídicas? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, como el contrato de compraventa No. 9677-MECOVID19-540- 2020 se celebró con cargo a la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID 19, se puede concluir que ese negocio se regía por el derecho privado y así lo manifestaron las partes de forma expresa en la cláusula vigésimo cuarta del acuerdo que suscribieron20, cláusula en la que, además, las partes convinieron su ejecución con arreglo a lo dispuesto en el Manual de Contratación del Fondo21, el que, a su turno, dispuso que el procedimiento sancionatorio podía hacerse con observancia de las etapas previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. De igual forma, el FNGRD y la sociedad UB S.A.S., al suscribir el acuerdo, pactaron las sanciones que podrían llegar a ser aplicadas a la contratista, entre ellas, la multa frente al incumplimiento de las obligaciones a su cargo, con la posibilidad de que el Fondo descontara su valor del saldo a favor de UB S.A.S. o la cobrara por vía judicial o acudiendo a la jurisdicción coactiva23 . En línea con lo anterior, las partes acordaron que la facultad para adelantar el trámite sancionatorio encaminado a la imposición de multas, ante el incumplimiento del contratista, estaría en cabeza de la UNGRD. Así quedó previsto en la invitación a contratar remitida por la UNGRD a UB S.A.S., aceptada expresamente por la unión temporal24 , documento en el que textualmente se indicó que era esta unidad especial la encargada de adelantar las gestiones para el cobro de las sanciones impuestas a la contratista por el incumplimiento de sus obligaciones. (...) [E]l pacto sobre la facultad para aplicar multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista es procedente, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación28, toda vez que es un acuerdo expreso entre las partes y no se trata de una prerrogativa pública con las características y el alcance de las previstas en la Ley 80 de 1993. Así pues, en virtud de lo convenido en la cláusula décima tercera del contrato y de lo consignado en el numeral 3.11.4 de la invitación a contratar remitida a UB S.A.S., que fue aceptada expresamente por esta empresa, ante el supuesto incumplimiento de las obligaciones de la contratista, por la demora injustificada en la entrega de los equipos y en la reposición de los que no pudieron entrar en funcionamiento, la UNGRD inició el procedimiento sancionatorio descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que concluyó con la expedición de las resoluciones que ahora son demandadas. Al respecto, se debe reiterar que tanto la Resolución No. 0523, del 7 de septiembre de 2020, a través de la cual se declaró el incumplimiento de la contratista y se le impuso una multa, como la resolución No. 0536, del 14 de septiembre de 2020, fueron proferidos por la UNGRD en el marco de la ejecución del contrato de compraventa No. 9677-MECOVID19-540-2020 que se rige por el derecho privado. Tanto la imposición de la multa como su confirmación tienen sustento en la convención y no en una autorización legal, toda vez que en este caso no existe una habilitación legal de esta unidad especial para proferir actos administrativos con el fin de imponer sanciones en el terreno específico de los acuerdos que celebre con cargo a la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID19. En ese orden de ideas, resulta oportuno precisar que, si bien en la Ley 1523 de 2012 se le otorga al director de la UNGRD la facultad de expedir los actos administrativos necesarios para el desarrollo de la actividad contractual, entre ellos los previstos para hacer efectivas las cláusulas excepcionales, las decisiones que ahora se cuestionan no se inscriben en este marco sino en el de la autonomía de la voluntad de las partes del contrato. Así las cosas, en tanto el instrumento por el cual se declaró el incumplimiento y se aplicó la multa no participa de la naturaleza de acto administrativo, resulta procedente abordar el análisis de la controversia desde la perspectiva de la responsabilidad contractual29, para determinar si se presentó o no algún incumplimiento en relación con el ejercicio de la cláusula convenida en el contrato sobre la imposición de multas. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 57.394, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. “En conclusión, teniendo en cuenta que el ejercicio de las facultades de imposición de multas y de liquidación unilateral por parte de la entidad, podía convenirse en desarrollo del postulado de la autonomía dispositiva, que además su ejercicio se previó en el contrato y que dichas estipulaciones no comportan el ejercicio de potestades excepcionales al derecho común, ni la transgresión de una norma imperativa, es conclusión obligada que no son ilegales las previsiones en ese sentido de las Condiciones Generales de Contratación, ni las similares del contrato, ni los actos contractuales que con fundamento en esas estipulaciones se expidieron”. Esta postura jurisprudencial se reitera, entre otras, en la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2022, rad. 66.700, C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / COVID 19 / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Problema jurídico: ¿Está configurada la falta de competencia de la UNGRD para adelantar el procedimiento sancionatorio para la imposición de multas, previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y para expedir los actos de declaración de incumplimiento parcial del contrato de compraventa por UB S.A.S. y el FNGRD, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del fondo, con cargo a la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID 19? Respuesta al problema jurídico: Si Se cuestiona la nulidad del acto a través del cual la UNGRD declaró el incumplimiento parcial del contrato de compraventa No. 9677-MECOVID19-540- 2020 e impuso una multa a la contratista, así como el acto a través del cual esa Unidad Administrativa Especial confirmó su decisión, al considerar que se expidieron con falta de competencia, toda vez que se aplicó el procedimiento sancionatorio dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que, según lo afirmado por la parte actora, solo estaba previsto para contratos regidos por el EGCAP y no para negocios regulados por el derecho privado, como es el caso del acuerdo que ahora se discute. (...) Si bien la UNGRD no suscribió el contrato objeto de estudio, no es un ente extraño al negocio jurídico celebrado por el FNGRD y UB S.A.S., sino que, por disposición legal, tiene intereses legítimos en los contratos que celebra el fondo, al punto de que en esos acuerdos se pactan obligaciones y responsabilidades a su cargo, que, en este caso, no resultaron ajenas a la contratista, dado que, quedaron expresas en la invitación a contratar14 y en el acuerdo suscrito por las partes, además de que, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la ahora demandante tenía una interlocución directa y reiterada con la UNGRD para efectos de la coordinación de las actividades derivadas del contrato de compraventa No. 9677-MECOVID19- 540-2020. (...) No obstante, el caso objeto de estudio reviste una particularidad, en la medida en que fue celebrado con cargo a una subcuenta del FNGRD que en su norma de creación previó un régimen de contratación propio. (...) Como se ha expuesto, la contratista considera que la ahora demandada se excedió en el ejercicio de la facultad otorgada en el contrato de compraventa No. 9677- MECOVID19-540-2020, al sostener que carecía de competencia para adelantar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1474 de 2011 para la imposición de la multa que ahora es objeto de discusión, dado que, según lo afirmó, para hacer ejercicio de esta cláusula, debió acudir al juez del contrato. Así las cosas, resulta necesario realizar un estudio de los términos en los que se acordó la imposición de la multa como sanción frente al incumplimiento de las obligaciones por parte de la contratista, en orden a determinar si existió o no el incumplimiento endilgado a la ahora demandada. (...) Del contenido de la cláusula referida se desprende que la contratista le otorgó al contratante -en este caso esta facultad estaba a cargo de la UNGRD, de conformidad con lo establecido desde la propia invitación a contratar- la facultad de aplicar multas sucesivas por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, hasta llegar a un límite respecto del valor total del negocio y, frente al ejercicio de esta sanción, las partes convinieron que este valor podría ser descontado directamente por el FNGRD del saldo a favor de la contratista, siempre y cuando existiera una comunicación escrita previa; también se dejó abierta la posibilidad de acudir a otros mecanismos para hacer efectivas las multas, como la compensación, el cobro coactivo o por la vía judicial. En el caso objeto de estudio, la UNGRD acudió a lo previsto en el manual de contratación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID 19 -Decreto 296 del 4 de mayo de 2020-, incorporado al contrato por acuerdo entre las partes, que en su artículo 1830 no solo previó la posibilidad de incluir cláusulas de incumplimiento en los contratos celebrados con cargo los recursos de la subcuenta, sino que también dispuso que para hacer efectivas esas sanciones se podría establecer un procedimiento o acoger el establecido previamente por el FNGRD a través de sus manuales o guías, aplicable a la contratación entre particulares. La Unidad, para declarar el incumplimiento e imponer la multa, acudió entonces al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de lo previsto en el artículo 30 del Manual de Contratación del FNGRD -Resolución 683 de 2017- . En línea con lo expuesto, se puede afirmar que al cumplir con las ritualidades y las etapas previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la UNGRD aplicó un estándar alto de requisitos previos para imponer la multa31, lo que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho al debido proceso para UB S.A.S., en tanto que tuvo la oportunidad de conocer los incumplimientos que se le atribuían, para que pudiera controvertir esas afirmaciones en audiencia, con sustento en las pruebas que pudo presentar y de controvertir las que se enrostraban en su contra. Así las cosas, se puede concluir que los actos proferidos por la UNGRD para multar a la contratista son actos jurídicos contractuales que se profirieron en el marco de un procedimiento adelantado con garantía del debido proceso, el derecho de audiencia y de defensa con base en la norma antes referida y que, al acudir a este, la ahora demandada no incumplió ni abusó de la facultad otorgada en la convención; por el contrario, respetó el derecho al debido proceso de la contratista. Por lo anterior, la Sala concluye que en este caso no existió un incumplimiento por parte de la contratante en relación con el ejercicio de la cláusula décima tercera del contrato de compraventa No. 9677-MECOVID19-540-2020, lo que lleva a confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES / NATURALEZA JURÍDICA DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿En relación con la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, cuál es el régimen de contratación de la entidad y la naturaleza de los actos expedidos? Respuesta al problema jurídico: Si El FNGRD es un fondo cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, cuya representación y vocería, por disposición legal, se encuentra a cargo de la Fiduciaria La Previsora S.A., la que administra los bienes y derechos de la Nación que hacen parte del fondo, los cuales constituyen un patrimonio autónomo con destinación específica, de manera independiente a los bienes de la sociedad fiduciaria8 . De igual forma, resulta importante destacar el rol de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en relación con el FNGRD, por ser aquella la entidad que, en el marco de la ejecución del contrato, suscribió los actos demandados. La UNGRD es una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República9 , que tiene a su cargo la dirección y coordinación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, así como la función de articular y proponer las políticas, planes, programas, proyectos y procedimientos, en el marco de este sistema, por lo que tiene gran incidencia en la destinación y el manejo de los recursos del FNGRD. La ley prevé que en materia contractual el director de la UNGRD es quien establece necesidades y determina los contratos que la Fiduciaria La Previsora S.A. debe celebrar, en representación del FNGRD. En virtud de lo anterior, el director de la UNGRD asume una participación activa, no solo en la etapa previa a la celebración de los contratos del FNGRD, sino que también, por mandato legal, está facultado para intervenir en la ejecución de esos negocios, toda vez que la ley prevé que es este servidor quien tiene a su cargo “la expedición de los actos administrativos que se generen por virtud y/o en consecuencia de la contratación adelantada por la Fiduciaria” 11, incluidos aquellos que se expidan en ejercicio de las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993. FUENTE FORMAL: LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 48 COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿En los contratos que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden estipularse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes (cláusulas excepcionales)? Respuesta al problema jurídico: Si [C]abe precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en los contratos que no se rigen por el EGCAP pueden estipularse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes, como concreción del principio de la autonomía de la voluntad, lo que en manera alguna las equipara a las prerrogativas públicas de las que están investidas las entidades contratantes por ministerio de la ley. En este orden de ideas, esta Sección ha considerado que este tipo de consensos debe plasmarse de manera expresa y clara26, diferenciando estas facultades de las potestades unilaterales previstas en la Ley 80 de 1993. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65.978 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, rad. 50.289, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, es decir, UB S.A.S. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. En cumplimiento del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas se efectuará de manera concentrada en la primera instancia. De otro lado, las costas incluyen las agencias en derecho35, que se fijan a partir de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, así como con observancia de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente36, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En atención a lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, en los procesos declarativos la tarifa de las agencias en derecho dependerá de que el asunto tenga o no cuantía y de su monto, regla en virtud de la cual, en los procesos de controversias contractuales en segunda instancia, el rango de las agencias será entre 1 y 6 smmlv. Así las cosas, la Subsección, con observancia de la actuación desplegada por la entidad demandada durante el trámite del presente proceso, fijará en su favor y a cargo de la demandante, el monto mínimo39 de la tarifa de agencias en derecho, es decir, 3 smmlv. Finalmente, en cumplimiento del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas, con inclusión de las agencias en derecho, se efectuará de manera concentrada en la primera instancia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100249011100103