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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales

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Fecha
2025-09-17
Radicado
25000233600020190022401
Número interno
68181
Ponente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO VIAL P&P, PROMOTORA PUGA LTDA, PROMCIVILES S.A.S
Demandado
BOGOTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales

Regla de decisión

Viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia es una ley eminentemente de principios que deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento de selección, pero también cuenta con reglas que prescriben parámetros de conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede solicitar la subsanación de los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la evaluación de propuestas y en la obligación de las entidades estatales de concentrarse en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, en lugar de rechazar las propuestas por errores menores. La Sala reitera esta posición, matizando que la subsanación debe limitarse al término de traslado del informe de evaluación, lo que implica que las entidades estatales no pueden solicitar correcciones fuera de este plazo, garantizando así la transparencia y la objetividad del proceso de selección.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 222 de 1983
  • Ley 1150 de 2007, arts. 5, 5 par. 1 y 32
  • Ley 1882 de 2018, art. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales. Para lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, el Estado requiere de bienes y servicios que obtiene a partir de la colaboración de los particulares, quienes deben ser contratados a través de los procedimientos de selección regulados en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. El proceso de formación de la voluntad de la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre en la contratación entre particulares, supone el agotamiento de un procedimiento eminentemente reglado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONTRATACIÓN ESTATAL FINALIDAD DEL ESTADO PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN IMPARCIALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENTIDAD ESTATAL PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL HERMENÉUTICA JURÍDICA REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA OFERTA OFERTA MÁS FAVORABLE PLIEGO DE CONDICIONES PROPONENTE PROPUESTA DEL PROPONENTE RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SUBSANACIÓN DE LA OFERTA TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA REQUISITOS DE LA OFERTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS VACÍO NORMATIVO PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PERENTORIO PLAZO PRECLUSIVO ETAPA PRECONTRACTUAL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO OMISIÓN ADMINISTRATIVA DERECHO SUSTANCIAL PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA OFERENTE PRINCIPIO DE ECONOMÍA PRINCIPIO DE EFICIENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE IGUALDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PRINCIPIO DE IGUALDAD PRECONTRACTUAL INHABILIDAD DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES CIRCULAR EXTERNA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PUNTAJE ASIGNADO PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO INTERÉS PÚBLICO PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA FALTA DE PRUEBA PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD TRABAJADOR DISCAPACITADO PLANTA DE PERSONAL VINCULACIÓN LABORAL SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR PRESUPUESTOS DE LA SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR CONSORCIO DOCUMENTO CONTRATO INTUITO PERSONAE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INTUITO PERSONAE INCENTIVOS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 49.583 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTRATACIÓN ESTATAL / FINALIDAD DEL ESTADO / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / IMPARCIALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / HERMENÉUTICA JURÍDICA / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / OFERTA / OFERTA MÁS FAVORABLE / PLIEGO DE CONDICIONES / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REQUISITOS DE LA OFERTA Problema jurídico: ¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales. Para lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, el Estado requiere de bienes y servicios que obtiene a partir de la colaboración de los particulares, quienes deben ser contratados a través de los procedimientos de selección regulados en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. El proceso de formación de la voluntad de la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre en la contratación entre particulares, supone el agotamiento de un procedimiento eminentemente reglado. En efecto, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública establece (i) los procedimientos de selección que deben ser adelantados para la contratación de bienes y servicios; (ii) las características de cada uno de estos procedimientos, con lo que define su procedencia en cada caso dependiendo de la necesidad específica que tenga la Administración Pública; (iii) las etapas que deben surtirse para efectos de la escogencia del contratista, así como también las reglas y principios con base en los cuales debe adelantarse el respectivo procedimiento de selección y adoptarse la decisión final; y (iv) los presupuestos bajo los cuales debe suscribirse el contrato estatal. En tal sentido, resulta razonable entender, como lo ha hecho la jurisprudencia de esta Corporación, que la Administración Pública no se encuentra en una posición de libertad absoluta para seleccionar a sus contratistas, en la medida en que “[…] está sujeta a los procedimientos preestablecidos en las leyes y reglamentos, inspirados en una doble finalidad: 1º asegurar la eficiencia en el cumplimiento del contrato; y 2º evitar toda sospecha de inmoralidad en la respectiva negociación, de lo cual se deduce que la decisión de contratar y la adjudicación de un contrato no es una facultad enteramente discrecional de las entidades públicas que integran aquella”. En este punto viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, es una ley eminentemente de principios que deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento de selección, pero también cuenta con reglas que prescriben parámetros de conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir. De ahí que la jurisprudencia de esta Sección haya entendido que “[…] la Ley 80 de 1993 contiene en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado y, en rigor, a los cuales se encuentran sujetos los procesos de selección que adelanten las entidades públicas cuando deseen contratar bien bajo la modalidad de la licitación pública o mediante la contratación directa.” En esta línea, la Sala estima pertinente destacar que los principios son normas jurídicas de textura abierta que establecen criterios de conducta generales que rigen las relaciones jurídicas del Estado, por lo que permiten adoptar una posición específica ante una situación jurídica concreta. Los principios tienen una triple función en el ordenamiento jurídico en tanto “[…] i) Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; (ii) actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y finalmente, (iii) en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, se emplean como fuente integradora del derecho. […]”. Las reglas, por su parte, son normas jurídicas que prescriben parámetros de conducta específicos tendientes a permitir, mandar o prohibir, por lo que su redacción es impersonal y concreta; aspecto este que limita su aplicación a aquellos eventos en los que la situación fáctica o jurídica se ajusta a sus preceptos. Pues bien, en materia precontractual una de las reglas que representa mayor importancia para la escogencia objetiva del contratista es la relativa a la subsanabilidad de las propuestas que se presentan en el marco del procedimiento de selección. Al respecto, debe destacarse que desde la génesis del Estatuto de Contratación de la Administración Pública el Legislador pretendió impregnarle practicidad al procedimiento de selección y, en dicho contexto, apuntó a que las entidades estatales se concentraran en el estudio de “[…] los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, lo que les impedía justificar el rechazo con fundamento en formalidades insustanciales”. De ahí que desde la expedición de la Ley 80 de 1993 se estableciera que no cualquier disconformidad entre el pliego de condiciones y las propuestas conducía a su rechazo, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del Decreto 222 de 1983. En el anterior sentido, el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 disponía que “[…] La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.” De este modo, la Ley 80 de 1993 imponía de manera implícita a las entidades el deber de requerir a los participantes para que corrigieran los errores relacionados con requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas, en lugar de proceder a su rechazo de plano. Con todo, la norma comportó una dificultad no menor, en la medida en que no estableció criterios objetivos a partir de los cuales se pudieran identificar los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas, por lo que eran las entidades estatales quienes debían determinarlo en cada caso, lo que a la postre conllevó situaciones de arbitrariedad y ambigüedad en el procedimiento de selección. El numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 para, en su lugar, establecer un nuevo régimen de subsanabilidad de las ofertas que respetó las bases fundamentales contenidas en la norma derogada. En efecto, el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 prescribió que “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización.[…]” En este punto es pertinente resaltar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, antes de definir los criterios relativos a la subsanabilidad de los ofrecimientos, diferenció los requisitos exigidos para participar en el procedimiento de selección que debían ser objeto de verificación por no implicar la asignación de puntaje, de aquellos requisitos que sí comportaban el otorgamiento de puntaje y, por tanto, debían sustentar el análisis de comparación para la escogencia de la propuesta más favorable para la Administración Pública. De ahí que la Ley 1150 de 2007 permitiera superar la dificultad que devino de la aplicación del derogado numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en tanto brindó parámetros objetivos para identificar los requisitos subsanables, al paso que determinó la procedencia y oportunidad para la subsanación de tales requisitos. Pese a lo anterior, el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 fue modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, en cuya vigencia fue tramitado el procedimiento de selección, por lo que se erige como el régimen de subsanabilidad aplicable al caso concreto. El artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 definió los criterios de subsanabilidad de las propuestas (…) disposición normativa se refiere a la oportunidad para subsanar los ofrecimientos en cuanto a los requisitos que no otorgan puntaje, puesto que, en vigencia del texto original del parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, dicha oportunidad se extendía hasta la audiencia de adjudicación, siempre que la entidad a cargo del proceso lo requiriera en dicho momento. Este aspecto fue aclarado por el citado artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, con el propósito de establecer que las entidades estatales tienen el deber de solicitar los documentos referidos a los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas, al paso que los proponentes tienen el deber de presentar los documentos requeridos hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, so pena de rechazo de su ofrecimiento. Resulta importante destacar que esta modificación hizo parte de una serie de medidas adoptadas por el Legislador para evitar prácticas colusorias con el objeto de fortalecer el sistema de compras públicas. En ese sentido, el Legislador determinó la necesidad de aclarar los criterios referidos a la oportunidad para subsanar las propuestas, teniendo en consideración que existían interpretaciones efectuadas a partir del texto original del parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que podían dar lugar a prácticas contrarias a los principios de eficiencia y transparencia que se deben observar en el proceso de selección. Así quedó consignado en la exposición de motivos de la Ley 1882 de 2018 (…) De cara a las anteriores consideraciones, la Sala entiende que lo pretendido por el Legislador fue aclarar que la oportunidad para subsanar los ofrecimientos solo procede por solicitud que haga la entidad a cargo del procedimiento de selección, con el objeto de superar las interpretaciones que sugerían que los oferentes podían hacerlo por iniciativa propia hasta la audiencia de adjudicación. Con el mismo propósito, la regla limitó la oportunidad para subsanar las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, aspecto en el cual el Legislador resaltó el carácter preclusivo del término para subsanar las propuestas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posición de libertad de la Administración Pública para seleccionar a sus contratistas, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 3 de diciembre de 2007, exp. 24715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre los principios como normas jurídicas que establecen criterios de conducta frente a las relaciones jurídicas del Estado, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-818 del 9 de agosto de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sobre la disconformidad entre el pliego de condiciones y las propuestas que conducen al rechazo de la oferta, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 17 de junio de 2024, exp. 48.118, C.P. William Barrera Muñoz y el 12 de noviembre de 2014, exp. 27986, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 , LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32 , LEY 1882 DE 2018 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VACÍO NORMATIVO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / ETAPA PRECONTRACTUAL / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA MÁS FAVORABLE / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO SUSTANCIAL / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / OFERENTE / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE EFICIENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ante un error propio en la verificación de los requisitos del pliego de condiciones, debía privilegiar el derecho de los oferentes a subsanar frente a la preclusividad de los términos del procedimiento de selección? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara resolver este planteamiento, la Sala debe comenzar por señalar que en el expediente está demostrado que, en el marco de la audiencia de adjudicación, el FDLBU requirió a los oferentes para que subsanaran su propuesta en punto a la certificación de disponibilidad de un laboratorio que contara con los recursos mínimos para la valoración de asfaltos, materiales granulares y concreto, con el objeto de garantizar la estabilidad de la obra durante la ejecución del contrato. De acuerdo con lo consignado en el acta de la audiencia de adjudicación, la actuación desplegada en los anteriores términos obedeció al hecho de que el comité evaluador de la entidad demandada, al revisar las propuestas con el objeto de proferir el informe de evaluación, omitió que la mayoría de los oferentes no acompañaron su propuesta con la certificación de disponibilidad del laboratorio; requisito que, por no otorgar puntaje, debía ser solicitado en los términos fijados en el parágrafo del 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. Sobre este particular contexto jurídico, la Sala debe aclarar que el régimen de subsanación contenido en el citado parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, no previó el escenario en el que la entidad a cargo del procedimiento de selección omitiera su deber de requerir documentos relativos a un requisito no necesario para la comparación de las propuestas, así como tampoco estableció la forma en que habría de superarse o sanearse este error. Por este motivo, ante el vacío normativo, la Sala considera que la actuación de la entidad demandada debía guiarse por los principios que rigen la contratación estatal, los principios de la función administrativa y los principios generales del derecho, los cuales, además de tener una función integradora del ordenamiento jurídico, deben ser observados en las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. No debe perderse de vista que, en materia de contratación estatal, estos principios no se limitan a cumplir una función orientadora o programática, sino que fungen como verdaderos criterios jurídicos cuya observancia resulta imperiosa en todas las etapas del proceso contractual. En ese sentido, su aplicación no puede entenderse como una simple facultad discrecional de la administración, sino como un mandato imperativo para adoptar decisiones que aseguren la coherencia institucional del procedimiento, el tratamiento equitativo de los oferentes y la legitimidad del resultado final. Así, frente a situaciones no previstas de manera expresa por la normatividad que rige la contratación estatal, como ocurre en el presente caso, la respuesta institucional debe procurar por una solución razonable, proporcionada y respetuosa del marco procedimental a la luz de los principios de la contratación estatal, los principios de la función administrativa y los principios generales del derecho, de modo que se preserve la integridad del proceso de selección y la confianza legítima de los participantes. Ahora bien, tal y como lo ha anunciado la parte accionante de manera reiterada, el principio de economía es uno de los postulados que debe ser observado en la etapa precontractual, y una de sus manifestaciones apunta a que los procedimientos de selección se adelanten en las etapas estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable, dentro de los términos preclusivos y perentorios establecidos para el efecto. (…) De esta forma, resulta razonable considerar que, en vigencia del actual régimen de subsanabilidad de las propuestas, agotado el término de traslado del informe de evaluación fenece la etapa para subsanar los ofrecimientos y, con ello, la oportunidad para corregir los defectos en punto a los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas. Con todo, la Sala estima que esta regla no podía ser aplicada de manera absoluta en el caso concreto, pues, tal y como lo evidencia el particular entorno jurídico que precedió la actuación cuestionada por el actor, un error de la entidad demandada fue lo que impidió a la mayoría de los oferentes subsanar su propuesta dentro del término establecido en la ley. Así entonces, la Sala estima que en el caso concreto la aplicación estricta y literal del principio de economía debía ceder ante el inminente desconocimiento de otros principios que también deben ser respetados en la etapa precontractual, con el fin de salvaguardar la finalidad perseguida con el procedimiento de selección. En criterio de la Sala, una postura como la sugerida por la parte accionante, que apunta al rechazo de las propuestas que no pudieron ser subsanadas por un error de la Administración, implicaría el desconocimiento injustificado del principio de debido proceso, que, en el ámbito de la contratación estatal, encuentra una de sus principales manifestaciones en el deber a cargo de las entidades de escoger al contratista con pleno respeto de las etapas propias de cada procedimiento de selección. Sobre el particular vale la pena señalar, como naturalmente deviene de lo explicado en esta providencia judicial, que una de las etapas que integra el procedimiento administrativo de selección es la etapa de subsanación de los ofrecimientos en lo relativo a aquellos requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas. (…) En línea con lo anterior, de acuerdo con los criterios definidos por el Legislador para el régimen de subsanabilidad de las propuestas, debe indicarse que el debido agotamiento de la etapa de subsanación depende de la adecuada evaluación de las propuestas, tarea que incumbe de manera exclusiva y excluyente a la entidad estatal a cargo del procedimiento de selección. En efecto, el ejercicio del derecho que tienen los proponentes a corregir su propuesta está supeditado a que la entidad estatal, en el trámite de la verificación de los requisitos que no comportan la asignación de puntaje, advierta irregularidades en la prueba de estos requisitos y requiera la subsanación de las falencias anotadas. Sobre este particular no debe perderse de vista que uno de los motivos que llevaron al Legislador a modificar el régimen de subsanabilidad de las propuestas fue justamente aclarar que la oportunidad para corregir solo procede por solicitud que haga la entidad a cargo del procedimiento de selección. De ahí que un error de la entidad en el trámite de la verificación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas podría conllevar el aniquilamiento injustificado de una etapa que fue incluida en el procedimiento administrativo para asegurar la escogencia objetiva del contratista, así como también el desconocimiento injustificado de los derechos de los participantes en el proceso administrativo, lo cual resulta a todas luces inadmisible. Una omisión de la envergadura anotada no puede generar efectos adversos para los proponentes que, de haber sido debidamente requeridos, habrían contado con la oportunidad legal para subsanar sus ofertas y continuar válidamente en el procedimiento. Admitir lo contrario, no solo comportaría quebrantar el principio de debido proceso que exige escoger el contratista con plena observancia de las etapas propias de cada procedimiento de selección, sino también vulnerar los derechos de los oferentes que participan en el trámite administrativo; irregularidades que, de materializarse en el campo práctico, resultarían más que suficientes para poner en tela de juicio la legalidad del acto de adjudicación. En concepto de esta Subsección, las entidades estatales deben procurar por respetar el debido agotamiento de las etapas previstas en el ordenamiento jurídico para la selección objetiva del contratista, así como también por garantizar los derechos de los oferentes que participan en el procedimiento administrativo. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que en materia precontractual las etapas del procedimiento administrativo están ligadas a unos términos perentorios y preclusivos cuyo agotamiento, como anteriormente se anotó, comporta su clausura y la extinción de la facultad o derecho que no se ejercitó, con el objeto de brindarle celeridad al trámite administrativo. Con todo, la Sala estima que, ante errores en la verificación de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, que comprometan el derecho a corregir que tienen los oferentes, la entidad estatal, de manera excepcional, debe hacer prevalecer el debido agotamiento de la etapa que comporta el derecho sustancial a subsanar, sobre la preclusividad y perentoriedad de los términos ligados a ella. No puede perderse de vista que la etapa concebida para la subsanación de las propuestas tiene una relación directa e inescindible con la satisfacción de la finalidad propia del procedimiento de selección, que no es otra distinta que asegurar la escogencia de la oferta más favorable para la entidad. De hecho, su regulación en el ordenamiento jurídico se ubica en el entorno del deber de selección objetiva, porque la razón que justifica su existencia está dada por el hecho de que la Administración Pública cuente con elementos suficientes para escoger la oferta más favorable. De este modo, al margen de que la subsanabilidad de las propuestas también se identifique con los mandatos de eficacia y economía, lo cierto es que su esencia busca garantizar la oportunidad de corregir los defectos de las propuestas con el objeto de asegurar el derecho de participación de los oferentes, lo cual evita que el procedimiento administrativo se vea frustrado por la escogencia de una propuesta que no represente los mayores beneficios para la Administración Pública. Por su parte, resulta claro que el carácter perentorio y preclusivo de los términos del procedimiento de selección está dado por la necesidad de brindarle celeridad al trámite administrativo, buscando que la entidad estatal agote el trámite administrativo de la manera más eficiente, esto es, sin posibilidad de replantear lo decidido en cada una de las fases necesarias para adoptar la decisión final. Con todo, para la Sala, si bien la preclusión de las etapas procesales constituye una garantía del principio de economía y del orden procedimental, su aplicación no puede desentenderse de las circunstancias particulares que rodean cada actuación administrativa. Así, en aquellos supuestos en los que la imposibilidad de subsanar las propuestas no sea atribuible a la actuación u omisión de los oferentes, sino a un error imputable a la entidad contratante, se debe hacer prevalecer la etapa que comporta el derecho a subsanar sobre la preclusividad y perentoriedad de los términos ligados a dicha etapa. En el anterior sentido, corresponde a la administración procurar que el desarrollo del procedimiento preserve el equilibrio entre la aplicación de reglas claras y el respeto a los derechos de quienes actúan de buena fe en el marco del proceso de selección. Así, la valoración del cumplimiento de los requisitos habilitantes debe considerar, con criterio razonable y proporcional, el contexto en el que se produjo la omisión administrativa, de forma tal que la decisión final refleje un adecuado balance entre el rigor técnico del procedimiento y la vigencia efectiva del deber selección objetiva. Una actuación contraria, fundada en un entendimiento excesivamente rígido de la preclusión, comprometería no solo la finalidad del procedimiento, sino también el principio de responsabilidad administrativa frente a los efecto de sus propios errores. Vale la pena anotar que lo considerado en los anteriores términos no comporta la creación de una nueva etapa de subsanación de los ofrecimientos. Lo explicado en esta providencia judicial parte de una situación irregular en el trámite de la evaluación de las propuestas que debe ser saneada, y que apunta a que la escogencia del contratista se haga bajo el debido agotamiento de las etapas previstas para el efecto, lo cual no solo garantiza el principio del debido proceso que debe ser observado en la etapa precontractual, sino también el derecho de los participantes en el procedimiento de selección. Así las cosas, la corrección de la omisión en el trámite de evaluación no puede entenderse como una ampliación discrecional del procedimiento ni como la introducción extemporánea de una nueva oportunidad para subsanar, sino como una medida necesaria para restablecer el curso regular del proceso administrativo de selección, alterado por un yerro imputable a la administración. La Sala estima que la postura sugerida por la parte accionante comportaría el desconocimiento del mismo principio de economía alegado por el demandante, pero en otras de sus manifestaciones que busca priorizar lo sustancial sobre lo formal. (…) el principio de economía impone el deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el procedimiento de selección a través de un acto administrativo que busque sanear el defecto en los términos del artículo 49 de la Ley 80 de 1993. (…) Bajo el anterior contexto, la Sala observa que la actuación desplegada por la entidad demandada en el trámite de la audiencia de adjudicación se enmarcó en los precisos parámetros de los principios de economía y eficiencia. Ciertamente, ante la observación planteada por el Consorcio (…) —hoy demandante—, la entidad advirtió que la mayoría de los oferentes no acompañaron su propuesta con la certificación de disponibilidad del laboratorio, así como también que en la oportunidad debida omitió requerir a los proponentes para que subsanaran su propuesta en este aspecto. De este modo, con el objeto de sanear la irregularidad que se materializó por su propia omisión, la entidad requirió a los oferentes para que subsanaran su propuesta en punto a la certificación de disponibilidad, lo que evidencia la finalidad de salvaguardar el procedimiento administrativo ante la materialización de un error de estirpe procedimental que pudo ser corregido, sin que ello afectara los derechos de los demás oferentes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el carácter preclusivo y perentorio de los términos de las etapas que integran el procedimiento de selección, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 3 de mayo de 2007, exp. 16209, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre la etapa de subsanación de los ofrecimientos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 29 de julio de 2015, exp. 40660, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 3, LEY 1882 DE 2018 - ARTÍCULO 5 , LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23 , LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 49 PRINCIPIO DE IGUALDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE IGUALDAD PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / OFERENTE / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INHABILIDAD DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos desconoció el principio de igualdad, al permitir que algunos oferentes subsanaran, durante la audiencia de adjudicación, los requisitos técnicos que no acreditaron de manera oportuna, equiparándolos con quienes sí los cumplieron desde el cierre del proceso de selección? Respuesta al problema jurídico: No [L]a postura sugerida por la parte accionante también conduciría la vulneración del principio de igualdad que debe observarse en la etapa precontractual y que, en el ámbito de la contratación pública, se concreta en “[…] la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en contratar con la administración, y gozar de las mismas oportunidades […]”. En efecto, admitir la tesis expuesta en el libelo introductorio conllevaría un tratamiento privilegiado para los oferentes que —como el Consorcio (…)— sí lograron subsanar sus ofrecimientos con ocasión de las solicitudes que fueron formuladas en el informe de evaluación publicado por el comité evaluador, en detrimento de aquellos que no lo hicieron por el error en que incurrió la entidad directora del proceso en este caso. En este aparte particular, no debe perderse de vista que el demandante fue inhabilitado en el informe preliminar de evaluación de las propuestas y que, por cuenta de la oportunidad otorgada al correr traslado del informe de evaluación de las propuestas, fue habilitado por el comité evaluador. De esta manera, contrario a lo afirmado por el demandante en su alzada, lo cierto es que la actuación desplegada por la entidad demandada en este caso, al otorgar la oportunidad de subsanar las propuestas frente a requisitos no necesarios para la comparación de los ofrecimientos, comportó una conducta ajustada al principio de igualdad que debe predicarse de todos los participantes en el procedimiento de selección. En este punto, conviene agregar que la parte accionante no estaba en condiciones de denunciar un tratamiento diferenciado en favor de los oferentes que no acompañaron su propuesta con la certificación de disponibilidad del laboratorio, puesto que no se encontraba en la misma situación jurídica que afrontaron aquellos, esto es, no resultó afectada con la omisión en que incurrió la demandada al no otorgar la oportunidad para subsanar un requisito no necesario para la comparación de las propuestas, pues allegó la certificación con su ofrecimiento. En cualquier caso, lo cierto es que los reparos concretos formulados en relación con el desconocimiento del principio de igualdad evidencian que la inconformidad del demandante en este punto se centra en el hecho de que los oferentes que sí cumplieron el requisito referente a la disponibilidad del laboratorio hubieren sido equiparados injustamente con aquellos que no lo hicieron; argumentación que, en criterio de la Sala, escapa de la órbita de este principio. Sobre este particular, resulta de vital importancia destacar que el argumento propuesto en los anteriores términos apunta a que la entidad mantuviera el error que afectó la igualdad de oportunidades en el marco del procedimiento de selección; aspecto que, en definitiva, resulta contrario al principio de igualdad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la vulneración del principio de igualdad, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 3 de diciembre de 2007, exp. 24715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CIRCULAR EXTERNA / AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA / PUNTAJE ASIGNADO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / INTERÉS PÚBLICO / AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con fundamento en las reglas previstas en el pliego de condiciones y en las orientaciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, podía requerir a los oferentes la subsanación de requisitos con posterioridad al traslado del informe de evaluación? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala resalta que la actuación de la entidad accionada en el procedimiento de selección se ajustó a lo preceptuado en el mismo pliego de condiciones. En efecto, el numeral 6.1 del pliego de condiciones contempló la posibilidad de realizar subsanes adicionales a los indicados en el informe de evaluación de las propuestas (…) En el mismo sentido, la conducta desplegada por la entidad demandada en este caso se ajustó a lo establecido en la Circular Externa Única del 16 de julio de 2018, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”. Esta circular fijó criterios orientadores sobre la subsanación de las propuestas en asuntos que no comportan la asignación de puntaje (…) la conducta del Fondo no solo encuentra respaldo en el marco legal aplicable, sino también en las reglas particulares del proceso de selección y en los criterios orientadores impartidos por la autoridad nacional en materia de contratación pública. En efecto, el pliego de condiciones incorporó expresamente la posibilidad de requerir subsanaciones adicionales a las inicialmente previstas en el informe de evaluación, lo que otorga fundamento normativo interno suficiente para justificar la actuación cuestionada. Asimismo, la Agencia Nacional de Contratación Pública, aun cuando no tenga una función reguladora ni mucho menos reglamentaria y, en dicho orden, solo emita conceptos orientadores en materia de contratación pública, lo cierto es que avaló expresamente este tipo de requerimientos, incluso una vez finalizado el análisis preliminar. En ese sentido, lejos de constituir una transgresión al debido proceso o a los principios de la contratación estatal, la conducta de la administración se alinea con los mecanismos de corrección previstos en la regulación aplicable, orientados a garantizar que el proceso de selección se surta con criterios de objetividad, participación efectiva y transparencia, y a evitar que errores formales impidan considerar propuestas potencialmente idóneas para la satisfacción del interés público. Vistas así las cosas, la Sala concluye que la actuación de la entidad accionada en el marco del procedimiento de selección, en el sentido de requerir a los oferentes para que presentaran la certificación de disponibilidad del laboratorio durante el desarrollo de la audiencia de adjudicación, se ajustó a lo preceptuado por los principios que deben regir la actuación en materia precontractual, así como también a lo dispuesto en el pliego de condiciones y en la Circular Externa de la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”. Por lo anterior, no prospera el cargo de nulidad propuesto con fundamento en el desconocimiento del principio de economía y de igualdad que deben guiar la actuación administrativa en materia contractual. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / OFERENTE / PROPONENTE / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / FALTA DE PRUEBA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resultó ajustada a derecho la actuación del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos al permitir que los oferentes allegaran, con posterioridad al cierre del proceso de selección, las certificaciones de disponibilidad del laboratorio exigidas en el pliego de condiciones, sin que ello implicara la complementación de sus propuestas? Respuesta al problema jurídico: Si De antaño, la jurisprudencia de esta Corporación ha definido el alcance del derecho que tienen los proponentes de subsanar sus ofrecimientos, punto en el cual ha establecido que los proponentes deben cumplir los requisitos habilitantes en el momento en que presentan su ofrecimiento, de manera solo pueden subsanar las falencias o inexactitudes que deriven del análisis de la documentación que acompañen con su propuesta para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. (…) En desarrollo de lo anterior, el extremo activo reprocha que la oportunidad otorgada en el trámite de la audiencia de adjudicación en realidad permitió que los proponentes hubieren acreditado una circunstancia que no cumplían en el momento del cierre del procedimiento de selección, lo que afectó las garantías de igualdad, economía, transparencia y legalidad. Al respecto, la Sala considera necesario destacar que la actora y la entidad demandada no allegaron al expediente las certificaciones de disponibilidad del laboratorio presentadas por los oferentes, con ocasión del requerimiento efectuado en el trámite de la audiencia de adjudicación. Si bien el Fondo al contestar la demanda manifestó haber allegado en medio magnético copia de todo lo actuado en el trámite administrativo, lo cierto es que, una vez revisado el contenido del CD presentado con dicho propósito, se advierte que no reposan las certificaciones que se echan de menos. De conformidad con lo anterior, la Sala no cuenta con elementos probatorios suficientes para concluir que los oferentes hubieren complementado sus ofrecimientos, con ocasión de la oportunidad brindada por el Fondo para que presentaran la certificación de disponibilidad del laboratorio. En efecto, la imposibilidad de estudiar el contenido de las certificaciones impide determinar si, como lo señaló el demandante, los oferentes complementaron sus ofrecimientos luego del cierre del procedimiento de selección o si, por el contrario, contaban con la disponibilidad del laboratorio desde antes del referido momento. A lo anterior debe agregarse que el solo hecho de que los proponentes no hubieren acompañado con su ofrecimiento la certificación requerida en el trámite de la audiencia de adjudicación, no permite inferir que no cumplían lo exigido en el pliego de condiciones. Justamente, la razón de ser de la etapa de subsanación de las propuestas procura que los oferentes tengan la posibilidad de acreditar el cumplimiento de requisitos que ostentan pero que no pudieron ser allegados al procedimiento de selección; o que, habiendo sido allegados, generan dudas que pueden ser superadas a partir de la radicación de otros documentos. Ahora bien, en el expediente está acreditado que el FDLBU permitió a los participantes allegar certificaciones de disponibilidad del laboratorio con fecha posterior al momento del cierre del procedimiento administrativo. Con todo, la Sala estima que esa sola circunstancia no permite tener por demostrado que la entidad hubiere permitido la complementación de las propuestas, en la medida en que la habilitación otorgada a los participantes solo implicaba demostrar el cumplimiento del requisito a través de un documento con una fecha posterior. En estos términos, lo permitido a los participantes fue que acreditaran que contaban con la disponibilidad del laboratorio desde que presentaron su propuesta a partir de un documento con una fecha posterior a la fecha de cierre, más no que contrataran el laboratorio requerido y, en dicho orden, cumplieran el requisito exigido en el pliego de condiciones, con posterioridad al requerimiento efectuado en el trámite de la audiencia de adjudicación, como pareció entenderlo la parte accionante. De acuerdo con lo expuesto, no prospera el cargo de nulidad propuesto con base en la complementación de los ofrecimientos presentados por aquellos proponentes que no acompañaron su propuesta del certificado de disponibilidad del laboratorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del derecho que tienen los proponentes de subsanar sus ofrecimientos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 12 de noviembre de 2014, exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD / TRABAJADOR DISCAPACITADO / PLANTA DE PERSONAL / VINCULACIÓN LABORAL / SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR / CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR / PRESUPUESTOS DE LA SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR / CONSORCIO / DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATO INTUITO PERSONAE / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INTUITO PERSONAE / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / INCENTIVOS / PUNTAJE ASIGNADO / PLIEGO DE CONDICIONES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resultó ajustada a derecho la decisión del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, al abstenerse de otorgar al Consorcio el puntaje por vinculación de personas en condición de discapacidad, pese a la existencia de un convenio de sustitución patronal y a la acreditación parcial de los requisitos exigidos en el Decreto 392 de 2018? Respuesta al problema jurídico: Si En criterio de la Sala, tal y como fue alegado en el recurso de apelación, el Fondo erró al fundar su decisión en un razonamiento meramente formal y, particularmente, al abstenerse de analizar los documentos presentados con la propuesta del Consorcio (…), para demostrar que la sociedad Promotora (…) contaba con una planta de personal integrada por trabajadores en condición de discapacidad, por virtud de los efectos del convenio de sustitución patronal (…). En este punto, cabe anotar que la sustitución patronal es una figura jurídica regulada en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, que opera cuando se materializa (i) un cambio de patrono por cualquier causa, (ii) la continuidad de la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) continuidad del trabajador. En relación con la procedencia de esta figura, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que la naturaleza intuitu personae que se predica del contrato de trabajo solo opera respecto de la parte de la relación laboral que presta el servicio, motivo por el cual ha admitido que el empleador puede ser reemplazado ya sea por la vía de la sustitución patronal o por la vía de la cesión de la posición contractual. De acuerdo con lo anterior, el reemplazo de la figura del empleador de la relación laboral resulta admisible en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que el Fondo debió analizar los efectos jurídicos que produjo el convenio de sustitución patronal (…), así como también determinar si la suscripción de dicho acuerdo permitió el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 392 de 2018 para acceder al incentivo por vinculación de personas en condición de discapacidad, en atención a la certificación expedida por el Ministerio del Trabajo en favor del (…) [socio de la promotora], que demostraba que aquel tenía un solo trabajador y que ese trabajador estaba en condición de discapacidad. De otra parte, la Sala advierte que, contrario a lo considerado por la entidad demandada, la sociedad Promotora (…) sí aportó la experiencia exigida en el Decreto 392 de 2018, para que su planta de personal fuera tenida en cuenta para estudiar la pertinencia de asignar el puntaje por concepto de este incentivo. Ciertamente, la referida sociedad aportó una experiencia equivalente a 5.836 SMMLV, cuantía que, inclusive, representaba un porcentaje superior al 40% del presupuesto oficial estimado del procedimiento de selección. Con todo, la Sala estima que el demandante no tenía derecho al incentivo, porque no aportó una de las certificaciones que era indispensable para determinar si la sociedad Promotora (…). cumplía con el número mínimo de empleados en condición de discapacidad. Al respecto, resulta de vital importancia recordar que, para acceder al reconocimiento del incentivo, el Decreto 392 de 2018 exigía acreditar la vinculación laboral de un número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad, el cual era determinado en función del número total de trabajadores que integraban la planta de personal del oferente. De ahí que dicho marco normativo, entre otros documentos, exigiera presentar una certificación del empleador o de su revisor fiscal que hiciera constar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha del cierre del proceso de selección. Pese a lo anterior, el Consorcio (…) no allegó con su propuesta la certificación que debía dar cuenta del número de empleados que conformaban la planta de personal de la sociedad Promotora (…). Por este motivo, lo cierto es que, en cualquier caso, resultaba imposible para la entidad demandada verificar si la planta de personal de la sociedad Promotora (…). cumplía con el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. Al margen de lo anterior, la Sala destaca que aun si se hubiere reconocido el puntaje por este concepto, el demandante no habría resultado adjudicatario. En este particular, basta retirar que el puntaje permitido por la vinculación de personas en condición de discapacidad era apenas de 1 punto y que el oferente mejor calificado en el orden de elegibilidad fue la sociedad Concretos (…) con un puntaje total de 89.94, mientras que el puntaje inicialmente asignado al Consorcio (…) bajó a 78.84. De ahí que el reconocimiento del puntaje por este incentivo no habría modificado el orden de elegibilidad. Vistas así las cosas, no prospera el cargo relacionado con el no otorgamiento del puntaje establecido en el pliego de condiciones por la vinculación de personas en condición de discapacidad. De igual modo, la Sala confirmará la decisión de negar el reconocimiento de los perjuicios cuya indemnización persigue la parte accionante, así como la pretensión formulada para que se declarara la nulidad absoluta del contrato estatal, en tanto estas dependían de la anulación del acto de adjudicación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la sustitución patronal, consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión N.° 4, Sala de Casación Laboral, proferida el 2 de abril de 2019, exp. SL1731-201, M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado. FUENTE FORMAL: DECRETO 2663 DE 1950 - ARTÍCULO 67, DECRETO 392 DE 2018 COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por haberse resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación que impetró y abstenerse de fijar agencias en derecho, debido a que la demandada no intervino en esta instancia? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recurso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas. La Sala no fijará agencias en derecho en esta instancia, dado que el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos no intervino en segunda instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900224011100103