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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: durante la ejecución del contrato se suscribieron sucesivos acuerdos modificatorios

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Fecha
2026-03-13
Radicado
25000233600020180121302
Número interno
73418
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
LUIS FERNANDO HOYOS PEREZ, VICTOR RAUL NEIRA DELVASTO, INTER INGENIERÍA S.A.S., PACANO S.A.S., CONSORCIO HND
Demandado
MUNICIPIO DE SOACHA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: durante la ejecución del contrato se suscribieron sucesivos acuerdos modificatorios

Relevancia Unifica el precedente.

Regla de decisión

En cambio, cuando los acuerdos guarden silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención alguna de abandonar esa diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito, y el contratista conserva su derecho a hacer valer sus reclamaciones en la liquidación del contrato y, si es del caso, en sede judicial.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

Durante la ejecución del contrato se suscribieron sucesivos acuerdos modificatorios —dos adiciones en valor, dos prórrogas de plazo— en los cuales el contratista no consignó glosa, anotación ni manifestación alguna en la que pusiera de presente la existencia de reclamos o aspectos no solventados. A partir de esa constatación, el a quo concluyó que cualquier reclamación económica ulterior debía reputarse extemporánea, improcedente e impróspera, por cuanto vulneraría el principio de buena fe contractual que imponía al contratista la carga de formular sus inconformidades en el preciso momento en que se suscribía cada instrumento modificatorio. Dicho razonamiento, sin embargo, incurre en un error de juicio dado que parte de una premisa que fue expresamente revisada, superada y abandonada por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de unificación del 27 de julio de 2023.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ADICIÓN AL CONTRATO INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MATERIAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FALTA DE PRUEBA MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR SOBRECOSTOS EN MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FALTA DE LA PRUEBA DEL COSTO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 24.231 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? Respuesta al problema jurídico: No Durante la ejecución del contrato se suscribieron sucesivos acuerdos modificatorios —dos adiciones en valor, dos prórrogas de plazo— en los cuales el contratista no consignó glosa, anotación ni manifestación alguna en la que pusiera de presente la existencia de reclamos o aspectos no solventados. A partir de esa constatación, el a quo concluyó que cualquier reclamación económica ulterior debía reputarse extemporánea, improcedente e impróspera, por cuanto vulneraría el principio de buena fe contractual que imponía al contratista la carga de formular sus inconformidades en el preciso momento en que se suscribía cada instrumento modificatorio. Dicho razonamiento, sin embargo, incurre en un error de juicio dado que parte de una premisa que fue expresamente revisada, superada y abandonada por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de unificación del 27 de julio de 2023. El precedente indicado categórico al definir que el principio de buena fe no habilita al juez para crear, por vía jurisprudencial, requisitos de prosperidad de las pretensiones no establecidos en la ley, ni para instaurar presupuestos procesales de facto que impidan el estudio de fondo de los conflictos derivados de la ejecución del contrato estatal, como lo sería la exigencia de “salvedades” en los acuerdos modificatorios. Explicó que en estos casos, el juez está llamado a tener en cuenta lo expresado por las partes, a valorar el material probatorio disponible y a indagar el alcance real de las modificaciones pactadas, con el fin de determinar las responsabilidades que a cada parte le incumben. (…) No se trata de ignorar el contenido de los acuerdos modificatorios ni de prescindir de la interpretación contractual, sino de cumplir con el deber hermenéutico de establecer, caso por caso, si del texto y el contexto de cada modificación se desprende que las partes expresamente, y con una intención inequívoca, resolvieron o zanjaron la diferencia que se reclama judicialmente, de tal forma que solo cuando ese ejercicio interpretativo revele que la controversia fue efectivamente clausurada por la voluntad conjunta de los contrayentes, podrá el juez concluir que la reclamación posterior carece de sustento. En cambio, cuando los acuerdos guarden silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención alguna de abandonar esa diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito, y el contratista conserva su derecho a hacer valer sus reclamaciones en la liquidación del contrato y, si es del caso, en sede judicial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre salvedades en acuerdos modificatorios en contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, rad. 39121. C. P. Fredy Ibarra Martínez. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ADICIÓN AL CONTRATO Problema jurídico: ¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso, faculta al juez para deducir una renuncia tácita del contratista a reclamar sobrecostos o imprevistos no imputables, derivados de la ejecución de tramos o redes no contemplados originalmente? Respuesta al problema jurídico: No La Adición 1 del 2 de octubre de 2015, fue suscrita como respuesta a dos órdenes de problemas diferenciados que se habían presentado durante la ejecución del contrato. El primero, identificado en las consideraciones del instrumento y en el oficio de la Interventoría CVS-867-048 del 14 de agosto de 2015, consistió en que los diferentes frentes de obra habían evidenciado la necesidad de renovar redes hidrosanitarias —acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial— y de adecuar redes secas de teléfono y luz que no estaban contempladas en el contrato original, lo que había generado sobrecostos que hacían insuficiente el presupuesto inicial. El segundo problema radicó en que, concluida la fase de estudios y diseños del Tramo 8 —Transversal 4 entre Calles 13 y 15, Barrio Zona Industrial Cazucá— se había determinado que su construcción requería una inversión de $2.450’000.000, valor que no estaba contemplado en la contratación original y cuya importancia estratégica para la conectividad vial de las comunas 4 y 5 con el Distrito Capital era evidente. Ante esas realidades, las partes acordaron adicionar el valor del contrato en la suma de $6.733.925.115, imputada a rubros de alcantarillado, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y construcción de infraestructura vial. (…) El 8 de octubre de 2015 las partes convinieron la Prórroga 1 que extendió el plazo de ejecución del contrato en cinco (5) meses calendario, hasta el 15 de mayo de 2016. Las consideraciones de este documento recogen que el consorcio solicitó la ampliación mediante oficio CHND-870-182 del 21 de septiembre de 2015, invocando los imprevistos generados en los diferentes frentes de obra correspondientes a la renovación de redes hidrosanitarias y secas y a su protección mediante cárcamos, actividades que no estaban contempladas en el contrato original. El clausulado de la prórroga se limitó a extender el plazo de ejecución hasta la fecha indicada y a imponer al contratista la obligación de ampliar las vigencias de los amparos de la Garantía Única. No existe en su texto cláusula alguna relativa a compensación económica por los costos de la extensión, ni pacto de renuncia, ni declaración de las partes en el sentido de que el mayor plazo acordado satisfacía integralmente todas las consecuencias económicas que los imprevistos habrían generado para el consorcio. En concordancia con lo expuesto, la sola ausencia de reconocimiento económico en la Prórroga 1 no puede ser interpretada como una aceptación tácita del contratista en el sentido de que la extensión del plazo constituía reparación suficiente de los sobrecostos sufridos, ni tampoco puede inferirse, de ese silencio, que renunció a los costos que la propia ampliación del plazo le pudiera generar. (…) [L]a Adición 2 tampoco tiene aptitud para entender solventado o clausurado el reclamo relacionado con la ejecución del Tramo 22, toda vez que su objeto fue estrictamente incorporar dos segmentos viales distintos —Tramos 11 y 12— y regular su financiación, sin incluir estipulación alguna que aluda a las obras que se venían ejecutando en el segmento que motiva el reclamo, a las condiciones presupuestales en que se encontraba, ni a las diferencias económicas que su ejecución pudiere haber generado. El instrumento no contiene referencia al Tramo 22, no modifica el presupuesto asignado a él en los documentos contractuales previos, y no declara saldada, liquidada ni transada ninguna diferencia asociada a su ejecución. Finalmente, mediante la Prórroga 2, suscrita el 25 de mayo de 2016, las partes extendieron el plazo de ejecución por noventa (90) días calendario, desde el 26 de mayo de 2016 hasta el 24 de agosto de 2016, y el clausulado se limitó a fijar el nuevo término, a imponer al contratista la obligación de modificar las vigencias de los amparos de la Garantía Única y a ratificar que permanecían vigentes las demás cláusulas del contrato no modificadas. El examen de su contenido conduce a conclusiones análogas a las derivadas de la Prórroga 1 en cuanto no incorpora pacto de compensación, finiquito o saldo, pero añade un elemento relevante para el alcance interpretativo del acuerdo, en la medida en que en sus considerandos se dejó constancia de que la interventoría solicitó la ampliación por la existencia de “distintos inconvenientes no imputables al contratista”, calificación que aunque no puede transformarse por sí sola en un reconocimiento automático de costos, sí resulta incompatible con la tesis de que la prórroga pudiere encerrar una aceptación tácita del contratista de soportar sin discusión ulterior las consecuencias económicas asociadas a tales inconvenientes, máxime cuando el documento no contiene una cláusula o manifestación de cierre que permita concluir que las partes regularon de manera expresa los eventuales costos adicionales derivados de la extensión pactada. Por tanto, del análisis sistemático e individual de los cuatro instrumentos modificatorios examinados, se impone con evidencia que ninguno de ellos contiene cláusula alguna que exprese la voluntad concorde de las partes de zanjar, liquidar o dar por terminadas las reclamaciones económicas que el consorcio formula en la demanda, por lo que, contrario a lo determinado por el Tribunal a quo, la ausencia de salvedades en estos resultaba insuficiente para negar las pretensiones de la demanda, correspondiendo entonces el análisis de los conceptos reclamados. INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS Problema jurídico: ¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama? Respuesta al problema jurídico: Si [A]unque la parte actora encausó su reclamación bajo el rótulo de “desequilibrio económico”, el objeto litigioso no se define por la denominación dogmática empleada, sino por los hechos alegados, los rubros concretos cuya satisfacción se pretende y el petitum económico formulado, y dado que los rubros pretendidos corresponden, de una parte, a mayores cantidades y actividades diferenciales en un contrato a precios unitarios y, de otra, a sobrecostos asociados a la mayor permanencia en obra, su procedencia debe verificarse a partir de los presupuestos propios de cada concepto y de la suficiencia probatoria de lo reclamado. Tratándose de un contrato a precios unitarios, las reclamaciones por mayores cantidades o por ejecución de ítems distintos a los inicialmente previstos no configuran por regla general un supuesto autónomo de desequilibrio económico del contrato, pues el sistema de remuneración propio de esa modalidad prevé que las variaciones de cantidad frente a las estimaciones iniciales se reconozcan a los precios unitarios pactados, sin que ello comporte, por sí solo, una alteración de la ecuación financiera. Su procedencia debe verificarse, entonces, a partir de las reglas propias de ese esquema, esto es, que las cantidades adicionales o los ítems diferenciales hayan sido ordenados o autorizados, ejecutados materialmente, medidos y recibidos conforme a los instrumentos contractuales y de interventoría. En esa medida, la Sala verificará respecto del rubro correspondiente al Tramo 22, MDC-2 y MDC-1 si concurren los presupuestos contractuales y probatorios que permitan su reconocimiento. De otra parte, la reclamación por PMT, gestión social y gastos administrativos asociada a la prolongación de la ejecución, aunque podría presentarse como un impacto económico derivado de la extensión temporal del contrato con un posible efecto en la ecuación financiera del negocio, su reconocimiento en todo caso exige verificar, con rigor probatorio, no solo si lo reclamado corresponde efectivamente a costos adicionales no cubiertos por lo acordado, imputables a hechos no atribuibles al contratista y debidamente acreditados, sino también si la parte actora individualizó la fuente causal de cada rubro y precisó qué porción de ellos habría quedado por fuera de los reconocimientos contractuales ya efectuados. (…) De conformidad con el artículo 167 del CGP, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen con sus pretensiones o excepciones, de tal manera que quien alega un derecho ante la jurisdicción debe acreditar los presupuestos fácticos que le sirven de fundamento mediante medios de convicción idóneos, suficientes y directamente vinculados con aquello que pretende demostrar. Esta regla general de distribución de la carga probatoria adquiere particular exigencia cuando, como ocurre en este caso, la parte actora formula sus pretensiones bajo la alegación de afectaciones económicas derivadas de la ejecución contractual y solicita su reconocimiento, pues ello presupone la demostración rigurosa y concatenada de la existencia del hecho generador, del alcance preciso de cada concepto que compone la afectación, de la relación de causalidad entre ese hecho y el menoscabo patrimonial sufrido, y de la cuantía cierta y verificable de dicho menoscabo, elementos probatorios sin los cuales el juez del contrato se encuentra imposibilitado para acceder a la pretensión, pues su prosperidad no puede edificarse sobre conjeturas, afirmaciones unilaterales de parte o documentos que, aunque relacionados con la ejecución del contrato, no cuantifican ni delimitan el impacto económico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA Problema jurídico: ¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato? Respuesta al problema jurídico: No [N]o obra soporte que permita tener por acreditada una orden o aprobación concreta para ejecutar actividades distintas a las originalmente previstas. Adicionalmente, el demandante no especificó a qué cantidades y actividades diferenciales específicas refería su reclamo, y si bien obran en el expediente administrativo del contrato allegado al proceso documentos de ejecución y seguimiento, ninguno permite identificar las presuntas mayores obras o los aducidos ítems diferenciales, y menos aún, establecer con contraste objetivo entre lo contratado y lo ejecutado la magnitud del pretendido exceso en el Tramo 22, ni su valoración económica verificable, lo que impide calcular el valor de lo ejecutado más allá de lo pactado o verificar algún un costo que pueda ser reconocido. Esta omisión es determinante porque aun aceptando que en el sistema de precios unitarios el contratista no asume necesariamente el riesgo de mayores cantidades indispensables o de actividades no previstas, solo es posible ordenar un reconocimiento cuando se acreditan de forma objetiva las cantidades ejecutadas y la necesidad funcional de esas labores, presupuesto que no se satisface con la mera enunciación del ítem o con la afirmación genérica de razones técnicas, que de paso debe indicarse, tampoco fueron precisados por el demandante. Por su parte, la salvedad inscrita en el acta de liquidación bilateral, aunque válida como expresión de la reserva del contratista para acudir a la jurisdicción, como se ha expuesto, se limitó a enunciar los ítems de manera indeterminada y a señalar que se reservaba el ejercicio de las acciones judiciales, sin cuantificar en unidades de medida — metros cuadrados, toneladas ni ninguna otra— el volumen de obra adicional cuyo reconocimiento reclama , de suerte que ese documento, lejos de constituir prueba del concepto, apenas delimita el objeto del litigio. Por tanto, la parte actora no solo omitió aportar los elementos técnicos y cuantitativos indispensables para identificar con precisión el supuesto incremento de obra en el tramo 22 y su costo, sino que tampoco acreditó el presupuesto jurídico que permitiría imputar a la entidad la necesidad o aceptación de esas mayores cantidades, en la medida en que no existe soporte documental que identifique y demuestre una instrucción, validación o medición aprobada que las incorpore al desarrollo contractual. Así, el alegato de mayores cantidades y actividades diferenciales permanece en el terreno de la afirmación, sin que las pruebas allegadas permitan reconstruir con trazabilidad y certeza el alcance material de lo ejecutado, ni su incidencia económica, como tampoco la razón por la cual el mayor volumen habría de ser asumido por la Administración. MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR SOBRECOSTOS EN MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE LA PRUEBA DEL COSTO / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Se acreditaron los perjuicios correspondientes a la mayor permanencia de la obra, sobrecostos, gestión social y gastos administrativos pedidos en la demanda? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto a [lo] referido a los rubros presentados como mayor permanencia —sobrecostos de PMT, gestión social y gastos administrativos, por $90’324.053,82, $74’014.569,45 y $218’953.465,78 respectivamente —, la Sala encuentra una insuficiencia probatoria análoga, pero aún más radical en lo que toca con la causación y la cuantificación de los egresos. Aunque la prolongación del tiempo de ejecución puede incrementar ciertos costos operativos, su reconocimiento no se presume ni se infiere del solo hecho de haberse ampliado el plazo, pues se exige comprobar que el mayor tiempo obedeció a causas no atribuibles al contratista y, sobre todo, que durante un período identificable se causaron y pagaron efectivamente gastos adicionales no cubiertos por el precio ni por los reconocimientos realizados. Por ello, no basta con la referencia genérica a costos administrativos, gestiones o afectaciones, ni con razonamientos aritméticos o aproximaciones globales, sino que se requiere identificar cuáles recursos se mantuvieron, en qué lapso, con qué relación causal y con qué soportes contemporáneos verificables. En el caso concreto, el contrato tuvo un plazo inicial de once (11) meses, ampliado mediante modificaciones sucesivas en ocho (8) meses adicionales, y su valor fue incrementado mediante adiciones por un total de $7.784'925.115. Sin embargo, la parte actora no explicó cuál es el segmento temporal de mayor permanencia que presuntamente no quedó cubierto por esas adiciones y prórrogas, cuáles costos del componente social y del PMT corresponden exclusivamente a ese período no compensado, ni a través de qué medios de convicción buscaba evidenciar la causación y cuantía de esos costos. La demanda presenta los tres rubros —PMT, gestión social y gastos administrativos— como una tabla de valores totales en el juramento estimatorio, sin que en ningún aparte del escrito, o en otra actuación procesal, se exponga la metodología de cálculo empleada, el período específico al que corresponden, ni el soporte documental que respalde las cifras indicadas. (…) Aunque, desde una perspectiva causal, los costos de PMT y gestión social agrupados en este segundo eje comprenden en teoría dos segmentos diferenciados —los atribuibles a los imprevistos que motivaron la Adición 1, y los correspondientes a la ejecución de las obras nuevas incorporadas mediante la Adición 2, cuyos porcentajes de PMT y gestión social ya estaban incluidos en el valor adicionado—, el demandante no estructuró su reclamación atendiendo a esa distinción. (…) [Además] resulta insuficiente cuantificar la afectación derivada de una mayor permanencia —especialmente cuando ya ha mediado un remedio contractual que reconoce un mayor valor— mediante un simple cálculo aritmético, como multiplicar un supuesto monto diario por el número de días adicionales, por cuanto ello no acredita los egresos efectivamente incurridos, su cuantía y su relación causal. Tampoco es dable “suponer” sobrecostos mediante fórmulas que deducen porcentajes del A.I.U. o que parten del valor del contrato para construir un costo día, porque esos factores pierden pertinencia cuando existe una realidad contractual verificable que debe analizarse con soportes contemporáneos y con evidencia contable y documental del gasto realmente asumido. De ahí que, si el demandante pretendía atribuir a la mayor permanencia costos adicionales, debía aportar los elementos de convicción que permitieran verificar que esos rubros se causaron durante el periodo reclamado, que no estaban cubiertos con la retribución ordinaria del contrato y sus adicionales, y que guardaban relación directa con la extensión imputable a una causa ajena a su responsabilidad, demostración ausente en ese caso. APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la presente providencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por lo establecido en el artículo 365 del C.G.P, el cual señala que hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso, que en el caso concreto, corresponde a la parte actora. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 366 del C.G.P. En relación con las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 6 SMLMV. Con fundamento en lo anterior, los integrantes del consorcio demandante serán condenados al pago de agencias en derecho de acuerdo con su porcentaje de participación, las cuales se fijan en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de la parte demandada, quien nombró apoderado y ejerció su derecho de defensa durante el proceso. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201801213021100103