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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante

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Fecha
2022-08-22
Radicado
25000233600020150217803
Número interno
62238
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
Demandado
MIGUEL EFRAÍN ROSERO POLO, CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante

Lo que dijo la Sala

FONADE manifestó que el Consorcio Colectivo de Ingeniería incurrió en culpa grave al haber incumplido la obligación de hacer seguimiento y control adecuado a la ejecución del contrato de obra y al haber firmado el acta final No. 12 incluyendo ítems de obra adicionales que superaban el valor del contrato de obra, sin haber informado oportunamente a la entidad que se estaban superando las cantidades y valores contractuales.… Concluye la Sala que en el sub examine no se encuentra demostrada la culpa grave que FONADE atribuyó al consorcio interventor y, principalmente, se advierte que, contrario a lo aducido por la actora en el libelo introductorio, no fue esta la causa de los intereses moratorios pagados por la entidad como consecuencia de la condena que le fue impuesta en el proceso ejecutivo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La responsabilidad de la interventoría por culpa grave no se configura cuando los intereses moratorios pagados por la entidad no se originaron en su actuación, sino en la decisión de la entidad de no pagar el acta de obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, el pago tardío del acta que dio lugar a los intereses no provino de la interventoría, sino de la decisión de la entidad de abstenerse de pagarla. Segunda, la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada, por lo que no se acredita el nexo que requiere la repetición. Tercera, aunque hubo improvisación y falencias de planeación en la ejecución de las obras, la entidad recibió las obras necesarias, contaba con recursos para pagarlas y debía reconocer lo adeudado en sede administrativa. En consecuencia, se niega la repetición y se confirma la decisión. La Sala reitera que los intereses moratorios no fueron resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de…
  • ¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en…
  • ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONSORCIO RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO INTERVENTOR INTERVENTORÍA SUPERVISOR DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CULPA GRAVE INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PRESUPUESTO PROCESAL COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PAGO DE SENTENCIA PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MIEMBROS DEL CONSORCIO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBLIGACIONES PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE CONDENA JUDICIAL PAGO DE LA CONDENA CONDENA CONDENA CONTRA EL ESTADO CONDENA JUDICIAL ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA PAGO DE INTERESES PAGO DE INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA A LA NACIÓN INTERESES INTERÉS MORATORIO MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO EXSERVIDOR PÚBLICO PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA PERSONA JURÍDICA ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA CONTRATISTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTRATO DE INTERVENTORÍA PERSONA NATURAL DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA NEXO DE CAUSALIDAD PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD PRESUNCIÓN DE DOLO CONCEPTO DE DOLO PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA PERITAJE VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL PRUEBA PERICIAL OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN NORMATIVIDAD DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PAGO DEL CONTRATO FONADE NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE REGÍMENES DE FONADE RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante? Respuesta al problema jurídico: Si FONADE manifestó que el Consorcio Colectivo de Ingeniería incurrió en culpa grave al haber incumplido la obligación de hacer seguimiento y control adecuado a la ejecución del contrato de obra y al haber firmado el acta final No. 12 incluyendo ítems de obra adicionales que superaban el valor del contrato de obra, sin haber informado oportunamente a la entidad que se estaban superando las cantidades y valores contractuales. (...) [C]oncluye la Sala que en el sub examine no se encuentra demostrada la culpa grave que FONADE atribuyó al consorcio interventor y, principalmente, se advierte que, contrario a lo aducido por la actora en el libelo introductorio, no fue esta la causa de los intereses moratorios pagados por la entidad como consecuencia de la condena que le fue impuesta en el proceso ejecutivo. En otras palabras, el pago tardío del acta de obra que dio lugar a los intereses por los que fue condenada la entidad no devino del actuar de la interventoría sino de la decisión de FONADE de abstenerse de efectuar el pago del acta mencionada, lo que significa que la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada. Lo anterior no quiere decir que la Sala avale la improvisación que se observa en la ejecución de las obras materia del proyecto, pues, como se dijo, una correcta planeación, junto con una adecuada gestión del contrato y de la obra habrían permitido que se determinaran con mayor claridad y oportunidad las obras extras y adicionales que fueron necesarias. Sin embargo, vistas las circunstancias que rodearon la ejecución de las obras a cargo del Consorcio Reparaciones Edificios DANE –Bogotá y el sin número de vicisitudes que en la práctica se presentaron con ocasión de la remodelación de las edificaciones, entre otras razones por falencias en la planeación del proyecto y la antigüedad de las construcciones intervenidas, y habiendo quedado establecido que las obras eran necesarias para la funcionalidad de aquellas, que las mismas fueron recibidas por FONADE y que se contaba con los recursos disponibles para su pago, lo cierto es que resultaba procedente su reconocimiento en sede administrativa, en la medida en que se trataba de la cancelación de lo efectivamente adeudado por la realización de obras que recibió la entidad y de las que se benefició. A pesar de lo anterior, la entidad, a cuyo cargo se encontraba la obligación de efectuar el pago de las obras, optó por abstenerse de realizar el pago y enfrentar el proceso promovido por el constructor, viéndose finalmente avocada a los intereses moratorios correspondientes al tiempo que transcurrió entre el abono parcial del acta No. 12 que efectuó en noviembre de 2006 y la finalización, años después, del juicio ejecutivo. Así las cosas, la Sala reitera que los intereses moratorios pagados por FONADE no fueron el resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría, como lo sostuvo la entidad a lo largo de esta litis, ni se originaron, tampoco, ante la carencia de soporte presupuestal que permitiera cumplir esa obligación, lo que significa, en suma, que la causa del daño no se encuentra en la conduca de la interventoria. En suma, a partir de las pruebas allegadas al proceso, observa la Sala que fue la decisión de FONADE de abstenerse de pagar las obras realizadas lo que a la postre se tradujo en la causación de los intereses moratorios. En este punto, cabe recordar que tanto el Consorcio Colectivo de Ingeniería como el contratista de obra se dirigieron insistentemente ante la entidad en procura de arribar a un acuerdo en punto al pago de las obras ejecutadas, como consta en numerosas comunicaciones y oficios cruzados entre las partes, (...) Por lo anterior, como la indemnización pagada por la entidad demandante no es imputable a la culpa grave del consorcio interventor, la Sala confirmará la sentencia proferida el 18 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda , en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. Al respecto, el artículo 150 ejusdem, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). A su vez, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición se estimó en $1.579.378.809, suma que superó los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año en que se presentó la demanda. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en cumplimiento de la condena impuesta en el proceso ejecutivo que en su contra promovió el Consorcio Reparaciones Edificios Dane – Bogotá? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago de $1.579.378.809, realizado por FONADE en cumplimiento de la condena impuesta en el proceso ejecutivo que en su contra promovió el Consorcio Reparaciones Edificios Dane – Bogotá. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA / PAGO DE SENTENCIA / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011- y la providencia que impone la obligación de pago se rige por el Código Contencioso Administrativo CCA - Decreto 01 de 1984? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso de la acción de repetición, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establece que esta caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad. En similar sentido, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 establece que la acción de repetición caducará pasados dos años a partir del día siguiente a que se produce el pago de la condena y que, cuando ese pago se realiza por cuotas, “el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”. No obstante lo anterior, mediante la Sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporación declaró la constitucionalidad condicionada de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4º del artículo 177 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades públicas podrá ser ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Así, la Corte indicó que en el evento en que la entidad pública no hubiere realizado el pago dentro de dicho término, la caducidad deberá contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación . Cabe resaltar que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional también estudió la exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de 2001, de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo." Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable sea el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago de la condena o conciliación o, a más tardar, a partir del día siguiente al del vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago correspondiente. Sobre el particular, de manera pacífica y reiterada, esta Corporación ha sostenido que, cuando el conteo del término de caducidad se rige por el CPACA, el cómputo debe efectuarse a partir del día siguiente al pago de la condena o conciliación o, si el pago no se realizó dentro del término máximo con el que contaba la entidad para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria o al auto aprobatorio de la conciliación, según sea el caso, a partir del día siguiente al vencimiento de éste, lo que ocurra primero en el tiempo. (...) Cabe recordar que el plazo para el pago será de 18 meses si el proceso en el que se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del CCA y de 10 meses si lo fue en vigencia del CPACA . Así lo ha precisado esta Sección al pronunciarse frente a las normas que resultan aplicables para determinar el plazo de cumplimiento de las sentencias judiciales emitidas dentro de los procesos tramitados en vigencia del Decreto 01 de 1984, pero que se radicaron bajo los lineamientos de la Ley 1437 de 2011, (...) De acuerdo con lo expuesto, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, para efectos de contar la oportunidad del medio de control de repetición tiene aplicación el plazo de 18 meses que tenía la Administración para efectuar el pago, comoquiera que el proceso ejecutivo en el que se profirió la condena en contra de FONADE se adelantó en vigencia del CCA. (...) Ahora bien, en cuanto a la condena impuesta contra FONADE en el proceso ejecutivo tramitado bajo el radicado 2010-00022, se observa que mediante sentencia del 18 de septiembre de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (i) revocó la sentencia del 16 de abril de 2011 por medio de la cual el Juzgado 21 Administrativo de descongestión de Bogotá había declarado probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo, (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos previstos en el mandamiento de pago, y (iii) condenó en costas a la parte ejecutada. Posteriormente, en proveído del 8 de abril de 2014 el Juzgado 21 Administrativo de descongestión de Bogotá dispuso “aprobar la liquidación del crédito especificada del capital y de los intereses elaborada por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos”, por un valor de $1.559.308.809. En este orden, para efectos de computar el plazo de 18 meses para el pago de la condena, la Sala estima que debe tenerse en cuenta la fecha en la que quedó ejecutoriada la última de las providencias antes referidas, toda vez que resulta ser la decisión que estableció la suma que debía pagar la entidad, siendo dicha cantidad, justamente, el monto por el cual FONADE presentó la demanda. En otras palabras, fue solo cuando se profirió el auto del 8 de abril de 2014 aprobando la liquidación del crédito que FONADE conoció a cuánto ascendía su obligación, de manera que fue a partir de la ejecutoria de este proveído, no antes, que existía la posibilidad de satisfacerla para agotar uno de los requisitos de esta acción. 3.3. Bajo el marco anterior, en el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 8 de abril de 2014, mediante el cual el Juzgado 21 Administrativo de descongestión de Bogotá aprobó la liquidación del crédito correspondiente al capital y los intereses, quedó ejecutoriado el 8 de julio de 2014 ; ii) que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, los 18 meses de plazo para pagar la condena, contados desde el día siguiente a la ejecutoria del proveído anterior, vencieron el 9 de enero de 2016; iii) que el 11 de julio de 2014 FONADE efectuó el pago de la condena , por lo que el término de caducidad se cuenta a partir de esta última fecha, toda vez que, como se observa, el pago de la obligación que dio origen a este proceso de repetición se efectuó antes del vencimiento de los 18 meses previstos en la ley; y iv) que la demanda se presentó el 18 de septiembre de 2015 , esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: En efecto, en la Sentencia C-832 de 2001 la Corte expuso: “[…] [e]l plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen. […] De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.” Por otro lado, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 21 de mayo de 2021, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00070-00 (51260)B. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONSORCIO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿ Están legitimados en la causa por pasiva todos los integrantes del consorcio interventor? Respuesta al problema jurídico: Si Asesoría, Diseño, Interventoría y Construcción Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica LTDA, actualmente Andicorp S.AS , Miguel Efraín Rosero Polo y Jam Ingeniería y Medio Ambiente E.U, actualmente Jam Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., están legitimados en la causa por pasiva, pues son los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería, interventor que presuntamente, de acuerdo con lo manifestado en la demanda, con su conducta dolosa y/o gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de FONADE en el proceso ejecutivo promovido por el Consorcio Reparaciones Edificios DANE – Bogotá. En efecto, en la demanda FONADE aduce que el Consorcio Colectivo de Ingeniería, conformado por la personas naturales y jurídicas demandadas, actuó con culpa grave, toda vez que en su calidad de interventor del contrato de obra No. 2051188 no realizó un seguimiento y control adecuado a la ejecución del contrato de obra y suscribió el acta final de obra No. 12 que fue la base para el proceso ejecutivo que finalizó con la sentencia de condena impuesta en contra de la entidad. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que se reprochan a los demandados giran en torno a las actividades que realizó el Consorcio Colectivo de Ingeniería en desarrollo del contrato de interventoría No. 2053512 suscrito el 4 de noviembre de 2005, el régimen jurídico aplicable es el previsto en la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los requisitos de procedencia del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación , para la procedencia de la acción de repetición deben estar presentes en el proceso los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. De igual modo, esta Corporación ha precisado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y se encuentra sujeto a la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuyo reembolso se adelanta el proceso de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.: 42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Cuál puede ser la metodología adecuada para el estudio de la responsabilidad en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n aras de resolver el recurso de apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los presupuestos requeridos para la procedencia de la acción de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable al demandado por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGACIONES / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / CONDENA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA JUDICIAL / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / PAGO DE INTERESES / PAGO DE INTERÉS MORATORIO OBITER DICTUM Problema jurídico: Siendo el primer requisito del medio de control de repetición es la existencia de una obligación de pago de una suma de dinero a cargo de la entidad estatal. ¿El pago de intereses originados en la tardanza en el pago del saldo adeudado del acta final de obra a que fue condenado FONADE puede ser objeto de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. (...) [L]a Sala observa que se encuentra acreditado que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de septiembre de 2012 ordenó seguir adelante con la ejecución contra FONADE, en los términos previstos en el mandamiento de pago, liquidándose el valor a cargo de la entidad en la suma de $1.559.378.809, que corresponde al monto cuyo reembolso se pretende a través del presente proceso. Además, se advierte que el monto anterior obedece a dos conceptos, a saber: la suma de $505.102.704, valor equivalente al saldo adeudado del acta final de obra No. 12 y la suma de $1.054.276.104, por concepto de intereses de mora causados a partir del 7 de noviembre de 2006, fecha en la que FONADE realizó un abono parcial de dicha acta. Ahora bien, respecto a la suma de $505.102.704, resulta claro que la misma corresponde al pago de unas obras necesarias para el funcionamiento de los edificios del DANE, sedes CAN y Álamos, que se consignaron en el acta final de obra No. 12 pero que no estaban incluidas en el valor inicial del contrato. Por tal motivo, al tratarse del pago de obras ejecutadas por el contratista y que fueron recibidas y beneficiaron a la entidad contratante, dicho valor no puede perseguirse en repetición. (...) En conclusión, el estudio de la demanda se centrará en la responsabilidad de los demandados derivada del pago de intereses originados en la tardanza en el pago del saldo adeudado del acta final de obra a que fue condenado FONADE en cuantía de $1.054.276.104, dejando de lado el monto atinente a las obras ejecutadas e incluidas en el acta de obra No. 12 por valor de $505.102.704, el cual no es objeto de repetición, según ha quedado expuesto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, Rad.: 56284. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Puede ser objeto de repetición el valor de la condena correspondiente al pago de obras recibidas por la entidad de las cuáles obtuvo provecho? Respuesta al problema jurídico: Si [E]sta Corporación ha precisado que el medio de control de repetición persigue el reintegro de las indemnizaciones que haya pagado la Administración por culpa grave o dolo de sus agentes, lo que no ocurre cuando el valor de la condena corresponde al pago de obras recibidas por la entidad y de las cuales obtuvo provecho. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencias del 3 de diciembre de 2018, Rad.: 59880, del 29 de noviembre de 2019, Rad.: 56925 y del 17 de marzo de 2021, Rad.:55368, entre otras. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA / CONDENA A LA NACIÓN / INTERESES / INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERESES / PAGO DE INTERÉS MORATORIO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La obligación de la entidad pública de pagar una suma de dinero puede provenir de una sentencia proferida en juicio ejecutivo en la que se hubiere condenado al pago de intereses de mora causados por el retraso o el incumplimiento injustificado en el pago de una suma adeudada? Respuesta al problema jurídico: Si Al respecto, cabe destacar que en casos análogos, al abordar el análisis del presupuesto que se analiza, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha concluido que la obligación de la entidad pública de pagar una suma de dinero puede provenir de una sentencia proferida en juicio ejecutivo en la que se hubiere condenado al pago de intereses de mora causados por el retraso o el incumplimiento injustificado en el pago de una suma adeudada, en cuyo caso el objeto de la acción será, precisamente, la recuperación del valor correspondiente a los intereses por la mora en el pago del capital. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2014. Rad.: 43231. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30327. En mismo sentido puede verse, por ejemplo, la Sentencia de esta Subsección del 9 de julio de 2014, Rad.: 43231. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / CONSORCIO / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MIEMBROS DEL CONSORCIO / PERSONA JURÍDICA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición contra particulares que ejercen funciones públicas como contratistas, interventores, consultores y asesores? Respuesta al problema jurídico: Si El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandando, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería, porque a juicio de la actora este último incurrió en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones como interventor del contrato de obra No. 2051188, ocasionando la condena impuesta a FONADE. De conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley 678 de 2001 , la acción de repetición puede dirigirse contra los particulares investidos de funciones públicas que hubieren ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, un daño antijurídico que la Administración se hubiere visto obligada a reparar, en virtud de una sentencia condenatoria, un acuerdo conciliatorio u otro medio alternativo de solución de conflictos. Además, al tenor del parágrafo 1 del artículo 2 ibidem esta categoría incluye a los contratistas, interventores, consultores y asesores. (...) En oportunidades anteriores esta Subsección se ha pronunciado frente a este punto, concluyendo que “en consideración a que el Estado, además de actuar por medio de sus funcionarios, también se vale de la colaboración de particulares que son investidos del ejercicio de funciones públicas, la acción de repetición se ha hecho extensiva a dichos particulares para que estos responsan civilmente por las condenas impuestas en contra del Estado como consecuencia de su actuar doloso o gravemente culposo ”. Además, tratándose de contratistas e interventores, tras indicar que al tenor del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 los particulares, cuando celebran un contrato, son colaboradores del Estado, ha resaltado que precisamente “[p]or este motivo, la acción de repetición se ha hecho extensiva a dichos particulares para que estos respondan civilmente por las condenas impuestas en contra del Estado como consecuencia de su actuar doloso o gravemente culposo”. (...) encuentra la Sala que el Consorcio Colectivo de Ingeniería, integrado por Asesoría, Diseño, Interventoría y Construcción Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica LTDA (actualmente Andicorp S.A.S), Miguel Efraín Rosero Polo y/o Técnicas Colombianas de Ingeniería, y Jam Ingeniería y Medio Ambiente E.U. (actualmente Jam Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S), para el momento de los hechos fungía como contratista de FONADE en condición de interventor del contrato de obra No. 2051188. Así las cosas, toda vez que en virtud del contrato de interventoría No. 2053512 celebrado con FONADE el Consorcio Colectivo de Ingeniería, conformado por los demandados en el presente proceso, fue el interventor del contrato de obra No. 205188, se concluye que se trata de particulares que ejercían funciones públicas, con lo que se encuentra satisfecho el segundo presupuesto del medio de control de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del medio de control de repetición contra particulares que ejercen funciones públicas, cita Corte Constitucional en sentencia C-484 de 2002. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016, Rad.: 56284 y sentencia del 29 de noviembre de 2019. Rad.: 56925. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PERSONA NATURAL / PERSONA JURÍDICA / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición puede dirigirse frente a personas naturales y personas jurídicas y cómo se realiza el análisis de la culpa grave o el dolo en cada caso? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, cuando el Estado se vale de particulares para el ejercicio de sus funciones o la prestación de los servicios públicos, ya sea por atribución legal o en desarrollo de la actividad contractual, no acude exclusivamente a personas naturales, sino que, por el contrario, frecuentemente opta por establecer sus relaciones con personas jurídicas. En este sentido, cabe entonces resaltar que la repetición puede dirigirse frente a personas naturales y jurídicas, pues ciertamente los artículos 1 y 2 de la Ley 678 de 2001 no realizaron ninguna distinción y es claro que las personas jurídicas ostentan capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como también cuentan con capacidad para ser parte de un proceso , tal como se desprende del artículo 633 del Código Civil a cuyo tenor “se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”, en armonía con el artículo 53 del Código General del Proceso. En estos eventos, como lo ha precisado esta Subsección, la culpa grave o el dolo se estudia sobre la conducta o actuación desplegada por los empleados o subordinados de la persona jurídica , aspecto frente al cual ha manifestado: “En efecto, aunque las personas jurídicas son entes completamente distintos de las personas que las constituyen, debe preverse que toda persona jurídica se encuentra constituida y desarrolla su actividad social o económica a través de individuos o personas físicas. Teniendo en cuenta este razonamiento y la capacidad que el ordenamiento le otorga a las personas jurídicas, éstas son responsables de los hechos y actos en que concurran como causa de la conducta o comportamiento de las personas a través de las cuales desempeña sus actividades, ya sea que éstos tengan o no el poder de representación o se trate de simples dependientes o subordinados. […] A la sazón, debe preverse que para los efectos que interesan a la acción de repetición, la valoración de la culpa grave o el dolo recae necesariamente sobre la actuación o comportamiento desplegado por un empleado o subordinado de la persona jurídica, ya sea que éste actúe como cabeza, en ejercicio de la representación o toma de decisiones, o como un órgano ejecutor que desarrolla las labores o actividades económicas propias de la empresa u objeto social. Bajo este entendido, resulta forzoso concluir que en aquellos eventos en que un individuo - órgano de la persona jurídica particular que presta una función o servicio público – con su actuar gravemente culposo o doloso causa un daño antijurídico del cual se desprende una condena en contra de la administración pública, es la persona jurídica en cuyo provecho se desarrolla la actividad social quien debe responder patrimonialmente ante el Estado que indemnizó el daño consecuencia de su actuar. Dicho de otra manera, la culpa grave o el dolo cometido por un individuo en el desarrollo del objeto social o actividad económica de una persona jurídica que ejerce funciones públicas, le es atribuible a ésta para efectos de la acción de repetición, toda vez que la labor desarrollada por aquel obedece a una relación de subordinación y se desempeña en provecho y bajo la autoridad del ente social que, en todo caso, se encuentra sujeto a la observancia del deber de vigilancia y control”. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, Rad.: 56284 FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 53, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 633 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Está acreditado el presupuesto del pago efectivo de la suma de dinero impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos? Respuesta al problema jurídico: Si Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) A partir de las pruebas obrantes en el proceso, la Sala encuentra demostrado que la entidad demandante acreditó el pago de la condena impuesta en el proceso ejecutivo promovido por los integrantes del Consorcio Reparaciones Edificios DANE – Bogotá en contra de FONADE. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Para que pueda predicarse la responsabilidad del agente basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas o es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión? Respuesta al problema jurídico: Si Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos , la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.: 55661. DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la aplicación de la presunción de dolo y presunción de culpa grave, cuál es concepto de cada una y cómo el juez debe analizar la posible configuración de estas conductas en asuntos en los que no se puede predicar alguna de las presunciones? Respuesta al problema jurídico: Si En punto al dolo o la culpa grave, de conformidad con la Ley 678 de 2001, norma vigente al momento de los hechos que originaron la condena, hay lugar a predicar las presunciones previstas en los artículos 5 y 6 de dicha norma, las cuales, tal como fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-374 de 2002, pueden ser desvirtuadas por la parte demandada mediante prueba en contrario, pues se trata de presunciones de hecho y no de derecho,. Al efecto, el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. A su turno, el artículo 6 de la misma disposición legal, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable; 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error ¬inexcusable; y 4. Violación del debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Ahora bien, respecto de aquellas situaciones que no se subsumen en los supuestos contemplados en las presunciones previstas en la referida norma, corresponderá al juez analizar si en el caso concreto se configuró el dolo o la culpa grave del demandante con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, tal como lo ha puntualizado esta Subsección. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema de cómo debe analizar el juez de la repetición los asuntos que no se enmarcan en alguno de los supuestos de procedencia de la presunción del dolo o la presunción de la culpa grave, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 3 de diciembre de 2018, Rad.: 59880 y del 29 de noviembre de 2019, Rad.: 56925. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿No realizar seguimiento y control comporta un incumplimiento del contrato de interventoría y, por lo tanto, la configuración de la culpa grave? Respuesta al problema jurídico: Si conviene destacar que el contrato de interventoría tiene por objeto la coordinación, supervisión y control de una, varias o todas las obligaciones derivadas de un contrato o contratos específicos . En efecto, corresponde al interventor como tarea primordial llevar a cabo la labor de verificación y control sobre la ejecución de las actividades contratadas, tal como lo consigna el Decreto 2090 de 1989, "por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura", el cual establece en el numeral 6.1 del artículo 1 que "se entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción". Así las cosas, no realizar seguimiento y control comporta un incumplimiento del contrato de interventoría y, como lo ha manifestado esta Subsección en oportunidades anteriores, cuando se encuentra establecido configura una culpa grave, a propósito de lo cual ha puntualizado que, en tal situación, si bien la omisión en las actividades de supervisión y gestión a cargo del interventor no se subsume en alguna de las presunciones de culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, ello no significa que su comportamiento no pueda apreciarse para definir si se configura culpa grave de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, es decir, si su comportamiento fue grosero, negligente, despreocupado o temerario. De igual modo, es de resaltar que en punto a la interventoría de contratos de obra la Subsección también ha señalado que “durante la ejecución del contrato, la adecuada gestión de la obra supone la suscripción de actas parciales, avaladas por la interventoría, en las cuales se determinen los ítems en los cuales se requirieron mayores cantidades de obra y en cuáles no, con el fin de compensar los valores y determinar su costo”. PERITAJE / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia de la valoración de la prueba pericial y qué supone la objeción por error grave del dictamen? Respuesta al problema jurídico: Si Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Código General del Proceso, la prueba pericial es procedente para la verificación de hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Asimismo, los incisos 3º y 4º de esta misma disposición prescriben: “No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. […] Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.” Por su parte, al tenor del artículo 232 ejusdem, el juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, exhaustividad, precisión, calidad, claridad, junto con las demás pruebas del proceso. Además, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica, técnica o artística analizada. A su vez, como lo ha precisado esta Subsección en oportunidades anteriores, la objeción por error grave supone que el dictamen ha sido elaborado sobre bases equivocadas, que conducen a conclusiones erradas sobre el objeto de la prueba. El error grave debe ser determinante en las conclusiones a las que llegaron los peritos y de tal magnitud que el juez no puede tenerlo en cuenta en la sentencia, pues el perito cambió las cualidades del objeto examinado o tomó por objeto una cosa fundamentalmente distinta a la que es materia de estudio. En este orden de ideas, la Sala considera que la objeción grave formulada por el apoderado de Miguel Efraín Rosero Polo no está llamada a prosperar por cuanto lo argumentado como fundamento de la misma no se refiere a circunstancias que impliquen la configuración de un error grave, sino a discrepancias frente al análisis y las deducciones que el perito efectuó como sustento de sus conclusiones y que no se comparten por el demandado, lo que no constituye una razón para desestimar la prueba cuestionada, sino más bien un elemento de juicio para su valoración. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina cuál el régimen de contratación que rigió al contrato de obra y al contrato de interventoría? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s del caso señalar que si bien en el derecho privado no está contemplada la liquidación del contrato, ello no es óbice, por supuesto, para que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad pacten adelantar esta etapa y en la práctica celebren un acuerdo de volundates mediante el cual determinen de consuno el estado de ejecución de las obligaciones y establezcan las acreencias pendientes a favor y a cargo de cada parte, siendo claro que cuando ello ocurre el consenso de voluntades al que arriben tiene fuerza vinculante, en los precisos términos del artículo 1602 del Código Civil. (...) Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente anotar que tanto el contrato de obra como el de interventoría que son objeto de análisis en este proceso, no estuvieron regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino por las normas propias de las entidades financieras de carácter público, esto es, bajo las reglas del derecho privado, como a continuación pasa a explicarse brevemente. El régimen legal de los contratos celebrados por FONADE ha sufrido variaciones con el paso del tiempo. De conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos que esta entidad celebrara en el giro ordinario de las actividades propias de su objeto social se regían por las normas del derecho común . Posteriormente, el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que FONADE se regiría por las normas de contratación contenidas en la Ley 80 de 1993. A su turno, este artículo fue derogado por la Ley 1450 de 2011 , en cuya virtud el régimen de contratación de esa entidad retornó a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en su texto modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 . En este orden de ideas, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, el régimen jurídico del contrato de obra 2051188 y del contrato de interventoría No. 2053512 es el previsto en el texto del parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, vigente en la fecha en que fueron celebrados. A partir de lo anterior, se concluye que dichos negocios jurídicos no se sujetaron a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, toda vez que fueron celebrados en el giro ordinario de las actividades de la entidad financiera estatal. En este sentido, tal como ha sido analizado en distintas oportunidades por esta Corporación , las competencias y funciones de FONADE, que delimitan el giro ordinario de sus actividades, fueron señaladas inicialmente en el artículo 2 del Decreto 2168 de 1992 que estableció que la entidad tendría “por objeto principal ser agente en el ciclo de proyectos de desarrollo mediante la financiación y administración de estudios, y la coordinación y financiación de la fase de preparación de proyectos de desarrollo”. La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 2606 de 1998, cuyo artículo 1º dispuso que el ciclo de proyectos comprendía tres etapas: la de preparación, que “incluye los estudios que sustenten de manera clara y suficiente la decisión y compromiso institucional de realizar la mejor alternativa o rechazar un proyecto de inversión previamente identificado”; la de ejecución, “consistente en el desarrollo y realización de todas las actividades para la obtención de los objetivos y metas a que hace referencia el proyecto de desarrollo”; y la de evaluación, en la que “se realizan los análisis posteriores acerca del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el proyecto de desarrollo”. Posteriormente, a través del Decreto 288 de 2004, vigente en la fecha de celebración del contrato de obra 205188 y del contrato de interventoría 2053512, se amplió el objeto de FONADE, al disponerse en su artículo 1º que la entidad tendría por “objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas”. Por su parte, el artículo 3º indicó que, para el desarrollo de su objeto, FONADE podría, entre otras actividades, “[p]romover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales” y “[c]elebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos”. En punto al objeto antes indicado, la actividad de FONADE se extiende a actividades propias de la banca de desarrollo y a la gerencia de proyectos, tal como ha sido analizado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de agosto de 2017, Rad.: 52.531. MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el concepto de mayor cantidad de obra en los contratos suscritos a precios unitarios y cuál es la diferencia con obras adicionales o complementarias? Respuesta al problema jurídico: Si Por su parte, la mayor cantidad de obra ejecutada, en los contratos suscritos a precios unitarios, es aquella que fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución , al paso que las obras adicionales o complementarias hacen referencia a actividades no previstas en el contrato, pero que se requieren para la obtención y cumplimiento de su objeto contractual. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de noviembre de 2019, Rad. 56925. PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿En qué consiste la modalidad de pago del contrato de obra de precios unitarios? Respuesta al problema jurídico: Si Al respecto, conviene recordar que en los contratos de obra existen distintas modalidades de pago, dentro de las cuales se observa que la convenida en el contrato de obra No. 2051188 fue la modalidad de precios unitarios fijos, forma de pago según la cual el valor del contrato es el resultado de multiplicar los precios unitarios pactados por las cantidades de obra ejecutadas y de sumar todos los ítems necesarios para dicha ejecución. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó el recurso que formuló y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos ordinarios que se surten en segunda instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) de las pretensiones. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cero punto uno por ciento (1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora . Como las pretensiones se estimaron en $1.579.378.809 los demandados pagarán la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.793.788). FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 2222 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502178031100103