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Consejo de Estado Providencia

Convenio interadministrativo: Sentencia

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Fecha
2023-03-31
Radicado
25000233600020140067401
Número interno
56002
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Demandado
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY Y SECRETARIA DE GOBIERNO, HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Síntesis de la providencia

Convenio interadministrativo: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Mientras en un convenio interadministrativo se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley -enmarcados en los principios de colaboración y de coordinación-, en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El convenio interadministrativo y el contrato interadministrativo se distinguen por su finalidad: el primero busca cumplir de manera conjunta las funciones a cargo de las entidades públicas que lo suscriben, o prestar los servicios que la ley les encomienda, bajo los principios de colaboración y coordinación, mientras que en el contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, en la que es protagonista el interés económico o ganancial. La regla se sostiene en dos razones. Primera, ambas figuras expresan un consenso de voluntades de entidades públicas, pero tienen diferencias sustanciales que impiden usarlas de manera indistinta. Segunda, en el caso el instrumento tenía por objeto que la empresa social del Estado ejecutara componentes de un proyecto del plan de desarrollo del ente contratante, sin que las entidades aunaran esfuerzos en sus funciones, por lo que se trataba de un contrato interadministrativo. Por ello se confirmó la decisión. La providencia reitera la distinción entre ambas figuras.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La diferencia entre convenio y contrato administrativo radica en que en los convenios se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley, mientras que en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El negocio jurídico celebrado entre las partes obedeció a un contrato interadministrativo, el cual, al relacionarse con las actividades a cargo del Hospital de Kennedy…
  • ¿Se presentó oportunamente la demanda de controversias contractuales interpuesta para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo, considerando que…
  • ¿El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy actuó sin competencia funcional al declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO HOSPITAL MANUAL DE CONTRATACIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NORMATIVA DEL CONTRATO LEY APLICABLE AL CONTRATO CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL COMPETENCIA FUNCIONAL ALCANCE DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL COMPETENCIA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA TEMPORAL HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO FALSA MOTIVACIÓN FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA TERCERIZACIÓN CAPACIDAD CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD OBJETO DE LA SOCIEDAD OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE HABILITACIÓN SERVICIO DE SALUD PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL SUBCONTRATISTA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SUBCONTRATISTA SUBCONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MORA DEL CONTRATANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATISTA MORA DEL CONTRATISTA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEBERES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 37.040 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La diferencia entre convenio y contrato administrativo radica en que en los convenios se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley, mientras que en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial? Respuesta al problema jurídico: Si Mientras en un convenio interadministrativo se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley -enmarcados en los principios de colaboración y de coordinación-, en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre contrato y convenio interadministrativo, consultar providencia de 23 de abril de 2021, Exp. 85001-23-31-000-2011-00154-01(49148), C.P. María Adriana Marín; y concepto de 9 de diciembre de 2016, Rad. 2308, C.P. Álvaro Namén Vargas. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / HOSPITAL / MANUAL DE CONTRATACIÓN / MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El negocio jurídico celebrado entre las partes obedeció a un contrato interadministrativo, el cual, al relacionarse con las actividades a cargo del Hospital de Kennedy, debe estar sometido a su manual interno de contratación, sin que la relación jurídica que surge con la celebración del contrato pueda extraerse del Estatuto General de Contratación? Respuesta al problema jurídico: Si En la demanda y en diferentes documentos contractuales -asunto que se hará más evidente en el aparte de los hechos probados- se emplearon de manera indistinta las nociones de contrato y de convenio interadministrativo. Si bien estas figuras guardan cierta semejanza, en tanto se relacionan con la concepción general del negocio jurídico -en ambas se expresa un consenso de voluntades de entidades públicas-, abarcan diferencias sustanciales (...). En este caso, el rubricado contrato interadministrativo CIA-208 de 2011 tenía como propósito que la E.S.E. ejecutara los componentes de (i) promoción de los derechos sexuales y reproductivos; (ii) círculos de calidad de vida; (iii) control de vectores, y (iv) promoción de la prevención en unidades de trabajo del proyecto denominado “fortalecimiento de la gestión social de la salud desde los ámbitos de vida cotidiana”, el cual hacía parte del plan de desarrollo del ente contratante. En otros términos, no se pretendía que el Fondo de Desarrollo Local y el hospital aunaran esfuerzos en el cumplimiento de las funciones a su cargo, sino que la E.S.E. debía ejecutar el proyecto enunciado (...). De este modo, para la Sala es claro que el negocio jurídico identificado con el número CIA-208 de 2011 es un verdadero contrato interadministrativo, en el que convergen intereses contrapuestos, siendo palpable la relación conmutativa que existía entre el fondo y el hospital. A pesar de que ambas entidades son públicas, en el presente asunto el papel de la E.S.E. era asimilable al de cualquier otro contratista del Estado. (...) Ahora bien, para determinar el régimen jurídico del contrato CIA-208 del 26 de diciembre de 2011, es necesario recordar que, diferente a los convenios interadministrativos, que deben autorregularse por sus propias estipulaciones -que son el producto de la autonomía de la voluntad-, los contratos interadministrativos, cuando la entidad contratante se somete a la Ley 80 de 1993, están regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con independencia de que la entidad ejecutora cuente con un régimen exceptuado -sea este el derecho privado o uno especial-. (...) La celebración de los contratos interadministrativos está prevista como una de las causales de contratación directa. En efecto, el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 (...). Dado que el objeto del contrato CIA-208 se relaciona con las actividades a cargo del Hospital de Kennedy, es claro que los contratos que este celebrara con el fin de cumplir las prestaciones a su cargo estaban sometidos a su manual interno de contratación. Sin embargo, la previsión legal en comento solo cubre las labores que el ejecutor deba desarrollar en cumplimiento de sus obligaciones, sin que la relación jurídica que surge con la celebración del contrato interadministrativo pueda extraerse del Estatuto General de Contratación. (...) En casos como el de la referencia, el régimen propio del contrato interadministrativo se debe definir desde la perspectiva de la entidad contratante -que está obligada a observar los principios y las reglas establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública-, y no desde la perspectiva de quienes voluntariamente actúan como contratistas del Estado, ya sean estos particulares o, incluso, otras entidades públicas sujetas a regímenes de derecho privado. (...) Finalmente, no sobra señalar que las partes, al estructurar el clausulado contractual, definieron que el régimen del contrato interadministrativo sería el previsto en la Ley 80 de 1993, junto con sus modificaciones y decretos reglamentarios. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la regulación de los contratos interadministrativos, consultar concepto de 9 de diciembre de 2016, Rad. 2308, C.P. Álvaro Namén Vargas. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se presentó oportunamente la demanda de controversias contractuales interpuesta para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo, considerando que, al ser un contrato de tracto sucesivo, la obligación de liquidarlo operaba por ministerio de la ley? Respuesta al problema jurídico: No La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. (...) La parte actora solicitó, además, que se declarara el incumplimiento del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. Para determinar si esta pretensión se formuló de manera oportuna, es necesario establecer si el contrato CIA-208 de 2011 debía liquidarse, pues en aquellos contratos que deban ser liquidados, dicho acto se constituye en un hito para determinar el momento en que inicia el conteo del término para acudir ante la jurisdicción. De acuerdo con lo establecido por la ley, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, la cual deberá llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes dentro del término fijado para ello o, en su defecto, antes del vencimiento de los 4 meses siguientes a la finalización del plazo o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. De no ser esto posible, porque el contratista no se presenta a la liquidación o porque las partes no llegan a un acuerdo sobre su contenido, será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante, mediante acto administrativo motivado. La liquidación del contrato es un corte de cuentas final, que se lleva a cabo para determinar el resultado económico definitivo de la ejecución contractual, establecer el grado de cumplimiento de las prestaciones a cargo de las partes, y definir quién le debe a quién y cuánto. Todo ello, con el fin de que los cocontratantes puedan declararse a paz y salvo, extinguiendo -de manera definitiva- la relación contractual. Si bien en el contrato CIA-208 de 2011 no se incluyó una cláusula de liquidación, al definir la forma de pago (cláusula cuarta), se determinó que el último pago -del 10%- se condicionaría a la existencia del acta de liquidación. De este modo, es evidente que la voluntad de las partes se orientó a establecer que el presente acuerdo negocial sería objeto del trámite de la liquidación. No obstante, no puede olvidarse que el contrato CIA-208 se sujetó a la Ley 80 de 1993, por lo que, al ser de tracto sucesivo, la obligación de liquidarlo operaba por ministerio de la ley. Así, es innegable que, ante la ausencia de un acuerdo que definiera el término para la liquidación bilateral, dicho trámite debía surtirse durante los cuatro meses siguientes, contados desde el vencimiento del plazo -20 de noviembre de 2012-. Ahora bien, es necesario precisar si este contrato podía liquidarse unilateralmente. La respuesta a este interrogante es afirmativa, dado que, por ministerio legal, todo contrato de tracto sucesivo sometido a las prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como el contrato interadministrativo CIA208 de 2011, está en la obligación de liquidarse, para lo cual la entidad pública contratante podrá recurrir a la liquidación unilateral, en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 -en caso de que no se logre la liquidación de mutuo acuerdo-. (...) Bajo estos términos, es claro que el contrato CIA-208 de 2011 debía liquidarse, en principio, bilateralmente, y si ese acuerdo no se lograba, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy gozaba de competencia para hacerlo en forma unilateral, mediante acto administrativo. A pesar de ello, del material probatorio obrante en el proceso, se colige que el contrato no se liquidó, por lo que la regla de caducidad aplicable para la pretensión de incumplimiento debe ser la del ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, esto es, aquella que define la caducidad para los contratos que, debiendo ser liquidados -de común acuerdo o unilateralmente-, no lo son. El contrato CIA-208 de 2011 contemplaba un plazo de 8 meses, contados desde el acta de inicio, la cual fue suscrita el 20 de marzo de 2012 (...). Por lo mismo, la vigencia del negocio jurídico se extendió hasta el 20 de noviembre de 2012. A partir del día siguiente, inició el término de la liquidación bilateral, el cual culminó el 21 de marzo de 2013. Como este acuerdo no se surtió, el plazo de la liquidación unilateral transcurrió hasta el 22 de mayo de 2013. Desde el 23 de mayo de ese año, y hasta el 23 de mayo de 2015, corrió el término de caducidad de la acción para la pretensión de incumplimiento. Como la demanda se instauró el 19 de mayo de 2014, se concluye que el medio de control fue oportuno. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad para liquidar unilateralmente un contrato interadministrativo, consultar providencias de 25 de octubre de 2019, Exp. 60304, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 23 de abril de 2021, Exp. 49148, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / COMPETENCIA FUNCIONAL / ALCANCE DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy actuó sin competencia funcional al declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato? Respuesta al problema jurídico: No El 19 de mayo de 2014, el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. presentó demanda (...), en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra de la alcaldía local de Kennedy, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 273 del 21 de agosto de 2013 y 320 del 30 de agosto del mismo año, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento definitivo del contrato interadministrativo CIA-208 de 2011, que tenía por objeto adelantar algunos componentes del plan de desarrollo en materia de salud, y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. (...) El actor indicó en el recurso de apelación que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy actuó sin competencia funcional, dado que la declaratoria de incumplimiento es un poder excepcional, y estos, según el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, están proscritos en los contratos interadministrativos. Desde un inicio, debe descartarse el cargo del hospital, puesto que, tal como lo indicó el tribunal de primer grado y el ente demandado, la posibilidad de declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal no es un poder excepcional, por lo que no aplica la prohibición prevista en el parágrafo del precitado artículo 14. La jurisprudencia de esta Corporación ya ha precisado que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 es taxativo, por lo que solo son poderes excepcionales (i) la terminación unilateral, (ii) la interpretación unilateral, (iii) la modificación unilateral, (iv) el sometimiento a las leyes nacionales, (v) la caducidad y (vi) la reversión. De esta forma, cualquier otra unilateralidad, como la liquidación unilateral o la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento, no constituirá un poder excepcional al derecho común. Por otro lado, que este contrato fuera interadministrativo no impedía que la entidad contratante pudiera declarar el incumplimiento unilateralmente, con el fin de hacer efectiva la cláusula penal, por cuanto dicha potestad se pactó expresamente en el contrato (cláusula decimosegunda) y se fundamentó en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 -que es plenamente aplicable (...). Con base en lo expuesto, es evidente que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy gozaba de competencia funcional para declarar el incumplimiento del contrato CIA-208 de 2011, puesto que, además de que esta facultad no hace parte de los poderes excepcionales del artículo 14 de la Ley 80 -lo cual bastaba para descartar el cargo de la E.S.E.-, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, incluyeron la cláusula penal ante los posibles y eventuales incumplimientos del contratista, lo cual, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150, le permitía al Fondo contratante declarar el incumplimiento unilateralmente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los poderes exorbitantes reconocidos por la jurisprudencia, consultar providencia de 8 de marzo de 2017, Exp. 25000-23-36-000-2013-00249-01(50890), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y concepto de 26 de julio de 2016, Exp. 2257, C.P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA TEMPORAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO Problema jurídico: ¿La declaratoria unilateral de incumplimiento del contrato adolece de falta de competencia temporal del Fondo de Desarrollo Local, considerando que el acto se expidió después de haberse cumplido el término legal para liquidar el contrato? Respuesta al problema jurídico: No La falta de competencia temporal del Fondo de Desarrollo Local. Si bien la formulación de este cargo es algo confusa, la Sala entiende que el actor estima que la competencia temporal del Fondo de Desarrollo Local se extendía desde la terminación del plazo de ejecución del contrato, y hasta el vencimiento del término de la liquidación. Por lo mismo, si el ente contratante adelantaba el procedimiento administrativo sancionatorio por fuera de esta última etapa, estaría actuando sin competencia ratione temporis. Aunado a ello, consideró que solo podía valorarse el plazo de la liquidación bilateral, dado que estaba prohibida la liquidación unilateral, y que el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio se condicionaba a que se citara al contratista a intentar celebrar la liquidación de mutuo acuerdo. Lo primero que debe aclararse es que (...) el contrato CIA-208 de 2011 podía liquidarse unilateralmente, por lo que el plazo de 6 meses para liquidar el contrato (4 para la liquidación bilateral y 2 para la unilateral) corrió del 21 de noviembre de 2012 al 22 de mayo de 2013. Como el acuerdo negocial no fue liquidado, las partes o el Fondo, según el artículo 11 de la Ley 1150, podían liquidarlo -de mutuo acuerdo o de manera unilateral- en los dos años siguientes, término que es, en principio, coincidente con el de caducidad del medio de control. Ahora bien, es cierto que esta Corporación ha precisado que, a diferencia de la declaratoria de caducidad y de la imposición de las multas -que solamente proceden durante la vigencia del contrato-, la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal puede surtirse luego del vencimiento del plazo, teniendo como único límite temporal la liquidación. (...) De esta manera, si bien es cierto que en vigencia del Decreto 222 de 1983 y de la Ley 80 de 1993, la Sección Tercera estimó que la competencia temporal para hacer efectiva la cláusula penal se extendía hasta el vencimiento de los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, esto es, 6 meses, la Sala considera que el razonamiento no puede ser idéntico para los contratos regulados por la Ley 1150 de 2007 -como el que es objeto de análisis-, porque esta normativa permite que el contrato sea liquidado durante el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. En otros términos, si bien las Resoluciones 273 y 320 se profirieron en agosto de 2013, esto es, cuando ya se había vencido el plazo para liquidar el contrato unilateralmente, su expedición se realizó durante los dos años siguientes, terminó en el que las partes o el ente contratante seguían estando habilitados para liquidar el contrato -salvo que se hubiera notificado el auto admisorio de la demanda-. Por lo mismo, no puede predicarse una falta de competencia temporal del Fondo de Desarrollo Local, pues la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal se extiende hasta el término de la liquidación, lo cual, con la Ley 1150 de 2007, se compagina con el término de caducidad. Aunque la Sala no desconoce que el término de caducidad es diferente al de liquidación, es la misma ley la que permite que, durante los dos años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, y mientras no se acuda ante el juez, se pueda surtir la liquidación, lo cual, mutatis mutandis, permite que la entidad contratante declare el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal -resaltando, además, que no existe una disposición que restrinja el ejercicio de esta facultad-. Finalmente, no es verdad que el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio se condiciona a que se cite al contratista para surtir la liquidación de mutuo acuerdo, ya que la ley solo exige que se respete el debido proceso, siguiendo el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Por tanto, dado que en ningún momento se elevó un cargo relacionado con el desconocimiento del debido proceso, al tiempo que está probado que el Fondo respetó los lineamientos de la Ley 1474, es claro que este planteamiento no tiene vocación de prosperidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad de declarar el incumplimiento del contrato, consultar providencias de 20 de noviembre de 2008, Exp. 05001-23-26-000-1992-01369-01(17031), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 24 de octubre de 2013, Exp. 23001-23-31-000-2000-02857-01(24697), C.P. Enrique Gil Botero; y de 3 de agosto de 2020, Exp. 73001-23-31-000-2010-00728-01(50869), C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Acerca de la competencia temporal para declarar el incumplimiento del contratista, consultar providencias de 13 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1995-01122-01(20628), C.P. Hernán Andrade Rincón; de 9 de julio de 2014, Exp. 52001- 23-31-000-2001-01115-01(29741), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 1 de febrero de 2018, Exp. 25000-23-26-000-2009-00082-01(52549), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 16 de agosto de 2022, Exp. 52001-23-33-000-2020-00974-01(67526), C.P. María Adriana Marín. En relación con el carácter indicativo de los plazos de la liquidación, consultar providencia de 12 de diciembre de 2022, Exp. 25000-23-36-000-2013-02064-01(59382), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / TERCERIZACIÓN / CAPACIDAD / CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD / OBJETO DE LA SOCIEDAD / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / SERVICIO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / SUBCONTRATISTA / CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SUBCONTRATISTA / SUBCONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El ente demandado incurrió en falsa motivación, al declarar el incumplimiento definitivo del contrato, pese a las actuaciones y gestiones adelantadas por el Hospital Occidente de Kennedy? Respuesta al problema jurídico: No En el recurso se invocó la falsa motivación de los actos demandados, ya que, en criterio del hospital, este sí cumplió con varias de las prestaciones a su cargo, incluso luego de la subcontratación. Además, entregó el plan de trabajo y el cronograma de actividades y suscribió el acta de inicio, razón por la que se le consignó el pago anticipado, lo cual imposibilitaba predicar un incumplimiento total de las obligaciones, que era el presupuesto exigido por la cláusula decimosegunda para la imposición de la cláusula penal. (...) Aunque del material probatorio obrante en el proceso, es posible colegir que, durante el plazo de ejecución, se adelantaron algunas gestiones orientadas a cumplir con el objeto contractual, como la contratación de varios profesionales o la escogencia de algunos de los kits que serían entregados, dichas actividades no permiten desvirtuar el incumplimiento definitivo que se le endilga al hospital, dado que, en realidad, ninguno de los componentes contratados se ejecutó en su totalidad, y las actividades efectuadas no podían avalarse, en tanto fueron llevadas a cabo por los subcontratistas. Si se revisa el informe de interventoría enunciado en el numeral 5.15 de los hechos probados, que fue el fundamento de las resoluciones demandadas, se advierte que el interventor no soportó sus reparos en que no se hubieran adelantado labores en torno al cumplimiento del contrato, sino en que las mismas fueron cumplidas por los subcontratistas, que no estaban habilitados y que no contemplaban en su objeto social la realización de actividades de promoción y prevención en salud. Si bien el Fondo autorizó la subcontratación de los proyectos (numeral 5.5), esto no habilitaba al Hospital de Kennedy a contratar con entidades sin capacidad. Aunque es verdad que los subcontratos son negocios jurídicos autónomos e independientes del contrato principal, por lo que la escogencia de la Fundación Valparaíso y de ASEPROF se sometió al manual interno de contratación de la E.S.E., es irrefutable que uno de los presupuestos necesarios para suscribir cualquier negocio jurídico es que los contratistas tengan capacidad, la cual, para el caso de las personas jurídicas, se delimita en el objeto social. (...) A lo expuesto, debe sumársele que el hospital, que era quien debía responder por el cumplimiento de las obligaciones ante el Fondo, no atendió de manera oportuna los requerimientos de la interventoría, ya que solo facilitó los soportes de la subcontratación en octubre de 2012 (...), es decir, cuando ya faltaba poco tiempo para el vencimiento del plazo. Lo anterior, pese a que, desde el inicio, el ente público contratante había solicitado los soportes de los subcontratistas, con el fin de evaluar su capacidad. (...) Tampoco es de recibo el argumento del recurrente, en virtud del cual la entrega del plan de trabajo y del cronograma de actividades, así como la suscripción del acta de inicio, denotaban un cumplimiento contractual, en vista de que estas labores constituían requisitos para la consignación del pago anticipado, mas no equivalían a un avance técnico o financiero de las prestaciones contractuales. (...) Finalmente, en cuanto al tema de la habilitación, (...) se observa, diferente a lo afirmado por el demandante, [que] la habilitación sí era un requisito indispensable para prestar los servicios de salud que se desglosaban del contrato CIA-208. Por ello, si los subcontratistas serían los ejecutores materiales de los proyectos contratados con el hospital, debían contar con dicha habilitación. El que no la tuvieran, impedía que se avalara cualquier actuación adelantada por ellos, lo cual se traducía en un incumplimiento contractual a cargo del directo responsable del cumplimiento de las obligaciones, esto es, la E.S.E. (...) Habiendo hecho la anterior puntualización, el accionante no puede sostener que en oportunidades anteriores el Fondo no le solicitó la habilitación de sus subcontratistas, por lo que, al hacerlo en esta oportunidad, infringió el principio de confianza legítima, porque la obligación de verificar que los contratistas estuviesen habilitados emana de una norma de carácter general, la cual es de obligatorio cumplimiento. Si no le está permitido a un particular invocar la ignorancia de la ley como excusa de su incumplimiento, mucho menos a una entidad pública, que, dicho sea de paso, es experta en el campo de la salud. Además, debe recordarse que el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en los contratos se entienden incorporadas las normas vigentes al momento de su celebración, lo cual significa que, a pesar de que no se hizo mención expresa de la habilitación en el contrato interadministrativo -pese a que sí se enunció en los subcontratos-, este requisito para la prestación de servicios de salud resultaba imperativo en el marco de las obligaciones de los contratos que involucraran esas actividades. De todos modos, el hospital no debía esperar a que el Fondo lo requiriera para verificar que los subcontratistas estaban habilitados, ya que, se reitera, los subcontratos son independientes del contrato principal. Por lo mismo, quien debió constatar la idoneidad de los subcontratistas era el Hospital de Kennedy. Partiendo de lo explicado hasta este momento, es indiscutible que el contratista incumplió definitivamente las obligaciones a su cargo, lo cual descarta el vicio de falsa motivación formulado en la apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la subcontratación consultar providencia de 12 de agosto de 2013, Exp. 52001-23-31-000-1999-00985-01(23088), C.P. Enrique Gil Botero. Acerca de la capacidad jurídica de las sociedades mercantiles, consultar providencia de 14 de febrero de 2018, Exp. 17001-23-31-000-2003-00896-01(37485), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1011 DE 2006 - ARTÍCULO 26, DECRETO 1011 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MORA DEL CONTRATANTE / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MORA DEL CONTRATISTA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El demandado incumplió el contrato, al incluir unilateralmente algunos ítems que no habían sido previstos desde el comienzo y al incidir en el retraso del inicio de las actividades? Respuesta al problema jurídico: No La E.S.E. sostuvo que el ente demandado incurrió en un incumplimiento contractual, puesto que incluyó obligaciones que no habían sido previstas desde el inicio (los subcomponentes de SOVA y crónicos) y generó un retraso de 150 días en el inicio de las actividades. Frente al primer punto, la Sala encuentra que este no es de recibo, pues la ejecución de los subcomponentes de salud oral, visual y auditiva y de hábitos saludables de vida – autocuidado, siempre estuvo prevista en el contrato, ya que estos subcomponentes, que se derivaban del componente de círculos de calidad de vida, fueron incluidos en la propuesta presentada por el hospital y en los objetos de los contratos 064 y 065 de 2012. Por tanto, no fueron obligaciones impuestas por el interventor o resultaron sorpresivas para el contratista. Es más, del material probatorio obrante en el proceso, se deriva que, en realidad, el actor siempre opinó que estos subcomponentes hacían parte del contrato, debido a que fue la interventoría quien consideró que, de los lineamientos distritales en salud, se desprendía que el componente de círculos de calidad de vida no se relacionaba con intervenciones de carácter asistencial. Así, no es cierto que el Fondo interpretó unilateralmente el contrato e impuso obligaciones distintas a las originalmente establecidas a cargo del hospital, dado que, se insiste en ello, la ejecución de ambos subcomponentes estuvo valorada, prevista y contratada desde la suscripción del negocio. Respecto al segundo argumento invocado, este tampoco es procedente, ya que no está probado que el supuesto retraso de 150 días fuera imputable al Fondo de Desarrollo Local. Por el contrario, la Sala encuentra que fueron las demoras del contratista las que derivaron en la modificación constante de los cronogramas y de los planes de trabajo, lo cual finalizó con el ya tantas veces referido incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del hospital. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿En vigencia del CPACA resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Con el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas “[…] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se observa que: Se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyas pretensiones se dividían en: (i) el pago de la totalidad del valor del contrato -como está probado que se consignó el 40% del mismo a título de pago anticipado, y que este monto no se devolvió, la Sala entiende que la pretensión se condicionaba al pago del precio faltante, esto es, $427’500.000-. (ii) El pago de 50 SMLMV, a título de perjuicio moral -este monto, en valores del año 2023, es igual a $58’000.000-. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso como el presente, la alcaldía local de Kennedy presentó, de manera oportuna, los alegatos de conclusión. (...) Por tanto, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 1% de las pretensiones, es decir, la suma de $4’855.000. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 2, 3, 4, 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400674011100103