Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: el ministerio no contaba con los detalles acerca del curso de lo pactado para esa fecha
Regla de decisión
El término bienal de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro se computa desde el conocimiento del hecho.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro se cuenta desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción conforme a las reglas del Código de Comercio. En este salvamento de voto en un proceso sobre el caso Agro Ingreso Seguro, el ponente disiente de la decisión de la Subsección que fijó el inicio del cómputo en la fecha de finalización del plazo para liquidar el convenio, argumentando que no se demostró la configuración del fenómeno prescriptivo aludido y que los demás cargos formulados por la accionante debieron ser examinados a profundidad por la Sala de decisión.
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Problema jurídico
¿En el caso en concreto se configuró la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, dado que los actos acusados (por los que se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la garantía) fueron p fueron posteriores al bienio previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio?
Respuesta: No
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
La Subsección se apartó del criterio del a quo, según el cual ese término debe contarse desde el 26 de abril de 2013 -fecha de presentación del informe final de ejecución rendido por el IICA- y, en su lugar, dispuso computarlo a partir del 1° de agosto de 2011, calenda en la que finalizó el plazo para liquidar el convenio de común acuerdo, al estimar que se trataba del momento en el que el ministerio “conoció o debió conocer del estado de ejecución definitivo y, por ende, del incumplimiento imputado”. No acompaño el anterior raciocinio, en tanto considero que el criterio del que partió la Sala no está justificado y, por ende, que no se demostró la configuración del fenómeno prescriptivo aludido.
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Titulación de la relatoría 7.638 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / PRESCRIPCIÓN / ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA / CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CASO AGRO INGRESO SEGURO
Problema jurídico:
¿En el caso en concreto se configuró la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, dado que los actos acusados (por los que se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la garantía) fueron p fueron posteriores al bienio previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección se apartó del criterio del a quo, según el cual ese término debe contarse desde el 26 de abril de 2013 -fecha de presentación del informe final de ejecución rendido por el IICA- y, en su lugar, dispuso computarlo a partir del 1° de agosto de 2011, calenda en la que finalizó el plazo para liquidar el convenio de común acuerdo, al estimar que se trataba del momento en el que el ministerio “conoció o debió conocer del estado de ejecución definitivo y, por ende, del incumplimiento imputado”. No acompaño el anterior raciocinio, en tanto considero que el criterio del que partió la Sala no está justificado y, por ende, que no se demostró la configuración del fenómeno prescriptivo aludido. En primera medida, resalto que el cómputo fijado en el citado Código de Comercio para el referido término de dos años parte “desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”. Bajo la tesis de la Sala, ese conocimiento se debió haber producido una vez vencido el término de cuatro (4) meses posterior a la finalización del plazo contractual (31 de marzo de 2011), suposición que, a mi juicio, no cuenta con soporte, pues dicho interregno solo corresponde al tiempo con el que contaban las partes para confeccionar el estado final de cuentas, sin que ello significara, de jure, que ellas debiesen ostentar absoluta certeza de la ejecución -o no- de las obligaciones de su respectivo cocontratante. Las pruebas del expediente (y el propio razonamiento de la Sala) dan cuenta de que el ministerio, antes que tener conocimiento sobre el avance en el cumplimiento de las prestaciones a cargo del IICA, adelantó las pesquisas necesarias para establecer si aquellas se habían ejecutado a la fecha de terminación del convenio, y en qué medida. Comoquiera que el instituto no hizo entrega del informe final en el plazo estipulado, el ministerio no contaba con los detalles acerca del curso de lo pactado para esa fecha, lo que le llevó, precisamente, a realizar las visitas del 28 de agosto de 2012 y del 18 y 19 de marzo de 2013 para esclarecer tal situación. A mi juicio, es impreciso señalar, por un lado, que el ministerio no contaba con el detalle del avance de las contrataciones para la ejecución de las labores del convenio, y, por otro, considerar que ese conocimiento debió haberse adquirido para el momento del vencimiento del plazo de liquidación del acuerdo. Precisamente, por el hecho de que el IICA no entregó la información requerida es que el ministerio no pudo contar con la certeza de que se hubiese configurado el siniestro de incumplimiento, y fue lo que motivó la realización de las referidas visitas al instituto para recaudar los insumos. Tampoco se acreditó que la entidad debió advertir de esa desatención por un medio distinto, lo cual desestima que el vencimiento del plazo para liquidar el convenio fuese el hito a contemplar para la contabilización de la prescripción. Aunado a ello, estimo que no se constató la fecha en la cual el convenio 052 de 2009 debió ser liquidado, conforme a las reglas establecidas por las partes. Como se señaló en el parágrafo de la cláusula 18, el corte de cuentas bilateral no podría efectuarse “hasta que no se liquiden todos los contratos o convenios que ejecuten recursos derivados del mismo”, de forma que, si no existía certeza en torno al estado de ejecución de esos negocios secundarios o derivados, ni sobre su liquidación, no podía computarse el plazo para finiquitar el convenio principal independientemente de esa condición, por cuanto -a mi juicio- no era dable repudiar la voluntad contractual de los sujetos. Por el contrario, correspondió otorgar plena fuerza y aplicabilidad a las pautas fijadas para confeccionar ese arreglo, que debieron ser armonizadas tomando en cuenta la fecha en la que se hubiese liquidado el último de los contratos derivados, sin cuyo dato no era dable comenzar a contabilizar el plazo de cuatro (4) meses para que el ministerio y el IICA definiesen el corte final de cuentas del convenio. El régimen jurídico otorga a las partes contractuales autonomía para fijar el periodo de realización de ese ejercicio, aspecto que también permite que se determine el hito a partir del cual se debe iniciar. Nuevamente, esta circunstancia impedía computar los dos años de prescripción de la acción derivada de la póliza conforme a la postura de la Subsección, motivo adicional para apartarme de tal conclusión. Ahora bien, aunque quedó probado que el IICA incurrió en incumplimiento frente a la entrega del informe final, estimo que esta actividad es solo una de muchas respecto de las cuales el ministerio declaró la ocurrencia del siniestro. Así, aun cuando ese organismo sí debió conocer que el instituto no honró su obligación de presentar ese documento, de ello no era procedente entender que -desde ese instante- ya se avizorara que las demás prestaciones contractuales hubiesen sido desatendidas, como lo sugiere la postura plasmada en el fallo (inclusive, en este se reconoce que “la no presentación del informe final advertía, a lo sumo, sobre dicho incumplimiento, pero no así del imputado en la resolución n.° 331 de 2013 aquí cuestionada”). También, por este motivo, considero inexacto registrar el plazo de prescripción desde esa situación. Adicionalmente, no comparto la lectura que realizó la Subsección al deducir que “el incumplimiento aquí imputado descansó en la falta de información para llevar el seguimiento del convenio”. Del texto de los actos acusados, se desprende que el reproche del ministerio se soportó en obligaciones de diversa índole (contenidas en la cláusula 5, numerales 4, 9, 11, 15, 16 y 19), no necesariamente concentradas en la rendición del informe final, y, aunque omitirla debió incidir en la liquidación del convenio, ello no quiere decir que la totalidad del incumplimiento se hubiese concentrado en esa prestación particular. En efecto, el IICA pudo haber desatendido el envío oportuno del documento, sin que ello significase, por sí solo, que las obligaciones sustanciales de ejecución se hayan insatisfecho. Para arribar a esa conclusión (incumplimientos adicionales a la no entrega del informe), se requería un ejercicio adicional. Todo ello -insisto- impedía contabilizar el término bienal del Código de Comercio en la forma en la que se realizó en la providencia. En este sentido, si no se encontró demostrada la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, el argumento de la aseguradora enfilado en ese sentido debió ser desestimado, en lugar de acceder a la declaración vertida en el punto resolutivo segundo del fallo. Como consecuencia de ello, estimo que los demás cargos formulados por la accionante debieron ser examinados. En los anteriores términos sustento las razones por las cuales me aparto de la decisión de la Sala.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971